Fuente: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Business & Human Rights Resource Centre).
La economía de Colombia está dominada por industrias de uso intensivo de la tierra, como la minería, con importantes riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, lo que hace que el papel de los/as defensores/as de los derechos humanos sea fundamental. Sin embargo, este análisis muestra que los/as defensores/as que tratan de prevenir o exponer los abusos de las empresas se han enfrentado a ataques concertados y a menudo mortales.
El análisis demuestra que:
- El 90 por ciento de los ataques estuvieron vinculados a cuatro sectores: la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la ganadería, y las plantas hidroeléctricas y las represas.
- El 44% de los 181 ataques fueron contra defensores de los derechos humanos que plantearon preocupaciones sobre estas cinco empresas: AngloGold Ashanti, Big Group Salinas (BG Salinas), Cerrejón Coal (parte de Anglo American, BHP y Glencore), Ecopetrol y EPM.
- La mayoría (76,5%) de los ataques en Colombia se produjeron en las zonas con mayor concentración de proyectos empresariales en los sectores más peligrosos (minería, hidrocarburos, agricultura y ganadería, e hidroeléctricas y represas). Es decir, los atentados no se producen en zonas marginales, sino en núcleos de gran actividad empresarial.
- La mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos que fueron atacadas en Colombia eran líderes comunitarios, sindicalistas y personas afrocolombianas e indígenas.
Esto no quiere decir que las empresas sean responsables de estos ataques, sólo que los/as DDH han sido atacados porque plantearon preocupaciones sobre esas actividades empresariales. Sin embargo, las empresas no operan en el vacío. Son conscientes – o deberían ser conscientes – de que los críticos de su negocio o industria están en peligro y deberían trabajar para prevenir y mitigar estos ataques, de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
En su prólogo, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, dijo: «La debilidad de las instituciones estatales, los grupos armados y las economías ilegales contribuyen a hacer de Colombia un lugar peligroso para los/as defensores/as de los derechos humanos. Pero lo que a menudo se pasa por alto en este análisis es el papel de las empresas legítimas en el agravamiento de los ataques a los defensores y el potencial de las empresas para contribuir de manera significativa a la protección de los/as defensores/as, incluyendo la creación de un entorno para la protección de los derechos humanos. La presente investigación deja claro este vínculo… Las empresas pueden y deben actuar ahora para escuchar y atender las preocupaciones de los/as defensores/as de los derechos humanos, comprometerse a tener una tolerancia cero frente a la violencia contra ellos y ellas en sus cadenas de suministro y hablar en voz alta para proteger a los/as defensores/as cuando son atacados/as».
