Fuente: CRIC.
Recogiendo la decisión de diferentes organizaciones sociales y la iniciativa CRIC en desarrollo de los mandatos de los congresos regionales indígenas del Cauca, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería, realizado durante los días, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2012, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil de La María, Piendamó, Cauca.
Recogiendo la decisión de diferentes organizaciones sociales y la iniciativa CRIC en desarrollo de los mandatos de los congresos regionales indígenas del Cauca, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería, realizado durante los días, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2012, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil de La María, Piendamó, Cauca.
Como antecedentes de esta actividad, uno, se remite al año 2010, cuando más de 5 mil indígenas se congregaron en el Páramo de Pisno en contra de la minería y en defensa del espíritu del agua, dos, la Junta directiva de Jambaló, realizada a comienzo de 2012, donde se expresó la necesidad de atender el llamado de la madre tierra para detener la arremetida de las multinacionales mineras, proteger los territorios, defender las culturas y fortalecer los planes de vida, y como tercero, la dinámica de organizaciones sociales del orden nacional que preocupadas por el desarrollo de políticas del Estado a favor de la gran minería y la arremetida del capital multinacional en detrimento del medio ambiente, el territorio y la vida de las comunidades, han planteado la necesidad de acciones conjuntas, en especial de los sectores campesino, afros e indígenas.
El Encuentro, que contó con la participación de más de mil personas, delegadas de cerca de 40 organizaciones indígenas, afros y campesinas, así como de ONGs ambientalistas y de derechos humanos del orden regional y nacional, aparte de manifestar su rechazo rotundo a las leyes del despojo, se centró en el análisis conjunto de la realidad rural en cuanto a: uno, tierra y territorio; dos, productividad y modelos económicos alternativos; tres, medio ambiente y, cuatro, minería.
Tierra y Territorio
Temas como derechos colectivos, conflictos interétnicos, la denominación de tierras baldías, consulta previa, reforma agraria y desarrollo rural; coordinación intersectorial, conflicto armado y la intervención de actores externos e internos que tratan de quebrar nuestra unidad, fueron analizados y debatidos, indicando la necesidad de mesas rurales regionales que sirvan como soportes a la comisión nacional de territorios y a la mesa nacional de concertación, igual que la realización de encuentros de los sectores populares del campo para buscar propuestas de paz y convivencia en nuestros territorios.
Con relación a los derechos comunales sobre la tierra y territorios de los grupos étnicos, se pidió profundizar en el principio del territorio vital de los pueblos indígenas, explicando que no es solo un derecho inalienable sino que es un derecho superior al interés de otras personas, grupos sociales o a la puesta en marcha de proyectos de inversión, demandando de la sociedad y del Estado el reconocimiento del derecho a la vida y a la existencia de los pueblos como un asunto de interés general. En esta lógica se dijo que la realización del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas exige atender y priorizar sus requerimientos en cuanto a la constitución, ampliación, saneamiento y clarificación, amojonamiento y delimitación de resguardos; así como el reconocimiento pleno de los resguardos coloniales y de las zonas de reserva indígenas.
Frente a la problemática interétnica e intercultural, se dijo que era una estrategia promovida por el gobierno para no afectar la gran propiedad y romper la unidad entre campesinos, efros e indígenas, así como a nivel interno de estos sectores, que se apoya en las dificultades derivadas del problema estructural del acceso a la tierra que se vive en las zonas de frontera territorial y con la intención clara de generar conflictos mediante mecanismos como la doble titulación, el desconocimiento o la negación de títulos ancestrales o tradicionales, el destierro, el despojo y la división de las organizaciones indígenas, afros, campesinas y de los movimientos sociales creando falsos conflictos y organizaciones paralelas.
Los análisis mostraron como hace 40 años el gobierno daba créditos para que el indígena se volviera campesinos y hoy pareciera pretender que el campesino se vuelva indígena, lo cual aparte de no ser cierto es usado para disculpar la ineficiencia gubernamental y ocultar la falta de voluntad política del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos con las organizaciones indígenas y sociales producto de las movilizaciones, por lo cual se propone hacer de la mesa interétnica una mesa territorial para que incluya a las comunidades campesinas y sirva como mecanismo para una solución autónoma de las diferencias; concluyendo que si bien existen diferencias entre organizaciones también hay claridad frente al compromiso de defender el territorio, dificultándose el cómo, para lo cual se indicó que debe profundizarse en el uso y manejo de la función social de la tierra y avanzar en tareas de unidad, conocimiento, organización y la definición de convocatorias de interlocución, exigencia de derechos y términos jurídicos.
Se sugirió no compartir el término de tierras baldías usado por la institucionalidad por negar la presencia de comunidades y pueblos que han habitado esos territorios centenariamente; igual que apropiarnos de propuestas de de origen popular, indígena, afro y campesino, como el mandato agrario y el proyecto ley de tierras que se opone a la iniciativa del gobierno nacional
Al enfocar el tema de la concentración de la tierra y el microfundio, se analizaron situaciones problemáticas referidas a los damnificados de invierno y a los desplazados por la violencia que generó, en la última década, el abandono forzado 8,5 millones de hectáreas; preguntando cómo se responderá al 94 por ciento de desposeídos y pequeños propietarios, ahora que se están discutiendo las políticas de restitución de tierras y la Ley del Plan y estrategias de desarrollo rural con equidad, donde proponen reformar la Unidad Agrícola Familiar, cuando se conoce que la tierra en Colombia se concentra en grandes propietarios que tienen macrofundios que abarcan desde 500 hasta 30.000 hectáreas.
Los informes identificaron que las nuevas políticas institucionales en materia de desarrollo rural promueven la desterritorialización y el repoblamiento desde las indicaciones neoliberales, indicando la necesidad de una política de desarrollo humano rural y de crecimiento productivo que venza el prejuicio de la improductividad de la pequeña producción y que glorifica la supuesta competitividad de los macrofundios agroindustriales o ganaderos, ya que el 50 por ciento de los desplazados son microfundistas y pequeños agricultores, por lo cual debería hablarse de desarrollo rural desde la equidad y la redistribución, es decir, dando soluciones de tierra, vivienda y servicios, tecnología, capacitación del recurso humano, crédito, infraestructura, tributación progresiva y gestión. Otra estrategia del gobierno identificad es la extranjerización de la tierra que se vende al capital transnacional.
Se habló de dos proyectos de ley sobre tierras que se han presentado para consulta y posterior entrega al Congreso de la República, diciendo que uno es propuesto por gobierno nacional y el otro por las organizaciones campesinas de la mesa de unidad agraria; destacando que el proyecto del gobierno mantiene el “saneamiento de la falsa tradición”, que permite legalizar despojos e insiste en la figura del “derecho de superficie”, que podría servir para que los desplazados cedan por décadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero”. Subrayando del proyecto alternativo que “parte de los objetivo de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural y los derechos territoriales de los grupos étnicos; reivindica la importancia del fortalecimiento de la economía campesina y el papel de la mujer rural, así como el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra a su redistribución”. Se propuso que dicho proyecto sea acogido por la Mesa Permanente de Concertación Nacional e incorporado a los proceso de consulta de manera paralela como contrapropuesta para que sea analizado y enriquecido por las comunidades
Al analizar el desarrollo de la política gubernamental se vio que se busca cambiar la relación campo – ciudad para incrementar la capacidad de productividad y de consumo e individualizar a los pobladores rurales con el objetivo de convertirlos en consumidores y proveedores de fuerza de trabajo, por lo cual, se informó que el INCODER está haciendo titulación de predios y apoyo a proyectos productivos, atándolos a la modalidad de alianzas estratégicas entre productores rurales y empresarios, denunciando que en el Chocó, una modalidad es el arrendamiento de los territorios colectivos a terceros. Otra estrategia gubernamental es la extranjerización de la tierra, lo que significa compra por parte de las multinacionales para tener control sobre recursos estratégicos.
Al entender que el Estado pretende ejercer el “control del territorio” por la vía militar, jurídica, política y cultural, se dijo que la Autonomía es la capacidad de un actor social para controlar el territorio, en consecuencia las propuestas en este tema sugirieron apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que éste recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana; se invitó también a realizar foros conjuntos en las zonas para explicar la problemática a los distintos actores sociales, reconociendo que ya hay territorialidades construidas; recomendando, finalmente, que la Mesa Territorial se haga realidad a partir de un taller donde se defina: a) caracterización de la mesa b) Composición y C) criterios para su funcionamiento.
Se presentaron algunos disensos en torno al tema de las reservas campesinas, ZRC. Se diferencian las ZRC que son legítima aspiración de comunidades campesinas de las que el gobierno quiere ligar con los CCAI, referidas a la estrategia de seguridad y de las zonas de consolidación; invitando a continuar su proceso de análisis y exigencia, buscando evitar que con su implementación se afecten los intereses y la convivencia con los demás sectores. Unido a este tema se sugiere no compartir el término de tierras baldías y ampliar la iniciativa de coordinación interétnica al sector campesino.
Con relación al tema ambiental territorial se explicó que Parques Naturales Nacionales, sigue siendo una estrategia de desterritorialización y control del manejo económico de las zonas ambientales, comprometiéndose aquí a no se dejar que se cambie su vocación de conservación y productividad agroambiental por los intereses mineros.
Si bien hubo intervenciones que cuestionaron los procesos de consulta previa, mencionando que hay dificultad para que los temas de discusión nacional y la información llegue a las bases, y que ésta está siendo utilizada para anteponer el derecho general sobre el particular y legitimar las propuestas del gobierno; se sostuvo que ésta es un derecho ganado por los procesos de movilización, el cual ha sido reconocido en Colombia por ser parte del orden jurídico internacional y examinado por la corte Constitucional que indica que la Consulta debe ser un procedimiento obligatorio en territorios indígenas y afros, debiendo ser aplicado con consentimiento previo libre e informado. Se propuso entonces, avanzar en términos de hacer vinculante el derecho a la Consulta a otros sectores y que frente a lo legislativo la Mesa nacional de concertación suspenda este proceso hasta tanto no haya garantías.
Al hacer referencia al tema de las bases militares se habló de la disputa por los territorios étnicos-ambientales por parte de actores armados y de negociantes desarmados, que resulta siendo la causa directa de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, entre ellas el desplazamiento forzado. Se dijo también que gran parte de los conflictos se derivan de la esquizofrenia de las normas y de las políticas públicas, como ejemplo se puso la legislación minera que declara de utilidad pública e interés social, la exploración y explotación de recursos, lo que implica que dichas actividades priman sobre los derechos individuales o colectivos.
Se invitó a recoger el acumulado de acciones y actividades realizadas por nuestros pueblos como el Mandato Agrario y otras iniciativas populares, entre las que se destacaron, el congreso nacional de tierras, territorios y soberanía realizado en Cali en el 2011; el Encuentro Campesino, indígena y Afro-descendiente por la paz realizado en Barranca el mismo año; la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que caminó desde Cauca hasta la capital del país y la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales realizada en año 2006, actividades realizadas en unidad de los pueblos indígenas, afros y campesinos. Indicando que la construcción de propuestas de ordenamiento territorial deben reflejar nuestra autonomía frente a la minería, los mega-proyectos, el conflicto armado y los actos legislativos del Estado colombiano. También deben permitirnos identificar tanto la conveniencia como sus consecuencias, así como una estrategia de autonomía y soberanía, alimentaria, acompañada de procesos de comunicación que privilegien mensajes para nuestras bases sociales, donde se planteen nuestros objetivos de lucha, las relaciones de las comunidades con el Estado, así como las políticas del Estado frente a los sectores sociales; estableciendo continuidad y seguimiento a las recomendaciones y propuestas elaboradas en actividades como ésta.
Se plantean tres tareas: Una) organizativa, en términos de definir estrategias de convocatoria, representación e interlocución (movilización); Dos) de conocimiento, que permita precisar y unificar criterios y plantear argumentos en cuanto a la visión de vida vs la visión de desarrollo y a la visión de territorio, con énfasis en torno a los territorios de frontera; Tres) de orden jurídico–político, con una agenda de derechos que se anteponga a la agenda del TLC y reafirme la necesidad de una verdadera reforma agraria.
Dentro de las sugerencias y recomendaciones se destacan
a) La creación de una mesa de comunidades rurales regionales, que sirvan como soportes para la comisión nacional de territorios, y para la mesa nacional de concertación.
b) Encuentros de los sectores populares del campo para buscar propuestas de paz y convivencia en nuestros territorios que sirva para contrarrestar las consecuencias del conflicto armado y la intervención de actores externos e internos que tratan de quebrar nuestra unidad.
c) Socializar y apropiarnos de la propuesta de reforma agraria y desarrollo rural de origen popular (indígena, afro y campesino), invitando que sea acogida por la Mesa Permanente de Concertación Nacional e incorporada a los proceso de consulta de manera paralela con el presentado por el gobierno nacional para que sea analizada y enriquecida por las comunidades.
d) Elaborar una propuesta de ordenamiento territorial con autonomía, donde se evidencien los efectos de la minería, los mega-proyectos, el conflicto armado, y se ratifique y fortalezca una estrategia de soberanía, autonomía alimentaria.
e) Establecer una continuidad de estos congresos y realizar un seguimiento de las recomendaciones y propuestas elaboradas y hacerlo en forma rotatoria en otros lugares
f) Presentar las conclusiones recogidas en esta actividad en el encuentro nacional afro a realizarse entre el 20 y 22 de mayo del 2012.
Finalmente se recomendó analizar proyectos de ley como el estatuto de desarrollo rural, las CAR y el de conocimientos tradicionales; invitando a realizar acciones alternativas que ayuden a detener las obras que están generando afectación al territorio y al medio ambiente, dejando claro que frente a la movilización las regiones construyen sus escenarios de forma autónoma
Productividad
La discusión, inicialmente, giró alrededor de los impactos del TLC en las comunidades y en las economías propias, destacando problemas que ya habían sido advertidos por el movimiento social desde hace varios años, cuando se rechazó la firma del Tratado de Libre de Comercio con EE.UU, como los referidos a temas fitosanitarios, patentes (propiedad intelectual), mercado de semillas y control de precios para los mercados de productos que se importarían de Estados Unidos que compiten con la producción interna del país.
El dilema planteado fue producir para entrar en competencia con el mercado internacional, o establecer las bases de fortalecimiento de las economías propias y colectivas propendiendo por la seguridad alimentaria de las comunidades a través de intereses colectivos y no individualistas.
Se identificaron problemas como la precarización e informalidad del trabajo, la limitación de la producción agrícola por las nuevas regulaciones que el Invima, la DIAN y el ICA han desarrollado para el mercado de semillas y productos agropecuarios, invitando a la construcción de modelos de economía propia, resaltando las economías populares y la creación de espacios de unión entre campesinos, indígenas y afros, a partir de conceptos como Control territorial, medicina tradicional, medio ambiente y seguridad- autonomía y soberanía alimentaria, donde el papel de la educación resulta imprescindible para la concientización de las comunidades como mecanismo para rescatar las tradiciones y consumir lo propio garantizando la salud y bienestar.
Otra de las conclusiones identificó la perspectiva de construir y articular alternativas sociales invitando a tener en cuenta los mandatos del Congreso nacional de tierras, territorios y soberanías llevado a cabo en Cali entre el 30 de septiembre y 4 de octubre del año pasado, con relación a Consolidar la unidad de las organizaciones populares, el cuidado de la Madre Tierra y reconocimiento de sus derechos; la solución del conflicto armado colombiano, la liberación de la Madre Tierra y la construcción social de una ley de Reforma Agraria y lo territorial, tanto urbano como rural que incluya las necesidades y aportes de los niños y niñas del país.
Con relación a la producción alternativa de las comunidades, se identificó la necesidad de fortalecer los trueques y las producciones agroecológicas, como formas de incentivar los modelos económicos que limiten la política del TLC y demostrar que tenemos autonomía alimentaría, producción y mercados propios, recomendando tener en cuenta elementos como las concepciones étnicas de la producción, las propuestas que se viene haciendo desde las ciudades; las líneas de acción conjunta para detener las políticas neoliberales y los planes de acción para contener las leyes del despojo, desde la construcción de normatividad y mandatos propios desde las comunidades de base.
Experiencias de Producción
Por otra parte se expusieron distintas experiencias de economías propias desde las comunidades de Munchique (Santander de Quilichao); Juan Tama (Tierradentro); Cabildo Guarapamba, Iniciativas ambientales de la sociedad Civil (Asocampo), UOAFROC (Norte del Cauca), ASOFRUYA (Corinto), Pueblo yanacona (La Sierra); Lácteos pueblos Pasto y Awá (Nariño), Lácteos Pitayó (Silvia) y Minería comunitaria (25 Consejos Comunitarios Afro del Chocó). De donde se destacan las experiencias de producción de abonos orgánicos, café ecológico, frutas, hortalizas, pollos, huevos, panela, fungicidas y plaguicidas naturales, harina de cachaco (variedad de plátano), maíz, piña, entre otros. También proyectos de turismo, medicina tradicional (para curar enfermedades humanas y de plantas) y producción de artesanías. Se mencionó que algunas comunidades vienen desarrollando estrategias de producción que si bien acogen la política de cultivos extensivos, se están combinando con diversificación y manejos agroambientales donde se desatienden las políticas institucionales. De igual forma se han diseñado mecanismos para transformar sus mismos productos, así como iniciativas ambientales de la sociedad civil.
Dificultades mencionadas se refirieron a la falta de tecnificación y capacitación en conocimientos alternativos; el no retorno de las personas que van a estudiar a las universidades lo que no permite la retroalimentación de conocimientos con las comunidades; la falta de arraigo de las personas jóvenes con sus procesos ancestrales, la limitación que existe por la de falta títulos de propiedad y de tierras aptas para la producción; la falta de articulación con otros proyectos, así como la dificultad de intercambio y comercialización directa de productos con otros mercados.
Consideró la Comisión la necesidad de otros modelos de desarrollo, mostrando principal interés por las iniciativas referidas al Buen vivir, noción que retoma la conexión con la Madre Tierra y se propone recuperar su salud, considerando que esta idea debe ir articulada con las acciones de las autoridades propias, la salud y la educación, bajo la recomendación que esta última debe ser el vehículo para reconstruir el vínculo entre la comunidad y la Madre Tierra. Se expresó que “…las comunidades sufren de desnutrición debido a que la Madre Tierra ha sido desnutrida por los modelos de desarrollo capitalista”, por lo cual la construcción de economías propias debe ir articulada a los procesos de autonomía de los pueblos que rechazan los agrocombustibles, los monocultivos, los agrotóxicos y los transgénicos y están comprometidas con garantizar la soberanía y autonomía alimentaria, la revitalización de los saberes de las comunidades y la transformación, intercambio y el consumo acorde con las culturas tradicionales,.
Aunque se compartió la necesidad de un Censo Agropecuario, se dijo que éste debía ser concertado a través de procesos de consulta, previa, libre e informada, invitando a que las comunidades se empoderen de sus resultados para contar con su información en beneficio propio.
La comisión de productividad invitó a asumir compromisos referidos a pensar una producción y conceptos productivos por fuera del sistema capitalista, con modelos económicos propios que motiven la PRODUCCIÓN LIMPIA Y DIVERSIFICADA; la Producción de abonos orgánicos como parte de la producción agroecológica con base en desechos orgánicos e insumos del sector donde se habita, y el rechazo a los paquetes tecnológicos (transgénicos, agro tóxicos, etc.), mostrando principal interés por la recuperación de las tradiciones, pensando en función de los “planes de vida”, la educación y concientización para recuperar la relación con la Madre Tierra, la espiritualidad, la medicina tradicional y el consumo de lo propio; el fortalecimiento del arraigo de las nuevas generaciones a partir de las cosmogonías propias; la realización de intercambios culturales y el fortalecimiento de las economías a nivel familiar
Con relación a SEGURIDAD, SOBERANÍA Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA, se reiteró la necesidad de recuperar las semillas tradicionales a través de bancos de semillas, la construcción de centros de acopio y el intercambio de productos propios, invitando a las familias de la ciudad a consumir los productos de las comunidades comprometidas con modelos alternativos de producción de alimentos.
Se invitó a continuar los procesos de unidad, pensando en lo colectivo y no en individualidades; consolidar alianzas estratégicas y fortalecer los vínculos entre comunidades y entre lo rural y lo urbano, así como en la construcción e Implementación conjunta entre organizaciones sociales, campesinas, afros e indígenas de una política agraria integral nacional, fomentando el intercambio de experiencias productivas y de capacitación técnica entre las comunidades que sirvan para superar las dificultades.
Aclara la Comisión que aquí se discutió el tema de la producción minera, se dejó claro que este tema estaba siendo tratado en una Mesa sobre minería, se dijo que era conveniente resolver situaciones referidas a la convivencia entre la minería y las comunidades agricultoras, el tema del empleo, así como del control administrativo y territorial. Una de las indicaciones dadas se refiere a la realización de procesos de pequeña minería responsable social y ambientalmente sustentable. También se compartió el concepto que la planta de coca no es ilícita, sino que lo ilícito son algunos usos que se hacen de ella; incitando a rescatar la siembra controlada y el uso tradicional por sus cualidades medicinales y nutricionales.
Finalmente se propuso la creación de una mesa amplia y abierta de carácter nacional que permita fortalecer las redes de economía propia, críticas de las políticas oficiales alimentarias y productivas. Dicha mesa tendrá como tarea, fomentar el debate, facilitar la concertación y la negociación y avanzar en el desarrollo de: 1) La discusión e información de las políticas alimentarias y productivas gubernamentales y los tratados de libre comercio; 2) la información de los productos que producen las comunidades a través de la sistematización de los mismos, y 3) la coordinación, seguimiento y evaluación de las economías propias y de los impactos de las políticas que las afectan. Se indica que para facilitar su puesta en escena, en este evento se defina un punto de encuentro y se conforme un comité de impulso, el cual tendrá como misión materializar en un periodo cercano a 6 meses esta iniciativa.
Ambiente
La Mesa de Ambiente, señaló que el tema ambiental está ligado a lo territorial, por lo cual se le debe dar un tratamiento integral y que así mismo deben ser los mecanismos y vías para ejercer su defensa.
Se destacaron como amenazas el tema de consulta previa, planteando si se entendía como un derecho de protección o de legitimación del modelo actual de desarrollo; expresando que se trata, sin duda, de una conquista social, pero que de forma frecuente viene siendo instrumentalizada por el Estado y los actores económicos para justificar la realización de sus proyectos de inversión, limitando el sentido auténtico de la consulta.
Al respecto, fue uniforme la reflexión de los participantes indígenas dirigida a analizar la constante intención del Estado de cooptar escenarios de interlocución como la Mesa de Concertación para consulta previa, recordando contenidos y finalidades que exigen el “consentimiento libre, previo e informado” y que las decisiones nazcan y se construyan desde las comunidades.
Uno de los puntos de consenso fue la necesidad de una orientación frente al ejercicio de este derecho con contenidos propios y autónomos, no limitados ni supeditados a la intención oficial. En consecuencia se resaltan tres alternativas de resistencia frente a la instrumentalización oficial del derecho a la consulta previa para legitimar proyectos de desarrollo: (i) la negativa rotunda a todo tipo de ejercicio de consulta previa, como lo ha hecho el Pueblo Uwa, respecto a los 4 megaproyectos circundantes a su territorio; (ii) la práctica de consultas internas autónomas, como lo ha experimentado el pueblo Embera del Chocó, y lo viene promoviendo el pueblo Wayuú en la Guajira; y (iii) la construcción de mandatos autónomos sobre este derecho.
En caso de acogerse a la consulta según las indicaciones del convenio 169 de la OIT, hay que exigir que sea de conformidad con el concepto de la Corte Constitucional en el sentido de un consentimiento previo, libre e informado.
Autoridad Ambiental Comunitaria Autónoma
Por parte de los representantes indígenas, se planteó la necesidad de constituir una autoridad ambiental comunitaria y autónoma, buscando asegurar la conservación generacional de los recursos y el ejercicio del control frente a las intenciones de explotación que tiene tanto el Gobierno nacional como las empresas. Se menciona que por tratarse de asuntos internos, el control de la comunidad se resuelve, no mediante la autoridad ambiental sugerida, sino mediante la jurisdicción indígena y el derecho propio; insistiendo que esa autoridad ambiental debe fortalecerse y funcionar de acuerdo con los planteamientos del derecho propio y erigirse en defensa de los territorios y de recursos como el agua, los bosques, la fauna, y en general de la biodiversidad.
Aunque hubo consenso en lo planteado desde la cosmovisión indígena y sobre sus leyes ambientales propias, se estimó necesario habilitar espacios intersectoriales que permitan considerar una propuesta donde esa autoridad ambiental sea colectiva y colegiada; pero como una reivindicación misma de los pueblos y sectores sociales.
Ordenamiento de cuencas:
Los esfuerzos estatales por implementar planes de ordenamiento de cuencas fueron también identificados como una amenaza, por lo cual se convino exigir un ordenamiento de acuerdo a la cosmovisión comunitaria y no a las unidades administrativas, porque el ordenamiento administrativo desconoce las dinámicas y la sabiduría de las cuencas y de la naturaleza. En sentido de lo anterior se mencionó que el ordenamiento de cuencas debe ser una mirada articulada entre diferentes sectores y etnias, donde se respete la autoridad ambiental de las comunidades.
Se expresó que la política nacional de aguas ha sido construida con base en una orientación que exalta la mercantilización del “recurso hídrico” y la gestión privada empresarial de su suministro, excluyendo otro tipo de consideraciones y perspectivas frente a la concepción que se tenga de agua y al manejo que pueda darse para garantizar su acceso a aquella, siendo consenso la necesidad de insistir en la reivindicación de los siguientes principios: Un mínimo vital gratuito de acceso al agua como bien común y derecho fundamental; manejo coordinado entre el Estado y las comunidades organizadas, desde un ejercicio de control social efectivo sobre los prestadores del servicio de agua, y la protección especial de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hidrológico.
En contraposición de los Planes departamentales de agua, se respaldó la iniciativa de soluciones colectivas como los acueductos comunitarios.
Se consideraron acuerdos básicos para la defensa conjunta del territorio a) Recuperar y vivir bajo la calidad de cuidadores de la madre tierra; b) unificar argumentos para avanzar en ejercicios de autonomía desde la diversidad de los sectores sociales, armonizados en sus contenidos y sintonizados en los objetivos y, c) Identificar mecanismos útiles para avanzar en la defensa de los territorios y en la reivindicación de derechos, con acciones concretas.
Se sugieren los siguientes mecanismos: Uno, Debates abiertos con las instituciones estatales; Dos, Foros locales temáticos en todos los órdenes territoriales de forma que permitan: (i) difundir hasta las bases comunitarias la información relativa a los planes estatales sobre los territorios; (ii) forjar opiniones informadas; (iii) intercambiar experiencias y posturas; y (iv) construir los caminos y planes para resistir; Tres, Fortalecimiento de las autoridades comunitarias que administran el territorio; Cuatro, exaltación del derecho mayor (derecho propio) como la herramienta por excelencia para controvertir la ley ordinaria nacional y para ejercer una autonomía no subordinada; Cinco, Reivindicación de autoridades ambientales comunitarias autónomas y, Seis, Acciones conjuntas, de tipo interétnico, inter-sectorial, inter-municipal e inter-regional.
Se considera necesario fomentar estrategias de comunicación que permitan difundir los planes y los esfuerzos conjuntos de defensa territorial, exigir del gobierno cumplimiento de los acuerdos antes de negociar nuevos acuerdos con éste; insistir en la movilización masiva de carácter inter-étnico y, avanzar hacia medidas que aseguren la construcción de un territorio “libre de intervenciones” de quienes ocupan ilegítimamente los territorios, particularmente las instituciones que representan y ejecutan medidas de represión y a las empresas que materializan un modelo de desarrollo que margina a las comunidades.
Se consideraron como mandatos de Autonomía: No subordinarse al capitalismo ni a su modelo de desarrollo y exigir procesos de consulta previa libre e informada que respeten la autonomía cultural, invitando a avanzar en la integración y Fortalecimiento de Movimientos identificando propuestas de articulación como Movimiento Ríos Vivos, que promueve una propuesta por la soberanía energética y la soberanía hídrica y la Red de Acueductos Comunitarios por la Defensa de la Gestión Pública y Comunitaria del Agua.
Se informó sobre convocatorias a procesos de movilización como el Paro Minero- Energético, para la concertación de la política en un proceso de interlocución entre las comunidades afectadas y el gobierno nacional; y la Jornada de movilización de Julio de 2012, propuesta por el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Minería:
Se analizaron aspectos de carácter 1) legal, 2) económico, 3) social, 4) ambiental, 5) cultural y 6) territorial, los cuales muestran la existencia del llamado conflicto minero indicando:
a) que la política se orienta en beneficio de favorecer la privatización de empresas públicas mineras y el manejo exclusivo de las transnacionales; siendo declarada como actividad de utilidad pública e interés social lo que habilita un proceso de reforma y transformación del Estado por medio de una locomotora legislativa que facilita la expropiación de tierra e irrespeta el derecho fundamental a la consulta previa. Informando que se han protocolizado 156 procesos de consulta previa en el 2012 referidos a proyectos de inversión donde ha sido característico que su realización se hace desconociendo la participación de las organizaciones regionales.
b) que hay especulación por parte de las compañías en las fases previas a la explotación, y que los recursos que pagan las compañías por concepto de regalías e impuestos sobre la renta, les son devueltos luego en exenciones fiscales y subsidios; facilitados por la corrupción de las instituciones locales, departamentales y nacionales.
c) que se han ejecutado desalojos de comunidades, desplazamientos masivos y pérdida de territorios ancestrales.
d) que hay contaminación del aire por las explosiones para extraer el carbón, derrame de sustancias tóxicas, muerte de peces, contaminación de fuentes hídricas, deforestación y erosión de suelos, destrucción de las redes de acueductos comunitarios.
e) Se presentan fenómenos de transformación de las culturas, ruptura del tejido social, pérdida de usos y costumbres, afectación a las economías locales (trueques), invasión de tecnología que afecta a la población joven de los resguardos, llegada de programas asistenciales gubernamentales que afectan la cohesión de los pueblos indígenas, pérdida de medicina tradicional y de sabios indígenas cuidadores del territorio.
f) que la amenaza minera se extiende en la mayoría de los territorios, utilizando nueva tecnología para adelantar las actividades de prospección y exploración en especial sobre territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes; lo cual produce alteración de usos del suelo y de la productividad de la tierra, y que las empresas transnacionales, por medio de actos de corrupción estatal diseñan planes de ordenamiento territorial de los municipios. También que las zonas entregadas en concesión en territorios indígenas coinciden con sitios sagrados o con sus áreas circundantes. Se denuncia que muchos proyectos de infraestructura vial están al servicio de mega-proyectos mineros.
g) Que los conflictos mineros acrecientan la presencia de actores armados, fuerza pública, guerrilla, paramilitares, en particular la creación de unidades militares minero-energéticas especializadas en la custodia y protección de los proyectos y batallones de alta montaña en territorios indígenas; se intensifican los enfrentamientos entre grupos armados que afectan a la población civil con situaciones generadas por explosivos abandonados o minas antipersonas.
La comisión identificó actores empresariales en territorios como Orito, Petróleo explotado por Ecopetrol; Guajira: Pacific Rubiales, MPX, Cerrejón; Risaralda; Universal Stream; Santander: 8 compañías, 7 de ellas de exploración; San Vicente de Chucurí, Empresa nortemericana; Macizo Colombiano, CorboAndes y Gran Tierra; Caldono (Cauca), Anglogol Ashanti y Unión Fenosa; Frontino, Antioquia, Carboloma y Cordillera Exploraciones Mineros (Glencore); Resguardo Itaibe, Tierradentro, sobre la cuenca del río Paez, Ecopetrol y AngloGold Ashanti; Frontera del Parque Sumapaz y del Parque Tinugua, Petronova empresa Suiza; Belalcazar, Tierradentro: Ríoquieto Company; Páramo de Pisba, Mauren Pront, Epson –Petrobras que vendió acciones a Ecopetrol-Cesa; RíoChiquito y Río Negro (Cauca y Huila), AngloGold Ashanti; La sierra (Cauca): AngloGold Ashanti y Carboandes; Chocó, proyecto Mandé Norte, AGA, Rio Tinto; Resguardo de Santa Bárbara, Cauca, pueblo Yanacona, Anglo gold Ashanti, Carboandes y Continental Gold.
Se mostró que muchas de las grandes compañías llegan a los territorios a través de compañías nacionales conocidas como “sociedades operadoras mineras”, para evadir responsabilidades, fracturar su identidad como empresa, evitar pagos de impuestos y engañar a las comunidades que no pueden emprender acciones en su contra. Igualmente se dijo que las empresas utilizan diversas estrategias de incursión en los territorios, entre ellas la entrega de dádivas y dinero, oferta de servicios estatales; compra de líderes que persiguen intereses propios y realizan acuerdos a espaldas de las comunidades, las compañías presentan los beneficios de los proyectos y no socializan los impactos negativos. Se menciona, por otra parte que los estudios de impacto socio-ambiental de los proyectos mineros son realizados por las compañías a través de alianzas y consultorías, que se aprovechan de la pobreza de las comunidades para fragmentarlas.
Se denunció que con la llegada de la minería se presentan asesinatos de comuneros, y amenazas a líderes. Muchas veces son las propias empresas las que financian y dirigen los procesos de consulta previa.
Se identificaron como puntos para el debate 1) el alcance del derecho fundamental a la consulta previa que aparece como mecanismo de protección y defensa de los territorios pero que muchas veces está facilitando la entrada de las empresas transnacionales. 2) la dualidad entre respeto íntegro a la cosmovisión de la defensa de la madre tierra y el desarrollo extractivo minero. 3) La trascendencia de las afectaciones a los territorios generadas por la industria extractivista, que se extienden a otros territorios y afectan las decisiones tomadas desde lo local.
Estrategias y rutas de acción:
Con relación a la Movilización se habló de la necesidad de un trabajo conjunto entre indígenas, negros, campesinos, habitantes urbanos y demás sectores sociales hacia la construcción incluyente y reconocimiento de la diversidad de los actores que están en contra de la minería, identificando las siguientes Propuestas Generales, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria; la Jornada de Movilización de Julio; la propuesta de Paro de Caldono y el Paro Nacional Minero-Energético, proponiendo articulación con propuesta de campaña y movilización nacional realizada por RECLAME. Se motivó también a participar de iniciativas regionales como el Paro indefinido propuesto por pequeños y medianos mineros del Chocó; la Movilización Regional Caloto- Santander- Villa Rica programada para el 10 y 11 de mayo próximo y el recorrido por el río Ranchería (Guajira) con el objetivo de evitar su desvío.
Como ejes de estos procesos de movilización se identificó, la oposición al modelo de desarrollo que amenaza la integridad del territorio al igual que a la política minero- energética que tiene efectos irreversibles sobre la madre tierra; la defensa de la vida, la dignidad, el territorio, la autonomía y el agua, así como el requerimiento de una reforma agraria y la diversificación productiva. Se dijo también que sería eje de la movilización el rechazo a la militarización de territorios indígenas, afros y campesinos.
Se indicó la necesidad de una estrategia de comunicación masiva que vincule amplios sectores políticos, sociales, gremiales, académicos, iglesia, igual que de alianzas con autoridades locales. Se sugieren promover replicas de experiencias como la de Santurbán.
Para fortalecer los procesos de Autonomía se mencionó 1) La realización de consultas internas autónomas; 2) Realización de acciones de hecho y decomiso de retroexcavadoras y maquinaria de las empresas mineras; 3) Declarar los sitios sagrados de los territorios indígenas como zonas exentas de minería; 4) Realizar Asambleas Permanentes como mecanismo de concientización y debate; 5) desarrollar jornadas de armonización de la madre tierra para que no entren las empresas mineras; 6) Lograr la validez jurídica de los títulos coloniales reconocidos desde 1600; 7) Reivindicar la propiedad del subsuelo para comunidades indígenas, afros y campesinas.
Se recomendó igualmente Identificar qué alianzas existen entre la fuerza pública y las empresas transnacionales para la custodia y protección de las inversiones; la realización de investigación sobre el balance de los procesos de consulta previa realizados en territorios indígenas y afrodescendientes; denunciar en escenarios internacionales las situaciones generadas por la acción minera; continuar construyendo estrategias de vinculación y formación con los jóvenes para que participen activamente en los procesos de recuperación de tradiciones, cultura y defensa de la madre tierra; buscar mecanismos de concertación con los consejos comunitarios y lograr un manejo ambiental adecuado en los territorios afro (Chocó) donde se practica minería ancestral y construir Planes de salvaguarda como blindaje a los planes de vida de las comunidades indígenas.
Puntos destacables de la Plenaria final
Uno de los puntos polémicos en la Plenaria final fue la minería, donde quedó claro el consenso frente al rechazo a la gran minería y la presencia del capital multinacional en las zonas indígenas, afros y campesinas.
Se manifestó interés, compromiso y aprobación por la iniciativa de movilización propuesta por el movimiento indígena a realizarse en el mes de julio del presente año; invitando a generar una opinión pública favorable y a entender que ésta es un asunto de acción permanente, que debe ser liderada por los procesos sociales; solicitando, primero, establecer una dirección organizativa con participación y responsabilidad de cada una de las organizaciones comprometidas con dicha actividad; igual que definir los criterios que se usarán como bandera y una propuesta de difusión con foros para socializar los puntos definidos, solicitando que a nivel regional y local se adelanten encuentros entre mayo y fines de junio con responsables.
Al momento del la clausura del evento la Consejería Mayor CRIC, en cabeza del indígena Nasa Jesús Chávez, hizo reconocimiento a las delegaciones indígena, afros, campesinas y de diversos sectores sociales venidas de otros departamentos. Consideró que el sueño articulador es lograr una vida digna para todos y reclamó el compromiso que lo aquí analizado y proyectado sea llevado a las comunidades; en el mismo sentido saludó la presencia del Senador Indígena Carlos Ama, a quien le recomendó que posibilite que las conclusiones de este evento sean conocidas en el Congreso de la República. Invitó también a consensuar compromisos de movilización que permitan a campesinos, afros e indígenas, encontrarse en el orden nacional, con temas comunes como el rechazo a las multinacionales, desde la transversalidad de nuestras aspiraciones: territorio y vida digna. Indica que una conclusión de este evento debe ser un acuerdo para que el mes de julio sea el despertar de La Minga de Resistencia, invitando a manifestar su voluntad y compromiso de articulación y preparación de la actividad a nivel local, informar a sus procesos, animar para preparar logísticamente, culturalmente, espiritualmente, y políticamente a su gente de forma que sea posible ponerle palos a las locomotoras del gobierno y decirle al país que queremos realmente cambio estructurales.
Finalmente, representantes de las organizaciones presentes recibieron de la Consejería Mayor CRIC el símbolo de Unidad de la Guardia indígena y se comprometieron a impulsar la participación de sus sectores en la movilización propuesta para el mes de julio en el siguiente orden: Pueblo Wayuú (GUAJIRA) – OIA (Antioquia) – FEDERACIÓN DE MINEROS DE TADÓ (CHOCO) – AICO Pueblo de los Pastos (Nariño) – CRIR (Risarlada) – CRIHU (Huila) – Pueblo Piaroa de VICHADA – CAMAWARI Pueblo Awá (Ricaurte Nariño) – Pueblo Nasa de CAQUETÁ –.
Por su parte el Pueblo Wayuú (GUAJIRA) invito a una expedición que se realizará el mes de julio en defensa del agua y para detener el desvío del Río Ranchería que están adelantando las multinacionales, esperando que sea entendida como otra forma de articulación a la actividad de julio propuesta por el cauca.
La ACIN realizó invitación a una actividad por la paz que tendrá una agenda que comienza el día 8 de mayo cuando se reunirá la Comisión Nacional de Paz en Caloto; el día 9 el programa Suippcol se reunirá con otras iniciativas de paz buscando unificar agendas con otras organizaciones que vienen trabajando el mismo tema, y el día 10 se realizará una Audiencia Pública en el Parque de Caloto para expresar que entienden los sectores sociales por Paz; el día 11 se caminará desde Santander de Quilichao hasta la el punto La Y de la vía Panamericana donde las comunidades afros recibirán la marcha y caminaran en unidad interétnica hasta Villarrica donde se entregará un mandato para realizar una consulta popular por la Paz.
Organizaciones PRESENTES:
AICO Pueblo de los Pastos
AIDA
Asentamiento indígena wayuú de Tamaquito II
Asociaciones de Zonas de Reserva Campesina
ASOCOMUNAL (Caldono)
Asociación Minga
ASAPAZ
ASOCAMPO
BIOSIGNO
FEDERACIÓN DE MINEROS DEL CHOCO (AFROS)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
CAMAWARI Pueblo (Awá de Ricaurte Nariño)
CEAT (UN) UNIVALLE
Censat Agua Viva
Cimarrón
CIMA
Cinep
CODHES
Colectivo C.A.M.P.O
Colectivo S.E.A.T.
Comisión de Seguimiento a sentencia 072 CSJ
Consejos Comunitarios del Chocó
Corporación Arco iris
Corporación Compromiso – Bucaramanga
CRIHU (Huila)
CRIR (Risaralda)
Espacio Regional de Paz del Cauca
Estudiantes de Universidades: Javeriana, Nacional de Colombia, Rosario, Jorge Tadeo Lozano, Cauca, Externado de Colombia, Sergio Arboleda, Distrital.
FOS Colombia
Fundación Natura
Gidca
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
Informe de desarrollo humano PNUD
International Alert
Mesa joven minería
Mesa de Unidad Agraria – MUA
Minga
OIA (Antioquia)
ONIC
PCN
Pensamiento y Acción Social
PAS
Planeta Paz
Pueblo PASTOS (Nariño)
Pueblo Wayuú (GUAJIRA)
Pueblo Piaroa de VICHADA
Pueblo nasa de CAQUETÁ
Suippcol
Red de justicia ambiental
Resguardo indígena Wayuú de Provincial
Witness for peace
CRIC con su Consejería Mayor y los representantes zonales de COTAINDOC (Oriente) ACIN (Norte) Sath Tama Kiwe (Caldono), ATIZO (Occidente) Juan Tama y Nasa Chxa Chxa (Tierradentro), Asociación Genaro Sánchez (Centro) Cabildo Mayor Yanacona (Sur) ACIESCA Y OZBESCA (Costa Pacífica) y Nasa Uus (Reasentamientos del Cauca).
