Fuente: El Tiempo.

Por:                                  

Carlos Caballero Argáez

Son una excepción las ciudades que escapan del desastre causado por la politiquería y la corrupción. Uno de los peores casos es el de Bogotá.

 

¿Yopal sin acueducto? ¡Inaudito!

No cabe en la cabeza que la ciudad capital de un departamento rico como Casanare, que se ha beneficiado en los últimos veinte años de las regalías del petróleo, no tenga servicio de acueducto desde hace dos, por culpa de la pasada ola invernal. Es un ejemplo más de lo que pueden en Colombia la corrupción y la desidia administrativa.

El problema de Yopal no es precisamente de falta de recursos, que aparentemente se encuentran en una cuenta corriente bancaria. La revuelta de sus habitantes -en una ciudadanía que descubrió que la única manera de lograr que le resuelvan sus problemas es mediante la protesta violenta- es explicable. Con razón la población está indignada. Como lo estamos quienes conocemos Yopal y sabemos de su dinámica económica y su gran potencial. La desidia y la corrupción no son monopolio en Colombia de ciudades en los Llanos o en las costas sobre el Pacífico y el Caribe. Por el contrario, son una excepción las ciudades que escapan del desastre causado por la politiquería y la corrupción. Tal vez Medellín o, en la actualidad, Barranquilla. De resto, ni hablar. Uno de los peores casos es el de Bogotá, que da ejemplo al resto del país de todo lo malo que puede ocurrir en una ciudad: corrupción, politiquería, desgreño administrativo, ausencia de planeación, arbitrariedad, pérdida de la calidad de vida, inequidad agresiva, inseguridad, etc.

Este es un país de ciudades: hay 27 con más de 200.000 habitantes. Se estima que en el año 2050 algo así como 65 millones de colombianos vivirán en ciudades. Y esas ciudades no pueden dejarse al garete. Es ineludible rediseñar la descentralización. En un seminario internacional reciente, aquí en Bogotá, se comentó que en Chile, por ejemplo, el Gobierno central nombraba un intendente como su representante en pueblos y ciudades, incluso en Santiago, la capital. Ese intendente sirve de enlace entre los dos niveles de gobierno y se asegura de que la gestión local esté alineada con los lineamientos del Gobierno Nacional. En Brasil hay un ministerio de ciudades. En Colombia no hay nada. Pasamos de un extremo a otro desde los años ochenta, cuando comenzaron a elegirse popularmente los alcaldes.

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Un caso lamentable es el de Bogotá. Las proyecciones de población señalan que en el año 2035 tendrá 12,5 millones de habitantes. Es decir, que en 22 años deberíamos construir ciudad para 5 millones de habitantes más. Una misión técnica que estudia en la actualidad el tema urbano en Colombia va a mostrar próximamente la magnitud del problema que se avecina. En Bogotá, sin embargo, nadie mira hacia el futuro y es clarísimo que la ciudad debe analizarse proyectando un horizonte de 50 o 100 años. Un profesor de ingeniería de la Universidad de los Andes me decía que pronto faltará agua en la ciudad, por lo cual sería necesario construir rápidamente el proyecto Chingaza II. Me pregunto si la Empresa de Acueducto, dedicada a recoger basuras, ya incorporó este proyecto en sus planes de inversión, o si tendremos por delante la eventualidad de un racionamiento. Por último, los planes que había para conformar la “ciudad-región” están embolatados. Aunque se habla de la incorporación de Soacha al Distrito Capital. Sería concentrar más la pobreza en Bogotá, sin incluir la riqueza, que se encuentra al otro lado de la ciudad, en Cota, Chía, Cajicá y La Calera.

Por todo lo anterior, es indispensable la intervención de la ciudadanía, del Gobierno central y del Congreso Nacional. Aunque el Alcalde y el Gobernador de Cundinamarca se molesten. El problema es demasiado grave como para dejarlo en manos de unos ineptos mandatarios locales.