¿Por qué hacer este curso?
Cuando nos enfrentamos a conflictos socioambientales, con consecuencias en los derechos humanos, creemos estar solamente ante dos actores: el Estado, de un lado, y la comunidad, del otro. Esto se corresponde con el hecho de que, históricamente, son los Estados los responsables, como signatarios de tratados internacionales ante organismos internacionales, los llamados a responder por violaciones de derechos humanos que ocurren en sus territorios, incluyendo las acciones cometidas por terceros, como las empresas. Pero, desde finales de la década de los años 90, la comunidad internacional ha señalado que hay, aparte de los dos citados, otros actores que influyen en los impactos, en las decisiones y en la manera en la que se desenvuelven los conflictos como las empresas privadas o públicas, nacionales o transnacionales, bancos nacionales o multilaterales y otros de la misma esfera no pública o social. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y nombró a un conjunto de personas expertas para apoyar su implementación y divulgación, llamado el Grupo de la ONU sobre las Empresas y los derechos humanos. En Colombia, en 2019, la Consejería Presidencial por los Derechos Humanos anunció la actualización del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, con base en el documento creado en el 2015. Así como el plan anterior, este plan tiene unas fallas estructurales que continúan con la falta de definición de acciones concretas y asignadas para la protección efectiva de derechos humanos. En estos planes es imposible identificar en él una política pública que garantice la protección eficaz de los derechos humanos cuando estos se ven afectados por operaciones empresariales.
