Fuente: El Tiempo.
Recientemente se reunió en Cartagena el segundo congreso del sector de la Minería a Gran Escala o, como dicen también, el II congreso de la Minería Aliada del Desarrollo de Colombia, Minería Responsable. Se juntaron las trece empresas mineras más grandes que operan en Colombia a repetirle al país en mil formas que la actividad que desarrollan es minería responsable, como lo afirmaron y firmaron en un acuerdo con ministros y Presidente a bordo y con gran despliegue el año pasado. Ese juego de palabras parecería llevar a confundir o suponer que la minería a gran escala es de por sí responsable.
Por eso, es justo el momento para invitar al grupo-gremio, a sus principales actores y a las autoridades ambientales, al país todo, a reflexionar sobre la realidad de esa responsabilidad, con la ayuda de unas pocas preguntas, como estas:
¿Sí será responsable generar y mantener una inmensa y espesa nube de polvo sobre varios municipios, que se observa a lo lejos desde el avión en el Cesar y que valió para que no se ampliara la licencia ambiental?¿Y será responsable arrojar trescientas toneladas de carbón al mar por salvar una barcaza?
¿Sí será responsable pretender el traslado del cauce de un río como el Ranchería, especialmente en una región totalmente desértica, para sacar carbón?
¿Y lo será pretender y aprobar el traslado de un afluente del río Nus y destapar, volar y remover millones de metros cúbicos de tierra y roca en el nordeste de Antioquia para extraer oro?
¿Será responsable pretender que grandes cantidades de agua que hoy van a distritos de riego como el del Saldaña sean utilizadas más bien para hacer los lodos y la cianuración que requiere la extracción de oro?
¿Y será muy responsable destapar, remover, cambiar por profundos e inmensos cráteres lo que hoy son cafetales o bellas praderas aptas para cultivos de cítricos, guanábanas, papayas, guayabas y muchas otras frutas, alimentos para siempre, que demandan y demandarán tanto el mercado nacional como los de exportación?
¿Y qué tan responsable es dragar y revolcar los lechos de ríos limpios hasta hace poco, como el Atrato o el Inírida y sus afluentes, acabando con la pesca, envenenando sus productos y dañando su navegabilidad, todo eso para lavar oro?
¿Y qué tal destruir y arrancar grandes extensiones de bosque primario, pulmón de Colombia y del planeta todo, en ecosistemas frágiles como los del Chocó biogeográfico, para remover el suelo y sacar más oro? ¿Será eso responsable?
¡No! Mil veces no, nada de eso puede calificarse como responsable. Y pensar que es tan poquito el empleo que se genera con esa minería a gran escala y tan grande el daño que, además del ambiental, se le produce a la economía realmente productiva del país, inoculándole con más y más dólares la «enfermedad holandesa».
La minería no puede seguir teniendo el tratamiento privilegiado y preferencial que le otorga el código de la materia (Ley 685 del 2001) frente a cualquier otra actividad, llámese agricultura, silvicultura, ganadería, nuevas viviendas, vías, puertos, la satisfacción de tantas necesidades de la sociedad.
Por encima de esos privilegios deberían estar el bien común y la utilidad pública, realizados en garantizar derechos fundamentales de la población, como la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la sostenibilidad ambiental en general.
Esa es la modificación más importante y más urgente que se le debe introducir a dicho código. Y ello me lleva a un próximo artículo sobre la materia y a invitar a que se abra ese debate.
