Fuente: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D. C., ago. 21 de 2013 – Agencia de Noticias UN- La declaratoria Ramsar de la Estrella Fluvial del Inírida sigue enredada porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promueve esta iniciativa pero el Ministerio de Minas y Energía emitió un concepto oponiéndose debido a que allí hay oro y coltán.
Se trata de un complejo de ríos y humedales que cubren 280 mil hectáreas, así como de uno de los lugares con mayor diversidad biológica de Colombia.
Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia, consideró que debe ser declarado como sitio Ramsar (humedal de importancia internacional). “Hay que tener en cuenta los elementos culturales, sociales y biológicos; desde este punto de vista es muy importante su conservación”.
Por otra parte, el profesor Jesús Orlando Rangel, del ICN, resaltó la relevancia biológica de este sitio delimitado entre los ríos Guaviare, Inírida y Orinoco. “Este es uno de los zócalos donde se presentan los afloramientos de formación geológica más antigua del mundo, y sobre estos se ha venido depositando una serie de sedimentos terciarios y cuaternarios. Allí confluyen tres grandes regiones: la Amazónica, la Guayanesa y la Orinocense”.
En la U. N. se han hecho estudios sobre la zona pero falta un inventario biológico completo, señaló Rangel. Con respecto a esta afirmación, Andrade consideró: “No es necesario tener un inventario detallado del lugar, pues con los datos que se tienen de flora y fauna es posible, en este momento, conocer las especies endémicas de la región y aquellas importantes de conservar; de modo que ya se podría declarar sitio Ramsar y seguir desarrollando investigaciones allí”.
La Convención Ramsar busca proteger los humedales, ciénagas y lagunas a nivel internacional y en Colombia la instancia encargada de tomar esas decisiones es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Allí lo que se debe demostrar es qué especies son propias e importantes de conservar y que este tipo de ecosistema no está representado en otro lugar del país.
Sin embargo, Rangel aseguró que se debería buscar otra figura de protección más adecuada, porque no se pueden estar declarando zonas para luego afrontar los problemas que esto conlleva.
Otro elemento a tener en cuenta es la población que se encuentra allí. El sociólogo Carlos Ariel Salazar Cardona –coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Socioambientales del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi)– aseguró: “Este es un lugar de transición de múltiples ecosistemas, lo que quiere decir que los pueblos indígenas asentados allí hicieron uso de múltiples espacios que ofrece esta biodiversidad, puesto que tenemos sabanas y bosques, entre otros”.
Salazar criticó la posición del Estado al considerarla distante y débil, pues geoestratégicamente esta esquina de Colombia, con esa riqueza de la red fluvial, ha permitido procesos de poblamiento complementarios a los asentamientos indígenas. Por ello, hoy tenemos colonos mestizos que han usado la parte más fértil; estableciendo, de esta manera, la base de la economía campesina.
Desde hace cuatro años existe la alianza Amazonas 2030 –entre organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y medios de comunicación–, que con el apoyo de la cooperación internacional promueve la sostenibilidad y la calidad de vida en la Amazonia colombiana. Wendy Arenas, directora estratégica de la Alianza, explicó cómo incluir de manera efectiva el aporte de la academia a estas realidades.
“Parte de esta zona es desconocida, no solo para los científicos sino también para los políticos de la región y del país. Es muy pertinente la discusión que plantea el interrogante ¿para qué ampliar las zonas y declararlas zonas protegidas si el Estado no está en capacidad de manejarlas? El caso de la Amazonia es muy diciente en ese sentido”, recalcó Arenas.
Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, cree que hay un divorcio entre el Gobierno y el sector académico en la toma de decisiones. “Hay instrumentos jurídicos y algunos CONPES, pero el aporte de los investigadores no es tenido en cuenta. Se han hecho portafolios de las áreas que se deberían proteger pero al compararlos con los títulos mineros, estas zonas protegidas son mínimas; lo que refleja una desinformación por parte del mismo Gobierno al no validar el aporte académico, y si esto no se supera los logros van a ser mínimos”.
El profesor Carlos Caicedo de la U. N. concluyó: “El gran ausente de una construcción de política pública es el Ministerio de Minas y Energía, que favorece las inversiones mineras a costa de las instituciones más débiles y sin recursos”.
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