Fuente: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D. C., sep. 02 de 2013 – Agencia de Noticias UN- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicó un decreto relacionado con las reservas de recursos naturales.
Antonio Romero, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, aseguró en el programa UN Análisis* de UN Radio: “Deben existir acuerdos sobre la minería que queremos, en función de la creación de su riqueza y distribución, así como de prevenir y de contener algunos problemas”.
Con la Resolución 0705 del MADS, emitida el 28 de junio de 2013, se establecen reservas de recursos naturales de una manera temporal, como zonas de protección y desarrollo, y con una gran cantidad de disposiciones.
El profesor Carlos Caicedo de la U. N. consideró que falta articulación y construcción de una política que logre sintonizar la legislación territorial tanto del suelo como del aire y el subsuelo, logrando que las decisiones tomadas sean buenas señales para la sociedad colombiana.
Como zonas de reserva se establecieron temporalmente sitios prioritarios para la conservación (Parque Natural de Chibiriquete), áreas de especial importancia ecológica para la preservación de recursos hídricos (la Estrella Fluvial del Inírida), praderas de pastos marinos y ecosistemas de bosque seco tropical.
Romero señaló que, en general, la resolución está bien porque delimita de manera precisa unas áreas y en principio garantiza seguridad jurídica para quienes hacen minería, mientras se hacen los respectivos estudios. El problema es que hay mucha legislación y poca intervención.
El conductor del espacio recordó el estudio auspiciado por la Contraloría de la República, orientado por Luis Jorge Garay, donde se plantean serias dudas sobre los beneficios reales de la minería en el país. Carlos Alberto Zárate Yepes, economista e investigador de la U. N. sede Medellín, consideró que el Estado no asume estas situaciones a tiempo, con los estudios requeridos y los presupuestos adecuados. Entonces, el asunto termina en presiones sociales. El tema de la minería lleva en debate muchos años y no existe la voluntad institucional y política.
“Se cree que con este decreto se va a concluir la disyuntiva entre minería y medio ambiente, pero el tema es más de fondo. Se supone que se va a dar seguridad jurídica para los ambientalistas en estas áreas, pero los mineros piensan que pasado el año de la declaratoria podrán iniciar su actividad, pero no es así”.
Uno de los problemas es la cartografía, porque no está actualizada y con lo que está hecho es difícil tomar decisiones, explicó el profesor Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales de la U. N. “La conservación y la protección en toda medida es fundamental”.
Los expertos concluyeron que la seguridad jurídica no se logra con normatividad dispersa, que genera una sensación de cambio, sino que se requiere una política, la cual oriente. Además se necesita una gobernabilidad fuerte de las instancias con recursos suficientes para las necesidades del país.
*Escuche nuevamente el programa en la página web http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/article/en-directo-desde-sede-medellin-copia-1-1.html .
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