Fuente: Censat Agua Viva.
Bogotá D.C., 5 de julio de 2012
Doctor:
Jorge Voto-Bernales Gatica
Embajador de Perú en Colombia
Ciudad
Respetado doctor:
Quienes firmamos esta declaración queremos expresar nuestro rechazo por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú, como respuesta del gobierno ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.
Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros, contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de cuatro personas muertas y decenas de heridas en el conflicto de El Espinar en el Departamento del Cusco; una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca; y tres muertas y decenas de heridas de bala, durante las movilizaciones de la población de Celedín, Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región.
En ese mismo contexto, denunciamos la violenta y arbitraria detención del señor Marco Arana, miembro de la organización ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política “Tierra y Dignidad”, como fue registrado por los medios de comunicación. Ver aquí el video de la detención http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w)
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Todo esto ha estado acompañado de medidas de excepción y privación de libertades a través de la declaración del “estado de emergencia” en ambos conflictos. Con los precedentes de Honduras y Paraguay, tememos que podamos encontrarnos ante una dinámica creciente de suspensión de derechos y libertades de la población en varios países de América Latina, especialmente vinculada a la defensa de los intereses de diferentes multinacionales y sus negocios extractivos. Por todo ello:
Expresamos al gobierno de Perú nuestra profunda indignación, le instamos a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los Derechos Humanos de la población peruana.
Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, ONG de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas, y otras, a comprometerse activamente en la defensa de los derechos y libertades para impedir un giro autoritario en Perú, y en la defensa de una resolución de los conflictos atendiendo el derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos afectados.
Solicitamos el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto en estas poblaciones.
Exigimos a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano.
Como organizaciones de la sociedad civil colombiana mantendremos una vigilante mirada sobre la evolución de los hechos en Perú, difundiendo ampliamente al respecto y alertando a los entes internacionales sobre las políticas represivas del gobierno peruano que violan y contravienen los acuerdos firmados por las partes, de respeto a los derechos de los pueblos.
Seguiremos brindando nuestra solidaridad y acompañamiento a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y, especialmente a las familias de las víctimas.
