Fuente: La Silla Vacía.
A todas las presiones que tiene la nueva Ministra de Ambiente Luz Helena Sarmiento por el ‘caso Santurbán’, ahora se le sumó una nueva. Hace una semana el Procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta a su predecesor Juan Gabriel Uribe -que ella ‘heredó’- advirtiéndole que el proceso de delimitación del páramo de Santurbán puede traerle efectos nocivos a Santander si termina restringiendo la minería y que podría generar “inseguridad jurídica” en todo el país.
A esa presión se le suma un ingrediente adicional: ambos son santandereanos y el tema del páramo toca una fibra muy sensible en su departamento natal.
Desde hace tres semanas están listos los mapas del páramo de Santurbán elaborados a una escala de 1 a 25 mil -la más precisa hecha hasta ahora de estos ecosistemas montañosos en todo el país- y la nueva ministra tendrá que definir dónde comienza y dónde termina este páramo, una decisión política clave porque -como contó La Silla- de esos límites dependerá qué actividades mineras y agrícolas quedan prohibidas en una zona donde hay muchos intereses y también mucha gente viviendo.
Sarmiento ya pidió un plazo de máximo tres meses para tomar una decisión, pero entre tanto, se le están juntando todas las presiones.
Dentro del Gobierno hay un pulso entre quienes defienden que sea adoptado el resultado que arroje la delimitación, que se hizo por orden del presidente Juan Manuel Santos y que no se ha hecho pública todavía, y quienes, desde Presidencia, proponen que sólo sea declarada el área de la provincia de Soto Norte que ya fue incluida en el Parque Regional Santurbán, creado en febrero para proteger una parte del complejo paramuno. La diferencia entre una y otra opción sería, como mínimo, de 30 mil hectáreas en esta primera etapa de delimitación en la zona de Soto Norte en Santander (luego se terminará en el resto de la zona y en Norte de Santander).
A ese pulso se han sumado muchas presiones políticas y económicas, por parte de las mineras con proyectos en la región y de abogados de las mineras como el ex Procurador Carlos Gustavo Arrieta, de los alcaldes de la zona, de los pequeños mineros y del Gobernador Richard Aguilar, que le han advertido al Gobierno que ven la nueva delimitación como una amenaza y no una solución.
Pero ninguna de ellas ha generado tanto temor en los funcionarios de la rama ambiental como el mensaje de Ordóñez a los ex ministros de Minas y Ambiente y la directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García. Sobre todo porque la de Santurbán es la primera delimitación, un exhaustivo trabajo científico que se repetirá en los 34 complejos de páramos que tiene el país.
Esta carta, que teóricamente trata sobre la reapertura de la ventanilla minera, es en realidad una defensa férrea de la actividad minera en Santander y un llamado al Gobierno para que no la deje colgada de la brocha. Y está llena de dardos contra el Ministerio de Ambiente, al que acusa de “dilatar” las decisiones claves sobre el páramo, de “poner en vilo” los proyectos mineros y de “generar un ambiente de inseguridad jurídica que ha hecho que la discusión se ideologice”.
Lo llamativo es que hace dos años, cuando se le negó la licencia ambiental a Greystar, la Procuraduría le había escrito a la entonces ministra Beatriz Uribe solicitándole negarla y proteger el páramo.
La mayor parte de la carta del Procurador está dedicada a cuestionar la “pasividad” del Ministerio de Ambiente a la hora de ordenar el territorio y de hacer los estudios de ecosistemas como el páramo o los humedales, procesos de los que depende que se pueda hacer o no minería. Y que, según Ordóñez, ha generado una “inseguridad jurídica” para las empresas y un “panorama social dramático” para los pequeños mineros que viven en la zona.
El problema es que muchos de los argumentos del Procurador no coinciden con las reglas que rigen los trámites mineros o las responsabilidades ambientales.
Por ejemplo, en una parte de la carta Ordóñez asegura que “las autoridades ambientales no han entregado los trabajos de zonificación y ordenamiento de esas áreas protegidas, pues en el caso de los páramos, a pesar de haber sido declarados como excluidos de la minería desde la modificación al Código de Minas con la promulgación de la Ley 1382 de 2010, no fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente”.
En efecto, como señala Ordóñez, sí fue la reforma al Código minero tramitada al final del Gobierno de Uribe la que primero habló de delimitar los páramos en el país, pero en realidad ésta nunca dio un plazo para hacerlo y esa idea sólo se convirtió en realidad desde que Santos la incluyó como obligación en su Plan de Desarrollo en 2011.
Después de esto comenzó el proceso de conseguir recursos porque delimitar todos los páramos del país cuesta unos 66 mil millones de pesos. El convenio con el Fondo de Adaptación que permitió financiarlo sólo se firmó hasta febrero de este año y el proceso en Santurbán -el primero de todos- arrancó hace un año. Dada la complejidad técnica de estos estudios, el proceso completo de delimitación -en casi 2,9 millones de hectáreas- podría demorar dos años.
En otro pasaje de la carta, Ordóñez pregunta si “¿pueden desconocerse derechos adquiridos para la ejecución de actividades de la industria extractiva (minería e hidrocarburos), si la autoridad ambiental resuelve excluir áreas ya entregadas en concesión?”
Esa pregunta desconoce que ninguna de las empresas en Santurbán ha recibido licencia ambiental para la etapa de explotación y por lo tanto legalmente no tiene un derecho adquirido con el solo título. Esto porque para recibir esa licencia, los proyectos deben pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), en el que la Anla -que dirigía Luz Helena Sarmiento- o las corporaciones autónomas determinan si hay algún riesgo para el ambiente y si ya tuviesen un derecho no existiría ninguna posiblidad de que se las negaran, como efectivamente le sucedió a GreyStar Resources en 2011.
Al mismo tiempo, la ley prohíbe cualquier tipo de minería en ecosistemas frágiles como los páramos o los humedales de categoría internacional Ramsar. Y es por eso precisamente que Santos ordenó delimitarlos en primer lugar, para determinar de una vez por todas en qué lugares se encuentran y en cuáles otros sí se puede hacer minería. Por lo que la petición de la Procuraduría va exactamente en contravía con lo que estipula la ley que protege este tipo de lugares.
En general, las ideas de Ordóñez coinciden con la de muchos sectores que han comenzado a ver la delimitación como una “emergencia social y económica”.
Desde las empresas mineras en la zona hasta el gobernador Richard Aguilar, desde los pequeños mineros hasta los cebolleros que ya viven dentro del páramo de Berlín han pedido que la delimitación del páramo debería coincidir con el parque regional de Santurbán y no abarcar más territorio. Ordóñez no lo pide literalmente, pero su solicitud de que “se respeten las situaciones consolidadas y los derechos adquiridos” va en esa dirección.
Detrás de la defensa de Ordóñez de la minería hay una realidad social y económica: la provincia de Soto Norte ha sido tradicionalmente una región de pequeños mineros que extraen el oro de las vetas en la montaña.
Y es hoy el lugar donde están también los proyectos de tres empresas mineras más grandes: la canadiense Eco Oro -antes conocida como GreyStar- que tiene su proyecto en la parte más alta de la montaña en California, no muy lejos del parque regional, y podría ser la más afectada por la delimitación; la brasilera AUX, que pertenece al magnate brasilero Eike Batista y la colombiana Leyhat, que tiene su proyecto en Vetas.
Basándose en esta realidad social, el Procurador le pide al Gobierno que “las decisiones que se adopten se hagan con base en rigurosos estudios que las sustenten”.
Sin embargo, pese a lo que dicen tanto el Procurador como Aguilar y los mineros, la delimitación del páramo sí incluye, por ley, un estudio socioeconómico y apunta precisamente a reducir al máximo el margen de ‘subjetividad’ en la decisión. Pero que no busca excluir las zonas habitadas del páramo, sino pensar más bien en cómo se le puede ayudar a sus habitantes a seguir viviendo allí y cuidar mejor el entorno. Es decir, no excluirlas de un tajo, sino evaluar -en función de la línea del páramo y la franja de transición a ambos lados de ésta- en dónde convendría trazarla. Y es ahí donde muy posiblemente quedaría excluida la minería, que es lo que temen tanto los grandes como los pequeños mineros.
El principal problema es que el Plan de Desarrollo de Santos no contempla un plan de transición para comunidades como la del Páramo de Berlín (en Tona), donde hay 4 mil familias que cultivan cebolla -teóricamente prohibido- pero cuyo problema más grave es que ni siquiera hay pozos sépticos para todos. Por lo que, cualquiera que sea la decisión que tome la nueva MinAmbiente, el tema tocará muchas sensibilidades sociales.
Hay otro gran ‘factor social’ que al Procurador se le escapa, y que sí contempla la delimitación. Pese a ser bumangués, Ordóñez no menciona en ningún momento la importancia de Santurbán en la regulación hídrica de la zona, que permite abastecer el acueducto de Bucaramanga. Y cuya fragilidad fue precisamente una de las razones para que se le negara la licencia ambiental a Greystar y lo que motivó la oleada de protestas que lograron movilizar hasta 20 mil personas en las calles de la capital santandereana.
Al final, lo que más claro queda de la carta de Ordóñez es que la decisión que tendrá que tomar Luz Helena Sarmiento en las próximas semanas la estarán siguiendo de cerca no solo en Santander sino en todo el país y bajo la amenaza latente de una investigación en la Procuraduría.
