Fuente: Plataforma colombiana de derechos humanos.

MINERÍA, TERRITORIO Y CONFLICTO

Con la Gran Minería en Colombia, ¿Quién gana, quién pierde?

Lugar: Auditorio Fecode Cra 13 Número 34-54

Fecha: 08 de noviembre de 2012.

Hora: 5:00pm – 9:30pm

Presentación:

La minería en el país, especialmente la que se hace a gran escala, está de plácemes. Durante el 2011 la economía colombiana medida por el PIB creció un 5.9% respecto del 2010, y el sector que más contribuyó fue el de explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 14,3%[i]. En el primer semestre de 2012 la variación en el crecimiento del PIB fue del 4,8% respecto del mismo período del 2011. Nuevamente el jalonamiento estuvo liderado por el sector de minas y canteras, con un crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior, de 10,8%[ii]. No es para menos. Entre 2010 y 2011, solamente teniendo en cuenta la minería formal, la producción de carbón creció 15,32% (de 74,4 a 85,8 toneladas) y la de oro en 4,29% (de 53,6 a 55,9 toneladas). En el mismo periodo la contribución al PIB pasó de $9,8 a $10,3 billones y las regalías se incrementaron en un 30% (de $1,2 a $1,6 billones), las empresas compraron $2,6 billones a proveedores y generaron cerca de 700.000 empleos directos e indirectos[iii]. En el segundo trimestre de 2012 el carbón creció 15%, petróleo y gas natural 4,4%, níquel 83,1%, oro 17,9%, hierro 100%[iv]. Con estas cifras, en plena crisis económica mundial, quienquiera expresaría un sentimiento de deuda con la gran minería en el país.

No obstante, la imagen de éxito que sugieren estas cifras contrasta fuertemente con las más representativas manifestaciones de movilización social que en el país se han presentado en los últimos años contra la minería a gran escala. Entre ellas cabe destacar: La defensa por el agua en el páramo de San Turbán en Santander; la resistencia contra la minería de oro en La Colosa, Tolima; el proceso popular y campesino de La Vega (macizo colombiano) en el Cauca; la lucha de los Wayuu contra la desviación del río Ranchería en La Guajira; la resistencia del pueblo Embera-Katío contra la minería en el cerro sagrado Careperro en Carmen del Darién, Chocó. Cuestionamientos ambientales, culturales, étnicos, laborales, tributarios, políticos, entre otros que fomentan violaciones a los derechos humanos de comunidades donde se hace la minería, así como el incremento de la desigualdad y la exclusión social, explican y justifican ampliamente la resistencia social y popular contra la Gran Minería en Colombia.

Solamente desde la perspectiva ambiental, no obstante la protección legal y jurisprudencial, hasta el año 2010 el gobierno nacional había otorgado 391 títulos mineros en 22 de los 34 sistemas de páramos del país, colocando en grave riesgo el suministro de agua potable para el 70% de la población nacional[v]. Sin el menor recato el gobierno nacional declaró y delimitó áreas estratégica mineras en 17 millones de hectáreas de la Amazonia y del Chocó, para otorgarlas en concesión para la explotación de oro, cobre, hierro, coltán, uranio y platinoides[vi]. En contravía del principio de precaución el Código de Minas (art. 34) permite la minería en ecosistemas estratégicos (parques naturales, reservas naturales protectoras, páramos, humedales, etc.) hasta tanto no se declare su exclusión, previos estudios técnicos costosos y demorados que demuestren la incompatibilidad de la actividad minera. Lo correcto es que, en principio, la minería esté prohibida en esos ecosistemas, hasta tanto se demuestre que no les hace daño. Por su parte, la minería a cielo abierto de oro y carbón es extremadamente predadora del ambiente, debido a que utilizan dinamita y químicos que como el mercurio y el cianuro degradan las fuentes de agua de manera permanente y constituyen factores de morbilidad humana.

Expertos en el tema vienen alertando sobre las inequidades estructurales que genera la minería debido al modelo tributario que las grava. Por un lado, para el Estado queda una parte muy pequeña de la renta por recursos que son de la nación, no obstante el inmenso valor de mercado de los productos extraídos. Por otra parte, la minería genera poco empleo, no necesariamente calificado, y la titulación de la actividad sobre el suelo nacional se encuentra extremadamente concentrada.

En 2010 las empresas petroleras pagaron por impuesto a la renta tan sólo $5.5 billones (un 6,6% de su ingreso neto); no obstante, tuvieron deducciones por $20,5 billones. La minería del carbón pagó $470 mil millones en impuesto a la renta (4% del ingreso neto) y obtuvo deducciones por $2,1 billones por activos fijos, muchos de ellos inflados[vii]. Con los altos precios internacionales de estos productos, la actividad minera es suficientemente rentable y no amerita subsidios. Siendo el sector líder de la economía, la minería debería ser el que más tributara. En el 2010 el aporte de las empresas mineras fue de $5,6 billones, aunque debieron pagar $15,3 billones, es decir, hubo exenciones, elusiones o evasiones por $9,7 billones. Lo aportado en regalías ese año fue de $6,4 billones. En el Carbón la tributación debía ser por el 35% de las utilidades, pero entre el 2002 y el 2010 lo hizo solamente por el 8%[viii].

Pocas empresas mineras han pasado a ser las principales tenedoras de tierras con el mayor potencial geológico. Con sólo 694 títulos mineros (de más de 9.000 registrados a febrero de 2012), 18 compañías tienen el 30% del área total titulada en una extensión de 5.05 millones de hectáreas (sin incluir las de firmas filiales o socias que aparecen con otro nombre). Los grandes poseedores están liderados por las empresas auríferas, entre ellas Anglo Gold Ashanti y Mineros S.A. las cuales controlan la mayor parte del área titulada a la gran minería[ix].

Problemáticas laboras fueron evidenciadas con ocasión de las protestas de cerca de 12.000 trabajadores de Pacífic Rubiales Energy en 2011 en Campo Rubiales – Puerto Gaitán, por la voraz explotación laboral. Adscritos a empresas subcontratistas y sin garantías laborales, los trabajadores soportaban agobiantes condiciones de vida. Hacinados en carpas estaban propensos a enfermedades infecciosas. Los obreros eran contratados por las intermediarias por pocos días sin garantías de continuidad y sus horas extras pagadas con bonos negociables. A la baja calidad de vida de los trabajadores se suman los bajos salarios[x].

Este tipo de empresas entran a controlar tanto el comercio como la política local. La actividad minera y petrolera alteran el entorno de manera radical, interrumpiendo cauces y variando caminos, de manera que las costumbres cambian radicalmente. El impacto es más severo cuando la minería se realiza en el entorno de comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), la cual se adelanta sin atender prerrequisitos de consulta previa y conculcando los derechos fundamentales de las comunidades[xi]. A finales de 2010 se había titulado el 2.22% del territorio de comunidades negras (277.865 Ha en 56 Consejos Comunitarios) y el 0,85% del territorio indígena (242.317 Ha en 89 resguardos. 27 Resguardos se habían titulado en más del 50% de su área y 14 de ellos habían sido titulados completamente). A mayo de 2009, el 16, 51% del área de los Resguardos y el 29,5% de los territorios de negritudes se encontraba bajo solicitud de licenciamiento minero [xii].

Así las cosas, las colozales riquezas que genera la minería a mayor escala en el país, no se revierten claramente en progreso para la sociedad. Las jugosas divisas por exportaciones de mineral son mínimamente reintegradas para atender los gastos de las empresas y para nuevas inversiones (las cuales por cierto generan revaluación restringiendo la exportación de otros productos agrarios o manufacturados).  Nada sugiere que el daño ambiental se esté previniendo eficazmente ni que al menos se esté compensando. Las finanzas del país tampoco se ven suficientemente compensadas tras la entrega del patrimonio nacional.

Para la ‘Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo’ – PCDHDD es claro que todas las afectaciones de la gran minería en el país tienen implicaciones inmediatas y profundamente críticas sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Por ello para la Plataforma es prioritario generar escenarios que permitan la generación de conocimiento y el debate público sobre los efectos de la minería en el país, especialmente para las poblaciones que se ven perjudicadas, muchas de ellas marginadas de los beneficios del desarrollo. Así mismo, es interés de la Plataforma concitar una conciencia ciudadana que se incline por el respaldo de los procesos sociales que protestan, resisten y reclaman acciones colectivas frente a la gran minería en Colombia.

Objetivos:

El debate sobre la Gran Minería en Colombia ¿quién gana, quién pierde?, impulsado por la ‘Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo’ tiene un doble propósitos. Pretende, de un lado, constituir un escenario de discusión en el cual se analice el desbalance social, económico, cultural, ambiental que genera la minería en el país; por otro lado, quiere alentar alternativas de exigiblidad, movilización y resistencia ciudadana, complementarias a las que ya se vienen realizando.