Información tomada de la Revista Otras Marchas: http://www.revistaenmarcha.com.mx/reportaje/893.html
El proyecto de construir la mini hidro-eléctrica Cerro de Oro está cancelado. A pesar del ofrecimiento de impulsar un nuevo proyecto, que aparentemente no generaría la misma destrucción ambiental que el original y de las promesas de generar 250 empleos directos durante los tres años que dure la obra, hecho por la empresa Electricidad de Oriente a través de sus representantes, Mauricio Justus Villarreal, Carlos Jinich Ripstein, tres de las cuatro comunidades afectadas dieron un rotundo rechazo a la inversión privada.
La comunidad Los Reyes, que resultaría la más afectada (o beneficiada, según se quiera ver), en voz de su comisariado ejidal, Fèlix López Ortiz dij el 12 de noviembre que su postura sería en concordancia con el de las otras tres comunidades, pero finalmente el 14 de noviembre dijo sí al proyecto que espera genere empleo y progreso en su comunidad. “Quizá nos orille la ignorancia y la pobreza, pero no podemos darnos el lujo de decir que no”, argumentó ante representantes de las otras tres comunidades y funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal como el subsecretario de gobierno, Oscar Cruz López.
En sendas asambleas informativas y deliberativas efectuadas el pasado 12 y 13 de noviembre, las comunidades de Santa Ursula, Paso Canoa y Cerro de Oro fueron tajantes. No permitirán que en su territorio se desarrolle el proyecto debido a temores –producto de suposiciones, según el subsecretario Cruz López- que existen respecto a la inseguridad de la cortina de la presa, la contaminación que generará la obra y sobre todo porque más allá de la compra de tierras, el pago de servidumbres de paso y la generación de unos cuantos empleos de mano de obra no especializada, la obra no genera en la comunidad beneficios sustanciales y duraderos que se comparen con el jugoso negocio de las empresas que tendrán la explotación energética durante los próximos 25 años. “No queremos que nos vengan a querer engañar con espejitos”. “Ya no estamos en los tiempos de antes, ahora conocemos nuestros derechos y la respuesta es tajante: no queremos la hidro-eléctrica”, dijeron diversos ciudadanos al sostener reuniones conjuntas con el director de la oficina de Rendición de Cuentas de la Oficina de la OPIC –uno de los inversionistas- Keith Kozloff, el presidente municipal José Manuel Barrera Mojica, la diputada local Angela Hernández Solís, entre otros. Además, el día 14, fecha en que se dio por terminado el diálogo con intermediación de la oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense, estuvo también presente el inversionista de Conduit Capital Partners en Nueva York, Marc Frishman.
Un poco de historia
Desde el año de 2007, la empresa Electricidad de Oriente -socia de las empresas COMEXHIDRO y la estadounidense Conduit Capital Patners- inició gestiones para instalar en la cortina de la presa Cerro de Oro, inaugurada en 1989, una mini hidroeléctrica que generaría 14.5 megawats al tomar 30 metros cúbicos por segundo de la presa Cerro de Oro. El proyecto original contemplaba realizar una toma de agua en la cortina de la presa, conducirla por inmensos tubos, llevarla hacia unas turbinas, generar energía eléctrica y depositar el agua en el Arroyo Sal. La agencia que proporcionaría los recursos sería la Corporación por la Inversión Privada en el exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), algo que a la postre sería definitivo para la cancelación del proyecto.
De acuerdo con la ley en vigor, dicha energía generada solo podrá ser utilizada para el autoconsumo. Es decir, la adquirirán socios de la misma empresa generadora. Estas empresas están ubicadas fuera del estado de Oaxaca, Guanajuato y Jalisco.
Como parte de sus gestiones, los empresarios consiguieron permisos de las diversas autoridades, como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), el Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec. Este último, al menos, ha señalado que los permisos no son tales sino que existen inconsistencias que hacen posible la clausura de la obra en cualquier momento. Los trabajos sin embargo, están suspendidos desde el primer trimestre del 2011 debido a que se abrió una etapa de negociación entre las comunidades y las empresas.
La inconformidad
A principios del año 2010, la empresa inició en el campo sus operaciones. En este afán, inició la devastación de diversas áreas adyacentes al Arroyo Sal. Entre los primeros efectos, según denuncias de los pobladores, estuvo la utilización de explosivos en proximidades de la cortina. Estos, según dijeron, causaron cuarteadoras en los muros de la comunidad. Además, se temía que las mismas ondas expansivas dañaran la cortina de la presa. Por otra parte, a decir de los vecinos, el manantial que abastece a la comunidad de agua potable fue contaminado con cemento. Como consecuencia, los pobladores buscaron y obtuvieron el apoyo del despacho Accountability Counsel, el cual tiene entre sus fines apoyar a comunidades inconformes con las acciones llevadas a cabo en su territorio por parte de empresas financiadas con capital internacional y de desarrollo. Con Natalie Bridgemam Fields al frente, un equipo de abogados de San Francisco, California (EU) presentó una demanda ante la Oficina de Responsabilidades de la OPIC –un equivalente de contraloría interna en México-. La mencionada oficina está encargada de resolver los conflictos entre comunidades afectadas e inversionistas apoyados con fondos proporcionados por la OPIC. De esta manera, y luego de diversas acciones no judiciales, entre las que destacan la intervención del Congreso del Estado, a petición de la diputada local Angela Hernández Solís, en febrero de este año la obra fue detenida. (“Algo imposible de ver en mi país”, según reconoció el propio Director de la Oficina de Rendición de Cuentas, Keith Kozloff en las reuniones celebradas entre el 12 y 14 de noviembre pasados). Se abrió entonces una etapa de diálogo entre la empresa y las comunidades afectadas.
Uno de los argumentos principales, era y sigue siendo, que de acuerdo con el derecho internacional y nacional, las comunidades indígenas deben ser primeramente informadas y luego consultadas sobre si aceptan o rechazan proyectos de desarrollo que impactan en su entorno medio ambiental.
El diálogo agotado
Como parte del diálogo, en marzo pasado la empresa y las comunidades acordaron solicitar la opinión de un experto en seguridad de presas respecto a la condición actual de la cortina de la Cerro de Oro, así como de las consecuencias que tendría la obra a desarrollarse en ella. Además, su opinión sobre si el proyecto de mini hidroeléctrica dañaría o no el manantial y el arroyo sal. El consultor elegido fue el Doctor en ciencias Raúl Flores Berrones, autor del libro Flujo de Agua a través de Suelos, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMT).
Al comparecer el pasado 12 y 13 de noviembre ante pobladores de las comunidades, Raúl Flores Berrones, sostuvo que la presa Cerro de Oro es sumamente segura. Sin embargo, reconoció que los instrumentos con los cuales se miden los posibles cambios estructurales y movimientos de la cortina de esta presa son obsoletos, cuando no inexistentes. La única forma de saber que no hay asentamientos en la cortina es la revisión de los testigos externos. Es decir, marcadores colocados a lo largo y ancho de la cortina. Fuera de ello ni los inclinómetros ni los piezómetros funcionan adecuadamente, aceptó. Un factor que puede contribuir a la inseguridad, no ahora, sino a futuro, es la existencia de árboles y arbustos en la cortina, debido a que esto puede provocar la tubificación. Este problema, dijo, es, la segunda causa más importante de rupturas de presas en el mundo. Además, en su texto disponible en la red http://www.revistatlaloc.mx/publi_AMH/Flujo%20del%20agua%20a%20traves%20de%20los%20suelos.pdf, el experto sostiene que el problema de la tubificación “se puede causar en cualquier grieta causada por asentamientos diferenciales, temblores o grietas de tensión, e incluso a partir de hoyos dejados por raíces o troncos podridos. La falla puede ocurrir desde el primer llenado o después de varios años de construida la presa”.
Desafortunadamente, apuntó también ante las comunidades, no existe en la presa un sismógrafo que permita valorar los movimientos telúricos de la zona, a pesar de la gran sismicidad de la región.
Sobre esta situación en particular, y ante la preocupación de los lugareños, que se quejaron del uso de explosivos, el ingeniero Ismael Morales Méndez, director técnico del organismo de Cuenca Golfo Centro, de la Comisión Nacional del agua (Conagua), dijo que estos no rebasaron el máximo permisible por las normas internacionales, es decir, que mientras el tope de la velocidad de partículas en una explosión es de 5 centímetros por segundo, el máximo nivel fue el de 0.7 centímetros por segundo. Aunque esta información, reconoció, fue proporcionada por la misma empresa debido a que en la cortina no se cuenta con el instrumento necesario para realizar dichas mediciones. Pero en todo caso la información proporcionada es confiable, agregó, ya que este tipo de instrumentos no puede ser manipulado externamente. Luego, como encargado de la seguridad de la presa se comprometió a que la dependencia procurará adquirir los instrumentos que hacen falta en la presa, aunque recalcó que estos sólo son útiles durante los primeros diez años de la puesta en operación de una presa.
La contaminación y el nuevo proyecto
Respecto a la contaminación del manantial, el experto Raúl Flores Berrones aceptó en primer lugar que el manantial era tal y no una filtración de la presa, como dijo en su momento la empresa. Debido a lo anterior, reconoció que el proyecto original de la empresa consideraba anclar un muro de la casa de máquinas a una profundidad mayor a la del flujo del manantial por lo que este proyecto podría interferir el flujo de dicho manantial y obviamente perjudicar a las comunidades que se abastecen de agua en él.
Y así, posterior a la intervención del experto y del funcionario de la Conagua, los pobladores escucharon la propuesta de la empresa. El nuevo proyecto mantiene la idea de instalar una toma de agua en el margen derecho de la cortina, pero reubica la casa de máquinas y en vez de utilizar el arroyo sal como conducto para desfogar el líquido tomado de la presa, contempla la construcción de un canal profundo y a cielo abierto, que lleve las aguas de la turbina hacia el río Santo Domingo. Con ello, sostienen, no se afectará el manantial ni el arroyo Sal. Pero esto, es decir, la ausencia de daños al medio ambiente también fue argumentado en el anterior proyecto. Incluso, la Semarnat otorgó el correspondiente permiso al considerar que los daños al medio ambiente serían inexistentes o poco significativos. El recular de la empresa y la presentación de un proyecto alternativo demostró lo contrario, según los mismos pobladores.
Insistencia del gobierno ante firme respuesta
Luego de conocer la información del experto y la nueva propuesta de la empresa, los pobladores de las tres comunidades –a través de sus representantes- entregaron por escrito su respuesta: No a la hidroeléctrica. De acuerdo con lo escuchado en las reuniones, la empresa hizo las cosas al revés. Primero llegó, ofreció apoyos e incumplió. Pero además, no advirtió de los daños que causaría al ambiente, además, escamoteó información. Por todo ello, “humildemente” el inversionista Marc Frishman ofreció disculpas (antes había advertido que si en Oaxaca rechazaban la inversión de otros estados recibía diario llamadas para invertir en ellos). Pero de nada valió el arrepentimiento. La decisión estaba tomada. Las comunidades en voz de sus comisariados, agentes y representantes de avecindados, dicen ya no confiar en nadie, ni en la empresa ni en las instituciones oficiales que otorgaron permisos sin conocer la realidad de los hechos. Para ellos el asunto está resuelto. Pero obviamente no todo está escrito. Falta la reacción de la empresa ante la negativa y la actuación del gobierno del estado, que aunque su enviado, el subsecretario Oscar Cruz López dijo que el gobierno de Gabino Cué respetará la decisión del pueblo, hace esfuerzos por retomar un diálogo que para las comunidades está terminado. Tras esto último la Oficina de Rendición de Cuentas estadounidense cedió su lugar al gobierno del estado. A éste, los representantes de las tres comunidades inconformes refrendaron la postura de sus asambleas y adelantaron que consultarán con estas si aceptan o no abrir un nuevo espacio de diálogo con el gobierno para tratar el tema. La respuesta la tendrán este diciembre. Mientras tanto, las comunidades prestaron formalmente su rechazo a la propuesta original y a la alternativa. Además, notificaron formalmente ante la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC una petición de que se realice una auditoría para conocer si hubo incumplimiento por parte de la OPIC con sus propias normas sobre la protección del medio ambiente y la consulta previa a grupos indígenas cuando se aprobó el proyecto. Y en su caso, que se indemnice a las comunidades.
Los dichos de Cué sobre pueblos indios
A propósito del rechazo formal de las comunidades Cerro de Oro, Santa Ursula y Paso Canoa al proyecto de instalar una hidroeléctrica en inmediaciones de su territorio, resulta relevante reproducir las declaraciones del gobernador Gabino Cué difundidas por su área de prensa respecto al derecho de los pueblos y comunidades a decidir sobre el uso y aprovechamiento de su territorio.
Este es el texto: En el marco del Simposio Internacional sobre el derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado cuando en su territorio se desarrollan proyectos de impacto social o medio ambiental, “el gobernador Gabino Cué Monteagudo reafirmó su voluntad y obligación de hacer respetar las formas de organización política de los pueblos indígenas, preservar y fortalecer sus lenguas maternas, sus tradiciones espirituales, así como sus derechos legítimos sobre sus territorios y recursos naturales”.
De acuerdo con el comunicado difundido el pasado 10 de noviembre “el mandatario estatal hizo notar que el proceso de reconocimiento de los pueblos originarios es uno de los objetivos que está marcado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016”.
Cué Monteagudo señaló que existen “estrategias y acciones establecidas por su gobierno para fortalecer la autonomía comunitaria y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, su acceso a la jurisdicción estatal , así como su participación y representación política, para lo cual el gobierno ha creado instancias como el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca”.
De acuerdo con el comunicado, la directora general del CIESAS, García Acosta, manifestó que Oaxaca posee la legislación más avanzada en el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre informado. Detalló que el simposio permitirá hacer una revisión del estado de la discusión y las iniciativas sobre esta materia para alimentar el análisis que la sociedad y los poderes públicos están teniendo sobre el tema, además de contribuir al anteproyecto de la ley federal –sobre consulta previa- enviado al Congreso de la Unión y a la instrumentación de medidas de participación ciudadana recientemente incorporadas a la Constitución del Estado de Oaxaca.
En consonancia con lo anterior, al participar en la reunión entre autoridades de las comunidades afectadas por la construcción de la hidro-electrica y empresarios, el subsecretario de gobierno, Oscar Cruz López reiteró que para el gobierno de Cué Monteagudo son importantes las inversiones pero que estas no estarían por encima del derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. Sin embargo, a medida en que la negativa de las comunidades a aceptar el proyecto y aún la alternativa fue haciéndose más firme, el funcionario fue matizando su discurso hasta el grado de afirmar que la negativa estaba influenciada y tomada por meras suposiciones de que el proyecto pone en riesgo la seguridad de la cortina de la presa y afecta el medio ambiente de las comunidades. Finalmente, una vez agotado el diálogo entre las comunidades y los inversionistas, con la intermediación de la una oficina del gobierno estadounidense –que es quien financia la obra- el funcionario solicitó a los representantes de comunidades abrir una nueva etapa de diálogo, pero esta vez con el gobierno estatal. Obviamente, la intención es convencer a las comunidades que cambien el sentido de su decisión. Las autoridades al respecto fueron concluyentes: no se mandan solos, lo consultarán con sus respectivas asambleas y en diciembre dirán si van o no al dialogo con el gobierno estatal. Ojalá que esa decisión sea respetada por el gobierno. Veremos.(M.A. Vásquez)
