*ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
**YOE JEFERSON ARREGOCES USTATE
El Consejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche, denuncia ante la opinión pública el abuso de poder de la empresa Cerrejón contra la última de las familias de nuestra comunidad que permanecía en el territorio ancestral.
Antecedentes:
Roche es el nombre del territorio de nuestra comunidad afrodescediente, ubicado en el municipio de Barrancas, sur de la Guajira que para el año 1997 contaba con más de 180 familias habitantes. Este territorio es del interés de explotación minera de carbón del Cerrejón. La declaratoria de utilidad pública de esta actividad nunca tuvo en cuenta el riesgo de que comunidades indígenas y negras como la nuestra, pudieran desaparecer.
Bajo la figura de “reubicación involuntaria” que no permite alternativas, personas de nuestra comunidad fueron siendo trasladadas hacia un conjunto de casas urbanas en el municipio de Barrancas. Estos desplazamientos se realizaron con imposición y abuso de poder de la empresa y el estado sobre las personas y las familias.
El amor y arraigo a nuestro territorio, ha hecho que nos resistamos a dejarlo a pesar de las presiones, chantajes, amenazas y la desesperación a que nos hemos visto sometidos para ceder ante las pretensiones de la empresa.
El territorio de Roche es nuestro espacio de vida colectiva. Es nuestro abrigo; en donde se han tejido nuestras historias, nuestros sueños, nuestra vida. Allí están nuestros muertos. Sin él, y forzados a vivir en casas en las que no cabe nuestra existencia colectiva, ni nuestro ser cultural e identitario, nos resistimos a desaparecer.
El incumplimiento a los compromisos del Cerrejón con las familias sacadas del territorio, profundiza el deterioro de las condiciones de vida de éstas, exacerba los problemas y pone en evidencia el desamparo institucional con que el Estado se suma a estos procesos de despojo.
En febrero se nos anunció un nuevo desalojo. Esta vez el turno era para la familia de Tomás Ustate que aferrada a su territorio, no podía aceptar la tragedia de que en él se siguiera agrandando el siniestro agujero de la minería del Cerrejón.
No es razonable que tengamos que abandonar nuestra tierra para que las 14 mil hectáreas explotadas hasta ahora por la empresa que utiliza por lo menos 17 millones de litros de agua cada día, sigan expandiéndose, mientras la gente padece la sequía y el destierro.
24 de febrero:
El abuso de poder corporativo y la complicidad del estado.
Ante el anuncio del desalojo, el 24 de febrero, el Consejo Comunitario acompañando las ocho familias descendientes del fundador del pueblo de Roche, Valentín Arregocés, encabezados por Tomás Ustate, por ser el hombre mayor de las familias, esperábamos a las autoridades para dialogar sobre nuestros derechos y propuestas.
Nos encontrábamos, tanto con la familia Ustate, como con otros comuneros que ante los incumplimientos de la empresa Cerrejón habían optado por regresar al territorio y reconstruir sus casas y proyectos de vida.
Acciones judiciales que no son decididas por los jueces sino por la empresa:
Tomás, como integrante de nuestra comunidad había presentado ante los jueces una acción constitucional de tutela para la protección de sus derechos, entre ellos, la Consulta Previa, libre e informada que nunca se llevó a cabo para esta actividad minera.
A pesar de nuestra solicitud de que se suspendiera la diligencia en espera de la decisión de los jueces sobre la acción de tutela, llegó el Esmad (escuadrón antidisturbios de la Policía) desde las 10 am, agresivamente lanzando gases y otro tipo de municiones. En este primer ataque a la gente, fueron afectadas las siguientes personas: Ronal Emilio Palmesano Carrillo-discapacitado mental (lesiones múltiples, deformación, en extremidades superior y herida abierta) Ángel Pereira Daza, (lesiones y heridas múltiples en la zona torácica frontal).
Posteriormente se presentaron algunas autoridades a petición nuestra, pero llegaron acompañadas por empleados de la empresa El Cerrejón.
Un funcionario de Bienestar Familiar se mostró de acuerdo en nuestra solicitud de suspender la diligencia y adicionó que podría hacerse un acuerdo en donde se pactaran unos compromisos con condiciones y multas para quien incumpliera.
La jueza de Barrancas manifestando que ella era comisionada para el cumplimiento de una sentencia, aceptó que la decisión estaba en Cerrejón pues si las partes se lo acordaban y Cerrejón suspendía la diligencia, ella estaría de acuerdo.
Cerrejón por su parte, dijo categóricamente, que ellos no suspendían porque necesitaban el área.
Acumulación para la empresa. Saqueo, golpes y cárcel para la comunidad:
A las 4:30 pm los afectados vieron que tanto la vivienda de Tomás como las de las demás familias que no eran objeto de la sentencia que se hacía cumplir su casa eran derrumbada con personal y con maquinaria al igual que los bienes públicos, como albercas, pozo profundo de agua etc.
En este momento éramos objeto de burlas e improperios por parte de funcionarios de Cerrejón, de su personal de seguridad y del Esmad. Hecho que ocasionó reacción en alguno de nosotros por lo que se presentó una discusión y luego un forcejeo entre una funcionaria de Cerrejón y una integrante de la comunidad.
Las personas que entraron a mediar fueron golpeadas por el Esmad que luego arremetió de distintas maneras contra otros comuneros. Fue impresionante como los del Esmad provocaban a la comunidad por medio de burlas, amenazas, golpes o de agresión verbal y psicológica y atacaba a quien respondiera.
Fue un acto brutal. Una clara violación a los derechos humanos. Las personas que resultaron con algún tipo de agresión son las siguientes: Esmeider Bermúdez Peñaranda, (lesiones múltiples), Carlos Mario Duarte (lesiones y daño material en una moto), Alex Ustate (Lesión múltiples), Elkin Carrillo (lesiones múltiples).
También, Yajaira Ustate quien se encontraba con casi cuatro meses de embarazo recibió lesiones múltiples lo que le causó un sangrado abundante inmediato y toda la noche por lo
que tuvo que recurrir a un centro hospitalario de Fonseca, y posteriormente fue remitida a San Juan del Cesar, en donde perdió el bebé.
Mujer golpeada en sus senos por el ESMAD
Elis María Ustate Fuentes (lesiones múltiples en sitios de mucha delicadeza como el seno), Iván Calixto Ustate (Lesiones múltiples) Diosenith, discapacitada, (lesiones, asfixia y desmayo), Rubira del Carmen Arregocés Ustate (lesiones múltiples), Yoe Arregocés, (agredido tanto verbal como psicológicamente, y amenazado por la gente de seguridad de Cerrejón y por personal del Esmad), Samuel Arregocés (amenazado por personal de seguridad y Esmad), Rogelio Ustate (amenazado por personal de seguridad y Esmad). Nayeinis Frías -niña de 1 año-, también resultó con lesiones y asfixia por los gases lacrimógenos.
Jan Carlos Frías (lesiones múltiples y daño en vehículo de su propiedad) Ibrain Ospino (lesiones y agresión verbal por el Esmad), y José Ramón Bermúdez (lesiones múltiples y agresión verbal).
El personal de seguridad del Cerrejón, accionó sus armas de fuego e hicieron varios disparos.
Fue notable la ausencia de Secretaria de Gobierno y Personería municipal.
No hubo tiempo de recoger enseres y Cerrejón se adueñó de todo, la comida cruda, la cocida y la ropa. La gente no pudo comer nada ese día, ni siquiera beber agua, porque Cerrejón se llevó la comida y el agua.
Otra violación a los derechos humanos y al debido proceso es que la actuación que se supone era hacer cumplir la sentencia contra la familia Ustate se extendió hacia los otros pobladores que formaban parte de una situación jurídica distinta y tenían todo el derecho a ser escuchados en un trámite y procedimiento diferente.
Herido con fractura de brazo
Tres (3) personas de la comunidad y un periodista guatemalteco que cubría la noticia fueron detenidas ilegalmente y sin que se cumplieran las formalidades que se exigen para la privación de la libertad.
Lo que aquí narramos quedó por fuera del acta suscrita por la jueza. En ella se menciona la presencia de Procuraduría, defensoría y otras entidades que, en caso de que estuvieran jamás se distinguieron de entre los funcionarios de la empresa.
Como si fuera poco, extrañamente los funcionarios de Medicina Legal tampoco han atendido a los heridos para la realización de los exámenes correspondientes que dan cuenta de lo sucedido.
Así, la empresa sigue demostrando que es juez y parte, que tienen todo el poder, incluso para someter al estado, incluyendo a los jueces y funcionarios a sus intereses y designios.
Lo que ha pasado a la comunidad de Roche es la repetición del destierro a las comunidades ancestrales. Esto mismo, ha sucedido a comunidades como Manantial, Tabaco, Patilla, Chancleta, Caracolí, Palmarito, etc.
Nuestros muertos quedaron allí:
Ante la brutalll arremetida contra la comunidad, la destrucción de sus casas, y el saqueo de sus bienes y enseres, sólo se quedaron en el territorio nuestros difuntos. Ellos permanecen en el cementerio construido por la comunidad desde hace muchos años. Junto a ellos reposa nuestra historia, nuestra tradición, nuestros referentes de espiritualidad y unidad.
A pesar de que el cementerio constituye un lugar sagrado para nuestra comunidad, desde el 24 de febrero se nos ha impedido el acceso a él y la posibilidad de visitar a los difuntos. La presencia de guardias privados y estatales, así como una gran zanja que ha sido construida a la entrada del puedo impiden nuestro acceso a él. Nuestros muertos han quedado secuestrados por la minería del Cerrejón.
La simulación de los documentos:
La empresa Cerrejón crea y aprovecha un contexto de angustia, miedo y desesperanza para presionar que las personas y familias salgan de su territorio con la firma de documentos. En ellos, la empresa hace compromisos escritos y verbales que posteriormente no cumple. Así lo manifestamos a la jueza y lo denunciamos ahora.
El sometimiento y complicidad del estado colombiano con la empresa Cerrejón, deja a las personas y comunidades en total desamparo y extrema vulnerabilidad frente al abuso de poder empresarial y estatal.
Frente al anuncio de nuevas expropiaciones, la profundización de los problemas sociales y ambientales en la zona, la ausencia de garantías para las comunidades, la impunidad en que quedan estos hechos y la expansión y voracidad de la mina que amenaza con desviar arroyos, ríos y seguir tragando comunidades, llamamos a la conciencia ética del país.
Estas denuncias las hacemos con muchas dificultades y riesgos.
Aunque nuestras voces languidezcan ante la violencia de estos terribles hechos y por el abuso de poder que persiste, jamás podrá decirse que fue la ignorancia lo que impidió a Colombia actuar para evitar que la Guajira se desvaneciera ante los ojos de todo un país que sabe lo que está sucediendo.
Exigencias:
Al Estado:
- Atender sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos frente a las comunidades víctimas del accionar de empresas.
- Investigar los hechos aquí referidos, así como las múltiples denuncias que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescedientes han presentado frente al accionar abusivo de la empresa minera Cerrejón.
- Eliminar la connivencia, la tolerancia y la aquiescencia que mantiene con quienes, como en este caso, violentan los derechos de personas y comunidades vulnerabilizadas por el mismo impacto empresarial. Esto hace parte de las garantías de construcción de paz territorial y de una sociedad justa y en armonía.
A la empresa:
- Respetar los derechos de las comunidades. Tanto de aquellas que perviven en sus territorios, como de las que han sido desplazadas por el megaproyecto minero.
- Entender que la reparación integral por los daños es un derecho de las comunidades y una obligación de la empresa. Ésta debe abstenerse de seguir abusando de su poder
para lograr la firma de acuerdos malintencionados que resultan ser engañosos a las comunidades y que además la empresa no cumple. - Cumplir con los acuerdos hechos, tanto verbales y escritos con familias, grupos, comunidades y organizaciones.
- Evitar el uso de la llamada Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, para enmascarar y acallar los reclamos de quienes denuncian.
- Evitar la injerencia a su favor en las decisiones gubernamentales y judiciales que afectan la vida de las personas en la Guajira, especialmente de las comunidades que nos encontramos en el área de influencia directa de la mina.
- Permitir el acceso de las comunidades a los sitios sagrados, y en el cementerio, el encuentro ritual con nuestros ancestros.
- A sus accionistas en Reino Unido, Suiza y Australia, que no permitan más abusos de su filial en Colombia. Eso hace parte de la Debida diligencia como compromiso y obligación empresarial
Llamados:
A la sociedad nacional e internacional:
- Escucharnos. Son muchos años que llevamos denunciando lo que nos pasa: el despojo, la pérdida de derechos, de tierra, de agua, de ambiente, de nuestra cultura y con ello, el riesgo que se cierne sobre nuestra existencia.
- Rechazar este tipo de hechos. El silencio y la indiferencia nos hacen cómplices de este despojo.
- Informarse. Quitando el velo de la publicidad corporativa. Ir más allá de lo que muestran o no, los medios de comunicación y la empresa misma.
- Solidarizarse con nuestras luchas. Es muy difícil para las familias, las comunidades y las personas conscientes y amorosas del territorio, resistir al abuso de poderes e intereses tan grandes.
A la comunidad de Roche y otras comunidades violentadas por la empresa Cerrejón:
- Nuestro compromiso de denunciar. Nuestro amor, ancestralidad y solidaridad para mantener y fortalecer los tejidos de unidad y protección del territorio
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*ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
CC N°. 5.152.278 de Barrancas la Guajira
Presidente del Concejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche
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**YOE JEFERSON ARREGOCES USTATE
CC N° 17956594 de Fonseca la Guajira
Secretario del Concejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche
