Carta abierta a las instituciones colombianas de control, comunidad nacional e internacional.

Colombia cuenta con suficientes bienes naturales para garantizar un futuro de prosperidad a sus comunidades, pero la intensificación del extractivismo para alcanzar el Crecimiento Económico conduce al país por la ruta equivocada y pone en riesgo el bienestar de las comunidades actuales y futuras. El estricto cumplimiento de la ley, donde juega un papel crucial los entes de control, y la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo donde debemos participar todos los sectores sociales es lo único que garantizará la paz y bienestar de nuestra generación y las que vendrán.

Es importante resaltar que uno de los principios del desarrollo sostenible es que debemos tomar los bienes de la naturaleza a una taza que garantice que las próximas generaciones también los puedan disfrutar; sin embargo, los ritmos de crecimiento ni siquiera están dejando que las actuales generaciones los disfruten y, además, ponen en riesgo el derecho colectivo a un ambiente sano, como lo expresó recientemente la Contralora General de la Nación, refiriéndose al caso de la mina cerromatoso, la desviación del Río Ranchería, la Represa El Quimbo, los emisarios submarinos de Santamarta y Cartagena, entre otras experiencias negativas en Colombia.

Campesinos, ambientalistas, pescadores, barequeros, comunidades negras e indígenas, entre otras comunidades, hemos sostenido que el progreso y bienestar de los pueblos Colombia no se da por la vía de la imposición del desarrollismo sino por la vía de respetar la existencia de otras culturas y formas de relacionarse con la naturaleza. El crecimiento económico en el menor tiempo posible, ahora impulsado bajo los sofismas de la economía verde agudizan la crisis de civilización que enfrenta el mundo, y agotan las posibilidades de Colombia de generar reales alternativas para la prosperidad de sus comunidades como lo demanda el Estado Social de Derecho.

Por otra parte, las represas y otros megaproyectos, en nombre del desarrollo y el crecimiento económico están conllevando al detrimento patrimonial de la nación, vulnerando los derechos de las comunidades afectadas, cercenando las tradiciones y culturas que persisten en la ruralidad colombiana, y están generando enormes pasivos ambientales que afectan a todo el pueblo colombiano, bajo la permisividad de la autoridad ambiental colombiana. Es por esto que resaltamos la labor de la Contraloría General de la Nación, quien está velando por el estricto cumplimiento de la ley colombiana al tiempo que devela que la labor de la autoridad ambiental ha sido negligente frente a la protección de los bienes naturales de todo el pueblo colombiano, no obstante, está labor debe complementarse con la decidida y eficaz actuación de la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación así como la Defensoría del Pueblo.

Como afectados por represas en Colombia, somos conscientes que los responsables de acabose ambiental del país no solo es quien ejecuta el daño, es tan responsable quien lo permite, en el caso de los megaproyectos destructivos, es el Estado Colombiano quien debe responder y por ende hasta tanto no se aclare esta situación exigimos una moratoria a los proyectos Mineros y de Represas y la transformación de la política minero energética del país con la participación de los sectores involucrados e interesados. Si estos proyecto siguen avanzando son minúsculas las posibilidades de remediar los daños y de reconocer las verdaderas dimensiones de las afectaciones. Sobre estas situaciones alertamos a la autoridad ambiental y entes de control, que los censos de los proyectos hidroeléctricos distan de la realidad y no corresponden a las características socioculturales de quienes habitan los territorios, los beneficios económicos de estos proyectos no superan los que generan las cadenas económicas de las regiones con base en la pesca artesanal, agricultura campesina y actividades de barequeo artesanal; las empresas no reconocen los derechos de los afectados y los deberes de restitución de tierras e indemnizaciones las hacen ver como dádivas o beneficios de los proyectos.

Por esta razón, creemos que la paz no se logrará solamente por la detención del conflicto armado en el país, aunque reconocemos los esfuerzos de las partes por el logro de acuerdos para el cese del conflicto, hacemos un llamado al gobierno nacional a detener la imposición del desarrollismo, la imposición de megaproyectos que van en contravía de los planes de vida de comunidades ancestrales y locales, hacemos un llamado a respetar la diferencia, a reconocer la pluriculturalidad de nuestro territorio y sobre todo a valorar que nuestros bienes naturales, agua, biodiversidad, culturas, fauna y flora, es lo único que garantizará nuestra pervivencia en paz y tranquilidad de nuestra generación y de las próximas generaciones.

A la comunidad nacional e internacional los instamos a ser parte también del proceso de transformación social y a defender el patrimonio natural y ambiental de la mercantilización de la vida y la naturaleza.