Fuente: El Espectador.
Hace 20 años se estableció que el 20% de los bachilleres reclutados debían incorporarse para trabajar por el medio ambiente.
“¿Es cierto que uno puede prestar servicio militar ambiental? ¿Usted me está diciendo que yo hubiera podido tener la libreta militar haciendo actividades ambientales? ¿Porque nadie nos dijo?”. Quien hace las preguntas es un joven caleño que en este momento presta su servicio militar obligatorio en la Policía, vigilando algunas cuadras cercanas a la peligrosa zona del Bronx en Bogotá. Como él, muchos se sorprenden cuando escuchan del tema y creen que se trata de una propuesta nueva, pero el servicio militar ambiental es una norma de vieja data que al parecer nadie leyó.
Así fue por lo menos hasta principios de este año, cuando el ambientalista Enrique Arbeláez la desempolvó y empezó a pedir explicaciones. La insistencia del caldense terminó por abrir un debate que debió haberse dado hace dos décadas y que hoy aparece como una cuenta sin saldar que puede salírsele de las manos al Gobierno.
Veinte años sólo en el papel
Para entender de qué se trata el asunto hay que devolverse hasta la creación de la Ley Ambiental en Colombia, casi 20 años atrás. En diciembre de 1993, el Gobierno firmó la Ley 99, a través de la cual se crearon el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), nada más y nada menos que la hoja de ruta de la gestión ambiental en el país.
Según el artículo 102 de la misma ley, “un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio prestarán servicio ambiental, preferiblemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley”. Además aclara que esta actividad será “dirigida por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Ambiente y administrada por las entidades territoriales”.
Basado en este artículo, Arbeláez demandó hace dos meses ante el Tribunal Administrativo de Caldas a los ministerios de Defensa y Ambiente para que empezaran a cumplir. La respuesta está en una sentencia, emitida el pasado 27 de junio, que le dio la razón: de acuerdo con el documento, “el Ministerio de Defensa debe empezar las gestiones necesarias para que el 20% de los bachilleres reclutados sean destinados a la prestación del ‘servicio ambiental’”.
En la práctica esta decisión implica que de los 30.000 jóvenes bachilleres que el próximo año entren a prestar su servicio militar, 6.000 se tendrán que dedicar a actividades de educación ambiental, organización comunitaria para la gestión ambiental y prevención, control y vigilancia sobre el uso de los recursos.
“Estábamos cansados de que los ministerios no le dieran cumplimiento al artículo; hasta ahora ningún muchacho ha prestado este servicio. Es muy positivo que los muchachos puedan trabajar en el área ambiental. La idea es que cambien el arma por un árbol, la guerra por la paz”, explica Arbeláez.
¿Por qué no habían cumplido?
Aunque la norma está vigente desde 1993, nunca se reglamentó ni se cumplió y hoy nadie en los ministerios de Ambiente y Defensa recuerda por qué se dejó a un lado. En la Policía, sin embargo, resaltan que la institución cuenta con una unidad ambiental que incorpora de manera periódica a jóvenes bachilleres para que apoyen labores como el control de tráfico de flora y fauna. Aunque “no podemos asegurar que sea el 20%”, como reconoció el intendente Miguel Ángel Morales, de la oficina de reclutamiento de esa fuerza.
En el Ejército todavía aseguran que no les compete cumplir con el artículo. El Espectador habló con el coronel Juan Carlos Mejía, jefe de Reclutamiento del Ejército, quien señaló que “hasta el momento no hemos ubicado jóvenes para prestar el servicio militar ambiental. Esta función ha sido delegada a la Policía y consideramos que el artículo se está cumpliendo”.
Sin embargo, la lectura que hace el magistrado Augusto Morales, ponente de la sentencia, es diferente: “La norma es clara y el servicio ambiental no sólo le compete a la Policía sino también a las demás Fuerzas Armadas”. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, quien lideró la redacción de la Ley 99 de 1993, tiene una opinión similar: “En las Fuerzas Militares han incumplido con lo previsto en la ley, cuya aprobación contó con el debido respaldo del Ministerio de Defensa”.
Para Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, la sentencia es una buena noticia: “A mí me parece magnifico el servicio militar ambiental, nosotros necesitamos gente en los Parques Nacionales. Yo los recibiría encantada”. En este momento en lugares como el Parque Chiribiquete a cada funcionario le corresponde la vigilancia de 213.000 hectáreas.
El Gobierno tiene 10 días hábiles a partir de la firma de la sentencia para poner en marcha una estrategia que les permita a los próximos reclutas cambiar las labores tradicionales por las ambientales. Sin embargo, El Espectador conoció que el tema está suspendido debido a que el jueves pasado el Ministerio de Defensa apeló la decisión y ahora espera la respuesta del tribunal.
‘No están las condiciones para cumplir’
Carlos Saboyá, de la oficina jurídica del Ministerio de Defensa, cuenta que la decisión se puede modificar debido a que el Gobierno aún no ha reglamentado el artículo. Según dice, “no hay una directriz, no es claro en qué áreas se va a prestar ese servicio, ni dónde o cómo se debe escoger a los militares. Necesitamos, por ejemplo, saber cuáles son las necesidades y eso sólo lo saben las entidades territoriales”. Por eso insiste en que “la reglamentación nunca se hizo y en este momento no están dadas las condiciones para cumplir”.
Aun si existiera la reglamentación, vale la pena preguntarse qué tan dispuesto está el Gobierno a incorporar un número de bachilleres a labores ambientales. El coronel Mejía lo resume así: “Ojalá que así fuera y que no tuviéramos el conflicto. Lo que pasa es que nuestro empeño es acabar con esa amenaza para podernos dedicar a cuidar nuestros recursos. ¿Cuidamos el bosque o la población? Mientras persista el conflicto la prioridad será la población”. Por el lado de la Policía, el intendente Morales agrega que en municipios pequeños se puede cumplir con el 20% de los bachilleres, pero en ciudades como Bogotá es más complicado, debido a que los jóvenes se requieren para la seguridad”.
Para el exministro Rodríguez Becerra se trata de una oportunidad: “Hoy, cuando nos acercamos a la era del posconflicto, el Ejército tiene la gran oportunidad de dedicar el 20% de los jóvenes bachilleres a una de las más altas prioridades de Colombia, que es proteger su medio ambiente”. Lo mismo plantea el abogado experto en derecho ambiental Rodrigo Negrete: “En un país donde la violencia abunda en todas sus formas, puede parecer normal que no se le preste atención al servicio militar ambiental, como ocurre con la conservación, pero es desafortunado porque del ambiente dependen nuestra vida y la de la generaciones futuras”.
Lo cierto es que 20 años después, el Gobierno tendrá que tomar las riendas de un asunto que, aunque había olvidado, sigue tan vigente como cuando lo crearon.
