Archivo de la categoría: Gobernanza ambiental

Imagen

Environmental Communication and Activism Workshop

invitation_envirocomm_final

Encuesta para mejorar la Red por la Justicia Ambiental en Colombia

La Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC) está adelantando una evaluación con el fin de conocer el interés de los participantes y usuarios en las diferentes actividades y estrategias que lleva a cabo para determinar qué aspectos pueden ser mejorados. El tiempo máximo que toma llenar esta encuesta es 5 minutos y las respuestas son de carácter anónimo.

Para nosotros son muy valiosas las opiniones que sus usuarios tengan para poder adelantar un proceso de mejora continua.

Para acceder a la encuesta haz click en el siguiente link: https://www.survio.com/survey/d/encuestarjac 

¡Gracias por ayudarnos a mejorar!

Atentamente,

Red por la Justicia Ambiental en Colombia

Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

ACCIÓN URGENTE

Buenos Aires, Municipio de El Peñón, Bolívar

 

Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

 

Hechos:

 

  1. La mañana del viernes, 27 de enero, el corregimiento de Buenos Aires, el predio de Las Pavas, y algunos caminos veredales de la región, amanecieron empapelados con copias de las declaraciones de testigos claves, que se rindieron ante la Fiscalía en meses pasados, para avanzar en el proceso penal que investiga el delito de desplazamiento forzado del que fue víctima esta comunidad en el año 2003.

 

  1. Esta acción de intimidación contra los testigos que han declarado en el proceso penal se realizó días después de conocerse la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Fiscalía 25 especializada en DDHH, mediante la cual decide acusar y adelantar el juicio por el delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra de trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S., trabajadores del testaferro del narcotráfico que vendió la Hacienda Las Pavas a la empresa palmera y paramilitares que ejecutaron el desplazamiento de 2003.

 

  1. Desde el inició de las investigaciones y, particularmente luego de las capturas, han incrementado los rumores de amenazas, en los que se señala que “las cosas no se van a quedar así, que los responsable de las capturas van a pagar y que ellos (los detenidos) no están solos”, rumores que esta vez se materializan en la exposición pública de los nombres de las personas que rindieron declaración. Siendo un hecho real, que los testigos en este tipo de investigaciones presentan un elevado nivel de riesgo.

 

  1. Estos hechos se dan, en el marco de una coyuntura actual del país de creciente agresión en contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y el reposicionamiento en toda la región de grupos armados ilegales que actúan bajo el mismo modelo de los conocidos grupos paramilitares, y quienes en diferentes comunicados han afirmado que: “(…) declaran como objetivo militar a líderes, defensores de derechos humanos , defensores de víctimas y supuestos recuperadores de tierras (…) que hacen daño a grandes parceleros, propietarios de tierra que generan trabajo para sus familias (…)” y son los principales responsables de los 117 asesinatos de defensores/as y líderes/as sociales, que se registraron en el país durante el año inmediatamente anterior.

 

Antecedentes:

 

La comunidad de Las Pavas, organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – ASOCAB, adelanta un proceso, de más de 13 años, de defensa de su territorio, luego de ser víctima del desplazamiento forzado y el despojo de la tierra donde trabajaban en el predio Las Pavas, corregimiento de Buenos Aires, Municipio del Peñón, Departamento de Bolívar. Durante estos más de 13 años, han sido víctimas de atropellos, estigmatización, amenazas, agresiones contra su vida e integridad, y destrucción sistemática de sus medios de vida.

 

Sin embargo, esta comunidad campesina, siempre ha optado por la resistencia no violenta y la acción pacífica, siendo reconocida con el premio nacional de paz en el año 2013. Confiando en que la acción de la justicia, que les ha reconocido como víctimas, actuará en garantía de sus derechos.

 

En la actualidad se encuentra incursa en un proceso de retorno y reparación colectiva, que no ha logrado concretarse, entre otras razones por las condiciones de inseguridad que persisten en la zona.

 

Solicitamos:

 

– A la Unidad Nacional de Protección –UNP que sean aplicadas de manera integral y reforzada las medidas de protección individual y colectiva que hoy tienen los líderes del caso de Las Pavas y los miembros de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB).

 

– A la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de El Peñón y a la Gobernación de Bolívar, que se tomen con urgencia medidas con el fin de velar por la seguridad y protección de la población víctima de ASOCAB.

 

– A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que coadyuve en los procesos jurídicos pertinentes y vele por la seguridad y protección de la población víctima.

– A la Fiscalía General de la Nación que tome todas las medidas necesarias para continuar con el curso del proceso penal, en la nueva etapa que se abre, garantizando la vida de las víctimas y de los testigos en este proceso.

 

– A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que dispongan de agentes especiales para garantizar que los procesos judiciales que se adelantan actualmente en relación con el caso, en términos de responsabilidad penal y en materia de propiedad de la tierra ante el Consejo de Estado, se adelanten con los más altos estándares de celeridad y transparencia.

 

– Al Estado colombiano en general que haga ejercicios suficientes de visibilización del estado del caso de Las Pavas, las graves amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierras y vele por la protección de las víctimas que están siendo revictimizadas en los procesos.

 

– A la comunidad internacional y nacional encargada de velar por la defensa de los Derechos Humanos y la protección de víctimas reclamantes de tierras, para que activen todos los mecanismos y tomen las medidas necesarias para evitar que los opositores del caso de los campesinos de la Hacienda Las Pavas, intimiden y amenacen a los líderes y miembros de la comunidad que, en ejercicio de sus derechos, adelantan las denuncias correspondientes por los graves hechos de violencia cometidos en contra de la comunidad.

 

El presente comunicado es suscrito por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) y respaldado por las siguientes organizaciones acompañantes del caso:

 

– Pensamiento y Acción Social – PAS

– Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM

– Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana

– Protection International – PI

– Peace Watch Switzerland – PWS

– Equipos Cristianos de Acción por la Paz – ECAP

¡Gracias por su difusión y apoyo!

Carta al Embajador del Ecuador sobre situación de Acción Ecológica

Bogotá, 20 de enero de 2017

Señor:

Rafael Paredes Proaño

Embajador del Ecuador en Colombia

La ciudad

Respetado Señor Embajador:

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra enorme preocupación y enérgico rechazo por el inicio de un procedimiento administrativo con el fin de clausurar la organización no gubernamental “Acción Ecológica” en Quito.

En días pasados Acción Ecológica recibió una notificación del Ministerio del Ambiente ecuatoriano, donde se informa que iniciará un proceso gubernativo de disolución de la organización. Entre las razones alegadas por el gobierno para iniciar tal procedimiento está que, en el marco del conflicto en la Cordillera el Cóndor, la organización ha “realiza[do] afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones a derechos humanos”.

En adición a lo anterior, Acción Ecológica ha denunciado que ha sido objeto de agresiones e intimidaciones en el marco del trabajo que realiza; estas acciones constituyen un contexto que, consideramos, busca de manera inaceptable desestimular sus actividades.

El 12 de enero del presente año el Ministerio del Ambiente de Ecuador, entidad competente, publicó un comunicado en el que informa que resolvió desestimar la solicitud de disolución de Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior, por considerar que “no existe vinculación directa entre los hechos violentos acontecidos en la Provincia de Morona Santiago los días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica”[1].

Las organizaciones abajo firmantes valoramos la decisión del Ministerio, pues permite que Acción Ecológica continúe desarrollando sus actividades en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, nos preocupa altamente que la decisión sea objeto de recursos administrativos o judiciales por parte del Ministerio del Interior, o que el procedimiento sea reiniciado en el futuro.

El procedimiento administrativo en mención y el eventual cierre de Acción Ecológica ponen en riesgo las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación, entre otros derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –instrumentos de los que Ecuador es parte- y la propia constitución ecuatoriana.

Por lo anterior, consideramos inaceptables los argumentos esgrimidos por el gobierno ecuatoriano en el proceso de disolución y la determinación misma de iniciarlo, pues la expresión de opiniones es un derecho protegido nacional e internacionalmente y es una manifestación de los principios democráticos. Del mismo modo, estimamos que el procedimiento de disolución de organizaciones de la sociedad civil es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque impide el ejercicio legítimo de la libertad de asociación y reunión pacífica.

Acción Ecológica es reconocida internacionalmente como una organización con un liderazgo histórico en la defensa de los ecosistemas y las comunidades en Ecuador y por su contribución decisiva a los avances ambientales de su constitución política. Su trabajo redunda en mejores condiciones para el ejercicio del derecho al ambiente sano de la ciudadanía ecuatoriana.

Queremos llamar su atención, además, sobre el pronunciamiento de los expertos en Derechos Humanos[2] que critica las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano para cerrar la ONG Acción Ecológica. Adicionalmente, exhorta al gobierno ecuatoriano a revocar la decisión de cerrar la ONG y a reformar la legislación que utiliza actualmente para la disolución de organizaciones no gubernamentales[3]. Asimismo, manifiesta que “[p]arece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial[4]”, y que “[d]isolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación…[5]

Las organizaciones que firmamos esta carta llamamos, por su conducto, al gobierno ecuatoriano a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos, desista definitivamente de interponer los recursos administrativos y legales a que tiene derecho en el proceso administrativo y se abstenga de reiniciarlo en el futuro.

Del mismo modo, solicitamos adoptar medidas para asegurar un entorno propicio y seguro para la labor que realiza Acción Ecológica y las demás organizaciones sociales y ambientalistas ecuatorianas: investigar y sancionar ejemplarmente las agresiones en su contra, y abstenerse de interferir con acciones de hecho o de derecho en su misión institucional. Lo anterior, con el fin de respetar y garantizar que dicha organización, sus integrantes y demás organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, puedan continuar con sus actividades, que consideramos legales, legítimas y necesarias.

Cordialmente,

  • Red por la Justicia Ambiental en Colombia
  • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente- AIDA
  • CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
  • Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
  • Asociación Ambiente y Sociedad
  • Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
  • Corporación Grupo Semillas – Colombia
  • Fundación Naturaleza Actúa, Bogotá
  • Corporación Podion y el Colectivo Soberanía y Naturaleza
  • Educar Consumidores
  • Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil- RESNATUR
  • Fundación Natura
  • Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ
  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  • Sin Olvido Verde
  • Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Red de Comités Ambientales del Tolima
  • Grupo de Investigación Terrae
  • Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos -ILSA-
  • Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC
  • Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

Texto en PDF aquí

_________________________________________________________________

[1]Comunicado Ministerio del Ambiente. Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/comunicado-3/

[2]Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[3]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[4]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[5]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Fracking

Una Guía para la incidencia basada en derechos.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Fracking

Por: Hermanas de la misericordia (ONG), Mercy International Association: Global Action

Texto completo aquí

Convocatoria de FUNDEPÚBLICO

FUNDEPÚBLICO busca Abogado con especialización o maestría en Derecho Público, Administrativo, o ambiental con al menos 2 años de experiencia en derecho ambiental.

FUNDEPÚBLICO desarrolla el proyecto Capacitación y Fortalecimiento de Capacidades de los Operadores de Justicia – CFCOJ cuyo objetivo del proyecto es mejorar la salud de la cuenca Magdalena – Cauca y la biodiversidad mediante el fortalecimiento de los conocimientos y la capacidad del poder judicial para tomar decisiones informadas sobre casos ambientales, lo que en última instancia conduce a una mayor protección ambiental.

FUNDEPÚBLICO esta interesado en contratar los servicios de un investigador con experiencia en derecho ambiental para la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto siguiendo las orientaciones y lineamientos del director jurídico del proyecto.

Para aplicar favor enviar CV y carta de intensión a director@fundepublico.org a más tardar el 27 de enero del 2017.

Los términos de referencia de la convocatoria están aquí

Comunicado Público de la comunidad El Hatillo y las organizaciones comunitarias y sociales de la vereda

Comunicado Público de la comunidad El Hatillo y las organizaciones comunitarias y sociales de la vereda. Enero 17 de 2017

Hoy se cumplen las 9 noches desde el asesinato de nuestro amigo, esposo, padre de 3 niños, hermano, cuñado, primo, hijo, nieto y líder social en nuestra comunidad; presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar – ASOGRACE y trabajador minero sindicalizado ALDEMAR PARRA GARCÍA. Hoy Aldemar nos recuerda la solidaridad entre los mismos Hatillanos y allegados, nos hace pensar en nuestros niños y jóvenes que han acompañado estas noches de rezo y de duelo a puerta abierta.

Agradecemos a las organizaciones comunitarias, al sindicato, a los movimientos sociales, ONGs y amigos, por la solidaridad mostrada en este difícil momento a través del estar pendiente, mandar mensajes de apoyo y solidaridad, enviar cartas a las autoridades, emitir comunicados públicos y demás acciones con las que nos rodean.

A los medios de comunicación les agradecemos, pero también les pedimos reportajes cada vez más objetivos producto de mayor  investigación periodística, reportaje objetivo y manejo de la información responsablemente. En el caso de la noticia de Maro, se presentó información confusa o equivocada sobre los fatales hechos ocurridos al igual que sobre el difícil proceso de reasentamiento involuntario que enfrentamos y la difícil situación de seguridad en la vereda mezclando todo.

Desde finales de 2010 la comunidad El Hatillo, junto con Boquerón y Plan Bonito, entramos en procesos de reasentamiento involuntario, por contaminación ambiental a cargo de tres empresas multinacionales mineras. Teniendo en cuenta que es la primera vez que se ordena un desplazamiento como estos en Colombia desde la Autoridad Ambiental Nacional – el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible MAVDS, para principios de 2012 con el segundo operador del proceso, se instalaron las primeras mesas de diálogo y concertación entre las empresas mineras, un operador, una interventoría, la institucionalidad intermitente y más bien ausente y la comunidad de El Hatillo a través de nuestros representantes  con el objetivo de acordar el Plan de Acción de Reasentamiento para la comunidad.

Los líderes representantes de la comunidad ante el Comité de Concertación en el proceso de reasentamiento estamos amenazados y en riesgo. Lo empezamos a advertir hace ya muchos meses. La comunidad entera está en riesgo. En el caserío hay presencia, rondas y vigilancia de hombres desconocidos armados, motorizados y encascados– actores armados irregulares, bandas criminales y mucha conflictividad social en medio de la zona minera del centro del Cesar donde aún hay grandes cultivos de palma aceitera y grandes extensiones ganaderas. Hemos recibido amenazas a través de panfletos, llamadas y mensajes de texto. Estos hechos han sido informados y visibilizados por el Sistema de Alertas Tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo y otros organismos para que se tomen medidas. El 1  de diciembre del 2016 el Ministerio del Interior emitió una alerta temprana para la comunidad de El Hatillo y otras comunidades en el Cesar. El 7 de enero unos hombres motorizados y encascados mataron  a ALDEMAR PARRA GARCÍA en la vía de El Hatillo a La Loma a plena luz del día a pesar. Nadie vió. La policía al parecer tampoco oyó nuestras las llamadas alertando sobre la presencia de estos hombres en la vereda desde hace unos meses y sobre todo el día anterior. Las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad debían actuar.

Hoy exigimos a las autoridades competentes y responsables que se investigue y que este crimen no quede impune.

Exigimos que se investigue y esclarezcan todos los casos de asesinato, amenaza y criminalización de campesinos, líderes sociales, defensores del agua, del aire, de la tierra y de los derechos humanos en el Cesar y en el país.

Necesitamos que el Estado Colombiano garantice la vida y la seguridad de las familias de El Hatillo y las familias de las muchas comunidades en procesos sociales  en contextos y escenarios de riesgo donde se implementan grandes proyectos del Desarrollo que impulsa el gobierno nacional.

Exigimos al Estado Colombiano se nos garantice la vida e integridad física a cada uno de los miembros de  la comunidad de El Hatillo.

Le insistimos a las empresas mineras, operadores, interventores, autoridades y demás actores el manejo y comunicación responsable de información relacionada con el proceso de reasentamiento involuntario así como de las investigaciones por la situación de seguridad en el Hatillo. Hace tiempo identificamos que la mala información, el rumor y la falta de transparencia en las acciones aumentan los riesgos de seguridad de todos los representantes comunitarios y todas las familias de la comunidad. 

A los actores armados les pedimos que no nos maten. No entendemos porque nos quieren matar a las personas, líderes y familias de El Hatillo.

Comunidad El Hatillo, enero 18 de 2017

Comité de Concertación
Comité de Transición
Asograce
Junta de Acción Comunal
ASOCAPROHA
COOMULTRAHA
ASOPROLAHT
ASOPROAGROHA

comunicado-publico-el-hatillo-vf-ene17

Convocatorias de la Fundación Heinrich Böll en Bogotá

La Fundación Heinrich Böll busca para su nueva oficina en Bogotá, Colombia:

– un/a COORDINADOR/A DE PROYECTOS,

– un/a COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A / FINANCIERO/A

La Fundación Heinrich Böll es una fundación política alemana, sin ánimo de lucro e independiente. Su trabajo busca incentivar la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana y el entendimiento internacional. Se centra en fomentar la proteción del medio ambiente, la democracia, la solidaridad y la no violencia como valores políticos fundamentales. Busca la promoción del desarrollo sostenible, la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, el fortaleicimiento de la democracia de género y la participación ciudadana. Apoya la diversidad de medios y una opinión pública crítica, la integración económica y equidad sociopolítica en los contextos de los procesos de globalización. Además, promueve el arte y la cultura, la ciencia y la investigación.

Se ofrece un contrato laboral de tiempo definido con un periodo de prueba y la posibilidad de extensión, incluyendo todas las prestaciones sociales previstas por la ley. El puesto será a partir de febrero de 2017. Sólo las personas preseleccionadas serán invitadas a una entrevista.Interesadas/os pueden enviar su carta de motivación y hoja de vida a más tardar hasta el  31 de enero de 2017 directamente a Florian Huber: florian.huber@co.boell.org

Características del cargo de Coordinador/a de proyectos: 2017-fundacion-heinrich-boll-convocatoria-coordinacion-de-proyectos

Características del cargo de Coordinador/a administrativo/a / financiero/a: 2017-fundacion-heinrich-boll-convocatoria-coordinacion-financiera