Fuente: Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»
Lanzamiento jueves 5 de diciembre en el Museo Nacional de Colombia
El documento parte de análisis de los contextos nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y de cuatro casos relevantes, uno en cada país, en los cuales se han identificado abusos de poder que combinan elementos legales, institucionales, de política pública, sociales y económicos, en el desarrollo territorial de megaproyectos extractivos. Estos casos son: La exploración de hidrocarburos en la Reserva nacional de Fauna y Flora Tariquia de Bolivia; Sin agua, no hay Awás: Negligencia en la atención de los derrames de hidrocarburos en territorios indígenas Awá en Colombia; Concesiones mineras inconsultas en la Parroquia Molleturo, Comunidad Río Blanco, Provincia del Azuay en Ecuador; y El proyecto minero Las Bambas, Perú.
Los repertorios de acción empresarial y estatal allí documentados, y sus campos de aplicación territorial, social y ambiental, permiten reconocer verdaderos patrones de comportamiento que violan los derechos humanos territoriales y ambientales y que deberían superarse por parte de empresas y Estados.
Algunos ejemplos que ilustra el informe sobre estas prácticas de abuso de poder en los países señalados son: (i) las normas legales con el debilitamiento, flexibilización o apertura de zonas de protección ambiental y las declaratorias de Estado de emergencia (ii) Discurso de negación de los impactos ambientales o la búsqueda de otros responsables, la no constatación de la información empresarial y la estigmatización de los y las defensoras de derechos humanos territoriales y ambientales (iii) Omisión institucional con la dilución de la responsabilidad y la respuestas por parte del Estado o la imposición de respuestas inadecuadas (iv) Uso de las fuerzas militares y policiales para la protección de las empresas extractivas, la criminalización de defensores ambientales y territoriales y la represión, neutralización, o acallamiento de la movilización y la protesta social comunitaria y (v) Negación de la participación y de las consultas.
El informe concluye que es necesario que los gobiernos, sean o no progresistas, asuman de forma urgente nuevos modelos de economía que tengan en cuenta las particularidades locales y culturales de su sociedad, y garanticen una participación más abierta de las comunidades sobre el modelo de futuro que se desea y la manera de alcanzarlo. Es decir, adelanten un proceso que incluye la participación abierta en la planeación sobre el territorio, el consentimiento sobre los proyectos a realizar y las consultas previas sobre el cómo hacerlo, no sólo respecto de los proyectos extractivos sino en general del diseño y aplicación de las políticas públicas.
