Autores: Miguel Ramos y Óscar Sampayo.
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La publicación del artículo se produjo el 29 de junio de 2016 en la Revista Conocer , apenas días después del histórico acuerdo del 23 de junio firmado en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno nacional. Ese acuerdo pretende excluir a la violencia de las contiendas políticas y ha producido júbilo y esperanza a lo largo y ancho de un país como Colombia, imbuido en la cultura de la violencia después de décadas de una guerra cruel que finalmente parece acabar.
Sin embargo falta mucho esfuerzo para que efectivamente se acabe esa guerra. Existen en la historia distintos ejemplos de acuerdos inaplicados o incluso de conflictos que se recrudecen justamente después de que se firma lo que en su momento parecía la paz. El caso más aberrante es el de Ruanda, en donde el genocidio de 1994 estalló meses después de los acuerdos de Arusha. Estos casos fallidos no deben tomarse como un mal augurio para Colombia, pero sí deben informar e ilustrar más a nuestra sociedad en un momento tan trascendental como este. Esos fracasos demuestran que una firma en un papel no es garantía de ninguna paz, lo que sí la garantiza es la participación directa y protagónica de toda la ciudadanía en la construcción de la una sociedad más justa y democrática. Esta participación ciudadana es viable en los Estados donde las autoridades y los asociados son en realidad interlocutores que actúan mancomunadamente en pos de un entendimiento y de responder la pregunta nodal sobre qué hacer dentro de nuestro proyecto común como nación y como pueblo.
Una de las áreas donde es prioritario responder esa pregunta es la ambiental. Es prioritario porque hoy en día la humanidad atraviesa una crisis de escala global que pone en riesgo a la civilización misma, la crisis ambiental, la cual tiene su expresión más clara con el cambio climático, el cual es producido por la actividad humana. Es así como actualmente tenemos el récord histórico por los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmosfera, 400 partículas por millón; el nivel seguro llega hasta los 350 y se proyecta que va a llegar a los 450 en apenas 20 años. Es decir, nos estamos sofocando rápida y sostenidamente. La relación de todo esto que se expone sobre la crisis ambiental y el extractivismo se halla precisamente en que este último tiene unos impactos lo suficientemente graves como para agravar esa crisis.
En el artículo “Una mirada conceptual al extractivismo en Colombia y en Santander” se observa cómo las grandes trasnacionales de la industria extractiva se están instalando nuevamente en territorios colombianos con algún potencial minero energético, impulsadas por reformas estatales que les facilita su operación en el país, pero desconociendo los impactos ambientales y sociales que generan estas extracciones. A partir de allí se aborda el concepto de extractivismo y sus consecuencias sobre la naturaleza y el ser humano como parte de ella. Por último se describen los diferentes proyectos extractivos ubicados en el departamento de Santander.
Esperamos que el artículo sea del agrado de quien lo lea y se aclara que el mismo no pretende ser ningún documento definitivo ni la última palabra del tema, solo pretende aportar a un debate tan importante como el de la cuestión ambiental en Colombia.
Los autores.
