Por Valentina Camacho Montealegre @valentinacmpm
Las comunidades en resistencia a los proyectos minero-energéticos viven una encrucijada por cuenta de la manera como se está manejando la política minera por parte del gobierno nacional, que dentro de su plan de desarrollo le apuesta a imponer -de manera centralista- la actividad extractiva como eje motor para impulsar el desarrollo económico del país a toda costa: destrucción de ecosistemas, conflictos territoriales, impactos sociales, etc.
Los ambientalistas han liderado una lucha incansable hace más de seis años acompañados de diversos sectores sociales como sindicalistas, barristas, trabajadores, estudiantes, movimiento LGBTI, que año tras año, desde 2011, nutren la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida. Manifestación que se ha convertido en símbolo de lucha en contra de un modelo económico que solo trae destrucción y miseria.
Hoy el movimiento ambiental le apuesta a la consulta popular como el mecanismo de participación que le va permitir ratificar su posición en rechazo a los megaproyectos de minería mediante un NO en las urnas y en esta iniciativa el alcalde recién electo Guillermo Alfonso Jaramillo se ha convertido en un aliado importante. Pues ya en 2014 los ambientalistas habían solicitado al alcalde de ese momento Luis H Rodríguez presentar propuesta ante el Concejo Municipal pero este no le dio tramite, pese a que tenía un compromiso con los ibaguereños que firmó en campaña, el Pacto de Vida.
Jaramillo presentó ante el concejo la propuesta de consulta popular el 2 de febrero de 2016, a lo largo del mes se dieron seis sesiones en el Concejo Municipal donde estuvieron invitadas diversas personas que brindaron insumos para el debate y claridades sobre todo en el tema jurídico a los concejales y donde se debatió la conveniencia de llevar a cabo, en Ibagué, la consulta popular que busca evitar la contaminación de suelos y agua producto de actividades mineras en el municipio.
El día de ayer se dio el último debate programado para discutir este tema, en el recito estuvo el abogado Cesar Rodríguez director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, quien manifestó que su intensión no era la de exponer de nuevo los fundamentos legales y constitucionales relacionados con la posibilidad de que un municipio convoque una consulta sobre asuntos ambientales y mineros, sino la de referirse a algunas imprecisiones importantes y graves tanto en conceptos remitidos por la Procuraduría General de la Nación, como en los conceptos de algunos de sus colegas que han comparecido en el recinto junto con él.
El director de Dejusticia controvirtió, entre muchas otras, la afirmación de que con la pregunta se está prohibiendo la minería, pues explicó que la pregunta tiene que ver con minería contaminante, por lo que no es cierto que cualquier tipo de extracción de material de construcción a pequeña escala y la minería artesanal se vería afectada.
La senadora del Partido Alianza Verde Claudia López manifestó que la consulta popular es legítima, y resalto que las tensiones y pasiones alrededor del tema de las consultas para temas ambientales y mineros, son producto de “años y años y años de abuso ciego del gobierno nacional y de las mineras con las diferentes regiones de Colombia. Porque el gobierno nacional que tiene la función de ser un órgano regulador, imparcial y neutral entre una aspiración legítima de un operador privado y el territorio, lo que ha actuado a lo largo de estos años es como un ‘lobista’ y abogado de parte de las empresas y ha regalado y ha renunciado a su función de imparcialidad y ha abusado de las comunidades” por lo cual los ciudadanos se han indignado de ese abuso y han encontrado canales políticos, pacíficos y legítimos, para decirle al gobierno nacional ¡no más!
Claudia López envió a demás un mensaje a los concejales para que no se dejen amedrantar del abuso de poder en que está incurriendo la Procuraduría y se refirió a la lucha que ella ha librado con el Procurador Ordoñez por cuenta de su abuso de autoridad y precisó que “no hay ninguna duda, en nuestra opinión desde la Alianza Verde y en la mía personal de que esta consulta popular que está proponiendo el alcalde de Ibagué es legal y es legítima y está surtiendo el procedimiento que la ley establece. El Alcalde, con base en su competencia ha propuesto una consulta ciudadana y en este momento el concejo de Ibagué debate la conveniencia de realizarse la consulta” pero hizo énfasis en que es al tribunal a quien le compete definir la constitucionalidad de la pregunta.
Finalmente y pese a sus argumentos anteriores afirmó que la consulta no tiene efectos jurídicos vinculantes y aseguro refiriéndose a la consulta: “esta decisión si ganara con el 100% en las urnas no asegura que se negaran licenciamientos ambientales ni ejecución de proyectos mineros en Ibagué, esto simplemente asegura que se genera un precedente de carácter político que no es legalmente vinculante”.
Al terminar la sesión, la Senadora reiteró su apoyo a la consulta en su twitter.
Ante esta aseveración, el Personero electo de Ibagué Julián Prada dijo para este portal web que “es equivocada la postura de la senadora López respecto a lo que indica sobre los efectos jurídicos de la decisión que tome la ciudadanía, pues el artículo 41 de la ley 1757 establece que la decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con el requisito especifico, que para el caso de la consulta, encontramos en el enciso C, el cual dice: En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. Y el artículo 42 de la misma ley que estipula las consecuencias de la aprobación popular de un mecanismo de participación ciudadana que requiere votación establece, para el caso de la consulta popular que cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.
El senador del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla también manifestó su apoyo a esta iniciativa, hizo llegar un oficio al Concejo Municipal apoyando la realización de la consulta en donde expone tres razones jurídicas que respaldan la decisión de los concejos de convocar consultas populares en temas mineros: los entes territoriales tienen facultades sobre el subsuelo en virtud de que también hacen parte del Estado; los usos del suelo son imposibles de separar de la explotación del subsuelo y los entes territoriales tienen competencia sobre ambos usos; las autoridades locales y nacionales deben acordar y concertar temas relacionados con la minería de acuerdo a reglas jurisprudenciales. Y finaliza concluyendo que: “La concertación que la Corte Constitucional ordena en temas mineros entre el nivel central y los entes territoriales indica que la decisión sobre la política minera no recae, de manera exclusiva, en el gobierno central. Todas estas razones habilitan la posibilidad de que el Concejo convoque a una consulta popular para que el pueblo tenga la posibilidad de decidir”. Descargue el pdf del oficio en este ENLACE.
Pese a no poder asistir, el Senador Castilla se mostró muy interesado en cómo transcurría la sesión en el Concejo de Ibagué.
El lunes 29 de febrero se espera que el Concejo defina el concepto de conveniencia frente a la realización de la consulta, el Comité Pro Consulta Popular está invitando a la ciudadanía a que asista al Plantón Pro Consulta, organizado para ese día a las 8:00 A.M. frente a la Alcaldía de Ibagué.
