Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
28 de octubre de 2015
CIDH concluye el 156º Período de Sesiones
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 156º Período ordinario de Sesiones del 17 al 28 de octubre de 2015. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 55 audiencias públicas, 36 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región. En las audiencias públicas se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como sobre diversas temáticas de derechos humanos en 20 países y a nivel regional. En las audiencias participaron delegaciones de Estados Miembros de la OEA, así como aproximadamente 400 organizaciones de la sociedad civil. Más de 5 millones de personas siguieron las audiencias por diversos medios, ya sea a través de la transmisión en vivo, los videos vistos en diferido o a través de medios sociales. La CIDH valora muy positivamente el creciente interés de los y las habitantes de las Américas en estar informados sobre la situación de derechos humanos en la región y en los mecanismos de los que dispone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para defender y promocionar el respeto y garantía de los derechos fundamentales.
La Comisión Interamericana valora la participación en sus períodos de sesiones de diversas agencias e instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta ocasión, se realizó una reunión con el Relator Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el Relator contra la Tortura, Juan Méndez, participó en una audiencia. La Comisión Interamericana valora y destaca el trabajo conjunto del sistema regional y el sistema internacional de derechos humanos a los efectos de mejor proteger y promover la vigencia de los derechos humanos en la región.
Durante estas sesiones, la CIDH extendió el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta el 30 de abril de 2016, tal como fue informado oportunamente. Adicionalmente, en el marco de las sesiones se presentó el Informe «Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados». Adicionalmente, la CIDH firmó un acuerdo de cooperación con el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski.
La Comisión Interamericana también analizó en este período la posibilidad de concretar el anuncio realizado en abril de 2014 de crear una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Considerando las expresiones de Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en favor de que la CIDH profundizara su trabajo en los derechos económicos, sociales y culturales, el anuncio de la CIDH del 3 de abril de 2014 indicaba que se abría un fondo especial para recaudar los recursos financieros necesarios para poder crear dicha Relatoría Especial a fines de 2015, e invitó a los Estados miembros de la OEA a colaborar con aportes. Lamentablemente, no se cuenta aún con los recursos necesarios para la creación de la Relatoría Especial, por lo cual la CIDH ha decidido extender el mandato de la Unidad que trabaja el tema bajo la coordinación del Comisionado Paulo Vannuchi. Asimismo, se continuará buscando la financiación para crear esta Relatoría Especial en el futuro.
En una reunión con organizaciones de la sociedad civil y en otra con delegaciones representantes de los Estados, la CIDH presentó la nueva estructura de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Además se realizaron talleres sobre el uso del Portal del Sistema Individual de Peticiones y la herramienta multimedia de estadísticas, y se impartió un curso sobre el sistema interamericano de derechos humanos dirigido a organizaciones de la sociedad civil.
La CIDH toma nota de que algunos Estados no participaron en las audiencias a las que fueron convocados, o participaron de manera parcial o con una preparación inadecuada para abordar el tema para el cual la audiencia fue convocada. En este sentido, la Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región.
Resulta de profunda preocupación para la Comisión la información que se recibió al finalizar las audiencias sobre la existencia, en algunos países, de presuntas represalias y amenazas contra personas por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Esta situación ya se ha presentado en el pasado en algunos de estos mismos países, y su repetición resulta alarmante. Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, ejecuciones extrajudiciales, situaciones de violencia y desplazamiento interno, las garantías del debido proceso, la protección judicial, la independencia judicial y la criminalización de operadores de justicia; el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el impacto de las industrias extractivas y otros proyectos de desarrollo en el derecho a la tierra y el territorio y en el derecho al agua; el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la situación de las radios comunitarias, la violencia contra periodistas y el derecho al acceso a la información frente a alegatos de confidencialidad por razones de seguridad nacional; la situación de los derechos de los niños y las niñas, incluyendo la criminalización de adolescentes; la situación de migrantes, refugiados y personas desnacionalizadas en situación de apatridia, así como la interceptación de personas elegibles para la protección internacional; los defensores y las defensoras de derechos humanos y situaciones de hostigamiento, ataques y criminalización que enfrentan, así como situaciones específicas de defensores y defensoras de pueblos indígenas y del medio ambiente; los pueblos indígenas, incluyendo la situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, otros que han sido afectados por industrias extractivas y otros proyectos de desarrollo, otros que enfrentan ataques y violencia, y la situación de niños y niñas indígenas; la situación de las personas afrodescendientes, incluyendo las situaciones de discriminación y exclusión que enfrentan y el uso excesivo de la fuerza en su contra por parte de la policía; los derechos de las mujeres, incluyendo la violencia obstétrica, los derechos de las mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas y los derechos a la salud y a la justicia de víctimas de violencia sexual; las personas privadas de libertad, incluyendo los derechos de sus hijos y las inspecciones corporales de los visitantes; las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, incluyendo la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo y la situación de los derechos de las personas LGBT privadas de libertad; el efecto de la corrupción en las instituciones públicas y de las políticas de drogas sobre el goce de los derechos humanos; entre otros asuntos.
En particular, se volvió a recibir información en estas audiencias que tiende a confirmar la existencia de una tendencia hacia la criminalización y la represión de la protesta social en muchos países de la región, afectando gravemente otros derechos. Por ejemplo, se realizó una audiencia sobre la situación de las mujeres defensoras del territorio y del medio ambiente, en la cual se recibió información profundamente preocupante sobre la afectación diferenciada que sufren las mujeres activistas. La información recibida indica que las mujeres defensoras de derechos territoriales, medio ambiente y naturaleza están siendo criminalizadas, estigmatizadas y hostigadas en muchos países de la región. En otras audiencias se recibió información que también describe un avance hacia la criminalización y el hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas y de otros grupos sociales, periodistas, y otros grupos que tienen un rol clave en la sociedad democrática y en la defensa de otros derechos, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales.
Asimismo, se recibió información alarmante sobre la situación del derecho al agua en América del Norte, America Latina y el Caribe. Según la información aportada por las organizaciones de la sociedad civil, de 580 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, el 20 por ciento no tiene acceso agua potable por medio de un acueducto, y menos del 30% de las aguas servidas reciben tratamiento, muchas veces deficiente, resultando en que 34 de cada 1.000 niños mueren cada año en América Latina y el Caribe por enfermedades asociadas al agua. Los solicitantes indicaron que la situación se ha agravado dada la creciente presión de recursos naturales y actividades extractivas, destacándose la construcción de represas hidroeléctricas y la explotación minera como los principales causantes de problemas de escasez y contaminación de agua. Las organizaciones identificaron que entre los patrones que se repetirían en toda la región, se encuentra la creación de marcos jurídicos que favorecen la apropiación y el uso de recursos hídricos para proyectos extractivos en desmedro del uso y consumo humano.
La Comisión publicará en las próximas semanas un Informe sobre el 156 Período de Sesiones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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