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Comunicado de Prensa
Bogotá, 12 de mayo de 2013
Los autores del libro “Minería en Colombia” se permiten señalar a la opinión pública lo siguiente:
1. El estudio «Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista” es una investigación de carácter técnico de la Contraloría General de la República que contribuye al necesario debate nacional que debe propiciarse sobre su objeto de estudio. Mientras más amplio sea este debate, mayores serán los beneficios para el país. De esta manera, son bienvenidos todo los análisis serios y sustentados que se produzcan en la materia. En este marco, este primer resultado de una serie de investigaciones que prepara la Contraloría sobre el tema, pone en consideración de la sociedad colombiana particularidades sustentadas sobre la actividad minera en Colombia.
2. El estudio se sustenta única y exclusivamente en datos oficiales de la DIAN, el DANE y de las empresas mineras y no en «hipótesis o verdades a medias” o “repetición de mitos» como equivocadamente se menciona. En algunos casos, las cifras del DANE y la DIAN no permiten hacer la desagregación entre el sector minero y el de hidrocarburos, de manera que en el estudio cuando no fue posible dicha desagregación, los análisis se adelantaron con base en las cifras agregadas con la salvedad respectiva. Sin embargo, lo anterior permite a su vez mostrar a la opinión pública la diferencia en la gobernanza y en beneficios existentes entre el sector de hidrocarburos y la actividad minera.
Particularmente, uno de los capítulos analiza con base en información oficial la renta minera real en Colombia y su distribución entre las empresas y el Estado. Esto, a diferencia de un estudio que se cita a menudo de Ernst &Young, que no considera impactos ambientales y sociales y se basa en empresas hipotéticas y tasas tributarias nominales. Igualmente, este tema central que ha sido reiteradamente planteado desde distintas perspectivas, incluidos los estudios de Mauricio Cárdenas y Guillermo Perry como investigadores de Fedesarrollo, se aborda resaltando la importancia de la minería en las exportaciones y en el PIB, para demostrar que esta importancia no se refleja de manera proporcional con los insuficientes aportes del sector a las finanzas públicas.
El estudio, contrario a lo afirmado por el gremio, no se centra en proyectos de minería ilegal ni pequeñas explotaciones, sino en los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a la minería de gran escala en proyectos de oro y carbón, en especial, con soporte en estudios y documentos técnicos presentados por las grandes empresas mineras a las autoridades y al público en general. En relación con el níquel, el estudio se asocia con el comunicado emitido por la Contraloría General sobre la re-negociación con la empresa, que actualmente está siendo objeto de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.
3. Con relación a los encadenamientos de la minería hacia otros sectores y su capacidad de promover el desarrollo regional, éste es un interesante tema que está siendo abordado por la Contraloría General y cuyos resultados serán divulgados en el próximo libro que se publicará sobre minería. Allí se destaca el alto peso que tienen los sectores de energía, combustibles y financiero, como principales proveedores de bienes y servicios al sector minero, y su baja capacidad de generar procesos de desarrollo endógeno en las regiones.
4. En cuanto a la institucionalidad, el estudio destaca la ausencia histórica de un esquema de gobernanza de las actividades mineras en contraste con un esquema menos desregulado como ocurre parcialmente en el sector de hidrocarburos, en el que, entre otras particularidades, el Estado participa activamente en la producción compitiendo abiertamente con el sector privado, seleccionando los competidores según el principio del mejor postor y no bajo el principio colonial de «primero en el tiempo primero en el derecho«. Igualmente, no sobra recordar al conjunto de empresas mineras que la Contraloría General ha expresado su preocupación por la debilidad institucional minera y ambiental no solo en el marco de las “opiniones” de los investigadores, sino a través de funciones de advertencia e investigaciones fiscales, que incluyen la omisión en la propuesta de una modificación al Código de Minas, las irregularidades en la prórroga a Cerromatoso, la aplicación de instrumentos ambientales declarados ilegales (los DEMA), la debilidad en el régimen de licenciamiento ambiental, entre otros. Solo en la medida en que las decisiones del gobierno generen cambios en esta situación, las reformas institucionales podrán ser consideradas como hechos reales.
5. No debe aceptarse que se evada el debate jurídico sobre las tensiones y conflictos que la gran minería legal produce y puede llegar a producir en relación con los derechos fundamentales, individuales y colectivos. A diferencia de otros estudios, «Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo ectractivista» no se basa en denuncias sino que, considerando el marco constitucional vigente, se sustenta en sentencias judiciales (de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y jueces de restitución de tierras), jurisprudencia reiterada y datos de entidades oficiales como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, alertando sobre los distanciamientos que normas y actos jurídicos sobre la actividad minera presentan frente a normas constitucionales en Colombia. Se trata de un llamado para que las decisiones públicas se encuentren enmarcadas en un test de razonabilidad frente a derechos humanos y fundamentales.
LUIS JORGE GARAY SALAMANCA – DIRECTOR
Autores/investigadores:
MAURICIO CABRERA LEAL
JORGE ENRIQUE ESPITIA ZAMORA
JULIO FIERRO MORALES
RODRIGO E. NEGRETE MONTES
LUIS ALVARO PARDO BECERRA
GUILLERMO RUDAS LLERAS
FERNANDO VARGAS VALENCIA
