Política ambiental debe ser de Estado y no de Gobierno

Fuente: UN Periódico

Pareciera que el Gobierno quisiera preservar lo mínimo de la naturaleza del país. Así lo evidencian casos como el de la delimitación de los páramos o el de la Estrella Fluvial de Inírida, un tesoro natural de 283.000 hectáreas que podría desaparecer si llega la minería.

En Colombia se volvió frecuente que –a través de radio, televisión, prensa, páginas web, redes sociales, foros, debates, reuniones, marchas y hasta vías de hecho– se le solicite al Estado y a sus instituciones garantizar el respeto por los ecosistemas y su biodiversidad. Hasta el momento, no se sabe de una respuesta oficial a estos reclamos de la sociedad.

Así las cosas, el público desconoce una rendición de cuentas sobre el estado actual del inmenso patrimonio natural de la nación. Un repaso por el inventario ambiental arroja que el país tiene: 93 millones de hectáreas (ha) de zonas áridas; 114 de regiones continentales; 63,9 de bosques; 13 de sabanas; 20,2 de humedales interiores; 24,5 de áreas secas; 51,4 de reservas forestales (gracias a la Ley 2); y 10,4 de parques nacionales naturales.

En cuanto a ecosistemas marinos, es el único de la región que tiene arrecifes coralinos en las costas del Pacífico y del Atlántico, con una extensión total 1.091 km², que equivale al 0,4% del total mundial.

En manglares, de las 294 mil ha existentes, solo 96 mil se encuentran zonificadas, lo que significa que el 67% no tiene planes de manejo. En praderas de pastos marinos, el país tiene seis de las nueve especies que existen en el Gran Caribe.

A esto se suman 1.094 km² de litorales rocosos, tres humedales de importancia mundial Ramsar (la Ciénaga Grande de Santa Marta, el delta del río Baudó y la laguna de La Cocha) y dos parques nacionales declarados Patrimonio Natural de la Humanidad (Katios y Malpelo) y uno más en estudio (Serranía de Chiribiquete).

Patrimonio en riesgo

Lo anterior es solo la introducción a un vasto inventario que, por supuesto, incluye una muy abundante –y en gran medida desconocida– flora y fauna. Pero ¿qué tan consciente es el Gobierno de estos tesoros? Pareciera que poco, según se desprende de los conflictos a lo largo de la geografía nacional.

En la Guajira, quiere trasladar 26 km del cauce del río Ranchería y los tramos finales de dos de sus afluentes para extraer 80 millones de toneladas de carbón para exportación. Los pobladores temen por la suerte de los acuíferos que los proveen de agua.

En el Páramo de Santurbán, solo 11.700 ha fueron declaradas como parque regional natural, y no las 86.000 que requieren protección especial dada su biodiversidad y riqueza hídrica.

Sobre la protección del río Bogotá, la contralora general de la República, Sandra Morelli, ya les advirtió a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y de Minas y Energía (MME), a la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, entre otras entidades, sobre la responsabilidad que les cabe en el rescate y preservación de este patrimonio público y sobre el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.

Morelli también abrió una indagación preliminar sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el cual encontró pérdida de la productividad marginal de la tierra, vertimientos de material al río Magdalena, incumplimientos en la revegetalización, retrasos en restitución de empleos y en la restauración de los servicios del bosque, así como impacto negativo sobre la fauna y flora.

Otros casos son el de Cerro Matoso, cuya licencia presenta información ambiental desactualizada desde hace treinta años, y el Parque Tayrona, en donde se había propuesto construir dos hoteles en plena zona de bosque seco.

En este caso, en el año 2007, un informe del Gobierno (que debería actualizar cada dos años) indicaba que el santuario tenía 7.292 ha de las 30.000 que tenía el Caribe en ese entonces. Solo se conserva el 1,5% de la cobertura original, que era de 80.000 km².

Casos críticos

Otro asunto polémico, es la posición del ministro de Minas de evitar declarar la Estrella Fluvial de Inírida (un complejo de ríos y humedales que abarcan 283.000 ha) como lugar de protección especial Ramsar. Esto se debe a su potencial minero, lo que pone en grave riesgo la biodiversidad de una región en donde hay especies que viven única y exclusivamente allí.

Es evidente que la cuestión no la decide la cartera de Ambiente, sino la de Minas, que también está interfiriendo con otra gran iniciativa: la declaratoria del primer parque submarino del país en el Caribe. Esto lo propuso la Unidad de Parques Nacionales Naturales del MADS a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, que legalmente debe avalar de manera vinculante la propuesta.

Por supuesto, el sí de la Academia fue contundente y rápido. Pero, a la fecha, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, no ha firmado porque el MME está reestudiando el proyecto.

Se suma la inminente desaparición de los principales páramos del país si prosperan los planes del Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo –nunca discutido con los investigadores del país– estableció que era indispensable delimitar los páramos para poder hacer cumplir la ley que ordena que en estas zonas no puede hacerse minería.

Con esta premisa, firmó un contrato por 61.000 millones de pesos con el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación para delimitarlos y entregar resultados en 25 meses.

Lo que ignora es que biológicamente es imposible trazar una línea que diga en dónde empieza y en dónde termina un páramo sin que haya daños en el ecosistema global. Lo cierto es que la línea que pretende el Gobierno los reduciría y arrinconaría.

Todo lo anterior comprueba la ausencia de una política ambiental de Estado que se corresponda con los intereses y derechos de todos los ciudadanos. Lo que existen son políticas pasajeras y dependientes del Gobierno de turno.

Por ejemplo, el MADS comenzó la revisión de la política de fauna (resumen de unas diez dedicadas, cada una, a una especie distinta) en lugar de elaborar una integral de conservación de la biodiversidad.

Es vital cerrar la brecha entre desarrollo y medioambiente, defendiendo unos territorios sostenibles, unos paisajes sin transformaciones profundas y unos servicios ambientales duraderos (agua, madera, aire, alimentos).

Se requiere una política de gestión integral de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos –para mantener y recuperar los sistemas (a escalas nacional, regional, local y transfronteriza)–, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil.

Por: M. Gonzalo Andrade-C, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá – Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales