Fuente: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D. C., nov. 02 de 2012 – Agencia de Noticias UN- Así lo indicó Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, en referencia al pronunciamiento del Gobierno nacional de tipificar como delito la minería ilegal.
Aseguró que esta medida en nada va a solucionar un problema que no tiene que ver con los métodos con que se realiza la actividad, sino en términos de los daños irreversibles que está sufriendo la biodiversidad colombiana.
“El asunto no es entrar a decomisar maquinaria, tipificar esta práctica penalmente y llevar a la cárcel a los que viven de eso. El tema es qué vamos a hacer como país, con la minería legal o ilegal para que no haya un daño al medioambiente como ya lo estamos viendo”, comentó.
Andrade, que también es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), expresó que no se están viendo las acciones del Estado colombiano, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni de las CAR (corporaciones autónomas regionales), con miras a frenar el tema de la locomotora legal o ilegal.
Aseguró que, indudablemente, hay que tomar medidas con esta práctica ilegal, pero donde se necesitan unas soluciones y planteamientos fuertes en términos ambientales, es con la minería en Colombia.
No es posible distraer el discurso y a la opinión pública hacia el daño que está causando la actividad ilegítima, cuando el daño es exactamente el mismo. “La minería sostenible no existe. Es la peor mentira que se puede emitir”, enfatizó.
Por su parte, Julio Fierro, investigador del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UN, comentó que desde el punto de vista ambiental es una medida adecuada y necesaria, la cual va a tener unas implicaciones sociales que, se supone, el Gobierno ha estudiado. Pues la mecanización de esta minería informal, sumada al uso del mercurio y el cianuro ha sido nefasta para la calidad del agua de los ríos, sobre todo en unas zonas relativamente bien conservadas como el Chocó biogeográfico y la Amazonia.
Sin embargo, fue enfático al decir que no está de acuerdo con el planteamiento del Gobierno, pues “esa minería va a ser reemplazada por una minería grande, por una supuestamente responsable, de la cual no hemos visto muestras en el país”.
Y agregó: “es quitar y controlar, de alguna manera, a miles de colombianos que están haciendo una actividad que ambientalmente es inaceptable y reemplazarla por conglomerados transnacionales que van a generar una contaminación aun peor”.
No hay minería que no sea contaminante y que no genere impactos ambientales. Según él, esta medida indica un señalamiento solo a un tipo de minería, pero hace falta control y una reflexión profunda de la problemática de esa otra minería, que aunque local y organizada, está dejando impactos ambientales y sociales irreversibles para todos los colombianos.
“Hay un problema de coherencia si el Gobierno se preocupa desde el punto de vista ambiental por controlar esta minería, y no así por la legal, que también deja impactos del mismo orden. Si está tan preocupado por este tema debería hacerlo de manera democrática”, afirmó.
