ONG preparan juicio ético contra Pacific Rubiales

Hoy entregaron los resultados de sus observaciones y los resultados expuestos muestran que las condiciones laborales de los obreros son de mala calidad, las fuentes de agua estás contaminadas y el polvo que levantan los cientos de camiones diarios que transitan por la zona afectan la salud de la población.

Estos resultados se sumarán a otros del sector minero e hidroeléctrico que serán dados a conocer entre el 16 y 18 de agosto de este año en lo que llaman «Un juicio ético y político al despojo» que «juzgará las prácticas de las empresas y las políticas del Estado» que afectan a la población civil cercana a proyectos de extracción.

Sobre estos primeros resultados, Amir Khadir, médico y diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, aclara que «no sabemos si todo lo que hemos escuchado es por acciones de Pacific Rubiales, pero tantas denuncias de la población sobre la empresa nos dice que sí hay una inconformidad y que debe haber estudios profundos sobre las pruebas que recogimos».

De todas formas, Khadir, que se encargó de observar las condiciones ambientales que rodean a Campo Rubiales, asegura que existen «testimonios muy claros de que por la zona transitan entre 500 y 1.000 camiones pesados que levantan muchísimo polvo y que tienen un impacto directo sobre la salud de la gente». Además, resalta que el agua que la gente utiliza para el uso diario está amenazada «porque la compañía proyecta utilizar los terrenos al lado del río Caño Rubiales para instalar zonas de retenciones de las aguas sucias».

Pacific Rubiales respondió en un comunicado a dichas afirmaciones diciendo que: «Puerto Gaitán queda a 165 kilómetros de Campo Rubiales y en el camino hay muy pocos asentamientos humanos, por lo que impacto del polvo que se levanta es muy poco». Además de que «la compañía opera bajo los más exigentes protocolos ambientales, laborales y sociales reconocidos internacionalmente y es auditada de forma permanente por instituciones independientes reconocidas en el mundo».

De otro lado, Terrylynn Brant, representante del Círculo Nacional de Indígenas en el Comité de Derechos Humanos de la Alianza del Servicio Público de Canadá, quien también se hizo presente en la visita a Puerto Gaitán, pidió disculpas de parte de los pueblos indígenas de su país por «los daños que la empresa está cometiendo contra las comunidades colombianas». Según ella, a los Sikuani, pueblo indígena mayoritario en la zona, «les han contaminado sus ríos y tienen problemas sociales como desempleo, robo y enfermedades cuyas consecuencias no sabremos hasta dentro de muchos años».

Al respecto, la compañía se defiende con el argumento de que la relación con la etnia Sikuani es de permanente diálogo y bajo el mayor respeto por su cultura. «En reiteradas ocasiones varios de sus líderes han reconocido el trabajo de la compañía para concertar con su autoridades», añade el comunicado.

Si bien Pacific Rubiales dice que la respuesta a las denuncias de los líderes sociales canadienses deben provenir de los representantes de la industria (ANDI o ACP) o del gobierno, el equipo de expertos y sindicalistas están dispuestos a llevar explorar el camino judicial canadiense e internacional frente a las acusaciones que adelantaron.

De acuerdo a Dave Coles, presidente del sindicato canadiense de Comunicación, Energía y Papel, el Tratado de Libre Comercio que firmaron Colombia y Canadá tiene dos tratados paralelos (el ambiental y el laboral) que se están incumpliendo y que «fácilmente podrían llevar a que algunas relaciones comerciales entre los dos países queden anuladas y a que el permiso de comercialización de Pacific Rubiales, que termina en 2016, se cancele».

Según Eva Mascolo, una de las observadoras canadienses que pertenece al Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), la población en Canadá desconoce los actos por fuera del país de las empresas energéticas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto, como sucede con Rubiales. «No existen los mecanismos para juzgar a las multinacionales que violan derechos humanos por fuera de nuestro territorio y tampoco hay una rendición de cuentas. Esas compañías viven en un paraíso jurídico y por eso es que el 70% de las empresas mineras del mudo son de Canadá».