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Apoyo, respaldo y solidaridad al reasentamiento de la comunidad del Hatillo, Cesar, Colombia

Por: Organizaciones acompañantes del Hatillo en terreno, Pensamiento y  Acción Social – PAS  y CoMundo

Noviembre 28, 2016

 La comunidad de la vereda El Hatillo, compuesta por 190 familias ubicadas en el corregimiento de la Loma en el centro del Cesar, tras 4 años de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 ordenando el reasentamiento de la población por parte de las empresas mineras Prodeco-Glencore, Drummond y Colombian Natual Resources -CNR (Murray Cmp.), no soporta más.

 El pasado viernes 11  de noviembre la comunidad presentó una acción de tutela contra las 3 empresas  mineras a cargo del reasentamiento y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En  la acción legal se tutelan los derechos a la salud, a la  vida  digna, a la vivienda digna y al territorio y la alimentación campesina. Las pretensiones principales: atención inmediata para los adultos mayores, el cierre del Plan de Acción para el Reasentamiento – PAR  en el término de un mes y la suspensión de la actividad minera hasta tanto no se haga efectivo el reasentamiento.

 Esta acción se da en un contexto en el cual tras 4 años y  medio de diálogo y concertación entre la comunidad y las empresas el proceso no avanza, las dilaciones e incumplimientos son muchas y  no se puede creer en la buena voluntad predicada por las empresas mineras. La última mesa de concertación culminó tan sólo con el diagnostico acordado, revisado y validado por la comunidad (acuerdo comité de concertación noviembre 1 de 2016). Según meta establecida por el operador y presionada por las amenazas de vías de hecho por parte de la población adulta mayor, en el término de un mes tenemos que haber acordad impactos y su respectiva valoración, todas las medidas de compensación, reparación e indemnización correspondientes. Incluyendo la selección de tierras para el reasentamiento. Tras esta mesa, a principios de noviembre, se acordó entre la  comunidad y las empresas mineras  que el operador – Socya entregará la propuesta de PAR el 30 de noviembre y la comunidad enviará  sus comentarios  para el 16 de diciembre con el fin de sostener una mesa de negociación final entre 19 y 20 de diciembre del presente año y contar con un PAR cerrado.

 Aceptar los cortos plazos  para analizar la propuesta de las empresas  mineras  se da en un contexto donde (1) los adultos mayores han manifestado  la intención de tomarse las vías del tren a  principios de diciembre de no contarse con el PAR listo para ese momento; (2) los señalamientos y situación de riesgo y amenaza de los representantes de  la comunidad se han incrementado exponencialmente en los últimos meses, ha conllevado a que los representantes, defensores de derechos no puedan expresar su opinión libremente por temor a sus vidas y el de sus familiares. Este no es un asunto menor dado todos los temas de especial relevancia que se deben concertar en el mes de diciembre del presente año; (3) la incertidumbre y desespero de la comunidad junto con el desgaste y cansancio de los líderes los ha llevado a una situación insostenible. No hay empleo, no hay aire sano para respirar, no hay agua para el consumo humano, no hay tierra para cultivar, ni posibilidad de pensar claramente en un futuro.

 La acción de tutela fue la estrategia de los líderes y liderezas en alianza con los adultos mayores de la comunidad para contar con una medida de protección a sus derechos y a los acuerdos logrados en relación a la firma del PAR en diciembre y su implementación con garantía de derechos. Hay que recordar que desde hace 6 años  las empresas mineras iniciaron procesos judiciales donde solicitan la nulidad de las resoluciones mediante la cual se ordena el reasentamiento de la comunidad del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón.

No obstante lo anterior, las empresas Prodeco – Glencore, Drummond y Colombian Natural Resources – CNR, el día 17  de noviembre tras recibir notificación sobre la admisión de la acción de tutela,  iniciaron al interior de la comunidad de El Hatillo, una campaña para que la comunidad desista de la Acción de Tutela en la que se solicita el amparo de algunos de sus derechos fundamentales. En dicha campaña se resaltan los siguientes hechos:

–          Las llamadas del Gerente de Sostenibilidad de las empresas Prodeco-Glencore y del gerente de tierras de la empresa Drummond a representantes de la comunidad a quienes se les manifestó  que si seguían adelante con la acción de tutela, era imposible garantizar la continuidad de las negociaciones del Proceso de reasentamiento,  el banco  de  alimentos, los subsidios mensuales y no sería posible continuar con el proceso de empleabilidad de las personas de la comunidad de El Hatillo.

–          El día 18 de noviembre, en  asamblea comunitaria en la vereda El Hatillo, la cual, contó con la presencia de más de 150 personas de la comunidad se leyó por parte una integrante de la reingeniería (órgano conformado por integrantes de cada una de las empresas mineras para efectos de la negociación para el reasentamiento), un comunicado en el que se informa a la comunidad que debido a la necesidad de responder a los requerimientos judiciales hechos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se suspenderían todas las actividades de elaboración PAR. Es importante mencionar, que el equipo del operador SOCYA, cuenta con un gran número de colaboradores  y profesionales de más de 20 personas, sumadas al vasto equipo jurídico de cada una de las empresas accionadas, por lo que no se entiende el motivo por el cual deban ser suspendidas las labores de construcción del PAR con un equipo de profesionales cualificados tan amplio para dar respuesta a una acción de tutela.

Como acompañantes y asesores de la comunidad del Hatillo, consideramos inaceptable que el equipo de negociadores por parte de las empresas así como el operador designado para el cierre del PAR, hagan afirmaciones que pueden ser entendidas claramente como un ultimátum en lo que tiene que ver con la posición de la comunidad frente a la continuidad de la negociación en el proceso de reasentamiento y el cierre del PAR, o en contraposición, la presentación de una acción de tutela en reivindicación de sus derechos fundamentales.

 Así mismo consideramos inaceptable las llamadas telefónicas intimidantes por parte de funcionarios de las empresas y comunicados públicos en los que se advierte que de continuar adelante con la reivindicación de sus derechos fundamentales a la salud, vida y vivienda dignas y territorio y alimentación campesina a través de la presente acción de tutela, se suspenderán las negociaciones que ya se han dilatado desde hace más de seis (6) años, se suspenderán las labores de construcción del PAR y de la misma forma, se suspenderán los procesos de contratación laboral para las personas de la comunidad de El Hatillo que se encuentran aplicando para cargos vacantes en las tres 3 empresas mineras. Estas acciones de desinformación generan rupturas y divisiones al interior de la comunidad y las consideramos ACCION CON DAÑO.

 Es importante recordar, que algunos integrantes del comité de concertación se encuentran bajo amenazas de muerte por asuntos relacionados con la negociación del reasentamiento y su rol como defensores y defensoras de Derechos Humanos. Asunto sobre el cual la campaña de desinformación y presión constante, generada por las empresas como reacción a la accion de tutela presentada, incrementa el riesgo para ellos toda vez que los señala como los directos responsables de la suspensión del  proceso de concertación del PAR y la suspensión de la actividad  minera lo cual generará desempleo en la comunidad. Así  mismo, se genera un ambiente para que los líderes se vean señalados muchas veces desde el interior de la comunidad misma debido al papel disociador que juegan las empresas estratégicamente y donde la criminalización de líderes defensores  de derechos humanos en el marco de su cotidianidad se convierte en un riesgo adicional.

 Por todo lo anterior hoy pedimos su apoyo y solidaridad a la comunidad en defender los acuerdos y los espacios de dialogo sin perjuicio de los procesos constitucionales existentes emprendidos por la comunidad. La  comunidad está  esperando se  respete y cumpla el acuerdo de entregar  el PAR el 30 de  noviembre para  enviar  sus comentarios el 16 de diciembre tal y  como fue acordado.

 Ayúdanos a que haya justicia en El Hatillo enviando una carta a las empresas Drummond, Prodeco – Glencore y CNR (Murray Cmp.)  y Autoridad ambiental pidiendo el respeto de los acuerdos y continuidad de mesas de diálogo y concertación y/o firmando la coadyuvancia a la acción de tutela presentada por la comunidad.

 Sentemos un precedente para las muchas comunidades en Colombia que enfrentan el riesgo de un reasentamiento involuntario  por contaminación ambiental!

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Invitación al Festival Campesino en defensa del agua, el territorio y la agricultura

Festival campesino cajamarca

Corte Constitucional ordena participación ciudadana antes de entregar títulos mineros

Fuente: Corte Constitucional de Colombia. Vea el comunicado completo en este enlace

La Corte Constitucional emitió el comunicado no. 31 mediante el cual informa sobre su sentencia C-389 del 27 de julio 2016 en la que revisó la constitucionalidad de varioas artículos del Código de Minas. En la sentencia, la Corte ordena a la autoridad minera a “establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana” antes de entregar un título minero.

Sentencia Corte Contitucional

 

 

HOY twittertón #EnIbagueHayConsulta

twitterton

 

Hay consulta popular minera en Ibagué #EnIbagueHayConsulta

Por: Valentina Camacho Montealegre

@valentinacmpm

planton

El Tribunal Administrativo del Tolima votó a favor de la pregunta de la consulta popular en Ibagué, cuatro votos a favor y dos en contra.

Hoy cuando se cumplen tres años de la consulta popular en Piedras, donde el 98 % de los habitantes votaron por que NO se hiciera ningún tipo de actividad relacionada con la minería en su municipio, el Tribunal Administrativo decidió en sala que la pregunta de la consulta está dentro del marco de la constitucionalidad colombiana.

Queda así aprobada la consulta popular, este mecanismo de participación le permitirá a la ciudadanía de Ibagué participar y decidir sobre el futuro de la ciudad frente la minería que contamina el agua, el suelo y que amenaza con transformar la vocación agrícola y turística del municipio.

El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo entregó oficialmente la propuesta de Consulta Popular ante el Concejo Municipal el pasado 25 de enero y el 29 de febrero el concejo municipal emitió concepto de conveniencia.

Según la ley, la decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria siempre y cuando participe no menos de la tercera parte de los electores que componen censo electoral.

Ibagué tiene un potencial electoral de 388.980, se espera entonces que al menos 129.660 personas voten el día de la consulta popular. A los votantes se les preguntará: “¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio?”

En la capital Tolimense hay concedidos más de 35 títulos para minería metálica (27 de estos concedidos a Anglogold Ashanti) es importante resaltar que la mayoría de estos se encuentran en zonas de especial importancia ambiental como zonas de páramo (5.297 Hectáreas), en la cuenca del río Combeima (7.595 Hectáreas), en reservas de la sociedad civil, de Cortolima y de Asocombeima, y en el cerro- volcán Machín (106.5 Hectáreas).

Los ambientalistas en el Tolima vienen liderando una lucha incansable hace más de seis años, acompañados de diversos sectores sociales que año tras año desde 2011 nutren la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida, manifestación que se ha convertido en símbolo de lucha en contra del modelo económico extractivista en Colombia. Este año a la marcha Carnaval asistieron más de 100.000 personas.

Hoy el movimiento ambiental le apuesta a la consulta popular como el mecanismo de participación ciudadana que le permitirá ratificar su posición en rechazo a los megaproyectos de minería mediante un NO en las urnas.

El Comité Pro Consulta Popular, que es el espacio de articulación de los diferentes sectores sociales y ambientales que promueven el NO en la Consulta Popular, está convocando hoy a una Twittertón a partir de las 7 pm con el hashtag #EnIbagueHayConsulta

 

El reto del próximo Gobierno peruano es dar una solución integral y sostenible a La Oroya

Fuente: AIDA.

Vea la comunicación en este ENLACE.

Hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación.

La Oroya, Perú. Ante las declaraciones públicas del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien el 6 de julio pasado visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y anunció a sus trabajadores que era necesario lograr que el próximo Congreso de la República apruebe una ley que prorrogue por un año más la liquidación en marcha del Complejo. Con ello, dijo, se daría la oportunidad para que con inversionistas se termine el circuito de cobre. Pidió además a los trabajadores y a la población de La Oroya respaldar la propuesta marchando hacia Congreso.

Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresamos lo siguiente:

  1. La ciudad de La Oroya merece la atención plena de todos los niveles y sectores de gobierno para resolver de manera integral, especializada y sostenible las demandas de la población que en diferentes momentos de su historia ha sufrido y continúa sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano.
  2. En cuanto al derecho al trabajo, La Oroya requiere una evaluación de fondo que permita al Estado proponer e implementar acciones no solo paliativas, sino que garanticen trabajo digno y duradero para sostener condiciones de vida adecuadas para la población.
  3. Ninguna medida resuelve el problema de fondo si no contempla garantizar la salud pública en La Oroya. En ese sentido, nos permitimos recordarle al Presidente electo que desde 2007 un grupo de pobladores de La Oroya es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar su vida e integridad personal ante las afectaciones a su salud derivadas de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua. En mayo de 2016, la CIDH amplió las medidas cautelares a nuevos beneficiarios. En su resolución de ampliación, resaltó que las daños a la salud de los beneficiarios se ven exacerbadas debido a la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, le recordamos que la CIDH tiene bajo su conocimiento un caso en el que se alega la responsabilidad del Estado peruano por la violación, entre otros, de los derechos a la salud, la integridad y la vida de dichos pobladores, entre ellos los derechos de niños y niñas, por la falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados.

En este contexto, hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. Ello debe hacerse con responsabilidad y con una visión integral que implique garantizar la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. Es inconcebible anteponer el desarrollo de cualquier actividad económica a la salud de las personas. El gobierno entrante tiene el reto de brindar una solución integral y sostenible a La Oroya, con pleno respeto sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.

Contactos de prensa:

María José Veramendi Villa, AIDA, mveramendi@aida-americas.org, + 51 954114393

Rosa Emma Robles Trinidad, APRODEH, erobles@aprodeh.org.pe, + 51 991695143

Reportes sobre la minería en la Amazonia colombiana

Fuente: Tropenbos y Patrimonio Natural con el apoyo de la Iniciativa ICAA de USAID.

Mineria y amazonia

La política minera, la protección ambiental y los derechos territoriales indígenas en la Amazonia colombiana. Disponible en este ENLACE.

Documento de políticas: Estrategia para el conocimiento y atención integral de los impactos generados por la minería en el departamento de Amazonas. Disponible en este ENLACE.

Entre ilusiones, ambiciones y decepciones. Los efectos sociales, culturales y económicos de la minería en el departamento de Amazonas. Disponible en este ENLACE.

El oro, la contaminación, y los seres del agua. Visiones locales de los impactos ambientales de la minería en el mundo acuático de la Amazonía colombiana. Disponible en este ENLACE.

Las mujeres y la minería ilegal de oro en la Amazonia colombiana. Disponible en este ENLACE.

La minería de oro de aluvión y de veta en la Amazonía: Testimonio de una mujer indígena. Disponible en este ENLACE.

Información geográfica para analizar los conflictos generados por las actividades mineras en la Amazonia colombiana. Disponible en este ENLACE.

 

 

 

Sentencia T-766 de 2015 que deja sin efecto las áreas estratégicas mineras

Fuente: Corte Constitucional de Colombia.

Descargue la Sentencia T-766 de 2015 completa en este ENLACE.

Sentencia T-766/15

  Referencia: expediente T-4.327.004

 Demandantes: Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Consejo Comunitario de la Costa Pacífica Norte “los Delfines”, Consejo Comunitario General “los Riscales”, Consejo Comunitario de Vuelta Mansa, Consejo Comunitario de Santo Domingo Boca de Tanando, Consejo Comunitario de Puerto Echeverry, Consejo Comunitario de Bellavista-Dubaza, Consejo Comunitario de Pavasa, Consejo Comunitario Villamaría de Purricha, Consejo Comunitario de Piliza, Consejo Comunitario de San Agustín de Terrón, Consejo Comunitario de Juradó, Consejo Comunitario de Cuevita, Consejo Comunitario de Virudó, Consejo Comunitario de la Molana y el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó.

 Demandados: Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior.

 Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

 La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente (…)

Descargue la Sentencia T-766 de 2015 completa en este ENLACE.