Fuente: Amichocó.
Mayo 4, 2012
COMUNICADO DE PRENSA
Más de diez entables de minería ilegal van en camino hacia
uno de los pocos ríos pristinos del Chocó; mientras tanto las
autoridades los dejan pasar
Hoy se encuentra en riesgo el Río Tajuato en el Chocó, uno de los pocos ríos prístinos que quedan, por la presencia de 10 entables de minería ilegal de retroexcavadora y la posible llegada de 10 más. Se habla en la zona de una comisión de las autoridades para verificar la presencia de los mineros ilegales, pero hasta ahora no se ha visto nada en concreto y las retroexcavadoras siguen trabajando. El río ya muestra altos niveles de sedimentación y
cientos de hectáreas han sido devastadas. Esta zona, está catalogada como zona de reserva por la corporación ambiental (CODECHOCÓ), pero la corporación no aparece por ningún lado.
Esta situación pone en riesgo a más de 300 familias de comunidades negras, y al río que irriga a un bosque denso que ofrece agua limpia, oxígeno y biodiversidad. También están en riesgo los mineros artesanales certificados del Programa Oro Verde que temen que se suspenda el programa por la presencia de maquinaria pesada en el lugar que alojaba los últimos rastros de minería artesanal.
Desde hace más de un mes la alcaldía de Condoto tiene conocimiento de esta situación, pero poco ha hecho para darle solución al problema. La alcaldía se ha limitado a publicar un decreto en el cual se recuerda que la actividad minera con maquinaria pesada sin título minero y licencia ambiental está prohibida. Sin embargo, ya se sabe que este tipo de actos administrativos son poco efectivos en esta zona. Sobre todo, cuando los grupos armados están detrás de la minería ilegal ya que es una oportunidad para cobrar vacunas.
Hay evidencia de que por el río han subido dotación para montar los campamentos de los entables mineros que ya están explotando el oro y el platino de las entrañas de la selva. Dichos entables están ubicados entre la boca del río y Soledad de Tajuato, entre Tegaisa y La Planta, y entre Soledad de Tajuato y Consuelo de Andrápeda.
Con la amenaza de que las tierras se las van a entregar a las multinacionales, los mineros de retro han logrado convencer a los poseedores tradicionales de los predios, quienes los alquilan por entre el 12 y el 20% sobre la producción bajo un acuerdo informal con el retrero. Los poseedores de tierra dicen que a ellos les debe quedar algo de la explotación minera en sus tierras y esta es la única alternativa que les queda antes de que supuestamente las multinacionales lleguen a hacerlo.
Esta situación ha generado conflictos entre las familias, dado que muchas personas provenientes de estas comunidades pero que viven en las ciudades son quienes están negociando con los retreros para realizar la explotación en sus tierras familiares. Hay problemas de linderos entre comunidades a la hora de ubicar las áreas para explotar.
Los consejos comunitarios locales exigen una supuesta compensación por los daños ambientales, pero esto también genera conflictos internos en la comunidad por la distribución de beneficios para quién y para qué. El consejo comunitario mayor, dueño del título colectivo no aprueba esta actividad, pero tampoco cuenta con capacidades para contrarrestarlo. Finalmente se rompen lazos familiares, culturales, territoriales y étnicos, además de los daños ambientales. El porcentaje que les queda a las familias no compensa
todos estos daños y se quedan finalmente sin plata, sin tierra y sin comunidad.
De manera generalizada los alcaldes han encontrado en la minería ilegal una “fuente de empleo” dinamizadora de la economía local, y una fuente de ingresos para el municipio por regalías. Esto ha generado un conflicto de intereses ya que son las autoridades llamadas a parar la minería ilegal, pero la minería es la única alternativa a corto plazo que puede resolver la situación de empleo e ingresos para la población. Esta situación es aprovechada por los mineros ilegales quienes se apoyan en los barequeros, mineros
artesanales que operan al lado de las retros, argumentando que si les prohíben su actividad los van a dejar a todos sin trabajo.
La alcaldía, la corporación ambiental, la fuerza pública y todas las autoridades
competentes son los llamados a cumplir su función ante esta situación.
Para mayor información:
Fundación Amigos del Chocó
[email protected]
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