Fuente: Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.
Teritorios Ancestrales del Norte del Cauca, Enero 7, 2015
De la retórica del gobierno a los hechos comunitarios: tenemos acuerdos, queremos cumplimiento
Comunicado 010 a la opinión pública
Dado el incumplimiento del Ministerio de Defensa, en el marco de los acuerdos firmados por el gobierno nacional con la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca el día 11 de Diciembre, 2014, de tomar acciones inmediatas para la erradicación de la minería ilegal en los territorios ancestrales en el Norte del Cauca, y teniendo como consecuencia el incremento de retroexcavadoras en territorios del Consejo Comunitario de La Toma, el día 29 de diciembre, sobre las 10 de la mañana la comunidad decidió exigir a los mineros ilegales que retiraran las retroexcavadoras y presionar nuevamente al gobierno para cumplir con su responsabilidad. Un grupo de más de 30 personas (mujeres y hombres) hicimos presencia en la cuenca del río Ovejas, en el Consejo Comunitario de La Toma, donde se encontraban trabajando dos retroexcavadoras que llegaron el día sábado al área, paramos el trabajo de explotación que se realizaba y retuvimos las retroexcavadoras a la espera de que la Fiscalía se hiciera presente para entregárselas.
Nuestra presión logró que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía regional del Cauca hiciera presencia y pudimos entregarle las dos retroexcavadoras retenidas y presionar para que se confisquen y se investigue a los responsables de las 17 retroexcavadoras que continúan en territorios del Consejo Comunitario de La Toma. Sin embargo, reiteramos que esta es una responsabilidad del Ministerio de Defensa, comprometido a iniciar operativos desde el 4 de Diciembre y de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Sandra Gonzáles, quien en reunión con nosotras el 12 de Diciembre se comprometió a desarrollar acciones coordinadas con todas las instituciones responsables para avanzar en un proceso efectivo de incautación de maquinaria y de investigación y judicialización de los responsables de esta actividad en nuestros territorios.
Reiteramos igualmente el riesgo inminente al que nos expone la inoperancia de las autoridades nacionales y locales, al no cumplir los acuerdos pactados. Nuestra acción del 29 de diciembre ha acarreado mas amenazas para las lideresas y lideres, y para todas las personas que participamos de esas acciones. Francia Marquez y Lisifrey Ararat, por ejemplo, han sufrido el hostigamiento por parte de desconocidos armados y encapuchados que han llegado hasta sus casas, con amenazas o intenciones de atentar contra su integridad. Las ultimas amenazas ocurrieron este domingo 4 de Enero, lo cual causo el desplazamiento de los lideres.
Exigimos a la Viceministra de la Participación, vocera del Ministerio del Interior, Carmen Vásquez, como entidad encargada de coordinar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos, que urja a las entidades responsables a cumplir con cada una de las acciones acordadas. El día 29, su respuesta ante el inminente peligro que corríamos enfrentándonos a los mineros ilegales fue una excusa. Las excusas e incompetencia del gobierno para atender el problema de la minería ilegal, ya ha terminado en el pasado en la muerte de muchas personas, el incremento de la vulnerabilidad de nuestra gente y una situación critica violatoria de derechos humanos en el Norte del Cauca.
Teniendo en cuenta que la situación de inseguridad se ha agudizado con nuevas amenazas y seguramente intenciones de represalias por las acciones tomadas, solicitamos al Gobierno que agilice la activación de la ruta de emergencia en el Consejo Comunitario de la Toma y en general en los municipios de Suárez, Buenos Aíres, Guachené y Santander de Quilichao, tal y como fue acordado. Este, particularmente, es uno de los compromisos de la Unidad Nacional de Protección, y que requiere del apoyo y acompañamiento de las direcciones de Derechos Humanos y de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de manera que se adopten medidas de carácter integral de prevención y protección, con enfoque diferencial.
Señalamos que hasta el momento el gobierno nacional continua sin cumplir con el 98% de las acciones inmediatas que hacen parte de los compromisos adquiridos y que afectan comunidades Afrodescendientes de los municipios de Suárez, Buenos Aíres, Guachené y Santander de Quilichao.
– El 1 de Diciembre, en la Casa La Giralda[1], el Ministerio de Defensa se comprometió a tener una reunión de alto nivel el día 4 de diciembre con los viceministros, la Gobernación del Cauca y las entidades requeridas, con el propósito de definir cual sería la ruta para iniciar los operativos de erradicación de la minería ilegal en los territorios ancestrales del Norte del Cauca sin poner en riesgo a las comunidades. No obstante la realización de la reunión, el objetivo de ésta no se cumplió porque las autoridades convocaron una mesa minera en donde había presencia de los dueños de las retroexcavadoras, lo cual obviamente impidió discutir temas de seguridad y desmantelamiento de la minería ilegal. Es así como los mineros ilegales sintieron que podían aumentar su presencia en los territorios, lo cual forzó nuestra acción del día 29; los mineros dueños de retroexcavadoras incautadas en su mayoría continúan libres; las amenazas no se han investigado y nosotras y las comunidades continuamos en condiciones de altísimo riesgo.
Dentro de este acuerdo está el garantizar que los barequeros, quienes se rebuscan el sustento exponiendo sus vidas bajo la pala de la retroexcavadora, como ocurrió en la mina de San Antonio, no terminen pagando por los dueños del negocio de la minería ilegal y por el contrario sean beneficiarios de acciones que les garanticen condiciones para desarrollar un trabajo digno y seguro. Por eso insistimos en la obligatoriedad de cumplir los acuerdos de Mayo 1 del 2014, que contienen medidas remediales y preventivas de una calamidad social y económica en la zona.
– El 11 de Diciembre, la representante de la Fiscalía Nacional Sandra Gonzáles, se comprometió a coordinar con el Subdirector del CTI regional Popayán, para tener una reunión en la semana del 15 de diciembre con las diferentes entidades de carácter nacional y departamental responsables de las acciones para adelantar los operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, con el fin de garantizar acciones coordinadas y por lo tanto efectivas. De esta reunión debería salir un protocolo de acciones coordinadas para tal efecto. Que tuviésemos que tomar acción por nuestra propia cuenta el día 29 de diciembre demuestra que el compromiso no ha sido cumplido.
– El mismo 11 de diciembre, la Unidad Nacional de Protección se comprometió a activar una ruta de protección de emergencia, lo cual significa que el riesgo inminente estaba ya establecido tanto para todas las mujeres y hombres participantes de la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca como para sus comunidades, y que por lo tanto la tramitología y protocolos deberían agilizarse para garantizar mecanismos de protección individual inmediata. A pesar de que todos los formularios y documentación correspondientes están en manos de la UNP desde la semana del 22 de diciembre, solo dos personas cuentan en el momento con las medidas de protección individual, mientras el resto continua expuesto.
– Igualmente la UNP se comprometió a enviar recursos de protección al Consejo Comunitario de La Toma el día 8 de diciembre. Informamos que el Consejo recibió 25 teléfonos que no funcionan y 4 motocicletas en avanzado estado de deterioro de las cuales solo una funciona medianamente. Estos equipos se entregaron sin ningún recurso de mantenimiento, no fueron entregados en terreno sino que el Consejo debió recogerlos en la ciudad de Cali y su movilización debió correr por cuenta del Consejo Comunitario. Estos equipos hacen parte de la dotación que la UNP se comprometió a dar al Consejo como parte del acuerdo de garantizar la protección colectiva de la comunidad. Si bien los equipos se suministraron, queremos dejar claro que no funcionan.
– De igual manera, las acciones inmediatas de atención integral y protección están comprometidas con la presencia institucional constante y permanente en los territorios. Dejamos constancia de que en territorios con personas y comunidades amenazadas, no hay vigilancia ni presencia institucional que pueda garantizar una acción de emergencia oportuna.
Queremos destacar por otra parte, la total ausencia de la Procuraduría General de la Nación del proceso de acuerdos, a pesar de que la investigación y judicialización de todas y todos los funcionarios responsables por acción u omisión, de permitir presencia de minería ilegal en los territorios y generar mayor vulnerabilidad de nuestros derechos, es su responsabilidad y hace parte de los acuerdos firmados. Su ausencia es una muestra de su falta de voluntad política para investigar la situación de corrupción rodea el tema de la minería ilegal en el Norte del Cauca.
Recordamos que estos son acuerdos que hacen parte de una serie de compromisos adquiridos por el gobierno en respuestas a las exigencias de la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca por la Defensa de la Vida en los Territorios Ancestrales, de realizar acciones contundentes para combatir la minería ilegal en el Norte del Cauca (donde hay 2000 retroexcavadoras ilegalmente[2] y 267 títulos y concesiones mineras concedidas por el gobierno sin consulta previa en violación del mandato constitucional y legal) y atender de manera integral y diferencial la situación de vulnerabilidad de las comunidades. Los acuerdos están consagrados en cinco (5) actas firmadas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y los garantes del proceso de concertación, entre los cuales se encuentran la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Congresistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales.
Destacamos igualmente la voluntad política demostrada por la Gobernación del Cauca en cabeza de la Oficina de la Mujer y la Secretaria de Gobierno, y de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y regional, únicas entidades presentes en la asamblea de presentación de los acuerdos al Consejo Comunitario de La Toma realizada el 20 de diciembre del 2014, y las únicas autoridades que respondieron a nuestra acción urgente del día 29 de diciembre. Nos gustaría ver que el resto de autoridades nacionales y locales demuestran el mismo nivel de voluntad y responsabilidad.
Igualmente, esperamos la acción decidida de los garantes para urgir a las autoridades a desarrollar las acciones acordadas y lograr el propósito de los acuerdos firmados.
Queremos hacer énfasis en que desde el 27 de Noviembre cuando nos tomamos las oficinas del Ministerio del Interior nos hemos declarado en asamblea permanente hasta tanto los acuerdos sean cumplidos por el gobierno, y que en el marco de la asamblea permanente estamos dispuestas a realizar las acciones que sean necesarias para garantizar tal cumplimiento.
La región del Norte del Cauca fue declarada por la gobernación del Cauca en alerta ambiental roja, la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de riesgo de inminencia para La Toma y los garantes del proceso de negociación han corroborado reiteradamente que la vida de las mujeres, los hombres de la guardia cimarrona y sus hijos e hijas está en grave riesgo. La negligencia y falta de voluntad política de las autoridades nacionales y locales nos forzó a exponernos aún mas durante la marcha, el día 29 de diciembre y cada vez que tengamos que intervenir para defender los territorios y la vida. Por lo tanto, hacemos directamente responsables de la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos y de cualquier afectación que nos ocurra, a todas las autoridades nacionales y locales a cargo de hacer efectivos los acuerdos, en tanto estos continúen sin cumplimiento.
Continuamos en asamblea permanente, construyendo alternativas de paz y democracia para el Norte del Cauca que sean un precedente para la paz y la democracia en Colombia y defendiendo la vida en los territorios ancestrales.
Le apostamos a una minería responsable y sostenible
Los territorios y la vida no se venden, se aman y se defienden
#EscuchenNuestrosPasos #MujeresNegrasCaminan
#asambleanegrapermanente
[1] El 1 de diciembre en La Casa Giralda, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca: “Las partes llegaron a un acuerdo en función del cual el gobierno nacional se compromete a adoptar medidas con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el departamento del Cauca y a brindar las garantías de seguridad, prevención y protección de las lideresas, sus familias y las comunidades donde existirá intervención”. Acta de Acuerdo Acta de acuerdo entre las mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y el gobierno nacional para la continuación de la negociación de los puntos de la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Casa Giralda, Bogotá. 1 de diciembre del 2014.
[2] Según información de la Gobernación del Cauca.
