Archivo de la categoría: Justicia Ambiental

Concepto técnico sobre efectos de aspersión aérea de glifosato en Chocó

Descargue el Concepto en este ENLACE.

Expediente T-4.245.959. Aplicación del principio de precaución en relación con la aspersión aérea de cultivos ilícitos con herbicidas basados en glifosato.

Contenidos del Concepto: I) Impactos de las aspersiones aéreas con la mezcla de glifosato en la salud y el ambiente, II) Principio de precaución: concepto y elementos constitutivos, III) Aplicación del principio de precaución en Colombia, IV) Aplicación del principio de precaución a las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia y V) Conclusiones.

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Nace el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional

Fuente: Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA): Universidad Nacional de Colombia.

Consulte el mapa de conflictos ambientales del OCA en este ENLACE.

OCA OBSERVATORIO

Presentación:

El Observatorio de Conflictos Ambientales surgió en el año 2014 como una iniciativa de profesores y estudiantes de la Maestría en Medio Ambienta y Desarrollo, bajo la coordinación de la profesora Rosario Rojas. Tiene como objetivo hacer el seguimiento análisis y sistematización a los conflictos ambientales asociados a los proyectos minero – energéticos y de agroindustria en el país.

Objetivos:

  • Recopilar, sistematizar y analizar información sobre conflictos ambientales
  • Caracterizar el contexto de los conflictos desde la perspectiva ambiental (relaciones ecosistema-cultura)
  • Visibilizar y espacializar los conflictos ambientales analizados
  • Generar espacios académicos para la investigación, profundización, docencia y extensión sobre conflictos ambientales
  • Socializar con distintos actores y por diferentes medios las principales reflexiones, planteamientos y propuestas derivadas del Observatorio
  • Construir y promover el uso de herramientas y metodologías de evaluación y seguimiento a los conflictos, para ser utilizadas por las comunidades afectadas y por los diferentes actores interesados

El 16 y 17 de marzo, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia presentó el Observatorio de Conflictos Ambientales en la Sede Bogotá. El OCA hará seguimiento, análisis y sistematización, a los conflictos asociados a los proyectos minero – energéticos y de agroindustria en el país, y con ello contribuirá a la labor de defensa de los territorios que hacen las comunidades que viven los conflictos.

El Foro de lanzamiento, 16 de marzo 7:00 am – 7:00 pm., contó con la participación de Marilyn Machado, del Proceso de Comunidades Negras; Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados CAJAR; Jazmín Romero Epiayú, Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira; Jaime Mauricio Concha, de la ANDI; Miller Dussán, de Asoquimbo; y Tatiana Roa, de Censat Agua Viva, entre otros.

Adicionalmente, en el marco de la presentación del OCA, se realizó un Cine Foro en la Cinemateca Distrital  a las 11:00 am en torno al documental La Buena Vida, que cuenta la historia de la comunidad de Tamaquito (La Guajira) y el impacto que El Cerrejón ha tenido sobre ella.

Este 18 de abril los Jueces y Juezas del Tribunal Monsanto presentarán sus conclusiones

Fuente: Tribunal Monsanto.

Martes 18 de abril de 2017. Hora de Colombia: 8:00AM. (3PM Holanda).

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y a partir de los mismos, brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. La Asamblea Popular brindó la oportunidad para que los movimientos sociales pudieran reunirse y planear otro futuro posible.  El Tribunal y una Asamblea Popular paralela tuvieron lugar en La Haya, Holanda, entre el 14 y el 16 de octubre. La opinión legal será presentada el 18 de abril de 2017 y transmitida en vivo a través de esta página web.

Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

ACCIÓN URGENTE

Buenos Aires, Municipio de El Peñón, Bolívar

 

Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

 

Hechos:

 

  1. La mañana del viernes, 27 de enero, el corregimiento de Buenos Aires, el predio de Las Pavas, y algunos caminos veredales de la región, amanecieron empapelados con copias de las declaraciones de testigos claves, que se rindieron ante la Fiscalía en meses pasados, para avanzar en el proceso penal que investiga el delito de desplazamiento forzado del que fue víctima esta comunidad en el año 2003.

 

  1. Esta acción de intimidación contra los testigos que han declarado en el proceso penal se realizó días después de conocerse la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Fiscalía 25 especializada en DDHH, mediante la cual decide acusar y adelantar el juicio por el delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra de trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S., trabajadores del testaferro del narcotráfico que vendió la Hacienda Las Pavas a la empresa palmera y paramilitares que ejecutaron el desplazamiento de 2003.

 

  1. Desde el inició de las investigaciones y, particularmente luego de las capturas, han incrementado los rumores de amenazas, en los que se señala que “las cosas no se van a quedar así, que los responsable de las capturas van a pagar y que ellos (los detenidos) no están solos”, rumores que esta vez se materializan en la exposición pública de los nombres de las personas que rindieron declaración. Siendo un hecho real, que los testigos en este tipo de investigaciones presentan un elevado nivel de riesgo.

 

  1. Estos hechos se dan, en el marco de una coyuntura actual del país de creciente agresión en contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y el reposicionamiento en toda la región de grupos armados ilegales que actúan bajo el mismo modelo de los conocidos grupos paramilitares, y quienes en diferentes comunicados han afirmado que: “(…) declaran como objetivo militar a líderes, defensores de derechos humanos , defensores de víctimas y supuestos recuperadores de tierras (…) que hacen daño a grandes parceleros, propietarios de tierra que generan trabajo para sus familias (…)” y son los principales responsables de los 117 asesinatos de defensores/as y líderes/as sociales, que se registraron en el país durante el año inmediatamente anterior.

 

Antecedentes:

 

La comunidad de Las Pavas, organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – ASOCAB, adelanta un proceso, de más de 13 años, de defensa de su territorio, luego de ser víctima del desplazamiento forzado y el despojo de la tierra donde trabajaban en el predio Las Pavas, corregimiento de Buenos Aires, Municipio del Peñón, Departamento de Bolívar. Durante estos más de 13 años, han sido víctimas de atropellos, estigmatización, amenazas, agresiones contra su vida e integridad, y destrucción sistemática de sus medios de vida.

 

Sin embargo, esta comunidad campesina, siempre ha optado por la resistencia no violenta y la acción pacífica, siendo reconocida con el premio nacional de paz en el año 2013. Confiando en que la acción de la justicia, que les ha reconocido como víctimas, actuará en garantía de sus derechos.

 

En la actualidad se encuentra incursa en un proceso de retorno y reparación colectiva, que no ha logrado concretarse, entre otras razones por las condiciones de inseguridad que persisten en la zona.

 

Solicitamos:

 

– A la Unidad Nacional de Protección –UNP que sean aplicadas de manera integral y reforzada las medidas de protección individual y colectiva que hoy tienen los líderes del caso de Las Pavas y los miembros de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB).

 

– A la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de El Peñón y a la Gobernación de Bolívar, que se tomen con urgencia medidas con el fin de velar por la seguridad y protección de la población víctima de ASOCAB.

 

– A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que coadyuve en los procesos jurídicos pertinentes y vele por la seguridad y protección de la población víctima.

– A la Fiscalía General de la Nación que tome todas las medidas necesarias para continuar con el curso del proceso penal, en la nueva etapa que se abre, garantizando la vida de las víctimas y de los testigos en este proceso.

 

– A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que dispongan de agentes especiales para garantizar que los procesos judiciales que se adelantan actualmente en relación con el caso, en términos de responsabilidad penal y en materia de propiedad de la tierra ante el Consejo de Estado, se adelanten con los más altos estándares de celeridad y transparencia.

 

– Al Estado colombiano en general que haga ejercicios suficientes de visibilización del estado del caso de Las Pavas, las graves amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierras y vele por la protección de las víctimas que están siendo revictimizadas en los procesos.

 

– A la comunidad internacional y nacional encargada de velar por la defensa de los Derechos Humanos y la protección de víctimas reclamantes de tierras, para que activen todos los mecanismos y tomen las medidas necesarias para evitar que los opositores del caso de los campesinos de la Hacienda Las Pavas, intimiden y amenacen a los líderes y miembros de la comunidad que, en ejercicio de sus derechos, adelantan las denuncias correspondientes por los graves hechos de violencia cometidos en contra de la comunidad.

 

El presente comunicado es suscrito por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) y respaldado por las siguientes organizaciones acompañantes del caso:

 

– Pensamiento y Acción Social – PAS

– Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM

– Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana

– Protection International – PI

– Peace Watch Switzerland – PWS

– Equipos Cristianos de Acción por la Paz – ECAP

¡Gracias por su difusión y apoyo!

Wer sind wir?

conversatorio fracking

Converstorio #35 Fracturando la tierra para extraer recursos: Fracking en Colombia.

Das Netzwerk für Umweltgerechtigkeit in Kolumbien (Red por la Justicia Ambiental en Colombia, RJAC) ist ein Raum zur Koordination, um eine Dopplung von Bemühungen zu vermeiden und eine optimale Nutzung der Ressourcen zum Umweltschutz mit Hinsicht auf die Menschenrechte zu fördern. Das RJAC wurde im Februar 2010 unter Koordination des Interamerikanischen Verbandes zum Umweltschutz (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA) und in Mitwirkung unserer Kollegen der ILSA, Indepaz, der Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sowie der Universitäten del Rosario, Los Andes und de Caldas ins Leben gerufen.

Eines der grundsätzlichen Ziele des RJAC ist die Erstellung von Lösungsvorschlägen in Bezug auf Umweltkonflikte in Kolumbien, ebenso wie die Förderung einer gerechten und effektiven Anwendung des nationalen und internationalen Umweltrechtes, insbesondere des Rechtes auf eine gesunde Umwelt und damit verbundene Rechte.

Das Netzwerk begann mit 79 Mitgliedern und besteht heute aus mehr als 300 Mitgliedern und Organisationen. Dadurch konnte AIDA mit seinen Kollegen anhand beispielhafter Fälle daran arbeiten legale Strategien einzuführen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und Jurastudenten Rat bieten. Auf diese Weise beitragen zu können, bedeutet die Möglichkeit zur Kontrolle der Faktoren von Umweltschäden in Kolumbien zu stärken.

Ein gutes Beispiel des vorherig Beschriebenen ist die durch mehrere Teilnehmer des Netzwerkes juristisch elaborierte Strategie im Falle der indigenen Stämme und Afro-Kolumbianer gegen das Projekt des Bergbaus Mandé Norte des Unternehmens Muriel Mining Corp. Im Jahr 2009 setzte das kolumbianische Verfassungsgericht einen historischen Präzedenzfall zur Verteidigung der Rechte von ethnischen Gruppen und dem Recht der Kolumbianer auf eine gesunde Umwelt. Das Verfassungsgericht erstellte ein Gutachten mit der Schlussfolgerung, der Staat müsse eine unabhängige und objektive Bestandsaufnahme des Umweltschadens durchführen und die indigenen Völker um Rat fragen, um deren Einverständnis zu erhalten bezüglich jedweder Abwicklung oder Investition in ihren jeweiligen Territorien (siehe Urteilsspruch).

Nichtsdestoweniger verlangten das Innenministerium und die Gesellschaft für Bergbau vom Verfassungsgericht eine Annullierung seiner Entscheidung. AIDA und weitere Mitglieder des Netzwerkes reichten Petitionen für eine Gültigkeit des Gutachtens ein (siehe Eingriffe), was schließlich am 12. März 2012 geschah, als das Verfassungsgericht seine Entscheidung bestätigte (siehe Beschluss).

Ebenso dank der konstanten internen Kommunikation des Netzwerkes – dank welcher Ergebnisse geteilt, Bündnisse geformt, Unterstützung erhalten und die Arbeit zum Schutz der Umwelt gegliedert wird -, hat das RJAC bereits 43 Conversatorios seit 2010 organisiert (siehe hier die vollständige Liste). Diese Foren enthalten verschiedenste Perspektiven sowie Standpunkte und ermöglichen eine kritische und konstruktive Debatte über Umweltfragen; etwas, was früher selten in Kolumbien aufzufinden war.

2012 ergab sich ein weiterer Schritt: die Einrichtung der Webseite des RJAC, welcher Zugang zu legalen Mitteln bietet, wie beispielsweise zu Gesetzen, juristischen Entscheidungen, Artikeln und juristischen Analysen und somit die Kommunikation über Veranstaltungen des allgemeinen Interesses und andere relevante Themen erleichtert. Das Portal hatte bereits einigen Erfolg: tausende heruntergeladene Dokumente und ein reger Besuch der Seite, welcher stetig steigt. Im Oktober 2015 erstellte das RJAC ebenfalls einen Account in Twitter (@RJAColombia), in welchem das Netzwerk bereits über 27.000 Follower hat.

Andererseits, mittels des Netzwerkes, begann AIDA im zweiten Semester 2012 ein Volontariatsprogramm, in welchem es drei Jurastudenten in ihrem letzten Semester und einen spanischen Doktoratsstudenten betreute. Durch die Arbeit mit jungen Anwälten kann AIDA helfen Fähigkeiten und Interessen auszuformen, um eine neue Generation von Verteidigern der Umwelt zu bilden. Das Volontariatsprogramm setzte sich 2013 mit neuen Mitgliedern fort und besteht noch bis heute (http://www.aida-americas.org/get-involved/join-our-internship-and-volunteer-program).

Der Erfolg in Gründung und Betrieb des Netzwerkes für Umweltgerechtigkeit in Kolumbien zeigt, dass die Zusammenarbeit in Koalitionen bessere Resultate erzielen kann als die isolierten Anstrengungen jedes Einzelnen. Die Initiative zeigt ein offensichtlich wachsendes Vertrauen zwischen den Organisationen und Individuen Kolumbiens. Auf lange Sicht wird diese Art der Zusammenarbeit zu größeren Fortschritten im Umweltschutz führen, da die Ziele, welche wir zusammen festsetzen auf diese Weise weit besser erreicht werden können, als nur von einer einzigen Person oder Organisation.

Resumen del Decreto 2041 de 2014 sobre licencias ambientales

Por Camila Villalobos*

Este decreto fue expedido por el Presidente de la República y reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, título referente a las licencias ambientales.

Este decreto se expidió teniendo en cuenta la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

Así mismo, el objetivo de este decreto es fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

En el Título I se habla de las disposiciones generales y se explican algunas definiciones para la correcta interpretación de las normas contenidas en el decreto. Estas definiciones son: El alcance de proyectos, obras y actividades, que incluyen la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, etc., de todas las actividades a realizar; El área de influencia, en la cual se manifiestan los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad; La explotación minera; El impacto ambiental que es la alteración en el medio ambiente, atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad; Medidas de compensación que son acciones dirigidas a resarcir o retribuir a las comunidades afectadas por el proyecto; Medidas de corrección que son acciones dirigidas a recuperar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto; Medidas de mitigación que son acciones encaminadas a minimizar los impactos negativos del proyecto; Medidas de prevención que son acciones dirigidas a evitar los impactos negativos del proyecto; Plan de Manejo Ambiental que incluye las medidas orientadas a prevenir y corregir los efectos negativos  de un proyecto, obra o actividad.

De igual forma, se explica quienes son las autoridades ambientales competentes para otorgar o negar licencias ambientales. Estas son: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las de Desarrollo Sostenible: Los municipios, distritos y áreas metropolitanas con una población superior a un millón de personas.

Se explica también, qué es una licencia ambiental, que se define como una autorización otorgada por la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda afectar al medio ambiente.

La licencia ambiental global, se refiere a la autorización para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con proyectos de explotación minera y de hidrocarburos. Esta licencia abarca toda el área de explotación que se solicite. Para obtener esta licencia, se debe presentar un plan de manejo ambiental.

La licencia ambiental se otorga durante el tiempo que dure el proyecto, obra o actividad.

El Título II se refiere a la competencia y la exigibilidad de la licencia ambiental, y se explica cuáles son los proyectos, obras y actividades que deben contar con una licencia ambiental.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puede otorgar o negar la licencia ambiental para algunos proyectos en el sector de hidrocarburos; proyectos de explotación minera (de carbón, materiales de construcción, minerales metálicos y otros minerales); en el sector eléctrico; los proyectos de generación de energía nuclear; en el sector marítimo y portuario; en la construcción y operación de aeropuertos internacionales; ejecución de obras públicas; pesticidas; proyectos que afecten áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, etc.

Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos pueden otorgar o negar licencias para explotación minera de carbón, materiales de construcción, minerales metálicos y otros minerales; en el sector eléctrico; en el sector marino y aeroportuario, la industria manufacturera, etc.

Hay que tener en cuenta que la ANLA y las CAR pueden expedir licencias ambientales sobre los mismos sectores, pero la cantidad y numero de materiales es lo que cambia.

Cuando los proyectos mencionados pretendan intervenir humedales de importancia internacional, páramos o manglares, la autoridad ambiental competente debe solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y uso sostenible de dichos ecosistemas.

El Título III habla de los estudios ambientales y explica que estos estudios se refieren al Diagnóstico Ambiental de Alternativas y al Estudio de Impacto Ambiental, que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.

Estos estudios ambientales deben tener unos lineamientos generales señalados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el solicitante de la licencia ambiental debe utilizar dichos lineamientos de acuerdo con las condiciones especificas del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar.

Para evaluar los estudios ambientales de los proyectos, las autoridades ambientales deben adoptar criterios definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, se afirma que es necesario informar a las comunidades sobre el alcance del proyecto, con especial énfasis en los impactos y las medidas de manejo que se han de tener para desarrollar el proyecto.

En el Capitulo I se explica el Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA) que tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente quien solicita la licencia ambiental, para poder desarrollar un proyecto, obra o actividad. Esto se hace para seleccionar las alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse con la realización del proyecto.

Los interesados en los proyectos enunciados en el artículo 18, es decir, la exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para el transito vehicular; el transporte y conducción y hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se desarrollen por fuera de los campos; los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos; la construcción de refinerías y desarrollos petroquímicos; la construcción de presas, represas o embalses; la construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica; los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa; el tendido de líneas nuevas de transmisión; los proyectos de generación de energía nuclear; la construcción de puertos; la construcción de aeropuertos; la construcción de carreteras, la construcción de segundas calzadas; la construcción de obras en la red fluvial nacional; la construcción de vías férreas; y los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra,  deben solicitar un pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el DAA.

El Diagnostico Ambiental de Alternativas debe ser elaborado teniendo en cuenta la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del artículo 14  y debe contener el objetivo y descripción del proyecto; la descripción general de las alternativas de localización del proyecto; la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial; la identificación y análisis de los riesgos y efectos sobre el medio ambiente; la identificación de las comunidades y de los mecanismos para informarles sobre el proyecto; un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas y la selección y justificación de la alternativa seleccionada.

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental, el Capitulo II, explica que es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y debe contener la información del proyecto; la caracterización del área de influencia de proyecto; la demanda de recursos naturales por parte del proyecto; información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos; zonificación de manejo ambiental; evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; plan de manejo ambiental del proyecto; programa de seguimiento y monitoreo; plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; plan de desmantelamiento y abandono; plan de inversión, plan de compensación por perdida de biodiversidad.

El Título IV se refiere al trámite para la obtención de la licencia ambiental.

En primer lugar, el interesado en obtener la licencia ambiental debe formular una petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente en la que solicita que se determine si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración del Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA).

En caso de requerir DAA, el interesado debe radicar dicho estudio, junto con una copia del documento de identificación y el certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica.

Después de esto, la autoridad ambiental competente, debe expedir un acto administrativo en el cual da inicio al trámite de evaluación de diagnostico ambiental de alternativas y revisará que el estudio se ajuste al Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará una visita al proyecto.

El solicitante debe allegar la información que se le solicite y posteriormente, la autoridad ambiental debe evaluar el DAA y elegir la alternativa más favorable para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.

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En caso de que no se requiera Diagnostico Ambiental de Alternativas o cuando este procedimiento ya se ha llevado a cabo, el interesado en obtener la licencia ambiental, debe radicar ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental y anexar el Formulario Único de Licencia Ambiental; Planos que soporten el Estudio de Impacto Ambiental; Costo estimado de inversión y operación del proyecto; Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado; Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental; Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal; Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas; Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental; Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras  Despojadas.

Una vez se tramite la solicitud, la autoridad ambiental competente debe expedir un acto administrativo para iniciar el trámite de la licencia ambiental y posteriormente, evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los lineamientos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará una visita al proyecto.

Cuando el solicitante allegue la información que se le requirió, la autoridad ambiental debe solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes sobre el proyecto.

Finalmente, la autoridad ambiental debe expedir un acto administrativo que declare reunida toda la información requerida y expide una resolución que otorga o niega la licencia ambiental.

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El acto administrativo que otorga la licencia ambiental debe contener la identificación de la persona natural o jurídica a la cual se le autoriza la ejecución y desarrollo del proyecto; el objeto general y localización del proyecto; un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental; lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental; los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar; los requisitos y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental y la obligatoriedad de publicar el acto administrativo.

En el Título V, se explican los casos en los cuales se debe modificar una licencia ambiental, cuáles son los requisitos y el trámite para ello. También explica cuándo se puede ceder total o parcialmente la licencia ambiental, esto implica que el beneficiario de la licencia cede los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

El titular de la licencia ambiental puede integrarla con otras licencias ambientales.

Si han pasado cinco (5) años desde la expedición de la licencia ambiental y no se ha iniciado la obra o el proyecto, la autoridad ambiental competente puede declarar que la vigencia de la licencia ha terminado, mediante una resolución motivada.

El Título VI se refiere al control y seguimiento de los proyectos, y afirma que estos deben ser objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Para ello, las autoridades ambientales deben adoptar los criterios definidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por último, el Título VII se refiere al acceso a la información ambiental.

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea-VITAL, es un sistema centralizado de cobertura nacional a través del cual se direccionan y unifican todos los trámites administrativos de licencia ambiental, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.

Así mismo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), debe tener disponible la información ambiental para la toma de decisiones.

Adicionalmente, toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular una petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana. También puede solicitar información sobre el estado de trámite de un proyecto sujeto a licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente.

De otra parte, este decreto fue objeto de una demanda de nulidad por inconstitucionalidad, por considerar que viola de manera evidente la Constitución Política, al desconocer los principios de legalidad y debido proceso, así como la reserva de ley al usurpar competencias exclusivas al legislador, el deber de protección ambiental que corresponde al Estado y el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa y a la participación ciudadana de los colombianos.

El demandante de esta acción considera que el Gobierno Nacional, al expedir este decreto, reduce los términos para emitir las licencias y establece un procedimiento de oralidad que excluye la posibilidad de realizar una evaluación detallada, integral y coherente de los proyectos, excluyendo el derecho a la participación ciudadana. Vea la demanda en este ENLACE.

*Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario.

Clínica Jurídica en Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes

Fuente: Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

clinica juridica uniandes

Desde 2016-1 La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ofrecerá a sus estudiantes de último año la oportunidad de realizar su consultorio jurídico en la nueva clínica de justicia colectiva Medio Ambiente y Salud Pública-MASP.

Mayor información: clinicamaps@uniandes.edu.co

¿Qué tipo de trabajo se realizará en la clínica MASP?

El tipo de trabajo clínico que realizará la clínica se centrará en el desarrollo de elementos de justicia colectiva. Son dos los elementos de justicia colectiva que esta clínica pretende desarrollar: litigio de acciones populares y de grupo e investigación e incidencia social.

¿Cuáles son las líneas de trabajo?

Descontaminación del río Bogotá; mercurio, minería y salud pública; producción orgánica de alimentos; y actividad física en las ciudades.