Fuente: Movimiento Ríos Vivos.
Comunicado Público No 12
Junio 14 de 2013
Movimiento Ríos Vivos Antioquia
Más de 7.000 personas en Antioquia y Colombia preocupados por los conflictos sociambientales generados por Hidroituango solicitan suspensión de la Licencia Ambiental e intervención inmediata del Gobierno Central y Defensoría del Pueblo
Debido a las denuncias realizadas por las y los afectados por el Proyecto hidroeléctrico más grande del País –Hidroituango- agrupados en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia surgió una iniciativa popular respaldada por más de 7.000 personas de distintas zonas del departamento y del país en la que solicitan la suspensión de la licencia ambiental del megaproyecto hasta tanto se den garantías de restitución de las actividades productivas y se presente un informe del seguimiento de la ANLA al cumplimiento de la licencia.
Por otra parte, los millares de firmantes instan al gobierno nacional abrir espacios de reflexión en torno a la política minero energética, pues miles de comunidades están siendo expuestas a perder sus formas de subsistencia, así como su identidad y culturas en nombre del desarrollo; así mismo se exige un informe sobre las maneras mediante las cuales el Gobierno Nacional dará garantías de protección de los derechos de los afectados en los territorios donde se adelantan proyectos mineroenergéticos, incluso, como lo ha solicitado el Movimiento Ríos vivos en otras instancia, se pide que se informe como los afectados por estos proyectos pueden adelantar procesos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones que les afectan sus formas de vida en medio de zonas donde hay conflicto armado.
Complementariamente también hacen un llamado a la Defensoría Nacional del Pueblo y demás entes de control para que verifiquen y hagan seguimiento a la situación de derechos humanos en el área de influencia de Hidroituango, solicitando además, que en un término no superior a dos meses presenten un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Licencia Ambiental del Proyecto por parte de EPM.
A nuestro juicio, el documento radicado ayer en la ANLA, Presidencia de la república, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Presidencia y Naciones Unidas, es un ejercicio CONTUNDENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDAANA, basado en razones de peso para que un gobierno que respeta los derechos humanos en la práctica y la legalidad tome correctivos de carácter urgente para solucionar las problemáticas generadas por el proyecto de ESTADO HIDROITUANGO, entre ellas se destacan: La relación entre conflicto armado y megarepresa, las miles de víctimas de los grupos armados revictimizadas por los desplazamientos forzados, la pérdida de fuentes de sustento, la no restitución de las actividades productivas, los engaños, los sofismas, las violaciones a derechos fundamentales como la libre movilidad, el trabajo, la libertad, pues muchos de los afectados fueron apresados ilegalmente, derecho a la honra pues a muchos se les ha señalado y estigmatizado no solo dañando su buen nombre sino derivando en un riesgo inminente para vida e integridad física, muchos han sido amenazados y han vivido situaciones de infracción al DIH, entre otros.
Hasta el día de hoy más de 300 personas han permanecido alejadas de su territorio, bajo la absoluta indiferencia de un gobierno que no comprende las dinámicas del campo, las diferencias culturales –que se deben respetar a cabalidad- y sobre todo los grandes impactos que sobre el proyecto de vida de cientos de personas humildes está generando.
Nos mantenemos atentos de la reacción del Gobierno Nacional y Ministerio de Ambiente frete a la petición de miles de ciudadanos que cada vez más son conscientes de la problemática social, ambiental, económica y cultural que generan las represas.
Ver derecho de petición radicado por 7 000 personas.
¡Todos somos afectados, la vida no se represa!
