Fuente: Codpi.
El reciente Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) recoge una serie de agresiones contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, causados a raíz de la presencia de empresas extractivas en sus territorios.
En América Latina, la Comisión solicita mayor información sobre casos concretos de violaciones a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Perú, instando en algunos casos a la adopción de medidas para garantizar los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas, cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de la Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la OIT y será uno de los documentos clave que se abordará en la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que tendrá lugar en Ginebra en los meses de mayo y junio de 2012.
Entre las diferentes violaciones de los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT recogidas por el citado informe, destaca la profusión de casos en los que están involucrados los intereses de las emp
Marcha contra las mineras en la provincia de Chubut (Argentina)resas transnacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales (madera, petróleo, minerales, agroindustria o energía eléctrica), en muchas ocasiones con el apoyo tácito o explícito -o, al menos, con la permisividad- de los Gobiernos nacionales.
En Argentina, señala la presencia de explotación minera contaminante, sin consultar a los pueblos indígenas que se ven afectados directamente, en las provincias del Chaco, Jujuy y Chubut, y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para alcanzar una solución adecuada y dialogada.
En Brasil, se documentan específicamente los efectos nocivos derivados de la construcción de las instalaciones de la Hidroeléctrica de Belo Monte (entre los que destacan la inundación de tierras indígenas, el desplazamiento de comunidades, y la alteración de ríos, fauna, flora y el propio clima) y se pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para llevar a cabo las consultas antes de que la situación sea irreversible, y determine si los intereses de los pueblos han sido respetados, con miras a adoptar las medidas de mitigación e indemnización
Trabajos de construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte (Brasil) apropiadas.
Se refiere también al proyecto de ley para la construcción de una hidroeléctrica en el río Cotingo, en el territorio indígena Raposa Serra do Sol, pidiendo al Gobierno que «se asegure de que dicho proyecto sea sometido a consultas plenas con los pueblos indígenas y que sus puntos de vista, prioridades e intereses sean tenidos en cuenta al momento de adoptar decisiones al respecto».
También en Brasil, se refiere a «la lentitud en la demarcación de los territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos guaraní kaiowá, en el Mato Grosso do Sul y al avance de los cultivos de la soja y la caña de azúcar sobre esos territorios, lo cual ocasiona el desplazamiento de dichos pueblos». Señala también la existencia de actos de violencia y amenazas, incluyendo el asesinato, contra los miembros de la comunidad kaiowá. Ante esta situación, se pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se proceda sin demora a la demarcación de las tierras; adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas; y tome las medidas necesarias para que se investiguen los hechos de violencia.
Río Cauca (departamento del Cauca, Colombia)
En Colombia, pide al Gobierno información sobre el estado del borrador del proyecto de ley sobre el derecho a consulta que está ahora en proceso de aprobación. Asimismo, se toma nota de «ciertos conflictos existentes entre los pueblos indígenas, el Estado y las empresas privadas relacionados con la realización de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en los que se alega que no se ha garantizado adecuadamente el derecho de consulta de los pueblos indígenas afectados por los mismos». En este sentido, la Comisión toma nota con interés de las recientes sentencias en las que la Corte Constitucional se refirió a la necesidad de llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas sobre aquellos proyectos que puedan afectar directamente sus derechos y estableció los requisitos que deben cumplir tales consultas, y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para cumplir con ello.
En Guatemala, el informe expresa la preocupación de la Comisión por el alto grado de conflictividad social constatado por la misión, y reconocido por todos los sectores, en torno a la explotación de recursos naturales, constatando la ausencia de mecanismos de consulta previa e informada, como fuente de esta conflictividad. En este escenario, se pide que se garantice en todo el proceso la participación de los pueblos indígenas, a través de sus entidades representativas.
Marcha de protesta contra la cementera de San Juan Sacatepéquez, en la Ciudad de Guatemala
Asimismo, señala el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones del comité tripartito de la OIT, que se refiere a la falta de consulta previa con los pueblos interesados en cuanto a la licencia de explotación minera para el níquel y otros minerales, otorgada a la empresa Mineras Izabal S.A. La Comisión «lamenta que el Gobierno una vez más no haya enviado sus observaciones al respecto, y le insta a que envíe información detallada sobre el curso dado a las recomendaciones del comité tripartito».
En el caso de la instalación de la empresa de cemento en San Juan Sacatepéquez y del proyecto de explotación minera en los municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán (Mina Marlin), se recuerda al Gobierno que la consulta «no se agota con la realización de simples reuniones de información, sino que debe consistir en un diálogo genuino entre las partes interesadas signadas por comunicación y entendimiento, mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común» y se le insta a: 1) que establezca los mecanismos de diálogo que gocen de la confianza de las partes; 2) que se asegure que ninguno de estos proyectos tenga efectos nocivos para la salud, la cultura y los bienes de los pueblos; y 3) que tome todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas y de los bienes, y para asegurar que «todas las partes de se abstendrán de todo acto de intimidación y violencia contra aquellos que no comparten sus puntos de vista respecto de los proyectos.».
También apunta la falta de consulta a los pueblos indígenas interesados con respecto al proyecto de construcción de la Franja Transversal del Norte (FTN) que implica la construcción de una red vial de 362 km que afectará los Departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, y pide al Gobierno mayor información al respecto.
En México, se señala el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones anteriormente emitidas, en la que se alegaba la ausencia de consulta y participación de los pueblos indígenas en lo que respecta a los trabajos realizados por el Gobierno con relación a la carretera Oaxaca-Istmo-Huatulco.
En el siguiente enlace, puedes acceder al informe completo.
