Fuente: UN Periódico.
Si bien no existe una receta a corto y mediano plazo para disminuir el gran impulso extractivo de minerales y petróleo, Gobiernos de América Latina comienzan a plantearse alternativas de desarrollo acordes con las expectativas sociales y el cuidado ambiental. Es el caso de países como Perú, Ecuador y Bolivia.
En todos los países de Suramérica hay conflictos alrededor de los distintos tipos de extractivismo: minero, petrolero o agropecuario. La discusión sobre cómo salir de estas pugnas está cambiando en diferentes naciones de la región, según indica Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).
El investigador afirma que esta clase de emprendimientos provocan tensiones sociales y ambientales y que los pretendidos beneficios económicos son discutibles; lo que multiplica los reclamos de
comunidades y organizaciones que quieren avanzar hacia estrategias alternativas posextractivistas.
Aclara que estas opciones no consisten en decirle “no” a la minería o al petróleo, sino en reorganizar al sector para que sirva, sobre todo, a los intereses nacionales y atienda las demandas de calidad de vida y de proyección ambiental.
Lo ideal, asegura, es explorar vías que permitan redimensionar esos sectores, dejar de depender económicamente de ellos y mantener únicamente aquellos que sean verdaderamente necesarios y en condiciones de operación aceptables.
Estas ideas las expresó en el foro internacional “Posextractivismo: escenarios para emanciparse del sistema-mundo”, que organizó la Fundación Rosa Luxemburg y contó con el apoyo del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
Desarrollo y crecimiento
En su amplio estudio del sector, Gudynas expone que Gobiernos como los de Perú, Ecuador o Brasil justifican el extractivismo por la redistribución de renta que produce.
“Unos esperan el efecto derrame, entendido como el aumento notable de la riqueza –producida en unos focos muy concretos y reducidos–, que acaba desbordando el entorno más cercano hasta beneficiar al total de la población, con mínima presencia estatal. Otros intentan imponer altas regalías para redistribuir desde el Estado”, precisa.
De estas y otras maneras, la legitimidad del extractivismo está ampliamente difundida y se ha convertido en la base de una ecuación simplista: desarrollo entendido simplemente como crecimiento económico.
Las salidas reales al extractivismo se encuentran, a su juicio, en el terreno de las alternativas de desarrollo, que deben centrarse en apostarle al bien común dentro del Estado.
Por eso, insta a abandonar la creencia en el mito del progreso perpetuo y a ensayar nuevos esquemas, en los cuales, incluso, se abandona la palabra desarrollo –como sucede, por ejemplo, con las reflexiones sobre el buen vivir en Ecuador o Bolivia–.
Tal como lo manifiesta a la Agencia Latinoamericana de Información: “El buen vivir se cristalizó en las nuevas constituciones de Ecuador (aprobada en 2008) y Bolivia (2009). Ese paso sustantivo fue el producto de nuevas condiciones políticas, la presencia de activos movimientos ciudadanos y el creciente protagonismo indígena”.
Añade que en la Constitución boliviana es presentado como vivir bien y aparece en la sección dedicada a las bases fundamentales del Estado, entre sus principios, valores y fines (artículo 8).
Allí, indica, se “asumen y promueven como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (‘no seas flojo’, ‘no seas mentiroso’, ‘no seas ladrón’), suma qamaña (‘vivir bien’), ñandereko (‘vida armoniosa’), teko kavi (‘vida buena’), ivi maraei (‘tierra sin mal’) y qhapaj ñan (‘camino o vida noble’)”.
Esta formalización boliviana es pluricultural, pues plantea la idea del vivir bien desde varios pueblos indígenas y todas en el mismo plano de jerarquía.
Para Alberto Acosta, economista ecuatoriano y profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el buen vivir es un concepto que aspira a ir más allá del desarrollo convencional. Se basa en una sociedad en donde recobra centralidad la convivencia de los seres humanos entre sí y con la naturaleza.
Se nutre de ámbitos muy diversos: reflexión intelectual, prácticas ciudadanas, tradiciones indígenas y una academia alternativa. “Es una reacción y también una mirada al futuro”, sostiene.
Modelo en transición
El cambio de fórmula no consiste en negar la acción extractivista, pues se debe reconocer que las actividades mineras o petroleras continuarán y, hasta cierto punto, seguirán siendo necesarias.
Ante esta realidad, Gudynas muestra cómo está América Latina y hasta dónde será posible llegar con las estrategias de transacción.
Resalta que en la actualidad la explotación de materias primas es intensiva, de gran cobertura geográfica, alto impacto social y ambiental y dudosos beneficios para el desarrollo nacional.
Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) desde México hasta Argentina, en el subcontinente hay registrados 185 conflictos socioambientales, unos 193 proyectos implicados en polémicas por sus actividades y unas 268 comunidades afectadas. Además, hay seis conflictos mineros transfronterizos.
“Es un extractivismo empujado por la globalización, con altísimas ganancias para las empresas y aceptado por los Gobiernos como forma de alimentar sus economías”, arguye Gudynas.
Muchos de esos conflictos se deben a la minería a cielo abierto, a la contaminación por la explotación petrolera en zonas de biodiversidad (como la Amazonia) o al abuso de agroquímicos en los monocultivos de exportación. “Por eso, se necesita un extractivismo sensato”, agrega el experto.
En este caso, se podría avanzar a un segundo escenario en el cual se cumplan realmente las exigencias y normas sociales y ambientales, utilizar la mejor tecnología disponible para reducir los impactos y contar con un Estado que aplique controles efectivos y rigurosos.
Esto requerirá de una postura oficial que apoye los desarrollos alternativos, que haga efectivas las regulaciones, que fortalezca la gobernanza en el sector y vuelva realidad los enunciados de la responsabilidad social empresarial.
El otro escenario que plantea Gudynas es la “extracción indispensable”. Aquí el objetivo es reconceptualizar el extractivismo:
“Se trata de una extracción o aprovechamiento indispensable en la cual podrán permanecer aquellas actividades que son genuinamente necesarias, que cumplan condiciones sociales y ambientales y estén directamente vinculadas a cadenas productivas nacionales y regionales, para nutrir redes de consumo verdaderamente enfocadas en la calidad de vida”.
