Fuente: SOMO.
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Press Release in English below↓
Boletín de prensa
Consorcio Poligrow analizado desde las Líneas Directrices de la OCDE
Colombia aspira ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo cual se adhirió, en 2011, a la Declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales, de la que hacen parte las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales.
En el marco del proyecto “Empresas multinacionales en zonas de conflicto” que adelanta SOMO en 5 países, entre ellos Colombia SOMO-INDEPAZ previa la identificación e inventario de multinacionales agroindustriales con casa matriz en países de la OCDE, e inversiones en la región de la Altillanura, siguiendo las Líneas Directrices que recogen los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Resultado de esa revisión, se seleccionó, como objeto de análisis, el portafolio de inversiones del conglomerado Poligrow que adelanta el proyecto Poligrow Research + Green Oils en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, a través de la siembra extensiva de palma de aceite.
La investigación, contenida en el documento “Reconquista y despojo en la Altillanura colombiana: el caso Poligrow”, que se presenta el 3 de noviembre de 2015, en la Universidad Javeriana, refleja los objetivos de SOMO-INDEPAZ de aportar insumos al seguimiento de estándares que instancias internacionales y multilaterales impulsan para que las empresas prevengan, eviten y reparen abusos de derechos humanos, particularmente en países en conflicto, posconflicto o situaciones de violencia, Colombia entre ellos.
Para el desarrollo de este trabajo, SOMO-INDEPAZ obtuvieron información a partir de entrevistas y reuniones con miembros de la comunidad de Mapiripán, autoridades indígenas, directivos, empleados y operarios de Poligrow, organizaciones no gubernamentales, gremiales y entidades del Estado del orden municipal, departamental y nacional. Asimismo, se revisaron y analizaron documentos públicos y privados en Colombia, algunos países de América Latina y de Europa.
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta otros estándares que aportan a la comprensión del contexto en que opera Poligrow, entre ellos los de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo y la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
El conglomerado Poligrow no es desconocido para las autoridades colombianas. Entidades estatales como la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Contraloría General de la Nación, así como congresistas, han denunciado y demandado algunos casos de acaparamiento de tierras por empresas extranjeras, entre ellas Poligrow.
Desde 2012 Poligrow implementa las Líneas Directrices de la OCDE, lo que abrió la posibilidad de SOMO-INDEPAZ de abordar este análisis a partir de los capítulos que tienen que ver con el relacionamiento con la comunidad y dialogo; la participación; la divulgación de la información societaria y cuestiones tributarias; derechos humanos, adquisición de tierras y derechos territoriales de indígenas y arreglos de seguridad; empleo y relaciones laborales con trabajadores agrícolas e indígenas; y el medio ambiente (Ver: Resumen ejecutivo abajo).
El informe “Reconquista y despojo en la Altillanura colombiana: el caso Poligrow” concluye que pese al propósito de este conglomerado trasnacional de acoger estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE y los Principios y Criterios de la RSPO, existen situaciones que no muestran una aplicación exhaustiva de la debida diligencia para garantizar que en su operación y la de sus aliados se acate la normativa interna; se respeten los derechos humanos y se remedien los impactos negativos, y se contribuya efectivamente al logro de un desarrollo sostenible. En ese sentido, SOMO-INDEPAZ le hace las siguientes recomendaciones a Poligrow:
1. Dar a conocer e informar sobre los inversionistas, socios y aliados en Colombia, Europa y Latinoamérica, así como sus políticas en materia de derechos humanos y aspectos financieros, societarios, tributarios y ambientales.
2. Acreditar la buena fe exenta de culpa en las adquisiciones de tierras; responder de manera pública a las denuncias y procesos por presunta acumulación de Unidades Agrícolas Familiares; reparar, si es del caso, por los impactos negativos ocasionados por la concentración en la tenencia de la tierra y uso del suelo, y extremar las medidas para no verse involucrado en abusos de derechos humanos.
3. Garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos Jiw y Sikuani, sin perjuicio de las incoherencias del Estado para asegurarles el territorio ancestral, el consentimiento previo, libre e informado y sus prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección.
4. Asumir una política de seguridad alineada con las recomendaciones de Naciones Unidas y del CIRC, y con la legislación nacional y hacer públicos los arreglos de seguridad, el relacionamiento con la Fuerza Pública y el rechazo a grupos ilegales.
5. Establecer canales efectivos de participación y atención de quejas y evitar y prevenir que sus instituciones, aliados, contratistas y proveedores incumplan la normativa sobre salarios, afiliaciones a salud y pensiones, trabajo digno, no discriminación y asociación y sindicalización.
6. Dar a conocer a las comunidades y autoridades las líneas de base en materia ambiental, garantizar su participación en la definición de proyectos y obras que puedan afectar los ecosistemas y fuentes de agua, y atender efectiva y oportunamente los requerimientos de las autoridades y mapiripenses.
7. Construir participativamente la política de derechos humanos de Poligrow y promover que lo mismo hagan sus aliados y demás integrantes de la cadena de suministro.
El documento también contiene un conjunto de recomendaciones a diversas entidades estatales para que observe con mayor detalle las operaciones de Poligrow en Colombia y aplique correctivos:
1. A la Superintendencia de Sociedades, Ministerio de Hacienda y UIAF analizar y evaluar la estructura corporativa de Poligrow en Colombia y en el exterior.
2. A la DIAN y la Alcaldía de Mapiripán revisar e informar sobre el pago de impuestos de renta, prediales y de industria y comercio de Poligrow y sus aliados.
3. Al Ministerio de Agricultura, Incoder, Procuraduría, Contraloría, Superintendencia de Notariado y Registro, Fiscalía y operadores judiciales evaluar las adquisiciones y uso de tierras, y hacer públicas las medidas que se adopten.
4. A la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y operadores judiciales investigar a los presuntos responsables de amenazas, desplazamientos y asesinatos de personas vinculadas a la operación de Poligrow.
5. Al Ministerio del Interior, Defensoría, Contraloría, Procuraduría, Incoder, Unidad de Restitución de Tierras e instancias judiciales adoptar decisiones encaminadas agarantizar los derechos de los pueblos Sikuani y Jiw en materia de consentimiento previo, libre e informado; territorio; pesca, caza, recolección y prácticas culturales, y trabajo digno y sin discriminación en la operación de Poligrow.
6. A los organismos de control revisar las certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior sobre la no presencia de grupos étnicos en áreas de cultivos, plantas y zona franca de Poligrow, con el fin de ajustarlas al reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
7. Al Ministerio del Trabajo realizar una visita a las plantaciones de palma en Mapiripán para evaluar el cumplimiento de los estándares y normas internas en materia de empleo por parte de Poligrow, sus aliados y las personas que le suministran servicios.
8. Al Ministerio de Ambiente y Cormacarena realizar una visita a Mapiripán a fin de evaluar los impactos del proyecto de Poligrow, y analizar la viabilidad de crear una zona de alto valor de conservación en el ecosistema lagunar y boscoso de Las Toninas en el río Guaviare.
9. Al Ministerio de Hacienda – DIAN abstenerse de autorizar el funcionamiento y construcción de la zona franca en el predio Las Toninas Hoy, hasta tanto se reciban conceptos del Ministerio del Interior, el Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras sobre las reclamaciones territoriales de los indígenas, y conceptos del Ministerio de Ambiente y Cormacarena sobre la no afectación al ecosistema.
10. Al Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Comercio Exterior divulgar el informe, analizarlo en el marco de los estándares de la OCDE e impulsar la adopción de las recomendaciones.
También se recomienda a Fedepalma y la RSPO divulgar el informe y analizarlo de conformidad con los Principios y Criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible en el marco del proceso que se adelanta para la certificación de Poligrow.
Press Release
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) &
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ)
Amsterdam/Bogotá, 3 November 2015
Palm oil, land rights and conflict in Colombia
The case of multinational Poligrow
Palm oil is used for everything, from food and household products to make-up and biofuel. In the last 10 years palm oil production has doubled worldwide. Colombia benefited by becoming one of the largest exporters. But at a cost. New research by SOMO and INDEPAZ titled ‘Reconquering and dispossession in the Altillanura: The case of Poligrow’ concludes that in a country where land disputes were a key driver of the civil war, and where territorial issues are highly contested, land-intensive sectors like palm oil risk creating renewed conflict and caution is warranted. The report shows how the company Poligrow has failed to operate with caution and has therefore contributed to human rights violations and instability in an already fragile context such as the Meta region in Colombia.
In recent years, Colombia has been actively attracting private sector investments in order to increase the economic development of the supposedly post-conflict country. The free trade agreement between Colombia and the European Union plays a crucial role in facilitating this foreign investment. One of these foreign investors is the Spanish-Italian company Poligrow, which settled in Colombia in 2008. Critics question the benefits of this agreement for Colombia, and stress the complexity of foreign investments in conflict-affected areas: ‘Foreign investments can only contribute to restoring peace if the investors take an explicit stand. They must stand up against inequality and promote employment, inclusiveness and sustainable growth. That is not what Poligrow is doing. Their activities in no way show that they have understood the regional context, the companies’ role in the fragile region and the history of land control’, says Anne-Marie Mineur, member of the European Parliament.
Although Poligrow claims to have contributed to local development, the research paper sheds light on the many negative impacts of their operations. Though Poligrow might claim not to be involved in the conflict, in a context where different armed groups fight for control over land and drug trade, and where most of the land is disputed, it is impossible not to become – directly or indirectly – entangled in the civil war.
Violations
SOMO and INDEPAZ found many high-risk situations during the field work in the Meta region. These relate mainly to failures in community participation; lack of transparency of its complex corporate structure and tax payments; irregular situations in land acquisition, labour relations and environmental sustainability.
The case of Poligrow thus shows how these booming large-scale economic initiatives, such as extensive oil palm plantations, can lead to an increase in land dispossessions and at the same time consolidate an inequitable, discriminatory and undemocratic economic model. These investments rather increase the instability than enhance stability, as they collide head-on with the root causes of the conflict: the unequal distribution of land.
Read more and download the report (in Spanish) here. An English summary is also available on the website.The full report in English will be published in the second half of November.
