Contexto:
A partir de la adopción de la declaración de Rio de 1992, empieza un proceso mundial para la implementación de los principios contenidos en esta declaración, especialmente el referido principio 10. En 2012 durante la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Rio +20), varios Estados latinoamericanos suscribieron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10.
Con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como Secretaría Técnica, y con base en la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 los Estados se comprometieron a elaborar e implementar un Plan de Acción al 2014 para avanzar en la adopción de un convenio regional en la materia que contribuya a la cabal puesta en marcha de los derechos de acceso en el continente. En abril de 2013, durante la Segunda Reunión de los Puntos Focales de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 el Estado Colombiano se sumó a este proceso. Al año 2015 la declaración ha sido suscrita en total por 20 países de ALC.
El proceso de negociación regional se estructuró por medio de grupos de trabajo en los que participan gobierno y sociedad civil, y reuniones de los puntos focales designados por los países (entidades gubernamentales de cada país que han sido designados como encargados de liderar el proceso a nivel interno). En el caso colombiano es la Cancillería, por medio de la Coordinación de Asuntos Sociales perteneciente a la Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales, con apoyo de la dirección de asuntos internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el año 2015, el proceso ha reportado varios avances importantes, entre los cuales se destaca la elaboración por parte de CEPAL, a petición de los países, del documento preliminar del instrumento regional con base en los aportes de los grupos de trabajo, la sociedad civil y los gobiernos. Este documento se presentó oficialmente en Mayo de 2015 durante la primera reunión del Comité de Negociación, con plazo para enviar comentarios hasta el 31 de agosto.
Además, los países se comprometieron en esta reunión a llevar a cabo consultas nacionales con la sociedad civil y las entidades gubernamentales sobre el documento preliminar y llevar esos comentarios a la siguiente reunión del comité de negociación que se realizará en el mes de octubre en Panamá.
Los derechos de acceso son esenciales para la protección de los recursos y el desarrollo sostenible, y los países de ALC se consideran como escenarios de conflictos socio-ambientales causados por reclamaciones y demandas relacionadas con el manejo y explotación de recursos naturales, los cuales en una gran proporción se originan porque las comunidades no tienen un correcto acceso a la información y a la participación en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios y sus recursos. En el caso específico de Colombia, nuestro país ocupa un deshonroso segundo lugar dentro de los países con mayor número de conflictos socio-ambientales en el mundo.
Estas razones nos llevan a considerar que un convenio regional sobre los derechos de acceso abre las posibilidades para mejorar los estándares en la entrega de información y las instancias de participación, y contribuiría a elevar los esquemas de protección ambiental a un ámbito regional actuando como una herramienta de prevención de conflictos en la región.
Objetivo General:
- Difundir en Colombia el proceso de negociación regional de un convenio que implemente el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 en ALC, y promover la participación de un mayor número de organizaciones e individuos en el proceso.
Objetivos específicos:
- Compartir con los asistentes las perspectivas en materia de democracia ambiental en Colombia.
- Dar un panorama acerca de cómo se ha desarrollado el proceso de negociación regional de un instrumento sobre P10 (como nació, como se estructuró, en qué va en este momento).
- Recordar las modalidades de participación ciudadana establecidas en el marco del proceso e invitar a más organizaciones de la sociedad civil a que las ejerzan y participen en la negociación.
- Invitar a los representantes del gobierno colombiano (Cancillería y Minambiente) para que compartan cual es la posición de Colombia en las negociaciones y como se está realizando el proceso de consulta nacional.
Público al que se dirigirá:
- Organizaciones de la sociedad civil
- Estudiantes
- Grupos de investigación de universidades
- Colectivos ambientalistas
- Organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes
- Grupos campesinos
- Grupos de defensa de los territorios
