Fuente: LA F.m.
Esta iniciativa fue interpuesta por el representante Iván Cepeda Castro junto con varias organizaciones sociales.
El 30 de octubre del presente año, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular interpuesta por el representante Iván Cepeda junto con varias organizaciones sociales, para que se suspenda el otorgamiento de títulos mineros y la recepción de nuevas solicitudes mineras, salvo en los casos de grupos étnicos y minería tradicional. Los demandantes argumentaron que no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial, que no se han delimitado plenamente las zonas excluidas de la minería y que las entidades competentes no cuentan con la capacidad para evaluar, de manera imparcial, los impactos de la actividad minera sobre el ambiente, la salud humana y el territorio.
Asimismo, por acción de tutela interpuesta por la organización Tierra Digna y varios Consejos Comunitarios de comunidades negras en el Chocó, el pasado 16 de octubre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de algunos bloques de las denominadas áreas estratégicas mineras, una figura que pretende reservar el territorio para la explotación minera adjudicándolo a grandes empresas a través de subastas.
En debate realizado el pasado 5 de junio en la Cámara de Representantes, titulado El Apocalipsis Minero, el representante Cepeda había advertido que la declaración de estas áreas violaba el derecho al territorio y a la consulta previa de comunidades negras, indígenas y campesinas. Resaltó además la inconveniencia de esta figura porque implicaba reservar para la explotación minera algunas de las áreas más biodiversas del país como es el caso de la Amazonia y Chocó, y porque atentaba contra la posibilidad de un ordenamiento del territorio que partiera desde las propias comunidades.
Para el congresista, estas dos decisiones del Tribunal Administrativo “son un importante paso para reivindicar el derecho al territorio de las comunidades étnicas y campesinas, contra la expansión desaforada de la gran minería. El Gobierno ha venido creando un marco normativo contrario al orden jurídico y a los principios constitucionales para el acaparamiento del suelo y sus recursos por parte de transnacionales, atentando contra la naturaleza, la autonomía territorial y las aspiraciones de las comunidades que tradicionalmente han habitado los territorios”, precisó Cepeda.
El representante invitó a las comunidades y organizaciones interesadas a que se sumen a esta estrategia jurídica complementaria de defensa de los territorios y anunció que vendrán más acciones en este sentido.
