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Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

ACCIÓN URGENTE

Buenos Aires, Municipio de El Peñón, Bolívar

 

Comunicado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Caso Las Pavas: Intimidación contra los líderes y lideresas

 

Hechos:

 

  1. La mañana del viernes, 27 de enero, el corregimiento de Buenos Aires, el predio de Las Pavas, y algunos caminos veredales de la región, amanecieron empapelados con copias de las declaraciones de testigos claves, que se rindieron ante la Fiscalía en meses pasados, para avanzar en el proceso penal que investiga el delito de desplazamiento forzado del que fue víctima esta comunidad en el año 2003.

 

  1. Esta acción de intimidación contra los testigos que han declarado en el proceso penal se realizó días después de conocerse la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Fiscalía 25 especializada en DDHH, mediante la cual decide acusar y adelantar el juicio por el delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra de trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S., trabajadores del testaferro del narcotráfico que vendió la Hacienda Las Pavas a la empresa palmera y paramilitares que ejecutaron el desplazamiento de 2003.

 

  1. Desde el inició de las investigaciones y, particularmente luego de las capturas, han incrementado los rumores de amenazas, en los que se señala que “las cosas no se van a quedar así, que los responsable de las capturas van a pagar y que ellos (los detenidos) no están solos”, rumores que esta vez se materializan en la exposición pública de los nombres de las personas que rindieron declaración. Siendo un hecho real, que los testigos en este tipo de investigaciones presentan un elevado nivel de riesgo.

 

  1. Estos hechos se dan, en el marco de una coyuntura actual del país de creciente agresión en contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y el reposicionamiento en toda la región de grupos armados ilegales que actúan bajo el mismo modelo de los conocidos grupos paramilitares, y quienes en diferentes comunicados han afirmado que: “(…) declaran como objetivo militar a líderes, defensores de derechos humanos , defensores de víctimas y supuestos recuperadores de tierras (…) que hacen daño a grandes parceleros, propietarios de tierra que generan trabajo para sus familias (…)” y son los principales responsables de los 117 asesinatos de defensores/as y líderes/as sociales, que se registraron en el país durante el año inmediatamente anterior.

 

Antecedentes:

 

La comunidad de Las Pavas, organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – ASOCAB, adelanta un proceso, de más de 13 años, de defensa de su territorio, luego de ser víctima del desplazamiento forzado y el despojo de la tierra donde trabajaban en el predio Las Pavas, corregimiento de Buenos Aires, Municipio del Peñón, Departamento de Bolívar. Durante estos más de 13 años, han sido víctimas de atropellos, estigmatización, amenazas, agresiones contra su vida e integridad, y destrucción sistemática de sus medios de vida.

 

Sin embargo, esta comunidad campesina, siempre ha optado por la resistencia no violenta y la acción pacífica, siendo reconocida con el premio nacional de paz en el año 2013. Confiando en que la acción de la justicia, que les ha reconocido como víctimas, actuará en garantía de sus derechos.

 

En la actualidad se encuentra incursa en un proceso de retorno y reparación colectiva, que no ha logrado concretarse, entre otras razones por las condiciones de inseguridad que persisten en la zona.

 

Solicitamos:

 

– A la Unidad Nacional de Protección –UNP que sean aplicadas de manera integral y reforzada las medidas de protección individual y colectiva que hoy tienen los líderes del caso de Las Pavas y los miembros de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB).

 

– A la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de El Peñón y a la Gobernación de Bolívar, que se tomen con urgencia medidas con el fin de velar por la seguridad y protección de la población víctima de ASOCAB.

 

– A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que coadyuve en los procesos jurídicos pertinentes y vele por la seguridad y protección de la población víctima.

– A la Fiscalía General de la Nación que tome todas las medidas necesarias para continuar con el curso del proceso penal, en la nueva etapa que se abre, garantizando la vida de las víctimas y de los testigos en este proceso.

 

– A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que dispongan de agentes especiales para garantizar que los procesos judiciales que se adelantan actualmente en relación con el caso, en términos de responsabilidad penal y en materia de propiedad de la tierra ante el Consejo de Estado, se adelanten con los más altos estándares de celeridad y transparencia.

 

– Al Estado colombiano en general que haga ejercicios suficientes de visibilización del estado del caso de Las Pavas, las graves amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierras y vele por la protección de las víctimas que están siendo revictimizadas en los procesos.

 

– A la comunidad internacional y nacional encargada de velar por la defensa de los Derechos Humanos y la protección de víctimas reclamantes de tierras, para que activen todos los mecanismos y tomen las medidas necesarias para evitar que los opositores del caso de los campesinos de la Hacienda Las Pavas, intimiden y amenacen a los líderes y miembros de la comunidad que, en ejercicio de sus derechos, adelantan las denuncias correspondientes por los graves hechos de violencia cometidos en contra de la comunidad.

 

El presente comunicado es suscrito por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) y respaldado por las siguientes organizaciones acompañantes del caso:

 

– Pensamiento y Acción Social – PAS

– Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM

– Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana

– Protection International – PI

– Peace Watch Switzerland – PWS

– Equipos Cristianos de Acción por la Paz – ECAP

¡Gracias por su difusión y apoyo!

Wer sind wir?

conversatorio fracking

Converstorio #35 Fracturando la tierra para extraer recursos: Fracking en Colombia.

Das Netzwerk für Umweltgerechtigkeit in Kolumbien (Red por la Justicia Ambiental en Colombia, RJAC) ist ein Raum zur Koordination, um eine Dopplung von Bemühungen zu vermeiden und eine optimale Nutzung der Ressourcen zum Umweltschutz mit Hinsicht auf die Menschenrechte zu fördern. Das RJAC wurde im Februar 2010 unter Koordination des Interamerikanischen Verbandes zum Umweltschutz (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA) und in Mitwirkung unserer Kollegen der ILSA, Indepaz, der Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sowie der Universitäten del Rosario, Los Andes und de Caldas ins Leben gerufen.

Eines der grundsätzlichen Ziele des RJAC ist die Erstellung von Lösungsvorschlägen in Bezug auf Umweltkonflikte in Kolumbien, ebenso wie die Förderung einer gerechten und effektiven Anwendung des nationalen und internationalen Umweltrechtes, insbesondere des Rechtes auf eine gesunde Umwelt und damit verbundene Rechte.

Das Netzwerk begann mit 79 Mitgliedern und besteht heute aus mehr als 300 Mitgliedern und Organisationen. Dadurch konnte AIDA mit seinen Kollegen anhand beispielhafter Fälle daran arbeiten legale Strategien einzuführen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und Jurastudenten Rat bieten. Auf diese Weise beitragen zu können, bedeutet die Möglichkeit zur Kontrolle der Faktoren von Umweltschäden in Kolumbien zu stärken.

Ein gutes Beispiel des vorherig Beschriebenen ist die durch mehrere Teilnehmer des Netzwerkes juristisch elaborierte Strategie im Falle der indigenen Stämme und Afro-Kolumbianer gegen das Projekt des Bergbaus Mandé Norte des Unternehmens Muriel Mining Corp. Im Jahr 2009 setzte das kolumbianische Verfassungsgericht einen historischen Präzedenzfall zur Verteidigung der Rechte von ethnischen Gruppen und dem Recht der Kolumbianer auf eine gesunde Umwelt. Das Verfassungsgericht erstellte ein Gutachten mit der Schlussfolgerung, der Staat müsse eine unabhängige und objektive Bestandsaufnahme des Umweltschadens durchführen und die indigenen Völker um Rat fragen, um deren Einverständnis zu erhalten bezüglich jedweder Abwicklung oder Investition in ihren jeweiligen Territorien (siehe Urteilsspruch).

Nichtsdestoweniger verlangten das Innenministerium und die Gesellschaft für Bergbau vom Verfassungsgericht eine Annullierung seiner Entscheidung. AIDA und weitere Mitglieder des Netzwerkes reichten Petitionen für eine Gültigkeit des Gutachtens ein (siehe Eingriffe), was schließlich am 12. März 2012 geschah, als das Verfassungsgericht seine Entscheidung bestätigte (siehe Beschluss).

Ebenso dank der konstanten internen Kommunikation des Netzwerkes – dank welcher Ergebnisse geteilt, Bündnisse geformt, Unterstützung erhalten und die Arbeit zum Schutz der Umwelt gegliedert wird -, hat das RJAC bereits 43 Conversatorios seit 2010 organisiert (siehe hier die vollständige Liste). Diese Foren enthalten verschiedenste Perspektiven sowie Standpunkte und ermöglichen eine kritische und konstruktive Debatte über Umweltfragen; etwas, was früher selten in Kolumbien aufzufinden war.

2012 ergab sich ein weiterer Schritt: die Einrichtung der Webseite des RJAC, welcher Zugang zu legalen Mitteln bietet, wie beispielsweise zu Gesetzen, juristischen Entscheidungen, Artikeln und juristischen Analysen und somit die Kommunikation über Veranstaltungen des allgemeinen Interesses und andere relevante Themen erleichtert. Das Portal hatte bereits einigen Erfolg: tausende heruntergeladene Dokumente und ein reger Besuch der Seite, welcher stetig steigt. Im Oktober 2015 erstellte das RJAC ebenfalls einen Account in Twitter (@RJAColombia), in welchem das Netzwerk bereits über 27.000 Follower hat.

Andererseits, mittels des Netzwerkes, begann AIDA im zweiten Semester 2012 ein Volontariatsprogramm, in welchem es drei Jurastudenten in ihrem letzten Semester und einen spanischen Doktoratsstudenten betreute. Durch die Arbeit mit jungen Anwälten kann AIDA helfen Fähigkeiten und Interessen auszuformen, um eine neue Generation von Verteidigern der Umwelt zu bilden. Das Volontariatsprogramm setzte sich 2013 mit neuen Mitgliedern fort und besteht noch bis heute (http://www.aida-americas.org/get-involved/join-our-internship-and-volunteer-program).

Der Erfolg in Gründung und Betrieb des Netzwerkes für Umweltgerechtigkeit in Kolumbien zeigt, dass die Zusammenarbeit in Koalitionen bessere Resultate erzielen kann als die isolierten Anstrengungen jedes Einzelnen. Die Initiative zeigt ein offensichtlich wachsendes Vertrauen zwischen den Organisationen und Individuen Kolumbiens. Auf lange Sicht wird diese Art der Zusammenarbeit zu größeren Fortschritten im Umweltschutz führen, da die Ziele, welche wir zusammen festsetzen auf diese Weise weit besser erreicht werden können, als nur von einer einzigen Person oder Organisation.

Resumen del Decreto 2041 de 2014 sobre licencias ambientales

Por Camila Villalobos*

Este decreto fue expedido por el Presidente de la República y reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, título referente a las licencias ambientales.

Este decreto se expidió teniendo en cuenta la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

Así mismo, el objetivo de este decreto es fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

En el Título I se habla de las disposiciones generales y se explican algunas definiciones para la correcta interpretación de las normas contenidas en el decreto. Estas definiciones son: El alcance de proyectos, obras y actividades, que incluyen la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, etc., de todas las actividades a realizar; El área de influencia, en la cual se manifiestan los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad; La explotación minera; El impacto ambiental que es la alteración en el medio ambiente, atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad; Medidas de compensación que son acciones dirigidas a resarcir o retribuir a las comunidades afectadas por el proyecto; Medidas de corrección que son acciones dirigidas a recuperar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto; Medidas de mitigación que son acciones encaminadas a minimizar los impactos negativos del proyecto; Medidas de prevención que son acciones dirigidas a evitar los impactos negativos del proyecto; Plan de Manejo Ambiental que incluye las medidas orientadas a prevenir y corregir los efectos negativos  de un proyecto, obra o actividad.

De igual forma, se explica quienes son las autoridades ambientales competentes para otorgar o negar licencias ambientales. Estas son: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las de Desarrollo Sostenible: Los municipios, distritos y áreas metropolitanas con una población superior a un millón de personas.

Se explica también, qué es una licencia ambiental, que se define como una autorización otorgada por la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda afectar al medio ambiente.

La licencia ambiental global, se refiere a la autorización para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con proyectos de explotación minera y de hidrocarburos. Esta licencia abarca toda el área de explotación que se solicite. Para obtener esta licencia, se debe presentar un plan de manejo ambiental.

La licencia ambiental se otorga durante el tiempo que dure el proyecto, obra o actividad.

El Título II se refiere a la competencia y la exigibilidad de la licencia ambiental, y se explica cuáles son los proyectos, obras y actividades que deben contar con una licencia ambiental.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puede otorgar o negar la licencia ambiental para algunos proyectos en el sector de hidrocarburos; proyectos de explotación minera (de carbón, materiales de construcción, minerales metálicos y otros minerales); en el sector eléctrico; los proyectos de generación de energía nuclear; en el sector marítimo y portuario; en la construcción y operación de aeropuertos internacionales; ejecución de obras públicas; pesticidas; proyectos que afecten áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, etc.

Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos pueden otorgar o negar licencias para explotación minera de carbón, materiales de construcción, minerales metálicos y otros minerales; en el sector eléctrico; en el sector marino y aeroportuario, la industria manufacturera, etc.

Hay que tener en cuenta que la ANLA y las CAR pueden expedir licencias ambientales sobre los mismos sectores, pero la cantidad y numero de materiales es lo que cambia.

Cuando los proyectos mencionados pretendan intervenir humedales de importancia internacional, páramos o manglares, la autoridad ambiental competente debe solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y uso sostenible de dichos ecosistemas.

El Título III habla de los estudios ambientales y explica que estos estudios se refieren al Diagnóstico Ambiental de Alternativas y al Estudio de Impacto Ambiental, que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.

Estos estudios ambientales deben tener unos lineamientos generales señalados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el solicitante de la licencia ambiental debe utilizar dichos lineamientos de acuerdo con las condiciones especificas del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar.

Para evaluar los estudios ambientales de los proyectos, las autoridades ambientales deben adoptar criterios definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, se afirma que es necesario informar a las comunidades sobre el alcance del proyecto, con especial énfasis en los impactos y las medidas de manejo que se han de tener para desarrollar el proyecto.

En el Capitulo I se explica el Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA) que tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente quien solicita la licencia ambiental, para poder desarrollar un proyecto, obra o actividad. Esto se hace para seleccionar las alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse con la realización del proyecto.

Los interesados en los proyectos enunciados en el artículo 18, es decir, la exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para el transito vehicular; el transporte y conducción y hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se desarrollen por fuera de los campos; los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos; la construcción de refinerías y desarrollos petroquímicos; la construcción de presas, represas o embalses; la construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica; los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa; el tendido de líneas nuevas de transmisión; los proyectos de generación de energía nuclear; la construcción de puertos; la construcción de aeropuertos; la construcción de carreteras, la construcción de segundas calzadas; la construcción de obras en la red fluvial nacional; la construcción de vías férreas; y los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra,  deben solicitar un pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el DAA.

El Diagnostico Ambiental de Alternativas debe ser elaborado teniendo en cuenta la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del artículo 14  y debe contener el objetivo y descripción del proyecto; la descripción general de las alternativas de localización del proyecto; la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial; la identificación y análisis de los riesgos y efectos sobre el medio ambiente; la identificación de las comunidades y de los mecanismos para informarles sobre el proyecto; un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas y la selección y justificación de la alternativa seleccionada.

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental, el Capitulo II, explica que es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y debe contener la información del proyecto; la caracterización del área de influencia de proyecto; la demanda de recursos naturales por parte del proyecto; información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos; zonificación de manejo ambiental; evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; plan de manejo ambiental del proyecto; programa de seguimiento y monitoreo; plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; plan de desmantelamiento y abandono; plan de inversión, plan de compensación por perdida de biodiversidad.

El Título IV se refiere al trámite para la obtención de la licencia ambiental.

En primer lugar, el interesado en obtener la licencia ambiental debe formular una petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente en la que solicita que se determine si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración del Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA).

En caso de requerir DAA, el interesado debe radicar dicho estudio, junto con una copia del documento de identificación y el certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica.

Después de esto, la autoridad ambiental competente, debe expedir un acto administrativo en el cual da inicio al trámite de evaluación de diagnostico ambiental de alternativas y revisará que el estudio se ajuste al Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará una visita al proyecto.

El solicitante debe allegar la información que se le solicite y posteriormente, la autoridad ambiental debe evaluar el DAA y elegir la alternativa más favorable para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.

proceso 2041 1

En caso de que no se requiera Diagnostico Ambiental de Alternativas o cuando este procedimiento ya se ha llevado a cabo, el interesado en obtener la licencia ambiental, debe radicar ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental y anexar el Formulario Único de Licencia Ambiental; Planos que soporten el Estudio de Impacto Ambiental; Costo estimado de inversión y operación del proyecto; Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado; Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental; Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal; Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas; Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental; Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras  Despojadas.

Una vez se tramite la solicitud, la autoridad ambiental competente debe expedir un acto administrativo para iniciar el trámite de la licencia ambiental y posteriormente, evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los lineamientos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará una visita al proyecto.

Cuando el solicitante allegue la información que se le requirió, la autoridad ambiental debe solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes sobre el proyecto.

Finalmente, la autoridad ambiental debe expedir un acto administrativo que declare reunida toda la información requerida y expide una resolución que otorga o niega la licencia ambiental.

 proceso 2041 2

El acto administrativo que otorga la licencia ambiental debe contener la identificación de la persona natural o jurídica a la cual se le autoriza la ejecución y desarrollo del proyecto; el objeto general y localización del proyecto; un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental; lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental; los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar; los requisitos y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental y la obligatoriedad de publicar el acto administrativo.

En el Título V, se explican los casos en los cuales se debe modificar una licencia ambiental, cuáles son los requisitos y el trámite para ello. También explica cuándo se puede ceder total o parcialmente la licencia ambiental, esto implica que el beneficiario de la licencia cede los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

El titular de la licencia ambiental puede integrarla con otras licencias ambientales.

Si han pasado cinco (5) años desde la expedición de la licencia ambiental y no se ha iniciado la obra o el proyecto, la autoridad ambiental competente puede declarar que la vigencia de la licencia ha terminado, mediante una resolución motivada.

El Título VI se refiere al control y seguimiento de los proyectos, y afirma que estos deben ser objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Para ello, las autoridades ambientales deben adoptar los criterios definidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por último, el Título VII se refiere al acceso a la información ambiental.

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea-VITAL, es un sistema centralizado de cobertura nacional a través del cual se direccionan y unifican todos los trámites administrativos de licencia ambiental, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.

Así mismo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), debe tener disponible la información ambiental para la toma de decisiones.

Adicionalmente, toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular una petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana. También puede solicitar información sobre el estado de trámite de un proyecto sujeto a licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente.

De otra parte, este decreto fue objeto de una demanda de nulidad por inconstitucionalidad, por considerar que viola de manera evidente la Constitución Política, al desconocer los principios de legalidad y debido proceso, así como la reserva de ley al usurpar competencias exclusivas al legislador, el deber de protección ambiental que corresponde al Estado y el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa y a la participación ciudadana de los colombianos.

El demandante de esta acción considera que el Gobierno Nacional, al expedir este decreto, reduce los términos para emitir las licencias y establece un procedimiento de oralidad que excluye la posibilidad de realizar una evaluación detallada, integral y coherente de los proyectos, excluyendo el derecho a la participación ciudadana. Vea la demanda en este ENLACE.

*Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario.

Clínica Jurídica en Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes

Fuente: Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

clinica juridica uniandes

Desde 2016-1 La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ofrecerá a sus estudiantes de último año la oportunidad de realizar su consultorio jurídico en la nueva clínica de justicia colectiva Medio Ambiente y Salud Pública-MASP.

Mayor información: clinicamaps@uniandes.edu.co

¿Qué tipo de trabajo se realizará en la clínica MASP?

El tipo de trabajo clínico que realizará la clínica se centrará en el desarrollo de elementos de justicia colectiva. Son dos los elementos de justicia colectiva que esta clínica pretende desarrollar: litigio de acciones populares y de grupo e investigación e incidencia social.

¿Cuáles son las líneas de trabajo?

Descontaminación del río Bogotá; mercurio, minería y salud pública; producción orgánica de alimentos; y actividad física en las ciudades.

Bahía Portete: de masacre a Parque Natural

Fuente: Parques Naturales de Colombia.

Bahia Portete 2014

Infografia Bahia Portete

NUEVO PARQUE NACIONAL NATURAL DE COLOMBIA
• Son más de 14 mil hectáreas de área marina costera, en inmediaciones del segundo resguardo indígena más grande de la Nación.

• Praderas marinas, formaciones coralinas, manglares, playas y litoral rocoso son algunos de los ecosistemas que se encuentran en la nueva zona protegida del país.

Bahía Portete, 20 de diciembre de 2014. Con la Bendición del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se declaró este sábado una nueva área natural protegida para Colombia, se trata del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele.

“La biodiversidad es a Colombia como el petróleo es para los árabes, por eso nuestra prioridad es su conservación. Cada vez que hacemos una nueva declaratoria de Parque Nacional Natural, sabemos que es la mejor forma de conservar nuestra riqueza natural”, aseguró el Presidente Santos.

Para el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, “esta declaratoria se convierte en un gran logro del Gobierno y en un avance de la política nacional ambiental para la protección de los ecosistemas marinos y costeros“.

Ubicado en el costado norte del departamento de la Guajira, Caribe continental colombiano, entre el cabo de la Vela y Punta Gallinas. Cubre una superficie de 125 km2 alcanzando 13 km de diámetro y se comunica con el mar abierto por una boca de dos kilómetros de ancho.

La bahía cuenta con nueve metros de profundidad, con un mínimo de tres y un máximo de 20 metros, con condiciones marinas de salinidad alta.

Manglares, corales, aves, langostas, camarones, gran variedad de moluscos, almejas, caracoles, ostras, peces como el mero, róbalo, pargo, lisa, lebranche, sierra, sardina, reptiles, tortugas, erizos, armadillos, murciélagos, zorros, zainos entre otros, son algunas de las especies de la rica biodiversidad de esta región, que quedaron protegidas con la declaratoria de este nuevo parque natural.

El Sistema de Parques Nacionales Naturales, aumenta la superficie de áreas protegidas a 14.268.223 hectáreas, de las cuales 1.393.830 corresponden a zona marina costera (1.4% del país), y 12.874.393 son territorio continental (11,2% del país).

De las 59 áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 48 son continentales y 11 marino costeras.

Con esta declaratoria el País cumple con compromisos adquiridos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, que prevé conservar para el 2020, al menos, el 17% de las zonas terrestres y el 12% de las zonas marinas y costeras.

Bahía Portete alberga ecosistemas muy importantes como fondos sedimentarios, praderas de pastos marinos, formaciones coralinas, manglares, playas y litoral rocoso.

“En el Parque Nacional Natural Bahía Portete están presentes ecosistemas marinos y costeros estratégicos para la supervivencia y desarrollo de las diferentes fases del ciclo de vida de muchas especies que están en la Bahía”, afirmó Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Territorio Wayuu

El proceso de declaratoria del Parque Bahía Portete como área protegida del Sistema de Parques Nacionales, contó desde el 2012 con una etapa de consulta previa para cada una de las comunidades indígenas Wayuu que están a su alrededor.

Estas comunidades indígenas pertenecen al resguardo de la Media y Alta Guajira Wayuu, con quienes se logró consolidar espacios de acuerdo, frente al manejo y planeación del área protegida para la protección de los ecosistemas marinos costeros que allí se encuentran.

Los Wayuu consideran que Bahía Portete es la continuación de su territorio y el uso de los recursos naturales en la Bahía está asociado a la medicina y al tratamiento espiritual.

“La creación de esta nueva área respeta los usos ancestrales y prácticas tradicionales de las comunidades Wayuu, que hacen uso regular y permanente de la Bahía de Portete, bajo los criterios de sostenibilidad y responsabilidad”, preciso Julia Miranda Londoño.
Objetivos de conservación del Parque
• Conservar los ecosistemas de formaciones coralinas, praderas de fanerógamas, el litoral rocoso, las playas arenosas y manglares, como contribución al mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos esenciales de Bahía Portete.

• Asegurar el mantenimiento de los hábitats de alimentación, refugio y reproducción de tortugas marinas, cocodrilos y aves acuáticas (migratorias y residentes).

• Generar servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas marinos y costeros y sus especies asociadas, favoreciendo la productividad pesquera de la Alta Guajira a través de la protección de espacios de incubación y crianza de juveniles de especies hidrobiológicas.

• Garantizar las condiciones biofísicas necesarias para el desarrollo de prácticas tradicionales asociadas a la cultura del Pueblo Wayuu en Bahía Portete.

 

Enlaces a sitios web con información sobre justicia ambiental.

Enlaces a sitios en internet con información relevante sobre conflictos ambientales y justicia ambiental.

A

Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)

Acción colectiva y megaproyectos mineros

Acción Permanente por la Paz

Accountability Counsel

Agencia de noticias Universidad Nacional de Colombia (sección medioambiente)

Agua Sustentable

Agenda Ciudadana – Universidad de Boyacá

Alerta minera Canadá

Alianza de redes iberoamericanas de universidades por la sustentabilidad y el ambiente

Amazonas 2030

Amazon Conservation Team, Colombia

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)

Asociación Ambiente y Sociedad

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 

Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars)

ANDI, Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible

B

Blog de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

Blog Derecho y Medio Ambiente

Blog de Eduardo Gudynas (Acción y Reacción)

Blog del economista Mario Valencia

Blog de Juan Pablo Soler

Blog de la profesora Gloria Amparo Rodríguez

Blog de Tatiana Roa

Blog Vida Verde en Cien Maneras

Blog Verde de la Silla Vacía

Blog sosecosfera de Ricardo Gorosito Zuluaga, profesor Catedrático de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Uruguay y de Ordenamiento Territorial en la Universidad de la República y otras.

C

CECODES (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible)

CENSAT AGUA VIVA (Amigos de la Tierra-Colombia)

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)

Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEID)

Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO)

Centro de Estudios para la Justicia Social, TIERRA DIGNA

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo (CIDER)

Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES)

Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

CIEL (Center for International Environmental Law)

Climate Action Network Latino América

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)

 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Colombian Caravana UK Lawyers Group

Colombia Diversidad Biótica

Colombia Punto Medio

Comisión Colombiana de Juristas

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)

Conservación Internacional, Colombia

Construyendo Puentes (Espacio de plataformas y redes sobre cambio climático)

Contagio Radio 

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Corporación Transparencia por Colombia

D

Desigualdades.net

E

Earthjustice

Ecojustice

Ecolex (Corporación de Gestión y Derecho Ambiental)

ECOLEX (el portal del derecho ambiental)

Ecoportal.net

EJOLT (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos Ambientales y Comercio Internacional)

Entre Pueblos

Environmental Justice Journal

Expresa.la

Extractivismo, impactos y alternativas en América Latina

F

Finanzas Públicas para el Desarrollo

Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

FOR

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Foro Andino para la Transformación de Conflictos Socio Ambientales

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)

Foro Nacional por Colombia

Fundación Alejandro Ángel Escobar (Foro Nacional Ambiental)

Fundación Alisos

Fundación Natura 

Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

G

Género y Ambiente

Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP)

Grupo Semillas

J

Justicia Global y Derechos Humanos

I

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA)

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA)

Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi

L

Liga de Defensa del Medio Ambiente

M

Página de la profesora Maristella Svampa

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia

Moratoria Minera

N

Naciones Unidas: derecho humano al agua

No a la Mina

Noticias Aliadas

O

Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas

Observatorio de conflictos mineros de América Latina (OCMAL)

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Observatorio de Territorio Étnicos, Una apuesta por la defensa de los territorios

P

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Pax Christi

PBI Colombia

Periódico de la Universidad Nacional de Colombia

Periódico El Espectador (Sección ecológica)

Plataforma Climática Latinoamericana

Prensa Verde

Procasur

Proyecto Quintín Lame de la Universidad de los Andes

R

RARE Inspirando la Conservación

Razón Pública

Red Amazónica de información socioambiental georreferenciada (RAISG)

Red brasilera de Justicia Ambiental

Red colombiana contra la gran minería transnacional (RECLAME)

Red colombiana de formación ambiental

Red de Comunicación Ambiental de América Latina y Caribe

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia

Red Guácharos Medios escolares, Amigos de los Parques

Revista ambiental Catorce 6

Revista Bios y Ecos

Revista Luna Azul

S

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá

Seminario en Justicia Ambiental

Sistema de Información Ambiental de Colombia

Sociedad Boliviana de Derechos Ambiental

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

T

Transiciones (alternativas al desarrollo)

Tropenbos International, Colombia

U

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

W

WWF Colombia

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350.org Latinoamérica

Carta al presidente Santos por situación de derechos humanos y biodiversidad en territorios afro.

Septiembre 20 del 2014

Apreciado Sr. Presidente Juan Manuel Santos:

Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico colombiano y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber, nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad, así como por la violación continua de los derechos de las comunidades

Afrodescendientes.

Ya en el mes de Mayo le escribimos sobre el casi inenarrable hecho acaecido en la noche del 30 de abril en la vereda San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca en territorios ancestrales de comunidades negras. En esta región, cerca de 150 retroexcavadoras habían venido trabajando día y noche en actividades ilegales de extracción de oro. En esa noche, un derrumbe en esta mina sepultó a un número de mineros aún no determinado, posiblemente entre 30 a 50 personas. La causa no fue otra que la minería ilegal, llevada a cabo sin ningún criterio de responsabilidad técnica, social y ambiental, que ha venido destruyendo y devorando los territorios y acabando con el agua, sacrificando la ecología, consumiendo los cuerpos de nuestros hermanas y hermanos, destruyendo los lazos de solidaridad, y haciendo imposible las actividades de la minería ancestral. En síntesis, destruyendo la vida.

Una situación similar se está presentando actualmente en la vereda de La Toma, municipio de Suarez, donde cerca de 30 retroexcavadoras llevan varias semanas haciendo de las suyas, ante la inacción de las instituciones, quienes se hacen los de la vista gorda. La alcaldía, la policía, el ejército, y la CRC todos saben lo que está pasando y lo toleran. Ya en el 2009 los habitantes de la Toma empezaron su lucha contra el desalojo forzoso que los amenazaba por las concesiones mineras a terceros. En esta oportunidad, antes la ineficacia de las denuncias, los habitantes de La Toma y sus organizaciones han decidido confiscar las máquinas, siendo amenazados de muerte por esta razón. Toda esta minería ilegal viola los derechos fundamentales de las comunidades y, por supuesto, el derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. La comunidad del Consejo Comunitario de la Toma se encuentra totalmente desprotegida a pesar de la sentencia T1045A de 2010 que les protege el territorio frente a la minería desarrollada por terceros ¿Hasta cuándo van a tolerar las diversas instituciones del estado y los órganos de gobierno estas tristes, dolorosas, y criminales situaciones? Le urgimos a usted, y a todas las autoridades locales, regionales, y nacionales, a poner en marcha de manera inmediata las siguientes acciones:

1. Tomar medidas urgentes para que las instituciones realicen las acciones necesarias para proteger el territorio de La Toma de la minería ilegal y proteja a los líderes y lideresas amenazados por denunciar esta situación

2. La confiscación inmediata de las máquinas hasta que no se investigue y se reparen los daños causados. Las máquinas deben ser inmovilizadas. Sus dueños judicializados. Se debe impedir que vayan a otras zonas a hacer lo mismo. Se debe dar, por intermedio de quien corresponda, la investigación y el establecimiento de responsabilidades de las autoridades civiles y militares a todos los niveles por omisión o aquiescencia de estos hechos.

3. Que se protejan de manera colectiva los territorios, los derechos y la vida, la integridad de los líderes y lideresas del Consejo Comunitario. Esta protección implica el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en los autos 004 y 005 del 2009 que en general el Gobierno Nacional ha incumplido.

4. Que los Gobiernos locales, regionales y departamentales, lo mismo que los entes de control, coordinen acciones para resolver esta emergencia y adopten medidas eficaces para prevenir situaciones como esta en el futuro.

5. Que se reconozca y proteja el ejercicio de la minería ancestral realizado por parte de las comunidades en sus territorios, y que se haga efectivas la prohibición de entregar permisos mineros sin consulta y consentimiento previo, libre e informado, las actividades de minería con retroexcavadoras, y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio que vulneran los territorios y los derechos de sus habitantes.

6. Que además de lo anteriormente expuesto, se tenga en cuenta que esta misma situación ya se ha dado y se sigue dando en otras zonas del Pacífico colombiano y del país y que una decisión asertiva del Estado, Gobierno e Instituciones contribuirán, en el mediano y largo plazo, a la consolidación de un sector productivo con perspectivas de sostenibilidad, de vida y de paz, no solo en el Norte del Cauca, sino también en el Pacífico y Colombia.

Su Gobierno es responsable de estas situaciones. No deje que en la Toma ocurra, como si fuera otra crónica de una tragedia anunciada, algo parecido a lo que ocurriera en la mina de San Antonio en mayo pasado. Su gobierno será directamente responsable, antes todos los organismos internacionales de derechos humanos pertinentes, de cualquier hecho de violencia perpetrado contra las autoridades del Consejo Comunitario de la Toma o de los habitantes de la localidad. Apoyamos decididamente al Consejo Comunitario de la Toma en su valiente y lúcida lucha por desalojar las retroexcavadoras de su territorio.

Muy atentamente,

Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano, GAIDEPAC (ver firmas abajo).

PS. Para respuestas o preguntas, por favor contactar a Arturo Escobar, aescobar@email.unc.edu

Copias a:

Ministerio del Interior

JUAN FERNANDO CRISTO

Conmutador: 2427400

denunciasuriel@mininterior.gov.co

Despacho: fax 383987 Ext.1200- 1203

Atención al ciudadano

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras

LILIANA MERA ABADÍA

Correo electrónico: liliana.mera@mininterior.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Luis Eduardo Montealegre

Teléfono: 57 (1) 570 2000 – 57 (1) 414 9000

Correo electrónico: luis.montealegre@fiscalia.gov.co

Alcaldía de Suarez Cauca

RUBEN DARIO DEVIA MORÁN

Correo electrónico:

alcaldia@suarez-cauca.gov.co

Teléfono: (57) (2) 3124532300

Personería Municipal de Suarez Cauca

NASLY LUCUMI DIAZ

Teléfono:(57)3147766377

Correo electrónico: personeria@suarez-cauca.gov.co

Gobernación del Cauca

TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ

Teléfono: 3137957825 – 3148193892

Correo Electrónico: contactenos@cauca.gov.co

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Director: JESÚS HERNÁN GUEVARA

Correo electrónico: crc@crc.gov.co

Teléfonos:(2) 820 3232

Indicativos: 2

Fax: 8203243

Por el Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC)

Kiran Asher, Depto. de Estudios Internacionales, Clark University, Worcester, USA

Teo Ballvé, Depto. de Geografía, Universidad de California, Berkeley, USA

Michael Birenbaum Quintero, Depto. de Música, Bowdoin College, Brunswick, USA

Mario Blaser, Depto. de Estudios Aborígenes, Memorial University of Newfoundland, Canada

Marisol de la Cadena, Depto. de Antropología, Universidad de California, Davis, USA

José Jorge de Carvalho, Profesor de Antropología de la Universidad de Brasília

Anthony Dest, Institute of Latin American and Latino Studies, U of Texis, Austin.

Arturo Escobar, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA

Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México

Ann Farsnworth-Alvear, Universidad de Pensilvania

Diana Marcela Gómez, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill

Ramón Grosfogel, Depto. de Estudios Étnicos, U. de California, Berkeley.

Laura Gutiérrez, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA

Charles Hale, Depto. de Antropología, Universidad de Texas, Austin, USA

Juli Hazlewood, Consultora UNESCO, Quito, Ecuador

Soren Hvalkoff, Investigardor Independiente, Copenhague, Dinamarca

Joseph Jordan, Profesor Estudios Afroamericano, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill

Agustin Laó, Depto. de Sociología, Universidad de Massachusetts, Amherst, USA

Javier Laviña, Profesor Titular de Historia de América, Universitat de Barcelona

Enrique Leff, Profesor de Ecología, UNAM, México

Marta Luz Machado, Investigadora Independiente, Amsterdam

Karl Offen, Depto. de Geografía, Universidad de Oklahoma, USA

Ulrich Oslender, Estudios Globales & Socioculturales, Florida International U., Miami

Alejandro Parellada, IWGIA, Copenhague, Dinamarca

Tianna Paschel, Depto. de Sociología, Universidad de Chicago, USA

Diana Pombo Holguín, Investigadora Independiente, Oaxaca, México.

Jean Rahier, Estudios Africanos & Diaspóricos, Florida International University, Miami

Joanne Rappaport, Depto. de Antropología, Georgetown University, Washington, USA

Dianne Rocheleau, Depto. de Geografía, Clark University, Worcester, USA

Cristina Rojas, Depto. de Ciencia Política, Carleton University, Ottawa, Canada

Jhon Anton Sanchez, Investigador y Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito.

Gimena Sanchez-Garzoli, oficina sobre asuntos latino americanos en Washington (WOLA)

Michael Taussig (Mateo Mina), Depto. de Antropología, Columbia University,

Irene Velez-Torres, Depto.de Geografía, Universidad de Copenhagen, Dinamarca

Peter Wade, Depto. de Antropología, Universidad de Manchester, UK

Viviane Weitzner, Toronto, Canada.

Catherine Walsh, Estudios Culturales Latinoamericanos, U. Andina Simón Bolívar, Quito

En Colombia:

Jaime Arocha, Miembro Comité Científico Internacional, Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo, Resistencia,

Libertad y Patrimonio

Oscar Almario, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Juan Ricardo Aparicio, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Gerardo Ardila, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia

Patricia Botero Gómez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales

Juana Camacho, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH

Juan Camilo Cárdenas, Depto. de Economía, Universidad de los Andes

Luis Carlos Castillo, Profesor, Ciencias Sociales y Económicas, U. del Valle, Cali.

María Eugenia Chaves, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Gustavo de Roux, Investigador Independiente, Cali

Gladys Jimeno, Experta en Derechos Humanos, Bogotá, Colombia

Claudia Leal, Depto. de Historia, Universidad de los Andes, Bogotá

David López Matta, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, U. del Valle, Cali

Betty Ruth Lozano, Investigadora Independiente, Cali

Marlin Mancilla Cajiao, Investigadora Independiente, Santander de Quilichao, Cauca.

Alfredo Molano, Investigador Independiente, Bogotá.

César Monje, Ecólogo e Investigador Independiente, Bogotá, Colombia

Eduardo Restrepo, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Manuel Rodríguez Becerra, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá

Jeannette Rojas Silva, Investigadora Independiente, Cali

Axel Rojas, Departamento de Estudios Interculturales, U. del Cauca, Popayán, Colombia

Amanda Romero, Facultad de Derecho, U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja

Mario Diego Romero, Depto. de Historia, Universidad del Valle, Cali

Astrid Ulloa, Profesora Depto. de Geografía, Universidad Nacional, Bogotá.

Patricia Vargas Sarmiento, Investigadora Independiente, Bogotá.

Hildebrando Vélez, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, U. del Valle, Cali

Caravana en defensa del agua y el territorio de la region del sumapaz.

Fuente: Campaña En Defensa Del Agua Y El territorio De La Región Del Sumapaz.

Agua y territorio Sumapaz 2014

Las comunidades de la región del Sumapaz adelantaran este 16 de septiembre una gran caravana hacia Bogotá, con el fin de llevar al presidente de la republica un derecho de petición firmado por 25.000 personas de la región, que exige la rescisión de los contratos de exploración y explotación petrolera y minera adjudicados en los municipios de Fusagasugá, Pasca, Pandi, Silvania, San Bernardo, Tibacuy, cabrera, granada, Arbeláez, Sibaté, Venecia.

Las comunidades movilizadas encuentran que estos proyectos de extracción atentan contra el agua como bien común, con el derecho a la alimentación y el ambiente sano. Aseguran las comunidades que no se detendrán en su propósito de defender el territorio y el agua de una región que garantiza el 13% de la alimentación de la capital del pais y las comunidades aledañas.

AGUA SI PETROLEO NO CAMPAÑA EN DEFENSA DEL AGUA Y EL TERRITORIO EN LA REGION DEL SUMAPAZ