Fuente: El Tiempo
«¡Mucho oro está produciendo Colombia! Pero las minas son de extranjeros (…). País pendejo es Colombia (…). Parece mentira que esto se llame así, tan hermoso: Colombia» (Fernando González, Envigado, 1895-1964).
El mercado es la nación, los inversionistas son los ciudadanos y el interés nacional la ganancia. En este escenario no es un exabrupto, como lo es, que el director de la Escuela de Gobierno de la U. de los Andes, Carlos Caballero Argáez, pida un ministro canadiense para dirigir el Ministerio de Minas. En su columna ‘Talento vs. Nacionalidad’ hace la propuesta: «Sería una buena idea tener un canadiense como ministro de Minas y Energía, por el excelente manejo de los recursos energético-mineros y el medio ambiente». (EL TIEMPO, Nov. 30-2012).
La propuesta de Caballero encaja en la visión tecnocrática que ha venido forjando la institucionalidad financiera internacional actual, como el FMI, la Secretaría del Tesoro de los EE. UU., la Comisión Europea, y la mayoría de los bancos centrales en el mundo, para quienes las naciones y la democracia se diluyen en beneficio del predominio del mercado y el poder de la élite económica. A propósito de la crisis de argentina en el 2001, los economistas Ricardo Caballero y Rudiger Dornbush, en el ‘Financial Times’ de Londres, proponían que Argentina renunciara a su soberanía económica: «sin el apoyo masivo externo y la intrusión externa no se va a resolver el problema». (‘Argentina cannot be trusted’, marzo 7-2002). Sin embargo, los argentinos se negaron y salieron avante.
Caballero Argáez fue ministro de Minas (1999-2001) en el gobierno de Andrés Pastrana, después de Luis Carlos Valenzuela (1998-1999), seguido por Ramiro Valencia Cossio (2001) y Luisa Fernanda Lafauri (2001-2002), exempleada de Carbocol, Glencore International, etc. La coincidencia de estos cuatro nombres tiene una relación directa con la expedición del Código Minero o Ley 685 de 2001.
Lo inaudito de esta ley es que su elaboración contó con la participación de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, en el marco de un proyecto de cooperación de 5 años con el Gobierno colombiano para «fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio del Medio Ambiente» (LFT). ¿Qué hacen las universidades públicas y sus profesores en Colombia?
La politóloga Luisa Fernanda Trujillo caracteriza este código como: muy permisivo, el estudio de impacto ambiental lo hace el propio propietario del título minero (artículo 204); limitado, no controla el uso de explosivos, por ejemplo; mediocre, tratamiento ligero a la contaminación del agua; desproporcionado, permite la preponderancia de la minería sobre la producción agropecuaria (ojo suroeste antioqueño); alcahueta, no exige la reconstrucción del medio ambiente afectado a su condición inicial una vez terminada la explotación; y de visión corta, no legisla sobre los minerales estratégicos, en particular, como el coltan, tungsteno y tierras raras (‘El nuevo Código de Minas: ¿Qué podemos esperar?’, razonpublica.com, agosto 12-2012). Igualmente, Luisa Fernanda anota que para entonces los canadienses poseían el 30% de los títulos mineros. Colombia no tenía un ministro canadiense pero sí un código hecho a la medida del interés canadiense e inadecuado para «el excelente manejo de los recursos energético-mineros y el medio ambiente», como el que los canadienses hacen de su país, según CCA.
La Ley 685 de 2001 fue reemplazada por la Ley 1382 de 2010, y esta última fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en mayo de 2011, debido a que no se hizo la consulta previa a las comunidades afectadas por la minería, como ordena la Constitución, con la condición de que el Gobierno presentara un proyecto que hubiera sido sometido a la consulta previa en un plazo de 2 años, y que vence el 11 de mayo próximo, cuando la Ley 1382 quedará sin efectos. Como no hay proyecto de ley en elaboración, y tampoco se ha realizado la consulta previa a las comunidades, una clara desidia calculada por parte del Ministerio de Minas, tanto de Carlos Rodado, Mauricio Cárdenas como de Federico Renjifo, ministros de Minas del actual Gobierno, el código de 2001 entrará a regir a falta de una ley que lo modifique.
El ministerio afirma que esta situación «no representará mayores traumatismos» y el retraso es explicado por el ministro Renjifo por «la dificultad para adelantar el proceso de consulta previa» (Elespectador.com, ‘Se enreda reforma del Código de Minas’, enero 30-2013). ¿Dificultad? ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios colombianos?
Ante esta situación, es evidente que los pocos dientes que tenía la ley 1382 de 2010 dejarán de morder para complacencia de los anglo-australianos-canadienses-estadounidenses, quienes dominan la minería y el petróleo en nuestro país, pues los páramos y los humedales no son obstáculos que ponga la ley de 2001 a la locomotora minera. Además, los contratos se renovarán automáticamente, no por 20 años sino por 30; el trabajo infantil tampoco será causal de caducidad de los contratos; las actividades mineras en playas, zonas de interés cultural, arqueológicas e históricas no serán restringidas, etc.
Mister Renjifo afirma que los páramos y humedales están protegidos por la ley del Plan de Desarrollo del gobierno de Santos, pero como hemos podido observar los colombianos, con el debate alrededor del páramo de Santurbán, la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ha dejado por fuera de la zona del Parque cerca de 567 has, de las cuales 193 están siendo explotadas por Eco Oro (Greystar), quienes aplauden exultantes y felices la decisión: «Esta declaración del Parque para la cual se ha esperado tanto tiempo representa un hito importante para Eco Oro y sus accionistas, debido a que nos permite continuar avanzando en el desarrollo del Proyecto Angostura». (noticiasunolaredindependiente.com, enero 27-2013).
¿Qué pasó? El director de la CDMB, Ludwing Arley Anaya, tiene la respuesta para explicar por qué la decisión favoreció a Eco Oro: «Hay un concepto de Minminas donde nos incita a respetar unos derechos adquiridos por parte de esta compañía que viene realizando trabajos desde hace tiempo atrás, nosotros con la propuesta de declarar el área protegida respetamos el trabajo que se viene haciendo ahí». Inmediatamente los sentimientos de los inversionistas se expresaron en la bolsa: «la acción de Eco Oro se disparó en 140% en la bolsa internacional de Toronto». ¿El director de la CDMB vela por los derechos de los santandereanos o por los intereses de Minminas y los canadienses?
Entonces, como se puede concluir, no hay ley que blinde los páramos y los humedales y el medio ambiente, cuando se trata de favorecer los intereses de la gran minería. Colombia no necesita canadienses para defender los intereses nacionales, solo colombianos, sin «complejo de ilegitimidad» (FG).
