Conversato​​​​rio sobre iniciativa​​​​s desde la academia ante los conflictos socio-ambi​​​​entales de la minería en Colombia.

Este miércoles 06 de junio de 2012 a las 3.30pm se realizará el conversatorio sobre iniciativas desde la academia ante los conflictos socio-ambientales de la minería en Colombia.

AGENDA:

1.   Semillero de investigación Minería, Ambiente y Territorio (SIMAT), del grupo Cultura y Ambiente, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sobre la construcción del territorio minero campesino en el nordeste de Antioquia.

2.   Fundación Espíritu del 91 sobre el caso de minería artesanal en Buena Seña, Bolívar.

3.    Colectivo Ambiental Post Extractivista (C.A.M.P.O.), de estudiantes de la Universidad del Rosario sobre el acompañamiento al encuentro nacional de territorio, productividad, ambiente y minería en el Cauca.

4.   CEAT (Colectividad Educativa para una Academia Transformadora), sobre el compañamiento a la comunidad de la Sierra, Cauca, ante la entrada de Carboandes y Anglo Gold Ashanti a su territorio.
Agradecemos muchísimo la difusión que puedan hacer de este mensaje entre sus contactos y esperamos contar con su activa participación. Las personas que no estén en Bogotá y quieran participar vía Skype favor agregar: redjusticiaambientalcolombia. Este evento es organizado en el marco de articulación y comunicación de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia.

Invitación III Cumbre Social Andina.

Fuente: Fundación Esperanza.

La Red Andina de Migraciones tiene el agrado de invitarle a la III Cumbre Social Andina que se realizará en Bogotá los días 28, 29 y 30 de mayo a fin de actualizar la Carta Social Andina.

En la actual Carta Social Andina el tema de la Movilidad Humana no está transversal izado y no cuenta con un capítulo especifico. Sin embargo, en el marco de la Cumbre, hemos conseguido que se organice una mesa de trabajo sobre asuntos migratorios a fin de que el tema sea incluido en la Carta.

La Cumbre es una ocasión importante para que la Red Andina de Migraciones elabore y sugiere unas propuestas que recojan el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, la promoción y la exigibilidad de los derechos de las personas en contextos de Movilidad Humana.

Por eso, esperamos que puedan participar y les enviamos, en adjunto, la invitación a la Cumbre, el registro de inscripción, la hoja de ruta del evento con la agenda y un formulario para las propuestas de reformas de la Carta, la cual también resulta en anexo.

Van a ser 5 mesas de trabajo y son las siguientes:

1.      Migraciones, Trabajo y Seguridad Social, Integración Social, Erradicación de la pobreza, asuntos fronterizos.

2.      Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, Juventud, Tercera Edad, Personas en condición de discapacidad, salud, nutrición, vivienda.

3.      Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Originarios, Comunidad LGTBI.

4.      Medio Ambiente, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Prevención y Atención de Desastres, Responsabilidad Social Empresarial.

5.      Educación, Ciencia e Investigación, Cultura, Recreación, Deporte, Telecomunicaciones y TIC´S, Economía Solidaria.

También es importante recordarles a los que forman parte de la plataforma Hermes que se inscriban  como miembros de la plataforma en las mesas que van a participar.

Si alguna organización quiere participar debe diligenciar el registro de inscripción y enviarlos a los correos electrónicos: mhernandez@parlamentoandino.org y/o ssuarez@parlamentoandino.org o al fax (571) 3482805. Con copia a machaves@fundacionesperanza.org. Esto por razones logísticas y para que los dejen entrar.

La Fundación ESPERANZA no cubre ningún gasto para la participación en la III Cumbre Social Andina.

Para quienes no podrán participar en el evento, pero quieren que su voz sea escuchada y representada por la Red Andina, les comparto la presentación que se ha realizado en la pasada reunión de la RAM del 09 de mayo “Camino a la III Cumbre Social Andina” y el informe de la reunión. Les agradecería si pudieran leer los documentos y enviarnos las sugerencias, ideas o propuestas para reformar la Carta Social Andina hasta el día viernes 25 de Mayo a faustomontagna@fundacionesperanza.org y/o mchaves@fundacionesperanza.org. Pueden enviarnos sus propuestas con un correo escrito por ustedes o utilizando el formulario para las reformas a la Carta Social que encuentran en anexo.

No perdamos esta importante oportunidad para que se escuche la voz de la sociedad civil en nombre de la libre movilidad en la región andina.

Controversia por Belo Monte hará parte de la revisión de la ONU sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos.

Fuente: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Contacto:

Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA:   (+521) 55-23016639, apuentes(at)aida-americas.org  Jacob Kopas, asesorlegal de AIDA:    (+57) 320-316-0279      , jkopas(at)aida-americas.org Andressa Caldas, directora Justicia Global:      (+55-21) 8187-0794, andressa(at)global.org.br

La controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos
La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos

Ginebra, Suiza - Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.  Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación.

Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos.

Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.  La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas.

Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico.  El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 familias.

Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica.  Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

“Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. “Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos”.

Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. “El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones”, dijo Caldas. “Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte.  Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. “

¿Qué es el EPU?

La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países.  Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.

Para mayor información:

www.xinguvivo.org.br

http://www.aida-americas.org/en/project/belomonte

Para copias de los informes de la sociedad civil:

http://www.aida-americas.org/sites/default/files/UPR_Belo_Monte_final_Eng%5B1%5D_0.pdf  http://www.aida-americas.org/sites/default/files/LargeDams_UPRJointSub_Brazil_2nd_cycle_2012%5B1%5D.pdf

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AIDA defiende el derecho individual y colectivo a un ambiente sano mediante el desarrollo, implementación y aplicación de legislación nacional e internacional.  Derechos humanos y ambiente es una de nuestras cinco líneas estratégicas. La salud humana y ambiental son dos caras de la misma moneda y AIDA trabaja para salvar la distancia entre los dos temas y contrarrestar los proyectos de infraestructura a gran escala que amenazan los ecosistemas naturales y a las comunidades que dependen de ellos.

AIDA Atlixco 138, Col. Condesa, México, DF, 06140, T/F (5255) 52120141

E-mail: aida@aida-americas.org, www.aida-americas.org

En defensa de las fuentes de agua.

Fuente: Noticias Aliadas.

Luis Ángel Saavedra desde Quito

Argentina, Chile, Ecuador y Perú, entre otros, son países que han vivido durante este año grandes jornadas de protesta en las que, principalmente indígenas y campesinos, han optado por salir de sus comunidades y caminar con rumbo a los centros del poder político para confrontarse directamente con los mandatarios, a quienes advierten sobre la inminente contaminación o desaparición de las fuentes de agua si se continúa con planes que provocarán la depredación de la naturaleza o que convertirán el agua en una mercancía de alto costo.

Esta coincidencia de movilizaciones latinoamericanas se produce en rechazo al auge minero y la ampliación de la explotación petrolera y forestal, lo que a su vez responde a la cada vez mayor presión del mercado internacional que busca satisfacer la demanda de energía y minerales que necesitan los países industrializados. De igual forma, las movilizaciones buscan frenar la privatización del agua.

Las decisiones gubernamentales contradicen cuerpos legales específicos para proteger el agua que se han creado en varios de estos países, como la Constitución del Ecuador, que reconoce el agua como un derecho humano, o la “Ley de protección de los glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso de Argentina en el 2008, vetada primero por la presidenta Cristina Fernández, y que luego de un tenso proceso de negociación política entró en vigencia en octubre del 2010.

“La extracción de recursos y la protección del agua no son compatibles”, aseguró Maude Barlow, ambientalista canadiense y una de las primeras en proponer la articulación de un movimiento mundial en defensa del agua. Para Barlow, el agua no sólo es un derecho humano, sino que constituye un derecho de todos los seres vivos; por tanto las movilizaciones que se han vivido en estos meses deben generar una “asociación en defensa del agua para la naturaleza”. Barlow lanzó su llamado en la sesión inaugural del Foro Alternativo Mundial del Agua, en Marsella, Francia, el pasado 14 de marzo.

Giros presidenciales
Curiosamente, las mayores movilizaciones se han producido en países gobernados por regímenes supuestamente progresistas, como Argentina, Ecuador y Perú, cuyos presidentes recurrieron al apoyo y movilización popular para acceder al poder y que ahora, frente a la protesta social, han articulado un discurso que deja de lado sus promesas preelectorales.

En la noroccidental provincia argentina de San Juan, a inicios de marzo de este año se llevó a cabo la denominada “Marcha Nacional contra la Minería a Cielo Abierto”, para rechazar la presencia de las empresas Pascua Lama y Veladero, subsidiarias de la transnacional Barrick Gold. Lo mismo ocurrió en Mendoza, provincia que se mantiene en “emergencia hídrica”, decretada por su gobernador, Francisco Pérez, a inicios de este año. Pese a esto, en la provincia se han dado concesiones de agua para el proyecto minero San Jorge.

“Este proyecto minero va a consumir millones de litros de agua, que va a ser devuelta con múltiples metales y sustancias que la contaminarán”, aseguró a Noticias Aliadas, Agustín Aramayo, andinista que puso un cartel de protesta en la cumbre del Aconcagua, la montaña más alta de América.

Similares protestas también se vivieron en enero pasado en la provincia de La Rioja, fronteriza con Chile. Por otro lado, en Zápala, provincia de Neuquén, en el centro argentino, las organizaciones sociales se movilizaron para oponerse al proyecto municipal que planea extraer agua de un acuífero subterráneo que atraviesa la región, y embotellarla para exportarla como agua “premium”. Lo irónico es que en Zapala y toda la región existe déficit en el abastecimiento de agua potable.

La presidenta Fernández minimizó las protestas sociales y expresó su total apoyo a los proyectos mineros, al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, el pasado 1 de marzo. Así también lo hizo al inaugurar la mina del cerro Vanguardia en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, donde aseguró que las movilizaciones asustan a la gente y no son responsables frente a la necesidad de desarrollo y crecimiento armónico.

“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería, pues ha contribuido a crear puestos de trabajo altamente calificados, y bien remunerados”, aseguró Fernandez en San Julián.

Protestas generan cambios
En el Perú, la defensa del agua no es diferente a las movilizaciones argentinas. Así, entre el 1 y 10 de febrero, se desarrolló la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua y la Vida que movilizó a centenares de personas que recorrieron 800 km desde el norandino departamento de Cajamarca hacia Lima, la capital, en defensa de las lagunas que serán afectadas por el proyecto Conga, que pretende desarrollar el consorcio Yanacocha en el que participa la transnacional estadunidense Newmont. A su llegada a Lima, los organizadores presentaron propuestas legislativas que incluyen una reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano y prohibir la minería en cabeceras de cuencas y glaciares, así como el uso de mercurio y cianuro usados en las operaciones mineras, particularmente en la extracción de oro.

El ex sacerdote y activista ambientalista Marco Arana, líder de las movilizaciones cajamarquinas, aseguró que con los proyectos de ley entregados se busca también el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir sobre las actividades extractivas que se realicen en su territorio, mediante la aplicación de la consulta previa.

La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas. Las masivas protestas contra Conga en Cajamarca y la defensa cerrada del presidente Ollanta Humala al proyecto —contraria a su posición durante su campaña preelectoral cuando ponía en primer lugar la defensa del agua— desencadenaron la caída del gabinete a principios de diciembre y dieron lugar a un giro en la orientación política del gobierno.

En el Ecuador la historia fue similar, pues el 8 de marzo se inició la marcha indígena en defensa del agua, desde Pangui, en el sur amazónico, donde operará una mina de cobre de la empresa china Ecuacorriente. Pese a los bloqueos colocados a lo largo de la ruta, la marcha llegó a Quito el 22 de marzo con unos 40,000 manifestantes.

El presidente Rafael Correa intentó confrontar la movilización indígena organizando marchas paralelas que se realizaban en cada una de las capitales provinciales a las que llegaban los manifestantes, y en Quito realizó una concentración en el Parque El Arbolito, lugar histórico de las movilizaciones indígenas. Los simpatizantes gubernamentales debieron retirarse del lugar al ver la magnitud de la movilización indígena.

Los presidentes que han debido enfrentar estas movilizaciones han coincidido en sus discursos, apelando a la necesidad de los recursos para el desarrollo del país y tildando a los manifestantes de enemigos del desarrollo y el bienestar. Sin embargo, al final de las movilizaciones fueron forzados a dialogar: Fernández reivindicó la necesidad de un trato amigable con el medio ambiente, Humala tuvo que convocar a peritos extranjeros para que revisaran los aspectos hidrológicos del estudio de impacto ambiental de Conga, y Correa dio marcha atrás en sus insultos a la dirigencia indígena y aceptó que los dirigentes que lideraron la marcha sí representan a las comunidades indígenas. —Noticias Aliadas.

Tercera gran marcha carnaval en Ibagué por el agua, la vida y la soberanía.

Fuente: Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

Tercer gran marcha carnaval en Ibagué por el agua.                                        Ibagué junio 5                                                                                                              hora: 9:30 am                                                                                                                      lugar: SENA

Comité DESC de la ONU llama a incluir derechos humanos en Río + 20.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a que los Estados incorporen la perspectiva de derechos humanos en la declaración de Río+20.  Descargue el documento del Comité DESC de Naciones Unidas en inglés aquí.

Statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in the context of the Rio + 20 Conference (June 2012) on “The Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication”*

  1. Ten years ago, on the eve of the meeting of the Preparatory Committee for the World Summit on Sustainable Development (Bali 2002), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (the Committee) issued a statement on sustainable development, emphasizing the need to uphold the principles bearing on human rights contained, inter alia, in the Rio Declaration on Environment and Development, in the Habitat Agenda, and in other specific instruments on international cooperation.
  2. Ten years on, and 20 years after the Rio Conference on Environment and Development 1992 (UNCED), a stocktaking of achievements and setbacks and an outlook to the future will be undertaken at the UN Conference on Sustainable Development ( Rio + 20).
  3. The draft of the final declaration entitled “The Future We Want” (Zero Draft) is presently under discussion. In this regard, while recognizing the concept of a green economy as highlighted in the Zero Draft, the Committee emphasizes the need to integrate the green economy in the broader concept of sustainable development, which encompasses social development, together with economic growth and environmental protection, and thus has close linkages with economic, social and cultural rights. The Committee stresses the importance of upholding the balanced Rio Declaration approach.
  4. The Zero Draft goals undoubtedly are important factors of any sound economy and provide guidance for policy choices. However, the Zero Draft does not take full account of the human rights dimensions of these goals, as enshrined in the provisions of, inter alia, the two International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights and on Civil and Political Rights (1966), the Universal Declaration of Human Rights(1948), the UN Declaration on the Right to Development( 1986), as well as  the Vienna Declaration and Programme of Action (1993), the Millennium Declaration (2000), the World Summit Outcome Document (2005), the MDG Review Outcome Document (2005), the General Assembly Resolution “Keeping the Promise: United to achieve the Millennium Development Goals” (2010) and the Outcome of the Fourth United Nations Conference on Least Developed Countries (2011).
  5. Many provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (the Covenant) link with environment and sustainable development, and the Committee in its dialogue with States parties has regularly stressed the inter-linkages of specific economic, social and cultural rights, as well as  the right to development,  with the sustainability of environmental protection and development efforts.
  6. While highlighting the relevance of certain specific provisions of the Covenant to sustainable development in the dialogue with States parties to the Covenant, the Committee emphasizes, inter alia:

(a)  The importance of international cooperation for the promotion of economic, social and cultural rights and sustainable development [art. 2 (1)].  In this regard, the Committee stresses the importance of raising Official Development Assistance (ODA) contributions to 0.7 per cent of Gross National Income (GNI) and ensuring that ODA promotes sustainable development by adopting a human rights-based approach to development;

(b)  The role of women in environmental conservation and proper use and management of natural resources, as well as the disproportionately negative impact and burden on women when natural resources are depleted and the environment is damaged (art. 3 and 11, among other provisions of the Covenant) ;

(c)  The obligation to ensure a healthy working environment [art.7 (b)];

(d)  The obligation to avoid adverse environmental effects on the right to food of its population [art. 11 (2) a] and, in particular the need to fully assess the impacts of newly developed green technologies in the area of energy and in relation to access to food and water. The Committee also emphasizes the adverse implications for the right to food of cases of land grabbing and over-exploitation of fisheries, which not only have detrimental effects on environmental sustainability but also gravely affect the livelihood of present and future generations.

(e)  The need to conserve the natural habitat and sustainable uses of natural resources as elements of the enjoyment of the right to health  [art.12] and, in particular, access to safe and potable water and the prevention of water degradation and pollution that affect the right to health. Furthermore, the sanitation situation and the collection and disposal of hazardous waste have implications not only for the environment but can also potentially cause epidemics and water-borne diseases and thus negatively affect the right to health.

(f)   The linkages between bio-diversity conservation and (i) potential advances in pharmacology and medicine which are crucial to promote the right to health (art.12); and (ii) the cultural rights of indigenous peoples and local communities, including the protection of their traditional knowledge rights [art.15].

(g)  The importance of carefully balancing the requirements of  the green economy with obligations under the Covenant to respect, protect and fulfil the rights of forest dwellers and indigenous peoples to their ancestral lands and traditional culture and, in particular, deforestation measures taken without the prior informed consent of forest dwellers and indigenous peoples that directly affect their rights. The protection of their rights is deeply linked to the protection of the environment and their natural habitat, without which such communities are threatened with disappearance.

(h)  The importance of States parties to the Covenant ensuring that development efforts meet the rights of the beneficiaries of development. In this context, in 2011, on the occasion of the 25th anniversary of the UN Declaration on the Right to Development, the Committee adopted a Statement on the Importance and Relevance of the Right to Development.

(i)    The importance that States parties to the Covenant live up to their responsibility to ensure that the corporate sector observe the Rio principles as they bear on all the rights under the Covenant, as stressed by the Committee in its 2011 Statement on the obligations of States Parties regarding the corporate sector and economic, social and cultural rights.

  1. The Committee encourages the participants in the  Rio + 20 World Conference  to adopt recommendations for making not only environmental impact assessments, but also human rights assessments when policies are adopted and implemented that affect the human environment and may lead, for example, to forced displacement for ecological reasons.
  2. The Committee further calls upon participants in the Rio+20 Summit to advance the integration of sustainable development and economic, social and cultural rights. To this end, it invites all participants to:
  • reaffirm  the principles enunciated in the Rio Declaration;
  • reaffirm the right to development;
  • ensure that the new concept of the green economy (which does not specifically incorporate social development) is intrinsically linked to the comprehensive concept of sustainable development; and
  • integrate a human rights dimension into the Outcome Document, and in particular, refer to the rights under the Covenant.
  1. The Committee remains convinced that a green economy without strong human rights linkages would not yield lasting benefits, and consequently calls upon the World Conference to make the necessary changes to the Zero Draft.


                     *   Adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights at its forty-eighth session.

Convocatoria para abogado o abogada en Colombia.

Fuente: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) está buscando un asesor/a jurídica de tiempo completo para nuestro trabajo en Colombia, en particular para el Programa de Agua Dulce.  La vacante está abierta para abogados/as colombianos/as que tengan experiencia trabajando en derecho ambiental y en litigio ambiental de interés público, e idealmente que tenga conocimiento del derecho internacional ambiental en el contexto latinoamericano.  Las y los postulantes deben tener un claro compromiso para trabajar en temas de interés público y un excelente desempeño profesional y académico.
 
AIDA es una organización no-gubernamental hemisférica que busca fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional. El programa de Agua Dulce de AIDA promueve el fortalecimiento y la aplicación del derecho ambiental en las reformas legales y políticas y en los proyectos de desarrollo con el fin de promover la protección de ecosistemas frágiles y fuentes de agua dulce clave para la población colombiana y para la biodiversidad. También trabajamos para capacitar a los actores de la sociedad civil y a las autoridades gubernamentales sobre las herramientas jurídicas disponibles.  
 
Responsabilidades Principales:
  • Apoyar a las Co-directoras ejecutivas de AIDA con la formulación de la estrategia global y la dirección del Programa de Agua Dulce incluyendo la identificación de objetivos, metas, nuevos proyectos y el diseño e implementación del plan de trabajo para el programa; 
  • Desarrollar, coordinar y llevar a cabo trabajo estratégico a nivel nacional e  internacional, relacionado con la protección de ecosistemas frágiles y fuentes de agua clave para las poblaciones y para la biodiversidad; 
  • Apoyar las actividades de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia;
  • Redactar y revisar informes, escritos y otros documentos relacionados con actividades del programa;
  • Supervisar el trabajo legal de pasantes, voluntarios y abogados con menos experiencia en el equipo.
Responsabilidades Secundarias:
  • Ayudar en trabajo de comunicaciones para difundir casos y precedentes, incluyendo la redacción de comunicados de prensa, descripciones para páginas web, blogs o artículos, y la representación de AIDA ante los medios de comunicación;
  • Apoyar en la recaudación de fondos, preparando y revisando informes y propuestas para fundaciones;
  • Contribuir con las actividades de educación y capacitaciones de AIDA en el hemisferio, incluyendo la coordinación con organizaciones participantes de AIDA, la preparación de material de capacitación para abogados y otras organizaciones;
  • Participar en el desarrollo interno y la construcción de capacidad de AIDA.
Requisitos:
  • Grado en derecho y licencia profesional de abogada/o de Colombia;
  • Contar con título de posgrado en áreas afines;
  • Mínimo cinco años de experiencia laboral relevante,
  • Familiaridad con aspectos regionales ambientales en especial relacionados con Agua y Biodiversidad; 
  • Redacción clara, excelente y profesional, y alta capacidad para hablar en público;
  • Fluidez en inglés hablado y escrito;
  • Disponibilidad para viajar;
  • Demostrada capacidad de liderazgo, iniciativa y habilidad para pensar estratégicamente y desarrollar  soluciones creativas e innovadoras.
Criterios de selección:
  • Excelentes habilidades para las comunicaciones, manejo de tiempo personal y organización;
  • Habilidad para trabajar bajo presión y con múltiples fechas de entrega;
  • Alto nivel de motivación personal y excelente capacidad para trabajar en equipo;
  • Conocimiento de derecho ambiental internacional;
  • Sensibilidad cultural y habilidad para trabajar en un ambiente dinámico y multicultural con personas que vienen de distintas situaciones económicas, sociales y políticas.
Términos y condiciones:
  • Ubicación: Bogotá, Colombia.
  • Honorarios: A negociar.
  • Contrato: Contratista independiente por un año, posibilidad de renovación cada año.
Materiales de aplicación:
  • Carta de interés en la posición de la convocatoria, indicando experiencia relevante  y por qué la persona sería un candidato/a ideal para el cargo;
  • Currículo vitae u Hoja de Vida actualizada;
  • Una muestra corta de un escrito en español (no más de dos páginas);
  • Una muestra corta de un escrito en inglés (no más de dos páginas) ;
  • Tres referencias (por lo menos una referencia debe ser de un empleador reciente);
  • Postulantes deben enviar todas las materiales de la aplicación a: aida(at)aida-americas.org (favor de mencionar “ASESOR EN  AGUA DULCE”  en la línea del asunto del mensaje);
FAVOR APLICAR DE INMEDIATO.  HAREMOS UNA OFERTA DE TRABAJO EN CUANTO ENCONTREMOS UN CANDIDATO/A CUALIFICADO, POR ESO ES IMPORTANTE QUE ENVIEN SUS  DOCUMENTOS  LO MAS PRONTO POSIBLE
 
Es política de AIDA el proveer oportunidades a todas las personas calificadas y se reafirma que no habrá discriminación de solicitantes, empleados, o voluntarios calificados, basada en edad, ascendencia, credo, capacidades diferentes, estado civil, condición médica, origen nacional, maternidad, raza, sexo, orientación sexual o estado de veterano de guerras, o cualquier otro factor no relevante para el desempeño del contrato.

Reportaje sobre megaproyectos en Colombia: “Megaproyectos la Nueva Vorágine, parte 1″.

El 20 de mayo de 2012 fue transmitido por televisión nacional de Colombia (canal RCN) el reportaje del periodista Guillermo Prieto La Rotta (Pirry) “Megaproyectos la Nueva Vorágine, parte 1″ sobre megaproyectos en Colombia.

Este reportaje analiza los conflictos socio-ambientales ocasionados por dos megaproyectos. El proyecto minero de oro en Taraira, Vaupés adelantado por la empresa Cosigo Frontier Mining y la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo en el departamento del Huila, adelantada por la empresa Emgesa.