Fuente: El Espectador.
Los indígenas Munduruku protestan porque el gobierno empezó estudios de impacto ambiental, sin su consentimiento, para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río más grande que alimenta la Cuenca del Amazonas.
Aquella escena de la película de James Cameron, Avatar, en la que «nativos» se enfrentan a un grupo de científicos que pretenden destruir su árbol sagrado para solucionar los problemas energéticos de la Tierra, parece una metáfora de lo que sucede al oeste del estado de Pará, en Brasil.
En plena selva amazónica, los indígenas Munduruku amenazan con «declarar la guerra» a su gobierno después de una incursión militar en su territorio para evaluar el impacto ambiental que tendría la construcción de São Luiz do Tapajós, una de las siete hidroeléctricas que pretenden construir en los ríos Tapajós y Jamanxim, las cuales amenazan a 32 comunidades y podrían afectar 2.000 kilómetros de selva.
Los Munduruku ya habían escrito varias cartas al gobierno en las que pedían el fin de la operación militar y manifestaban: «Nosotros no somos bandidos. Nos sentimos traicionados, humillados y despreciados por todo esto». Sin respuesta, insistieron con una última llamada telefónica a delegados de la presidenta, Dilma Rousseff, pero el silencio los llevó a la declaración de guerra, que iniciarían si el gobierno no retira su grupo de trabajo el 10 de abril, fecha en la que dialogarán ambas partes.
Aunque en Brasil, como en Colombia, los grandes proyectos de infraestructura requieren una consulta previa con las comunidades indígenas, las autoridades no pidieron el consentimiento de los Munduruku antes de iniciar los estudios de impacto y, peor aún, estarían incumpliendo la decisión que tomó en noviembre del 2012 el Tribunal Federal de prohibir la investigación en el territorio de estos indígenas por falta de consulta previa.
A pesar de esto, según han dicho testigos de la zona en medios de Brasil, helicópteros, soldados y policías armados ya están en la tarea.
Y es cierto. El Ministerio de Minas y Energía señaló en su página web que 80 investigadores emprenderían un estudio de la flora y la fauna de la zona y que, por seguridad, los escoltaría el Ejército (gracias a un decreto expedido este año por la presidenta Dilma Rousseff), aunque reconocen que lo más cerca que estarán de un lugar habitado será a 30 kilómetros.
Los fiscales federales, grupos de derechos humanos, organizaciones ambientales y los misioneros cristianos comparten la indignación de los indígenas y hacen un llamado a los tribunales para bloquear el plan que, temen, podría llevar al derramamiento de sangre: “los Munduruku ya han declarado en varias ocasiones que no son compatibles con los estudios para plantas hidroeléctricas en sus tierras a menos de que haya consulta previa», dijo la Fiscalía en un comunicado.
Los misioneros dijeron que la presencia de tropas armadas cerca del pueblo Sawré Maybu era intimidatorio, degradante y una violación inaceptable de los derechos de los residentes. «En esta operación, el gobierno federal ha estado amenazando las vidas de las personas», dijo en un comunicado el Consejo Misionero Indigenista. «Es inaceptable e ilegítimo”, agregó.
La instalación de São Luiz do Tapajós, que será construida por el consorcio Norte Energía, es la mayor de dos represas planeadas en el Tapajós, el río más grande que alimenta la cuenca del Amazonas y que es el hábitat de más de 300 especies de peces.
Al respecto, hace poco, la WWF entregó un reporte de las nueve represas que más afectan la biodiversidad, cambian el curso de los ríos o incursionan en los territorios sin licencia: aunque las reinas de la mala gestión son Bogunchanskaya, en Rusia; Xayaburi, en Laos, y Gibe III, en Etiopía, la famosa hidroeléctrica de Belo Monte, en Brasil, incumple con cinco de siete criterios.
