Fuente: Movimiento Ríos Vivos
El Estado está obligado a dar garantías para el ejercicio del derecho a las protestas sociales que se presenten la zona afectada por el megaproyecto como medidas de autoprotección de las comunidades ante el riesgo, tardía y equivocadamente gestionado por Empresas Públicas de Medellín EPM, rechazamos la postura del gobernador Aníbal Gaviria contraria al derecho a defender derechos.
Comunidades y organizaciones de la zona alertaron hace cerca de mes y medio como Hidroituango se convertiría en, lo que es hoy, el mayor foco de contagio de COVID-19 del departamento de Antioquia (COVID-19: EPM con Hidroituango pone en riesgo a comunidades y trabajadores), a pesar de los cerca de 250 casos que se reportan en la zona las comunidades y organizaciones seguimos sin ser escuchadas por las autoridades competentes frente al temor de contagio que crece con el paso de los días y las cada vez más equivocadas acciones y respuestas tardías ante la situación. Anuncios de espectáculo como retos de gran envergadura “Tenemos un gran compromiso hacer de Hidroituango un proyecto no COVID para Antioquia y para el país” (Aníbal Gaviria) debieron serlo antes del primer contagio, ahora lo único que hacen es demostrar la tesis de que no importa la vida de las comunidades sino los intereses de la mega obra.
Los líderes y lideresas han denunciado las amenazas que reciben a diario las comunidades por parte de grupos al margen de la ley que controlan las zonas e imponen sus normas en relación al COVID-19, una situación que nos preocupa es la de dos familias amenazadas de ser incineradas sí sus hijos llegaban de los campamentos de Hidroituango. Con el anuncio de EPM de la salida de más de 1.600 obreros del campamento con algún nivel de riesgo de contagio las amenazas se agudizan después de la rueda de prensa realizada por el gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.
Los anuncios dados por las autoridades desconocen la realidad de la conflictividad armada que se vive en la zona, aterrorizados escuchamos del envío de listados de obreros a las alcaldías ¿Quién asegura que estos listados no caerán en manos criminales?; además, la medida tardía “tenemos el compromiso de tener un proyecto no COVID” debió darse antes del primer contagio. En este momento lo único que generan estas decisiones son mayores riesgos para las comunidades, conflictos entre las mismas y excusas para la actuación de los grupos criminales que controlan los territorios.
De nuevo, como cuando generaron la inundación ilegal del territorio y provocaron una avalancha sobre las comunidades, la empresa EPM miente ante la opinión pública. Hemos hecho seguimiento a varios de los casos desde el momento que detectaron los primeros contagios, en uno de los primeros despidos el obrero tuvo que esperar diez días para que le hicieran la prueba COVID en su casa; después, le anunciaron que se tardaran otros diez días para recibir los resultados. Cuando realizamos el reclamo del porqué estaban despidiendo a los obreros, alegaron que fue finalización del contrato, sumado a lo anterior decenas están renunciando por temor y son abandonados a su suerte en las vías de la región.
La tasa positiva de casos de SARSCOV-2/COVID-19 para Hidroituango es del 5.3%, a pesar de que es un conglomerado de trabajadores controlados por la empresa que determina su salubridad, los comportamientos en todos los espacios comunes, cómo y dónde duermen y comen. Esta tasa es altísima en comparación con países del mundo que cuentan con el mayor número de pruebas realizadas, como Alemania que tiene una tasa positiva del 7.68% para todo el país y con población dispersa.
Las zonas del norte, occidente y bajo Cauca del departamento no tienen adecuados sistemas de salud para atender a las comunidades en caso de contagio, en estos meses de la pandemia no ha habido adecuación para la atención de los enfermos en los municipios sólo para los muertos que se esperan, pero la probabilidad de ocurrencia de contagio es alta y la medida de declaraciones juramentadas resulta insultantes ante la magnitud de la dificultad de controlar a miles de personas en el caso de incumplimiento de la cuarentena. Esta disposición resulta absurda pues desconoce el contexto de los territorios rurales y lo único que pretende es liberar de responsabilidades a la empresa EPM y trasladarlas a los ciudadanos y entes municipales.
Por todo lo expuesto, exigimos al alcalde de Medellín presidente de la Junta Directiva de EPM, a Aníbal Gavia Correa Gobernador de Antioquia y primera autoridad departamental, a cada uno de los alcaldes de la zona y a Álvaro Guillermo Rendón gerente de EPM:
- Garantías para la movilización social y la protesta de las comunidades.
- Parar por completo todos frentes de trabajo de la obra sin dar salida o enviar para los municipios a los obreros, dispersarlos en instalaciones con alimentación y demás condiciones dignas hasta que se supere la situación. En caso extremo que haya hoteles o casas de aislamiento en los municipios hasta que cumplan la cuarentena. Tener un protocolo estricto de seguridad en la zona ante las amenazas por parte de grupos al margen de la ley para los trabajadores y para sus familias.
- Que en la Mesa de Crisis creada entre la Gobernación y EPM para esta situación se incluya la participación de los líderes y las lideresas de las organizaciones que han venido denunciando como el Movimiento Ríos Vivos y las demás que han ejercido su derecho a la protesta pacífica.
- La verdad sobre el estado actual de riesgo que representa la obra, no podemos entender cómo antes del COVID supuestamente se había superado la situación de inestabilidad y ahora no.
- Atender con carácter URGENTE el Pliego de Peticiones del Movimiento Ríos Vivos que superará condiciones de vulnerabilidad de las comunidades.
