Fuente: Colombia informa.
Esta fue la petición que hizo el Fiscal Francisco Ramírez al finalizar el segundo día del juicio ético contra el despojo. Durante todo el día se escucharon las acusaciones los testigos contra estas dos empresas multinacionales.
Desde las primeras horas de la mañana reinició el juicio, con la presentación del fiscal acusador y el cuerpo colegiado responsable del veredicto final. Se escucho a tres testigos expertos, dos de ellos internacionales de Ecuador y Perú, quienes expusieron el impacto que el modelo de extracción causa en el ambiente y las comunidades en general.
Posterior a ello se iniciaron las acusaciones contra Anglogold Ashanti, escuchando para ello a varios testigos de diferentes regiones y comunidades afectadas por la presencia de la multinacionales. Se acuso al Estado, por la aprobación y legislación de los contratos mineros sin una plena consulta de las comunidades afro-descendientes. Y ha Anglo Gold Ashanti, de beneficiarse de los títulos mineros afectando a la pequeña minería de los pobladores de esta parte del territorio.
También se acusó a esta empresa por la persecución y asesinato de lideres mineros, escuchándose el testimonio de Teófilo Acuña, líder de la Federación agrominera del sur de Bolívar (Fedeagromisbol), quien evidencio la manera en que él mismo fue agredido y retenido por el ejercito con el argumento de estar en contra de la minera. Se la acusa también de estar relacionada con la muerte de Alejandro Uribe Chacón otro líder minero asesinado en extrañas circunstancias.
En horas de la tarde, el turno para las acusaciones fue para la petrolera Pacific Rubiales. De esta empresa se escucharon acusaciones por la sistemática violación del derecho a la libertad sindical, militarización del campo petrolero, incumplimiento de deberes constitucionales y prácticas antiéticas frente a los derechos colectivos y del medio ambiente, extralimitación e incumplimiento del marco ambiental autorizado por las autoridades competentes para el desarrollo de sus actividades, y sobre todo, aprovechamiento de la falta de control sobre fiscalización de producción y detrimento de los recursos públicos, según lo manifestaron oficialmente.
Un caso que resaltó es el del resguardo indígena la Campana, de la comunidad Sikuani, ubicado en cercanías del municipio de Puerto Gaitán -Meta- , aquí se plantea que la multinacional hace trabajos exploratorios sin consulta previa a la comunidad indígena. Sin contar con la contaminación de aguas de consumo producto de la exploración y explotación petrolera.
Al finalizar esta jornada del juicio, el Fiscal pide al cuerpo colegiado “Provocar una legislación minera – energética, ambiental, tributaria y laboral fiel a sus intereses económicos, en contravía del bienestar y desarrollo del país. Violación de los derechos humanos, con asesinatos sistemáticos, amenazas, detenciones arbitrarias a los diferentes dirigentes de las organizaciones sociales de las comunidades.
Violación a la reglamentación. Mínima de preservación ambiental. Grandes impactos a las etnias presentes en los territorios en donde hacen presencia las multinacionales, exterminio físico y cultural etnocidio.”
