Por: Organizaciones acompañantes del Hatillo en terreno, Pensamiento y Acción Social – PAS y CoMundo
Noviembre 28, 2016
La comunidad de la vereda El Hatillo, compuesta por 190 familias ubicadas en el corregimiento de la Loma en el centro del Cesar, tras 4 años de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 ordenando el reasentamiento de la población por parte de las empresas mineras Prodeco-Glencore, Drummond y Colombian Natual Resources -CNR (Murray Cmp.), no soporta más.
El pasado viernes 11 de noviembre la comunidad presentó una acción de tutela contra las 3 empresas mineras a cargo del reasentamiento y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la acción legal se tutelan los derechos a la salud, a la vida digna, a la vivienda digna y al territorio y la alimentación campesina. Las pretensiones principales: atención inmediata para los adultos mayores, el cierre del Plan de Acción para el Reasentamiento – PAR en el término de un mes y la suspensión de la actividad minera hasta tanto no se haga efectivo el reasentamiento.
Esta acción se da en un contexto en el cual tras 4 años y medio de diálogo y concertación entre la comunidad y las empresas el proceso no avanza, las dilaciones e incumplimientos son muchas y no se puede creer en la buena voluntad predicada por las empresas mineras. La última mesa de concertación culminó tan sólo con el diagnostico acordado, revisado y validado por la comunidad (acuerdo comité de concertación noviembre 1 de 2016). Según meta establecida por el operador y presionada por las amenazas de vías de hecho por parte de la población adulta mayor, en el término de un mes tenemos que haber acordad impactos y su respectiva valoración, todas las medidas de compensación, reparación e indemnización correspondientes. Incluyendo la selección de tierras para el reasentamiento. Tras esta mesa, a principios de noviembre, se acordó entre la comunidad y las empresas mineras que el operador – Socya entregará la propuesta de PAR el 30 de noviembre y la comunidad enviará sus comentarios para el 16 de diciembre con el fin de sostener una mesa de negociación final entre 19 y 20 de diciembre del presente año y contar con un PAR cerrado.
Aceptar los cortos plazos para analizar la propuesta de las empresas mineras se da en un contexto donde (1) los adultos mayores han manifestado la intención de tomarse las vías del tren a principios de diciembre de no contarse con el PAR listo para ese momento; (2) los señalamientos y situación de riesgo y amenaza de los representantes de la comunidad se han incrementado exponencialmente en los últimos meses, ha conllevado a que los representantes, defensores de derechos no puedan expresar su opinión libremente por temor a sus vidas y el de sus familiares. Este no es un asunto menor dado todos los temas de especial relevancia que se deben concertar en el mes de diciembre del presente año; (3) la incertidumbre y desespero de la comunidad junto con el desgaste y cansancio de los líderes los ha llevado a una situación insostenible. No hay empleo, no hay aire sano para respirar, no hay agua para el consumo humano, no hay tierra para cultivar, ni posibilidad de pensar claramente en un futuro.
La acción de tutela fue la estrategia de los líderes y liderezas en alianza con los adultos mayores de la comunidad para contar con una medida de protección a sus derechos y a los acuerdos logrados en relación a la firma del PAR en diciembre y su implementación con garantía de derechos. Hay que recordar que desde hace 6 años las empresas mineras iniciaron procesos judiciales donde solicitan la nulidad de las resoluciones mediante la cual se ordena el reasentamiento de la comunidad del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón.
No obstante lo anterior, las empresas Prodeco – Glencore, Drummond y Colombian Natural Resources – CNR, el día 17 de noviembre tras recibir notificación sobre la admisión de la acción de tutela, iniciaron al interior de la comunidad de El Hatillo, una campaña para que la comunidad desista de la Acción de Tutela en la que se solicita el amparo de algunos de sus derechos fundamentales. En dicha campaña se resaltan los siguientes hechos:
– Las llamadas del Gerente de Sostenibilidad de las empresas Prodeco-Glencore y del gerente de tierras de la empresa Drummond a representantes de la comunidad a quienes se les manifestó que si seguían adelante con la acción de tutela, era imposible garantizar la continuidad de las negociaciones del Proceso de reasentamiento, el banco de alimentos, los subsidios mensuales y no sería posible continuar con el proceso de empleabilidad de las personas de la comunidad de El Hatillo.
– El día 18 de noviembre, en asamblea comunitaria en la vereda El Hatillo, la cual, contó con la presencia de más de 150 personas de la comunidad se leyó por parte una integrante de la reingeniería (órgano conformado por integrantes de cada una de las empresas mineras para efectos de la negociación para el reasentamiento), un comunicado en el que se informa a la comunidad que debido a la necesidad de responder a los requerimientos judiciales hechos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se suspenderían todas las actividades de elaboración PAR. Es importante mencionar, que el equipo del operador SOCYA, cuenta con un gran número de colaboradores y profesionales de más de 20 personas, sumadas al vasto equipo jurídico de cada una de las empresas accionadas, por lo que no se entiende el motivo por el cual deban ser suspendidas las labores de construcción del PAR con un equipo de profesionales cualificados tan amplio para dar respuesta a una acción de tutela.
Como acompañantes y asesores de la comunidad del Hatillo, consideramos inaceptable que el equipo de negociadores por parte de las empresas así como el operador designado para el cierre del PAR, hagan afirmaciones que pueden ser entendidas claramente como un ultimátum en lo que tiene que ver con la posición de la comunidad frente a la continuidad de la negociación en el proceso de reasentamiento y el cierre del PAR, o en contraposición, la presentación de una acción de tutela en reivindicación de sus derechos fundamentales.
Así mismo consideramos inaceptable las llamadas telefónicas intimidantes por parte de funcionarios de las empresas y comunicados públicos en los que se advierte que de continuar adelante con la reivindicación de sus derechos fundamentales a la salud, vida y vivienda dignas y territorio y alimentación campesina a través de la presente acción de tutela, se suspenderán las negociaciones que ya se han dilatado desde hace más de seis (6) años, se suspenderán las labores de construcción del PAR y de la misma forma, se suspenderán los procesos de contratación laboral para las personas de la comunidad de El Hatillo que se encuentran aplicando para cargos vacantes en las tres 3 empresas mineras. Estas acciones de desinformación generan rupturas y divisiones al interior de la comunidad y las consideramos ACCION CON DAÑO.
Es importante recordar, que algunos integrantes del comité de concertación se encuentran bajo amenazas de muerte por asuntos relacionados con la negociación del reasentamiento y su rol como defensores y defensoras de Derechos Humanos. Asunto sobre el cual la campaña de desinformación y presión constante, generada por las empresas como reacción a la accion de tutela presentada, incrementa el riesgo para ellos toda vez que los señala como los directos responsables de la suspensión del proceso de concertación del PAR y la suspensión de la actividad minera lo cual generará desempleo en la comunidad. Así mismo, se genera un ambiente para que los líderes se vean señalados muchas veces desde el interior de la comunidad misma debido al papel disociador que juegan las empresas estratégicamente y donde la criminalización de líderes defensores de derechos humanos en el marco de su cotidianidad se convierte en un riesgo adicional.
Por todo lo anterior hoy pedimos su apoyo y solidaridad a la comunidad en defender los acuerdos y los espacios de dialogo sin perjuicio de los procesos constitucionales existentes emprendidos por la comunidad. La comunidad está esperando se respete y cumpla el acuerdo de entregar el PAR el 30 de noviembre para enviar sus comentarios el 16 de diciembre tal y como fue acordado.
Ayúdanos a que haya justicia en El Hatillo enviando una carta a las empresas Drummond, Prodeco – Glencore y CNR (Murray Cmp.) y Autoridad ambiental pidiendo el respeto de los acuerdos y continuidad de mesas de diálogo y concertación y/o firmando la coadyuvancia a la acción de tutela presentada por la comunidad.
Sentemos un precedente para las muchas comunidades en Colombia que enfrentan el riesgo de un reasentamiento involuntario por contaminación ambiental!
