Fuente: Autoridad Nacional de Gobierno Indígena
COMUNICADO DE PRENSA
Número 1
Más de quinientas autoridades y representantes de los pueblos indígenas de toda Colombia, organizados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC; Autoridades Indígenas de Colombia AICO; Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, reunidos en el territorio ancestral indígena del pueblo Zenú, Cabildo de Escobar Arriba, Departamento de Sucre, donde fuimos convocados por nuestras autoridades y organizaciones de manera autónoma y NO por iniciativa del gobierno, como lo afirma el Viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, nos encontramos analizando a profundidad la situación actual de los pueblos y organizaciones indígenas del país, las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos, el grave riesgo de exterminio físico y cultural que sufren nuestras comunidades así como el relacionamiento y actitud de diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional, expresamos a la opinión pública lo siguiente:
1. Nuestra cosmovisión como pueblos originarios entra en contradicción con las ambiciones de un modelo de desarrollo impuesto, que ve a la tierra solamente como un recurso para ser explotado. Para los pueblos indígenas el desarrollo es parte de la vida, del buen vivir, de la protección de nuestra madre tierra incluyendo sus recursos naturales, lo que está debajo del suelo, sobre el suelo y encima de él. Nuestra visión de desarrollo nos permite pensar en las futuras generaciones, indígenas y no indígenas, y en la protección de nuestro planeta. No se puede anteponer en abstracto el interés mayoritario que se tenga del “desarrollo” o del “progreso”, frente a visiones distintas de desarrollo, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T – 129 de2011. Ala Corte, solicitaremos formalmente una audiencia con los pueblos indígenas, para que escuchen nuestros puntos de vista, a la vez que los exhortamos a no ceder ante las presiones gubernamentales y a seguir protegiendo la diversidad étnica y cultural del Estado colombiano.
2. Rechazamos la campaña mediática que el gobierno nacional a través de su periódico oficial “el Diario el Tiempo”, pretende generar en la opinión pública que los indígenas somos los causantes del freno a sus “locomotoras” de desarrollo, a raíz de los procesos de consulta previa que deben adelantarse en relación con medidas legislativas y obras que afecten directamente nuestros territorios, nuestra identidad y nuestra vida como pueblos milenarios que habitamos este continente. La participación de los pueblos indígenas en la construcción de las leyes de los Estados, constituye su mayor riqueza y un reconocimiento a su diversidad étnica y cultural, y no un obstáculo al buen vivir y al desarrollo.
3. Consideramos, que el atraso en la agenda legislativa es responsabilidad del gobierno nacional y no de los pueblos indígenas y afros, toda vez que el gobierno ha desconocido el derecho fundamental a la Consulta Previa tratando de imponer una ruta metodológica que limita el alcance del mismo, observándolo como un simple trámite administrativo, requisito o formalismo y no como un derecho fundamental que garantiza la participación y los derechos de los pueblos indígenas, afros, rom, y raizales de San Andrés; estos últimos, a los cuales acaban de despojar de su territorio ancestral marítimo como consecuencia de la colonización nacional y supranacional existente. Al gobierno nacional, solo le interesa sacar adelante aquellas leyes que hacen parte de su agenda macro-económica que pretende favorecer los intereses de los grandes monopolios económicos con los cuales se ha comprometido; y no una agenda que garantice los derechos a la vida, a la salud, educación, a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, comunidades afro colombianas y campesinas, igualmente empobrecidas, de este país.
4. Responsabilizamos al gobierno nacional por las amenazas, persecuciones, señalamientos, criminalizaciones y graves violaciones a los derechos humanos que han surgido y se puedan agudizar por las declaraciones que desde hace un tiempo vienen haciendo diferentes ministerios, como lo reiteraran los ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, Transporte, Energía y Minas realizadas al periódico EL TIEMPO el día domingo 10 de febrero de 2013, las cuales pretenden generar diferentes reacciones de discriminación, xenofobia y hostilidad en algunos sectores de la población colombiana.
5. El gobierno nacional pretende hacer ver ante la opinión pública que los costos que le genera el proceso de garantía de un derecho fundamental como lo es la Consulta Previa, son altísimos para el erario público. Sin embargo, las autoridades indígenas reunidas en la Cumbre Ideológica y Política sabemos que las ganancias económicas que se generan con los procesos de exploración y explotación de recursos naturales, que se llevan a cabo en territorios indígenas, por ejemplo, son billonarios, y benefician generalmente a las compañías multinacionales generando empobrecimiento de nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas, afros y la sociedad en su conjunto.
Los costos de las consultas son ínfimos si los comparamos con esta realidad. Nosotros no pedimos que nos lleven a Bogotá o Cartagena. Los invitamos a realizar estos procesos en nuestras comunidades, a la vez que demandamos que denuncien cuáles miembros u organizaciones del país exigen viáticos u hoteles costosos, como lo pretenden hacer ver al país a través de sus diarios, cuando son los funcionarios gubernamentales quienes viven y duermen sobre los colchones de sueldos y pensiones que pagan nuestros impuestos.
6. Nunca hemos renunciado al derecho fundamental de la Consulta Previa. Estamos de acuerdo en que se requiere clarificar una ruta metodológica o protocolo para la realización de los procesos de consulta previa tanto a medidas legislativas como a obras, proyectos o actividades en nuestros territorios, sin que esto implique limitar el alcance del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
7. Exigimos del presidente Juan Manuel Santos un pronunciamiento inmediato sobre el asunto, pues su discurso conciliador es muy diferente al de sus ministros. ¿Cuál es entonces la política del gobierno en relación con los pueblos indígenas?
8. Convocamos a los ministros del Interior, Ambiente, Transporte, Minas y Energía y Agricultura a la próxima Mesa Nacional de Concertación a realizarse los días 15 y 16 de febrero de 2013, para que frente a las autoridades indígenas del país y de cara al pueblo colombiano, expliquen cuáles son los chantajes y abusos a que hacen referencia. De igual manera para que informen el por qué del incumplimiento de los 96 acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente hacemos un llamado a los órganos de control para que hagan acompañamiento y se pronuncien sobre el asunto.
9. Convocamos a una rueda de prensa para el día 15 de febrero a las 10:00 am, para informarle al país la posición de los pueblos y organizaciones indígenas con respecto a estos temas, así como los resultados y declaración final de la Cumbre ideológica y política de nuestros pueblos. A la vez, exigimos al “Diario El Tiempo” para que así como utilizó una página del día domingo en su diario, entre otros editoriales, para mostrar los señalamientos del gobierno, divulgue oportuna y suficientemente este comunicado y accedan a informar imparcialmente nuestras apreciaciones ante la opinión pública nacional e internacional en la rueda de prensa convocada. Todos los demás medios de comunicación, están igualmente convocados. El lugar para esta rueda de prensa será en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, y está por definir, para lo cual informaremos oportunamente.
10. Finalmente los Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas reunidos en esta cumbre Declaramos el año 2013, como el año de la Movilización permanente por el territorio, la paz, la autonomía y la dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia.
