Por: Valentina Camacho Montealegre
Luego de que el 12 de octubre la Sección Cuarta del Consejo de Estado ordenara suspender la votación de la consulta popular sobre proyectos y actividades mineras en Ibagué, el presidente del Consejo de Estado Danilo Alfonso Rojas Betancourth se pronunció el día de ayer sobre dicha decisión ante los medios de comunicación de la ciudad antes de iniciar el XXII encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al cual asistió.
El magistrado aclaró que la orden que emitió el Consejo de Estado no contempla ningún impedimento para que los comités sigan actuando, sino que esta se reduce a la orden de no convocar la consulta para el 30 de octubre, hasta que no haya un fallo.
También fue enfático en explicar que la consulta popular no fue anulada sino suspendida de manera temporal y que lo prudente es esperar que resulta luego de la revisión de las tutelas interpuestas contra la decisión del tribunal de avalar la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular minera.
Rojas Betancourth dijo que “hay alrededor de cinco tutelas sobre los mismos aspectos, entonces esa es la razón por la cual se quiere acumular para efectos de acelerar”.
Sobre las tutelas Jaime Andrés Tocora, integrante del Comité Ambiental dijo: “la consulta popular de Ibagué está siendo atacada por ‘testaferros’ de la multinacional, que interponen tutelas para dilatar la votación y para desgastar al movimiento ciudadano que la impulsa, pero seguimos con más animo que nunca”.
La carta abierta que envío el Comité Ambiental al Consejo de Estado
A propósito de la visita del Presidente de la República y del Presidente del Consejo de Estado el Comité Ambiental publicó una carta que va dirigida al Consejo de Estado en la cual argumenta el sustento no solo legal sino obligatorio de las consultas populares en materia minera.
También hace referencia a decisiones anteriores del concejo de estado y a sentencias de la Corte Constitucional en las que se privilegian los derechos de naturaleza colectiva por encima del derecho al trabajo de quienes laboran en actividades que pueden afectarlos.
Al final del documento la organización hace una solicitud: “Como integrantes del Comité Promotor de la Consulta Popular minera de Ibagué nos permitimos solicitarles, de forma muy cordial, emitir una conclusión de manera pronta con el objetivo de poder asumir nuestro derecho constitucional a la participación democrática y poder resolver los problemas logísticos y de formación que el proceso demanda. Al día de hoy hemos perdido publicidad, trabajo voluntario, procesos de socialización y la posibilidad de contribuir a la profundización de la democracia colombiana y la construcción social de una paz desde los territorios que reconozca los derechos de las comunidades y la naturaleza.”
Abajo está la carta abierta de los Comités Ambientales en defensa del Agua, la Vida y el Territorio:
