Fuente: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D. C., dic. 27 de 2013 – Agencia de Noticias UN- La mayoría de los estudios de impacto ambiental (EsIA) de los macroproyectos de hidrocarburos, minería, infraestructura vial y sustancias refrigerantes carecen de una metodología estandarizada.
Esta es una de las diez causas que impiden determinar más objetivamente el verdadero impacto ambiental generado por algunos de los principales sectores económicos del país.
Liven Fernando Martínez, autor del trabajo de investigación “Análisis de la incertidumbre en los estudios de impacto ambiental en Colombia desde el enfoque de los sistemas complejos” se dio a la tarea de analizar los 38 EsIA presentados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2011 y 2012.
“El principio de incertidumbre tiene un fundamento teórico y se incorporó a la ciencia porque se reconoció que había una parte del conocimiento al que era imposible acceder, ya que siempre van a existir limitaciones en los métodos”, explica Martínez.
Teniendo en cuenta este aspecto, el magíster en Medio Ambiente y Desarrollo quería indagar acerca de las causas que generaban que los estudios de impacto ambiental presentaran inconsistencias.
La revisión de los estudios de impacto ambiental, más la realización de una consulta a expertos (entre los que se encontraron docentes, consultores, funcionarios de empresas proponentes, etc.), le permitió establecer diez causas de incertidumbre en el proceso, entre las que se destaca el uso de metodologías subjetivas, que son modificadas a criterio del evaluador.
El 65,8% de las metodologías empleadas en los EsIA corresponde a la cualitativa –propuesta por el español Vicente Conesa–; 26,3% a la RAM propuesta por Ecopetrol; 2,6% a la propuesta por Sorensen; 2,6% a la desarrollada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM); y 2,6% a la norma ISO 14001.
“Prácticamente, a cada metodología se le hacen múltiples modificaciones, se le incluyen y se le quitan elementos; también encontramos errores matemáticos relevantes que impiden que la evaluación sea objetiva. Además, los impactos se subvaloran, se suprimen o no quedan dentro de la categoría correspondiente; y esto es grave porque dependiendo de la gravedad del impacto se plantean las medidas en el Plan de Manejo Ambiental”, amplía Martínez.
Para el investigador es importante que la autoridad ambiental establezca unos criterios estandarizados en la evaluación de impacto ambiental, ya que esto permitiría evaluar diferentes proyectos en variados contextos.
Además, considera que no solo se debe estandarizar la metodología para el impacto ambiental, sino también los criterios de evaluación para aspectos como la participación ciudadana, pues como está planteada ahora es excluyente, no es vinculante. “No importa lo que digan las comunidades, la empresa tiene la potestad o no de incluir lo que se diga en la consulta”, subraya.
También se deben caracterizar aspectos como la zona de influencia de un proyecto, así como el impacto sobre el componente social, cultural y de las tradiciones. “Sobre esto no se ha trabajado y es un vacío muy grande, ya que impide que haya una evaluación de impacto ambiental más rigurosa”, subraya.
Más allá de los problemas metodológicos, Liven Fernando Martínez encontró otras causas por las cuales los estudios de impacto ambiental no alcanzan los niveles de objetividad ideal, como por ejemplo, la modificación frecuente de la normatividad, el bajo nivel de conocimiento técnico de las comunidades y el corto tiempo del que se dispone para la elaboración de los EsIA.
El experto también mencionó la toma de la decisión por parte de la autoridad ambiental –de apenas 120 días–, la ausencia de un Registro Nacional de Evaluadores que garantice la competencia del personal que elabora los EsIA, y la falta de mecanismos y recursos (económicos, humanos y técnicos) necesarios para que en el seguimiento y control, la autoridad ambiental evalúe y verifique en campo la eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.
La Evaluación de Impacto Ambiental es –a nivel global–, un proceso técnico-administrativo empleado para tomar decisiones sobre proyectos, obras o actividades que pueden afectar el ambiente de manera significativa.
Este proceso, que en Colombia se ha denominado Licenciamiento Ambiental, fue incorporado a la legislación nacional a través del Decreto 2811 de 1974 y posteriormente reglamentado por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994.
En sus cerca de 20 años de funcionamiento, este proceso ha sido objeto de sucesivas modificaciones y derogaciones, que han generado críticas en torno a su eficacia como instrumento de protección del patrimonio ambiental de la nación.
