Más comunidades informadas, menos conflictos ambientales

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Miércoles  22 de Abril, 2015

11:00 AM – 12:30 PM

Idioma: Español

Agenda:

Participación Ciudadana en el proceso regional del Principio 10:   Natalia Gómez, Abogada especialista en Derecho Constitucional. Asociación Ambiente y Sociedad

Presentación del documento preliminar del acurdo regional elaborado  por CEPAL: Carlos J. de Miguel. Oficial de Asuntos Ambientales en el área de economía y medio ambiente. CEPAL

Presentación de la posición del gobierno colombiano en la negociación:

Doctora Gaia Hernandez Palacios, Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales. Minambiente

Andrea Marcela Alarcón,  Coordinadora de Asuntos Sociales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, del Ministerio de Relaciones Exteriores

Sobre el Webinar:

En el contexto latinoamericano y la biodiversidad presente en nuestro continente, los derechos de acceso (Información, participación y justicia ambiental) son esenciales para la protección de los recursos y el desarrollo sostenible de los países. Numerosos estudios señalan que  América Latina  presenta un número crecimiento de conflictos socio-ambientales relacionados con el manejo y explotación de recursos naturales, que en una gran proporción se  originan porque las comunidades no tienen un correcto acceso a la información ambiental y a la participación en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios y sus recursos.

En el caso específico de Colombia,  desde hace unos años el país se ha posicionado como un destino ideal para la inversión extranjera. Sin embargo, el aumento de la inversión, especialmente en aquellas industrias extractivas que han sido definidas por el gobierno nacional como las grandes “locomotoras del desarrollo” están afectando el estado de nuestros ecosistemas y los derechos de nuestras comunidades. Las leyes ambientales colombianas son cada vez más laxas y la sociedad civil ha demostrado su preocupación por los impactos que esto tiene para la protección del medio ambiente.

Por estas razones,  consideramos que un Convenio Regional sobre los derechos de acceso que desarrolle el Principio 10, abre las posibilidades para mejorar los estándares en el acceso a la información y las instancias de participación, proporcionando herramientas  a la sociedad civil para prevenir conflictos socio-ambientales.

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