Valentina Camacho Montealegre
Mediante una carta pública dirigida a la Corte Constitucional, 14 organizaciones internacionales, 112 organizaciones nacionales, 6 grupos de investigación y 90 personalidades, expertos y líderes sociales, manifestaron su oposición frente al anuncio realizado por el alto tribunal de establecer límites a las consultas populares.
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En dicho documento, las organizaciones socio-ambientales llaman la atención sobre el hecho que desde el momento en que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que interpuso la empresa Mansarovar Energy en contra de la Consulta Popular de Cumaral, Meta, se haya señalado que tiene como fin «establecer los límites y el alcance de las consultas populares a nivel territorial». Para los suscriptores de la carta, este hecho está poniendo de presente un sesgo hacia una decisión que aún no ha surtido el procedimiento correspondiente.
Según el abogado Rodrigo Negrete, lo que están buscando es generar un retroceso en materia jurídica para desconocer la autonomía territorial, los instrumentos de planificación y ordenamiento local, la vocación del suelo, el patrimonio ecológico municipal, la participación ciudadana y la posibilidad de que cada ente territorial decida sobre sus propias formas de desarrollo.
“Enviamos una carta abierta a la Corte Constitucional pronunciándonos sobre el anuncio de que revisará la tutela sobre la consulta popular de Cumaral para ‘limitar el alcance’ de este mecanismo democrático. Nos preocupa que lo hagan nugatorio de manera que las comunidades locales no puedan rechazar el desarrollo de actividades extractivas que el Gobierno Nacional impone desde Bogotá y que la Corte le haga el juego a los intereses del gobierno nacional y de las empresas extractivas, poniendo a primar los intereses económicos sobre los derechos fundamentales y la autonomía territorial, explicó Negrete.
Y agregó: “También preocupa que la Magistrada ponente sea Cristina Pardo, quien hasta hace unos meses era secretaria Jurídica de la presidencia, así como las opiniones expresadas por el magistrado Alejandro Linares en el Congreso de la Agencia Colombiana de Minería en Cartagena, en contra de decisiones de la Corte a la que pertenece”.
Por su parte Renzo Alexander García, vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida manifestó: “Es inaceptable que se pretenda mutilar la democracia colombiana con el pretexto de proteger los intereses foráneos de las empresas mineras. Es incoherente que en el marco del proceso de paz se quieran aniquilar los principios constitucionales de la soberanía popular, la autonomía territorial, la descentralización política, la participación ciudadana y desconocer el derecho colectivo al ambiente sano que tenemos todos los hombres y mujeres que habitamos este bello país”.
En el documento, firmado por personalidades como el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra; el exMinistro de Minas y Energía, Jorge Eduardo Cook; el exdirector del IDEAM, Pablo Leyva; y el expresidente de la Asamblea Constituyente y exMinistro de Energía y Minas de Ecuador, Alberto Acosta, solicitan que se reafirme la participación ciudadana como principio constitucional que yace en una de las columnas vertebrales del Estado social de derecho colombiano.
Es importante resaltar el apoyo internacional de organizaciones como el M4, la Red de Solidaridad Global Sí a la Vida, No a la Minería (YLNM), el Center For International Environmental Law (CIEL) y Earthworks de Estados Unidos, junto a otras organizaciones de Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, México, Suiza y Bélgica, a esta inciativa.
La revisión de esa tutela se suma al proyecto de ley estatutaria, las demandas a los acuerdos municipales y las amenazas a los municipios de no percibir regalías si prohíben las extractivas, como acciones del gobierno para debilitar la participación ciudadana en temas de la política mineroenergética.
Hasta la fecha se han realizado nueve consultas populares donde, de manera mayoritaria, los habitantes de los municipios se han pronunciado en contra del desarrollo de actividades extractivas en sus jurisdicciones.
