Fuente: Juliana Millán, antropóloga; Jaime Osorno, ingeniero ambiental, y Hernán Darío Correa, sociólogo.
Dirigida a los mamus de la Sierra Nevada de Santa Marta, al Cabildo Gobernador y a las directivas de la Confederación Indígena Tayrona (CIT)
“Respectados mamus, y Cabildo Gobernador y directivas de la CIT:
Las declaraciones y decisiones tomadas a finales del año pasado por el Cabildo Gobernador y algunos mamus y líderes, según lo revelado por un video que ha circulado por la red y por diversos medios de prensa, así como por una carta firmada por el mismo Cabildo Gobernador y publicada en El Espectador en días pasados dando aprobación a un proyecto de hotel en el territorio indígena Parque Tayrona, nos mueven a escribirles de modo muy respetuoso y franco sobre el tema.
Durante los últimos meses hemos venido acompañando y apoyando el proceso de reflexión y de gestión de la CIT sobre diferentes proyectos de ley del gobierno nacional, algunos de los cuales han sido presentados a la Mesa Nacional indígena en perspectiva de la consulta y del consentimiento libre e informado previo, tales como el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, la reforma de las CARS y de la ley 99 o ambiental, la ley minera, la ley de acceso a recursos genéticos y de conocimiento tradicional, y la misma reglamentación de la consulta previa, entre otras.
En ese proceso, coincidimos respecto de la importancia de que las agendas integrales del tema indígena nacional sean recuperadas por parte del gobierno nacional, con la adopción de una verdadera política indígena que supere la fragmentación del tema y el estancamiento del programa de garantías y la ley de víctimas, y permita ordenar la avalancha de propuestas con que se está intentando tomar por asalto las mesas de representación indígena en el orden nacional y regional, avasallando y favoreciendo mega-proyectos de desarrollo que afectan profundamente los territorios de los pueblos indígenas; así como en la necesidad de asumir propuestas para enfrentar el vacío creado por las ausencias de dicha política pública y de la consulta previa de la ley orgánica de ordenamiento territorial que se aprobó el año pasado, las cuales generan y definen muchos de los problemas que ahora afrontan dichos pueblos; junto con la importancia de reconocer que a los problemas de la recuperación de tierras (saneamiento y ampliación de resguardos indígenas), se suman ahora los de uso de dichas tierras, el ordenamiento territorial y las articulaciones regionales de dichos pueblos, es decir, la gobernanza de sus territorios, y de asumir que el proceso de paz crea nuevas encrucijadas para las necesarias redefiniciones de política indígena y ambiental que requiere el país.
Pero a pesar de dichas coincidencias, y de los avances logrados en cuanto a incidencia de los delegados de la CIT en las reuniones de la Mesa Nacional Indígena y otros escenarios, hemos visto con sorpresa y desconcierto que en la reunión del video se asumen posiciones y se afirman criterios sobre algunos puntos cruciales no sólo para la Sierra Nevada sino para todos los pueblos indígenas y para todo el país, que contradicen profundamente los mensajes que Uds. como sabedores tradicionales o como representantes indígenas nos han enviado, así como las elaboraciones logradas hasta ahora en este proceso.
Dichas posiciones se refieren a varios asuntos: 1. La consulta previa; 2. La condición de autoridad ambiental que tienen las autoridades indígenas; 3. Los mega-proyectos su significado para los pueblos indígenas, y la diversidad en el país, y en este caso, el proyecto turístico en el territorio ancestral kogui, reconocido además como Parque Nacional Tayrona; y 4. La protección del territorio, en este caso del que está traslapado con dicho parque.
Respecto de ellos nos permitimos expresarles algunas preguntas e inquietudes que consideramos fundamentales, tanto para el futuro de los pueblos indígenas, como para orientar nuestros propios esfuerzos de apoyo a la CIT y a los pueblos indígenas en general, y de defensa de la diversidad del país.
1. La consulta y el consentimiento libre e informado previo por los proyectos y programas que pueden afectar la integridad étnica de los pueblos indígenas.
En cuanto a la consulta y el consentimiento libre e informado previo, un líder Ijku (Arhuaco) afirma textualmente en dicho video que ésta solo es necesaria “cuando hay amenazas, cuando no hay acercamientos, cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando hay diferencias”; pero en normas internacionales reconocidas por la legislación colombiana como el convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos indígenas, y en general reivindicadas por las organizaciones y pueblos indígenas del país, se ha consolidado la consulta como un derecho de los pueblos a decidir sus prioridades respecto del control de su propio desarrollo, y a ser consultados “antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Por ello, este derecho no puede desmontarse por el simple sentir de un dirigente, por reconocido que sea, a riesgo de dejar a los pueblos indígenas expuestos a situaciones críticas: ¿No podría resultarle a algunas personas, según ese criterio, innecesaria la consulta previa frente a proyectos de todo tipo, mineros o agroindustriales, que no afecten aparentemente la superficie natural del territorio, o realizar algunos muestreos e investigaciones etnobotánicas que se entregan a la producción farmacéutica y su control de patentes, sin que ello cause en apariencia un daño de corto plazo en la cotidianidad de las comunidades? O, en otro sentido, ¿Dónde queda el sistema de autoridad tradicional indígena, cuando representantes y dirigentes asumen qué derechos les corresponden a sus pueblos, y cuándo se pueden ejercer? Y esto remite al segundo aspecto problemático de los asumido y dicho en la reunión mencionada.
2. El carácter de la autoridad tradicional y su condición de autoridad ambiental.
En la carta remitida por el Cabildo Mayor al diario El Espectador, publicada como Correo del lector, parece haber una confusión entre la representación política y social que tiene la figura del Cabildo, que sin duda es una autoridad indígena, con el carácter integral de la autoridad tradicional indígena, en este caso los mamus, que se proyectan sobre el manejo efectivo del territorio, la regulación y el control social y cultural, y el manejo ritual de las relaciones sociales y con la naturaleza, según lo que nos han enseñado los mayores durante todos estos años.
De esa integralidad se deriva el carácter de autoridades ambientales de dichas autoridades tradicionales, las cuales han sido además reconocidas por la ley colombiana como autoridades públicas de carácter especial, lo que refuerza dicha condición. Pero pretender que se es autoridad ambiental por el hecho de tener un liderazgo indígena, o de ser su representante, no sólo es desconocer el sistema de autoridad y la propia cultura, sino que se ofrece un espacio para que surjan manejos interesados de este aspecto tan decisivo del tema territorial, y se generen grandes fragilidades de la organización indígena, tanto hacia afuera, en sus relaciones con el Estado y la sociedad nacional e internacional, como hacia dentro, hacia la vida de las comunidades y de sus propias autoridades, al ser sometidas la organización a enormes presiones para efectos de su aprobación directa de los proyectos de desarrollo que pueden afectar la integridad étnica de su respectivo pueblo.
En las reflexiones que hemos podido acompañar en reuniones con delegados de los pueblos de la Sierra, y/o con otros pueblos indígenas a instancias de la Mesa Permanente de Concertación, y desde nuestra propia experiencia, hemos entendido y defendido el concepto de autoridad ambiental en la medida de esta integralidad espiritual, cultural, social, política y territorial, en la cual la Ley de Origen da base a la valoración y respeto por los territorios ancestrales y sus sitios sagrados, así como por su jurisdicción interna y el ordenamiento de los territorios; más allá de una simple formalidad que se agrega en los documentos oficiales para que los pueblos indígenas “se sientan” incluidos. Aquí se juega es la posibilidad de que los pueblos indígenas asuman sus propias acciones de preservación, investigación y uso acordes con sus propias ideas de bienestar, de deber ser, de vida digna; y no la posibilidad de que otros sigan decidiendo, ofertando y construyendo ideas sofisticadas sobre los sueños de los hombres, mujeres que hacen parte de los cuatro pueblos de la Sierra, sobre sus relaciones con la madre tierra y sus principios de unidad y correlación de beneficios entre el mar y al montaña, sobre los sueños de que sus hijos e hijas puedan vivir con dignidad en el territorio ancestral que heredaron de su pueblo sin temor a encontrarse con un letrero que les recomiende en idiomas extraños “abstenerse de transitar, playa privada.”
Y ello nos lleva al otro aspecto problemático tratados en la reunión mencionada, quizá el de mayor divulgación en estos días: La aparente aprobación unilateral de algunos representantes de un mega-proyecto turístico en el territorio ancestral.
3. El mega-proyecto turístico en el territorio ancestral.
La forma en la cual se publica la autorización de delegados indígenas de la Sierra para la construcción de un complejos turístico en una de las playas del litoral que está hoy en día dentro de su territorio ancestral y también bajo la jurisdicción del Parque Nacional Natural Tayrona, se refiere a los temas anteriores, pero también a de la pertinencia y legitimidad de la actividad de la industria turística (llamada ecoturismo o turismo sostenible) en sus territorios, que son además zonas de gran diversidad, que como se sabe se caracterizan al mismo tiempo por su complejidad, su fragilidad y su particularidad eco-sistémica, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La industria turística y sus consecuencias para las poblaciones originarias de los territorios en los cuales se ha instalado o se pretende instalar, no es un debate nuevo en el mundo, en la medida en que ya hay experiencias creadas por complejos turísticos de gran envergadura, o propuestas de turismo ecológico o sustentable aplicadas en lugares como algunas islas asiáticas o los litorales de Costa Rica o de México; de tal forma que con más o menos impacto el cuestionamiento sobre la relación entre turistas en busca de comodidades y disfrutes escénicos, enfrentados a realidades y fragilidades culturales y ecosistémicas distintas y distantes, no es necesariamente diferente entre los distintos proyectos; ni tampoco el hecho que la industria turística reemplace economías locales bajo expectativas de desarrollo, que no se reflejan en un bienestar de la población vecina a estas infraestructuras, sino en la especialización de tareas, la concentración de las ganancias que estas producen en manos de unos pocos, y la precarización del trabajo de muchas personas que siendo del lugar o atraídas por la oferta turística terminan prestando servicios varios en la zona por salarios de miseria.
Aquí cabe un par de preguntas a futuro sobre el hecho puntual de ceder un predio históricamente en disputa entre intereses particulares de familias de la Costa Atlántica y los intereses de conservación del Sistema de Parques Nacionales Naturales y los de los pueblos indígenas de la Sierra por la presión de intereses internacionales: ¿Qué otros lugares tendrá que entregar el Tayrona para los intereses de familias nacionales y firmas extranjeras? o ¿Hasta dónde les será posible a los pueblos de la Sierra frenar oleadas de inversiones sobre otros lugares del territorio ancestral una vez habiendo cedido ya una parte de éste, sin siquiera haber cumplido con el derecho a la consulta previa? ¿Cuáles serán las implicaciones de la industria hotelera en los territorios indígenas del país, y de la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cuáles las afectaciones sobre la diversidad étnica y cultural de los pueblos, y de sus territorios? ¿Qué se consulta y qué no en los proyectos de inversión a gran escala en los territorios de los pueblos indígenas?
La magnitud del proyecto que ahora se pretende instalar, de 150 millones de dólares en su inversión inicial, el cual sólo en estudios de factibilidad al parecer ha invertido a la fecha más de 2 millones de dólares, nos dan una idea de la gran inversión que se pretende. ¿Será que tamaña inversión no transformará ni afectará su biodiversidad, y con ello el territorio, a pesar de que se ha querido vender la idea de que los dueños de proyecto podrían ceder tierras al resguardo, o que éste será más bien un laboratorio de conservación y una escuela de educación ambiental y cultural, cosa bien extraña ya que las empresas inversionistas (Arrecifes S.A., compañía hotelera Six Senses) no se les conoce propiamente por su vocación conservacionista o ambiental?
Ningún proyecto que pretenda “adecuar o poner un par de cabañitas prefabricadas” que no afectarían mayormente el territorio, necesita de 600 hectáreas (que es lo que posee actualmente la empresa inversionista), ni invertir 2 millones de dólares en estudios técnicos antes de su iniciación, ni mucho menos invertir cientos de millones de dólares, o reunirse y buscar el aval al más alto nivel del gobierno nacional.
Las experiencias que causa la industria turística y hotelera en los territorios es diciente: Basta con dar un vistazo a la costa de Yucatán en México, en territorios Mayas, o en Colombia al Eje Cafetero y parte de Santander, donde se desarrollaron en las últimas décadas enclaves turísticos como unas de las primeras experiencias del ecoturismo en el país, cambiando la vocación de los pobladores, empobreciéndolos, convirtiéndolos en sirvientes de los hoteles, o desplazando a la gran mayoría que se resistió a los cambios y transformaciones de la industria hotelera eco-turística.
Y esto nos lleva al último asunto que nos sentimos en el deber de mencionar. La protección del territorio de la Sierra es asunto de todos en el país.
4. La protección del territorio, en este caso del que está traslapado con el parque nacional Tayrona
Por último, en general en las posturas asumidas en la reunión que se hizo con la empresa turística, según el video, se ignora un último aspecto que ha sido muy relevante en la defensa del territorio indígena de la Sierra, así sea con las complejidades que el tema ha tenido y tiene: Nos referimos al hecho de que se trata de un territorio-parque nacional, que ha sido defendido por diferentes actores de la opinión pública nacional como un territorio donde deben primar la conservación natural y la defensa de la diversidad, en todos sus sentidos ecológicos y culturales. A ese respecto, en la carta del Cabildo a El Espectador, se afirma que sólo los indígenas deben participar en este debate, al parecer dejando de lado la importancia de los logros de la palabra de los mamus en el alma nacional, desde la cual muchos grupo sociales y personas han construido verdaderas redes de aliados no indígenas que en los últimos 40 años se han manifestado de modo solidario cada vez que se levantan nuevas pretensiones de implantar la industria turística y hotelera en ese litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El hecho de que haya tensiones y diferencias entre el sistema de Parques Nacionales y los territorios indígenas, no puede ser el pretexto para autorizar el desarrollo de la gran industria hotelera en dichos lugares, que subordina de hecho la conservación frente a la venta y comercialización de un servicio vacacional a partir de los recursos naturales y el potencial cultural de la zona que lo hace atractivo, imponiendo ordenamientos territoriales y modos de gobierno ajenos al de los pueblos indígenas; ni mucho menos para expedir a los actores del desarrollismo, un cheque en blanco, el cual al parecer se ha girado en nombre de todos los pueblos de la Sierra, y de hecho de todo el país, a favor de la industria hotelera para que se asiente en el territorio ancestral, lo que abre la puerta a la mayor ofensiva del capital transnacional sobre estas tierras. Después del cual no sería difícil hacer otros giros a nombre del ecoturismo o la minería, las plantaciones forestales, la urbanización o el petróleo, sin diferencia alguna, desarrollando lo que ya habíamos discutido en la reflexión sobre el proyecto de desarrollo rural: Se trata de las actividades de la nueva ruralidad, de los “actores del desarrollo rural”, dando nueva funcionalidad a los espacios y territorios, como producto del proceso de globalización, ampliando y ocupando las nuevas fronteras de la sociedad de consumo.
Como verán, con los cuatro puntos anteriores, se trata de no pocas cuestiones, todas álgidas y cruciales, que nos convocan a tener en cuenta lo mejor de vuestras enseñanzas, y de los valores y criterios en torno al desarrollo y a la diversidad, a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y a los deberes que como ciudadanos compartimos.
Frente a ellas, hemos querido dejarles estas preguntas e inquietudes por escrito, mientras llega la oportunidad de poder hablar personalmente al respecto, cuando lo consideren, en la reiteración de que pueden contar con nosotros en esta búsqueda de hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo encontrar caminos donde podamos todos, hermanos mayores y menores, convivir y diseñar juntos un futuro donde la naturaleza y la cultura se recreen en su diversidad”.
Juliana Millán, antropóloga; Jaime Osorno, ingeniero ambiental, y Hernán Darío Correa, sociólogo.
