Fuente: El Espectador.

 

Tribunal Administrativo dio vía libre para que los pobladores de Piedras decidan si aceptan las operaciones de la Anglogold Ashnati en su territorio.

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En menos de dos meses los habitantes del municipio de Piedras, en Tolima, tendrán la posibilidad de votar si quieren o no que en su territorio se hagan actividades mineras. Esta semana el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de la petición de la comunidad de hacer una consulta popular, que les permita decidir sobre la operación de la compañía Anglogold Ashanti en la zona. De acuerdo con el fallo la pregunta, que será sometida a consulta popular, “es clara y está bien proyectada”.

En líneas generales, los habitantes de Piedras decidirán si quieren o no que allí se hagan actividades de exploración, explotación, tratamiento, transporte y lavado de materiales provenientes de las actividades de explotación minera. La pregunta también incluye si apoyan el almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente y que se utilice el agua del municipio para estas actividades.

Es la primera vez que un municipio del país llevará a las urnas un asunto como este. ¿A qué se debe el rechazo a la actividad minera en Piedras? Desde principios de 2013 han sido varias las manifestaciones de los pobladores del corregimiento de Doima, en el mismo municipio, en contra de la llegada de la compañía canadiense Anglogold Ashanti. Su preocupación empezó cuando se enteraron de que la empresa tendría planes de ubicar allí un centro para el procesamiento del oro que sea extraído en el proyecto La Colosa, en el municipio de Cajamarca (ubicado a 75 kilómetros de distancia de ellos). Según expertos, una actividad como ésta requiere millones de metros cúbicos de agua y podría competir por el recurso con otras actividades como la agricultura.

Aunque la Anglogold Ashanti ha reiterado en varias ocasiones que la compañía tiene la posibilidad de ubicar en 100 kilómetros a la redonda la infraestructura que requiera para su proyecto minero, y que aún están en análisis para definir si el proyecto es o no viable, el rechazo es evidente. Tanto así que, como lo publicó EL Espectador a finales de enero pasado, la compañía demandó al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, debido a que varios pobladores estaban restringiendo el paso de sus empleados y su maquinaria. En ese momento la demanda fue declarada improcedente pero la tensión entre la comunidad y la minera siguió aumentando.

“Piedras es un municipio rico en agua, es totalmente agrícola, aquí la gente vive de eso, las operaciones mineras contaminarían las fuentes de agua y es probable que nos tengamos que ir”. Así se refiere Ángela Guzmán, líder de Doima, a la posible instalación de la compañía en la zona. El alcalde Ávila Rondón señala lo mismo: “Estamos convencidos de que cualquier explotación minera en la que se vaya a utilizar grandes cantidades de agua, va a afectar el municipio. En este momento hay una intención generalizada de votar en contra de la presencia de cualquier empresa minera en nuestras tierras pero la decisión de la mayoría sólo se verá en la votación”.

Inicialmente la consulta popular estaba planeada para el 14 de julio, pero de acuerdo con Ávila Rondón la votación sólo se podrá hacer hasta agosto debido a los trámites que hay que adelantan en la Registraduría Nacional. “En las urnas quedará claro cuántos habitantes aceptan o rechazan la actividad minera”, dice.

Ante la iniciativa la Anglogold Ashanti señala que “una parte de la comunidad y algunas autoridades del municipio no conocen el proyecto La Colosa y esto conduce a tomar decisiones equivocadas frente a una verdadera oportunidad de desarrollo”. Además, para la compañía la pregunta planteada no tiene en cuenta “los beneficios” del proyecto y podría “conducir a una decisión errada de cuenta de una mentira. Lo que se omite preguntar en esta consulta a la comunidad es si quiere apostar por el desarrollo”.

¿Qué tan efectiva puede ser la votación?

El pasado 9 de mayo, el Ministerio de Minas y Energía firmó un polémico decreto que señala que los municipios no pueden tomar decisiones cuando se trate de proyectos mineros (http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-422660-municipios-no-podran-decidir-sobre-mineria).

El Espectador consultó a este Ministerio para conocer su opinión acerca de la consulta popular en el municipio de Piedras. Según su respuesta, por más que los pobladores se manifiesten en contra no podrán evitar proyectos como este si el Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le dan vía libre a la compañía. Según la oficina jurídica del Ministerio de Minas “no es la población a través de una iniciativa como la planteada quien decide si en su territorio se puede desarrollar o no proyectos mineros, esa competencia, por mandato constitucional y legal, está en cabeza de las autoridades minero y ambiental”.

Además el Ministerio insiste en que es la autoridad minera y no los propios municipios los encargados de hacer un Plan de Ordenamiento Minero. Esta realidad no es ajena para los promotores de la consulta popular en Piedras. Sin embargo, en palabras del alcalde: “Todo el país va a conocer el resultado. Esperamos que tengan en cuenta la legalidad del proceso y respeten la decisión; esperamos que la posición de la mayoría del municipio valga”.

Por su parte, la Anglogold insiste en que “reiteramos que no es cierto que la minería y la agricultura sean incompatibles, tampoco que el proyecto La Colosa vaya a acabar o a contaminar el recurso hídrico de la región”.

En la mira de Cortolima

Esta semana Anglogold Ashanti terminó de sacar la maquinaría que tenía en la finca “La Perdiz” en el corregimiento de Doima. Así lo ordenó la Corporación Regional del Tolima (Cortolima) después de suspender las actividades de la empresa en la zona, debido a que no tendría los permisos requeridos para las etapas de construcción y montaje de la planta de tratamiento del oro, como le dijo a este diario Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima. Aunque la empresa solicitó la revocatoria inmediata de la medida, Cortolima se mantiene en su posición y será la ANLA la que determine si entrega la licencia para las actividades de construcción y montaje.

Cardoso aclara que Cortolima mantiene su posición imparcial frente a la consulta popular y se limita a comentar que “todo lo que se haga para preservar los recursos naturales, y en especial el recurso hídrico, es bienvenido”.

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