Fuente: La Silla Vacia.
Lucho Garzón, el Consejero de Santos para el diálogo social, le dijo ayer a El Tiempo que «había logrado un nivel fuerte de confianza» con los campesinos del Catatumbo que están liderando las protestas contra el Gobierno y se mostró optimista frente al desenlace de las conversaciones que continuarán hoy. Sin embargo, una percepción diferente se siente del otro lado de la protesta. La Silla Vacía entrevistó por teléfono a Olga Quintero, líder de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, que ha estado al frente de la movilización en esta región, y esto fue lo que dijo.
La Silla Vacía: ¿Qué están buscando ustedes con esta protesta?
La atención del gobierno porque históricamente la región del Catatumbo ha sido abandonada. Nosotros hicimos una serie de acuerdos con el gobierno hace cuatro años y no nos han cumplido y queremos que nos cumplan.
¿Cuándo se hicieron esos acuerdos?
Se hicieron en el marco del Campamento de refugio humanitario hace cuatro años, en abril de 2009, por la crisis humanitaria que se vivía en la región. Dijimos no nos desplacemos, llamemos más bien la atención del gobierno y busquemos conjuntamente una solución a esas problemáticas. El 28 y 29 de agosto de 2009, mil campesinos participamos, 150 juntas de acción comunal, el gobernador del departamento, alcaldes de municipios, personeros, un delegado de Minagricultura, la Procuraduria, la Defensoria del Pueblo. Estuvo bastante concurrido por el gobierno.
¿Y qué acordaron?
Crear la mesa de interlocución donde nos íbamos a reunir siempre campesinos y gobierno. Se acordó trabajar en cuatro aspectos: la crisis humanitaria y la violación de los derechos humanos; trabajar en la creación de la zona de reserva campesina; recursos naturales y medio ambiente porque hay una serie de empresas que están interesadas en extraer carbón a cielo abierto y nuestra vocación es agrícola. La explotación minera solo le ha dejado ganancias a las empresas; y un cuarto punto, que es la economía campesina y los cultivos de uso ilícito, que requiere un tratamiento social y económico, generar propuestas alternativas sustitutivas.
¿A qué se comprometió el Gobierno?
En diciembre de 2011, el Gobierno firmó un convenio por 350 millones de pesos donde nos financiaban todos los estudios técnicos para hacer la delimitación de la Zona de Reserva Campesina, la consulta con los campesinos y elaborar un plan de desarrollo alternativo que la pudiera sustentar. Cumplimos con todo. Incluso el 30 de marzo de 2012, en Tibú, hicimos una asamblea con el Incoder, que era el último requisito necesario para la declaración de la Zona de Reserva. Participaron 1500 personas, las juntas de acción comunal, los alcaldes, la gobernación, la subgerente de tierras del Incoder Jennifer Mujica. Hubo una participación muy amplia. Ha pasado mas de un año y solo falta que se reúna la junta directiva del Incoder para la declaración de la Zona de Reserva Campesina.
