Archivo de la categoría: Derechos Humanos

Carta al Embajador del Ecuador sobre situación de Acción Ecológica

Bogotá, 20 de enero de 2017

Señor:

Rafael Paredes Proaño

Embajador del Ecuador en Colombia

La ciudad

Respetado Señor Embajador:

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra enorme preocupación y enérgico rechazo por el inicio de un procedimiento administrativo con el fin de clausurar la organización no gubernamental “Acción Ecológica” en Quito.

En días pasados Acción Ecológica recibió una notificación del Ministerio del Ambiente ecuatoriano, donde se informa que iniciará un proceso gubernativo de disolución de la organización. Entre las razones alegadas por el gobierno para iniciar tal procedimiento está que, en el marco del conflicto en la Cordillera el Cóndor, la organización ha “realiza[do] afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones a derechos humanos”.

En adición a lo anterior, Acción Ecológica ha denunciado que ha sido objeto de agresiones e intimidaciones en el marco del trabajo que realiza; estas acciones constituyen un contexto que, consideramos, busca de manera inaceptable desestimular sus actividades.

El 12 de enero del presente año el Ministerio del Ambiente de Ecuador, entidad competente, publicó un comunicado en el que informa que resolvió desestimar la solicitud de disolución de Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior, por considerar que “no existe vinculación directa entre los hechos violentos acontecidos en la Provincia de Morona Santiago los días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica”[1].

Las organizaciones abajo firmantes valoramos la decisión del Ministerio, pues permite que Acción Ecológica continúe desarrollando sus actividades en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, nos preocupa altamente que la decisión sea objeto de recursos administrativos o judiciales por parte del Ministerio del Interior, o que el procedimiento sea reiniciado en el futuro.

El procedimiento administrativo en mención y el eventual cierre de Acción Ecológica ponen en riesgo las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación, entre otros derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –instrumentos de los que Ecuador es parte- y la propia constitución ecuatoriana.

Por lo anterior, consideramos inaceptables los argumentos esgrimidos por el gobierno ecuatoriano en el proceso de disolución y la determinación misma de iniciarlo, pues la expresión de opiniones es un derecho protegido nacional e internacionalmente y es una manifestación de los principios democráticos. Del mismo modo, estimamos que el procedimiento de disolución de organizaciones de la sociedad civil es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque impide el ejercicio legítimo de la libertad de asociación y reunión pacífica.

Acción Ecológica es reconocida internacionalmente como una organización con un liderazgo histórico en la defensa de los ecosistemas y las comunidades en Ecuador y por su contribución decisiva a los avances ambientales de su constitución política. Su trabajo redunda en mejores condiciones para el ejercicio del derecho al ambiente sano de la ciudadanía ecuatoriana.

Queremos llamar su atención, además, sobre el pronunciamiento de los expertos en Derechos Humanos[2] que critica las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano para cerrar la ONG Acción Ecológica. Adicionalmente, exhorta al gobierno ecuatoriano a revocar la decisión de cerrar la ONG y a reformar la legislación que utiliza actualmente para la disolución de organizaciones no gubernamentales[3]. Asimismo, manifiesta que “[p]arece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial[4]”, y que “[d]isolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación…[5]

Las organizaciones que firmamos esta carta llamamos, por su conducto, al gobierno ecuatoriano a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos, desista definitivamente de interponer los recursos administrativos y legales a que tiene derecho en el proceso administrativo y se abstenga de reiniciarlo en el futuro.

Del mismo modo, solicitamos adoptar medidas para asegurar un entorno propicio y seguro para la labor que realiza Acción Ecológica y las demás organizaciones sociales y ambientalistas ecuatorianas: investigar y sancionar ejemplarmente las agresiones en su contra, y abstenerse de interferir con acciones de hecho o de derecho en su misión institucional. Lo anterior, con el fin de respetar y garantizar que dicha organización, sus integrantes y demás organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, puedan continuar con sus actividades, que consideramos legales, legítimas y necesarias.

Cordialmente,

  • Red por la Justicia Ambiental en Colombia
  • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente- AIDA
  • CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
  • Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
  • Asociación Ambiente y Sociedad
  • Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
  • Corporación Grupo Semillas – Colombia
  • Fundación Naturaleza Actúa, Bogotá
  • Corporación Podion y el Colectivo Soberanía y Naturaleza
  • Educar Consumidores
  • Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil- RESNATUR
  • Fundación Natura
  • Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ
  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  • Sin Olvido Verde
  • Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Red de Comités Ambientales del Tolima
  • Grupo de Investigación Terrae
  • Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos -ILSA-
  • Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC
  • Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

Texto en PDF aquí

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[1]Comunicado Ministerio del Ambiente. Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/comunicado-3/

[2]Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[3]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[4]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

[5]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf

Comunicado de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá

El comunicado de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá se hace por los recientes hechos de violencia ocurridos en Valparaíso y Paujil contra personas que protestaban pacíficamente en defensa del agua.

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CONVOCATORIA LABORAL ABOGADAS Y ABOGADOS: CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ

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La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, organización que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, acercando el derecho a las comunidades desde un enfoque diferencial y de género, a los sectores sociales y populares, como la población víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a la población campesina y pueblos indígenas, de manera que el derecho se ponga al servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la población, impulsando el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista, tolerante y en PAZ, a través del acompañamiento jurídico, político y social en la defensa integral y la exigibilidad de sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, y en la defensa y protección de la biodiversidad frente al modelo económico y los intereses extractivos, el derecho a la tierra, al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, presenta perfil de abogadas/os, para apoyar el trabajo de la CCALCP:

Cargos requeridos:

2 Abogadas/os de Líneas Estratégicas – Viviendo en Bucaramanga – Santander

1 Abogadas/os de Líneas Estratégicas – Viviendo en Cúcuta – Norte de Santander

El cargo de Abogada (o) de Línea Estratégica de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, apoyará el impulso y elaboración permanente de las acciones de litigio estratégico en las Líneas de trabajo de Lucha Contra la Impunidad y Defensa del Territorio:

Perfil de las/os Aspirantes:

1. Abogadas/os Tituladas/os, con tarjeta profesional y Especialización en derechos humanos, derecho administrativo, constitucional y/o Ambiental.

2. Preferiblemente con dominio de ingles

3. Movilidad a distintas zonas rurales y urbanas del país

4. Las/os abogadas/os deben certificar experiencia laboral especialmente en áreas de derechos humanos, administrativo, penal, constitucional, ambiental, Mínimo de dos (2) Años.

5. Capacidad de investigación, análisis y sistematización de información.

6. Capacidad de expresión en público, redacción y ortografía.

7. Conocimientos en derechos humanos.

8. Conocimiento y buen manejo de office.

9. Conocimientos y buen manejo de las herramientas de internet.

10. Capacidades en elaboración acciones ante lo contencioso administrativo, sede administrativa, penales, constitucionales, preferiblemente con conocimiento en el marco jurídico de víctimas, legislación minera, legislación ambiental.

Competencias:

1. Capacidad de asumir responsablemente y eficazmente las tareas que se les asigne.

2. Capacidad de trabajo en equipo.

3. Capacidad de trabajo bajo presión.

4. Capacidad para la organización digital y física de la información.

5. Excelente capacidad de comunicación y relaciones interpersonales.

Habilidades:

1. Elaboración de documentos socio-jurídico

2. Argumentación jurídica

3. Elaboración de documentos de análisis de contexto, diagnósticos, sistematización y análisis de información

Principales Funciones:

1. Elaboración e impulso de acciones jurídicas.

2. Asesoría víctimas, comunidades campesinas, procesos comunitarios

3. Investigación socio-jurídica

4. Sistematización de información

5. Preparación y participación en encuentros pedagógicos, reuniones, espacios de intercambio, etc.

6. Viajes a zonas rurales y urbanas donde trabaje la CCALCP

7. Elaboración informes de seguimiento a la situación de derechos humanos

8. Impulso defensas penales y representación de víctimas

9. Elaboración e impulso acciones ante sede administrativa y contencioso administrativo

10. Elaboración e impulso acciones constitucionales

11. Elaboración e impulso de acciones internacionales

12. Preparar y participar de los espacios de formación interna.

13. Cumplir con todos los procedimientos administrativos, de seguridad, confidencialidad e institucionales de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.

Convocatoria Hasta Mayo 31 de 2016

Dirección Electrónica para el envió de hojas de vida y anexos: mfigueroa@ccalcp.org

Dedicación: Tiempo Completo

Tipo de contratación: Contrato laboral Se llamará a entrevistas y pruebas desde el 2 de junio de 2016

Importante y sin excepción se informe junto con el envío de la hoja de vida el área del derecho en que mejor se desempeñan y nombre, dirección, teléfono y cargo de quienes señalen como referencias laborales en hojas de vida.

15 años del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

CCALCP – Video Institucional 15 Años disponible en Youtube en este ENLACE.

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, 15 años de Trabajo por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio – Colombia

Movilización del #PuebloUwa en Defensa de su Sierra Nevada Sagrada Zizuma / El Cocuy

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

*ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ

**YOE JEFERSON ARREGOCES USTATE

El Consejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche, denuncia ante la opinión pública el abuso de poder de la empresa Cerrejón contra la última de las familias de nuestra comunidad que permanecía en el territorio ancestral.

Antecedentes:
Roche es el nombre del territorio de nuestra comunidad afrodescediente, ubicado en el municipio de Barrancas, sur de la Guajira que para el año 1997 contaba con más de 180 familias habitantes. Este territorio es del interés de explotación minera de carbón del Cerrejón. La declaratoria de utilidad pública de esta actividad nunca tuvo en cuenta el riesgo de que comunidades indígenas y negras como la nuestra, pudieran desaparecer.

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Bajo la figura de “reubicación involuntaria” que no permite alternativas, personas de nuestra comunidad fueron siendo trasladadas hacia un conjunto de casas urbanas en el municipio de Barrancas. Estos desplazamientos se realizaron con imposición y abuso de poder de la empresa y el estado sobre las personas y las familias.

El amor y arraigo a nuestro territorio, ha hecho que nos resistamos a dejarlo a pesar de las presiones, chantajes, amenazas y la desesperación a que nos hemos visto sometidos para ceder ante las pretensiones de la empresa.

El territorio de Roche es nuestro espacio de vida colectiva. Es nuestro abrigo; en donde se han tejido nuestras historias, nuestros sueños, nuestra vida. Allí están nuestros muertos. Sin él, y forzados a vivir en casas en las que no cabe nuestra existencia colectiva, ni nuestro ser cultural e identitario, nos resistimos a desaparecer.

El incumplimiento a los compromisos del Cerrejón con las familias sacadas del territorio, profundiza el deterioro de las condiciones de vida de éstas, exacerba los problemas y pone en evidencia el desamparo institucional con que el Estado se suma a estos procesos de despojo.

En febrero se nos anunció un nuevo desalojo. Esta vez el turno era para la familia de Tomás Ustate que aferrada a su territorio, no podía aceptar la tragedia de que en él se siguiera agrandando el siniestro agujero de la minería del Cerrejón.

No es razonable que tengamos que abandonar nuestra tierra para que las 14 mil hectáreas explotadas hasta ahora por la empresa que utiliza por lo menos 17 millones de litros de agua cada día, sigan expandiéndose, mientras la gente padece la sequía y el destierro.

24 de febrero:
El abuso de poder corporativo y la complicidad del estado.

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Ante el anuncio del desalojo, el 24 de febrero, el Consejo Comunitario acompañando las ocho familias descendientes del fundador del pueblo de Roche, Valentín Arregocés, encabezados por Tomás Ustate, por ser el hombre mayor de las familias, esperábamos a las autoridades para dialogar sobre nuestros derechos y propuestas.

Nos encontrábamos, tanto con la familia Ustate, como con otros comuneros que ante los incumplimientos de la empresa Cerrejón habían optado por regresar al territorio y reconstruir sus casas y proyectos de vida.

Acciones judiciales que no son decididas por los jueces sino por la empresa:
Tomás, como integrante de nuestra comunidad había presentado ante los jueces una acción constitucional de tutela para la protección de sus derechos, entre ellos, la Consulta Previa, libre e informada que nunca se llevó a cabo para esta actividad minera.

A pesar de nuestra solicitud de que se suspendiera la diligencia en espera de la decisión de los jueces sobre la acción de tutela, llegó el Esmad (escuadrón antidisturbios de la Policía) desde las 10 am, agresivamente lanzando gases y otro tipo de municiones. En este primer ataque a la gente, fueron afectadas las siguientes personas: Ronal Emilio Palmesano Carrillo-discapacitado mental (lesiones múltiples, deformación, en extremidades superior y herida abierta) Ángel Pereira Daza, (lesiones y heridas múltiples en la zona torácica frontal).

Posteriormente se presentaron algunas autoridades a petición nuestra, pero llegaron acompañadas por empleados de la empresa El Cerrejón.

Un funcionario de Bienestar Familiar se mostró de acuerdo en nuestra solicitud de suspender la diligencia y adicionó que podría hacerse un acuerdo en donde se pactaran unos compromisos con condiciones y multas para quien incumpliera.

La jueza de Barrancas manifestando que ella era comisionada para el cumplimiento de una sentencia, aceptó que la decisión estaba en Cerrejón pues si las partes se lo acordaban y Cerrejón suspendía la diligencia, ella estaría de acuerdo.

Cerrejón por su parte, dijo categóricamente, que ellos no suspendían porque necesitaban el área.

Acumulación para la empresa. Saqueo, golpes y cárcel para la comunidad:
A las 4:30 pm los afectados vieron que tanto la vivienda de Tomás como las de las demás familias que no eran objeto de la sentencia que se hacía cumplir su casa eran derrumbada con personal y con maquinaria al igual que los bienes públicos, como albercas, pozo profundo de agua etc.

En este momento éramos objeto de burlas e improperios por parte de funcionarios de Cerrejón, de su personal de seguridad y del Esmad. Hecho que ocasionó reacción en alguno de nosotros por lo que se presentó una discusión y luego un forcejeo entre una funcionaria de Cerrejón y una integrante de la comunidad.

Las personas que entraron a mediar fueron golpeadas por el Esmad que luego arremetió de distintas maneras contra otros comuneros. Fue impresionante como los del Esmad provocaban a la comunidad por medio de burlas, amenazas, golpes o de agresión verbal y psicológica y atacaba a quien respondiera.

Fue un acto brutal. Una clara violación a los derechos humanos. Las personas que resultaron con algún tipo de agresión son las siguientes: Esmeider Bermúdez Peñaranda, (lesiones múltiples), Carlos Mario Duarte (lesiones y daño material en una moto), Alex Ustate (Lesión múltiples), Elkin Carrillo (lesiones múltiples).

También, Yajaira Ustate quien se encontraba con casi cuatro meses de embarazo recibió lesiones múltiples lo que le causó un sangrado abundante inmediato y toda la noche por lo
que tuvo que recurrir a un centro hospitalario de Fonseca, y posteriormente fue remitida a San Juan del Cesar, en donde perdió el bebé.

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Mujer golpeada en sus senos por el ESMAD

Elis María Ustate Fuentes (lesiones múltiples en sitios de mucha delicadeza como el seno), Iván Calixto Ustate (Lesiones múltiples) Diosenith, discapacitada, (lesiones, asfixia y desmayo), Rubira del Carmen Arregocés Ustate (lesiones múltiples), Yoe Arregocés, (agredido tanto verbal como psicológicamente, y amenazado por la gente de seguridad de Cerrejón y por personal del Esmad), Samuel Arregocés (amenazado por personal de seguridad y Esmad), Rogelio Ustate (amenazado por personal de seguridad y Esmad). Nayeinis Frías -niña de 1 año-, también resultó con lesiones y asfixia por los gases lacrimógenos.

Jan Carlos Frías (lesiones múltiples y daño en vehículo de su propiedad) Ibrain Ospino (lesiones y agresión verbal por el Esmad), y José Ramón Bermúdez (lesiones múltiples y agresión verbal).

El personal de seguridad del Cerrejón, accionó sus armas de fuego e hicieron varios disparos.

HeridoFracturaBrazo

Fue notable la ausencia de Secretaria de Gobierno y Personería municipal.

No hubo tiempo de recoger enseres y Cerrejón se adueñó de todo, la comida cruda, la cocida y la ropa. La gente no pudo comer nada ese día, ni siquiera beber agua, porque Cerrejón se llevó la comida y el agua.

Otra violación a los derechos humanos y al debido proceso es que la actuación que se supone era hacer cumplir la sentencia contra la familia Ustate se extendió hacia los otros pobladores que formaban parte de una situación jurídica distinta y tenían todo el derecho a ser escuchados en un trámite y procedimiento diferente.
Herido con fractura de brazo

Tres (3) personas de la comunidad y un periodista guatemalteco que cubría la noticia fueron detenidas ilegalmente y sin que se cumplieran las formalidades que se exigen para la privación de la libertad.

Lo que aquí narramos quedó por fuera del acta suscrita por la jueza. En ella se menciona la presencia de Procuraduría, defensoría y otras entidades que, en caso de que estuvieran jamás se distinguieron de entre los funcionarios de la empresa.

Como si fuera poco, extrañamente los funcionarios de Medicina Legal tampoco han atendido a los heridos para la realización de los exámenes correspondientes que dan cuenta de lo sucedido.

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Así, la empresa sigue demostrando que es juez y parte, que tienen todo el poder, incluso para someter al estado, incluyendo a los jueces y funcionarios a sus intereses y designios.

Lo que ha pasado a la comunidad de Roche es la repetición del destierro a las comunidades ancestrales. Esto mismo, ha sucedido a comunidades como Manantial, Tabaco, Patilla, Chancleta, Caracolí, Palmarito, etc.

Nuestros muertos quedaron allí:

Ante la brutalll arremetida contra la comunidad, la destrucción de sus casas, y el saqueo de sus bienes y enseres, sólo se quedaron en el territorio nuestros difuntos. Ellos permanecen en el cementerio construido por la comunidad desde hace muchos años. Junto a ellos reposa nuestra historia, nuestra tradición, nuestros referentes de espiritualidad y unidad.

A pesar de que el cementerio constituye un lugar sagrado para nuestra comunidad, desde el 24 de febrero se nos ha impedido el acceso a él y la posibilidad de visitar a los difuntos. La presencia de guardias privados y estatales, así como una gran zanja que ha sido construida a la entrada del puedo impiden nuestro acceso a él. Nuestros muertos han quedado secuestrados por la minería del Cerrejón.

La simulación de los documentos:
La empresa Cerrejón crea y aprovecha un contexto de angustia, miedo y desesperanza para presionar que las personas y familias salgan de su territorio con la firma de documentos. En ellos, la empresa hace compromisos escritos y verbales que posteriormente no cumple. Así lo manifestamos a la jueza y lo denunciamos ahora.

El sometimiento y complicidad del estado colombiano con la empresa Cerrejón, deja a las personas y comunidades en total desamparo y extrema vulnerabilidad frente al abuso de poder empresarial y estatal.

Frente al anuncio de nuevas expropiaciones, la profundización de los problemas sociales y ambientales en la zona, la ausencia de garantías para las comunidades, la impunidad en que quedan estos hechos y la expansión y voracidad de la mina que amenaza con desviar arroyos, ríos y seguir tragando comunidades, llamamos a la conciencia ética del país.

Estas denuncias las hacemos con muchas dificultades y riesgos.

Aunque nuestras voces languidezcan ante la violencia de estos terribles hechos y por el abuso de poder que persiste, jamás podrá decirse que fue la ignorancia lo que impidió a Colombia actuar para evitar que la Guajira se desvaneciera ante los ojos de todo un país que sabe lo que está sucediendo.

Exigencias:

Al Estado:

  • Atender sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos frente a las comunidades víctimas del accionar de empresas.
  • Investigar los hechos aquí referidos, así como las múltiples denuncias que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescedientes han presentado frente al accionar abusivo de la empresa minera Cerrejón.
  • Eliminar la connivencia, la tolerancia y la aquiescencia que mantiene con quienes, como en este caso, violentan los derechos de personas y comunidades vulnerabilizadas por el mismo impacto empresarial. Esto hace parte de las garantías de construcción de paz territorial y de una sociedad justa y en armonía.

 

A la empresa:

  • Respetar los derechos de las comunidades. Tanto de aquellas que perviven en sus territorios, como de las que han sido desplazadas por el megaproyecto minero.
  • Entender que la reparación integral por los daños es un derecho de las comunidades y una obligación de la empresa. Ésta debe abstenerse de seguir abusando de su poder
    para lograr la firma de acuerdos malintencionados que resultan ser engañosos a las comunidades y que además la empresa no cumple.
  • Cumplir con los acuerdos hechos, tanto verbales y escritos con familias, grupos, comunidades y organizaciones.
  • Evitar el uso de la llamada Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, para enmascarar y acallar los reclamos de quienes denuncian.
  • Evitar la injerencia a su favor en las decisiones gubernamentales y judiciales que afectan la vida de las personas en la Guajira, especialmente de las comunidades que nos encontramos en el área de influencia directa de la mina.
  • Permitir el acceso de las comunidades a los sitios sagrados, y en el cementerio, el encuentro ritual con nuestros ancestros.
  • A sus accionistas en Reino Unido, Suiza y Australia, que no permitan más abusos de su filial en Colombia. Eso hace parte de la Debida diligencia como compromiso y obligación empresarial

Llamados:

A la sociedad nacional e internacional:

  • Escucharnos. Son muchos años que llevamos denunciando lo que nos pasa: el despojo, la pérdida de derechos, de tierra, de agua, de ambiente, de nuestra cultura y con ello, el riesgo que se cierne sobre nuestra existencia.
  • Rechazar este tipo de hechos. El silencio y la indiferencia nos hacen cómplices de este despojo.
  • Informarse. Quitando el velo de la publicidad corporativa. Ir más allá de lo que muestran o no, los medios de comunicación y la empresa misma.
  • Solidarizarse con nuestras luchas. Es muy difícil para las familias, las comunidades y las personas conscientes y amorosas del territorio, resistir al abuso de poderes e intereses tan grandes.

 

A la comunidad de Roche y otras comunidades violentadas por la empresa Cerrejón:

  • Nuestro compromiso de denunciar. Nuestro amor, ancestralidad y solidaridad para mantener y fortalecer los tejidos de unidad y protección del territorio

 
__________________________________________
*ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ
CC N°. 5.152.278 de Barrancas la Guajira
Presidente del Concejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche
_____________________________________________________
**YOE JEFERSON ARREGOCES USTATE
CC N° 17956594 de Fonseca la Guajira
Secretario del Concejo Comunitario Ancestral de la Comunidad de Roche

Los Pueblos Indígenas NO somos actores armados, somos actores de Paz

Fuente: Organización Nacional Indígena de Colombia.

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Más de treinta indígenas heridos se reportan en el norte del Cauca durante los días recientes.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),  en sus 33 años de lucha y resistencia por los derechos de los Pueblos Indígenas, rechaza de manera enfática la gravísima situación que se presenta desde hace tres días en el Norte del Cauca, lo cual atenta contra la vida, la integridad física y los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y, coadyuvamos el comunicado público emitido por nuestra organización filial y hermana, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, a la vez que solicitamos acciones con carácter URGENTE a todas las entidades del Estado colombiano, en lo concerniente a los hechos que a continuación se describen:

 
  1. En el marco de la defensa por la liberación de la madre tierra en el territorio indígena ancestral de Corinto, el Ejército, la Policía y el ESMAD, usando de forma excesiva la fuerza, han atacado de manera indiscriminada a los compañeros indígenas que, legítimamente reivindican sus derechos territoriales y la protección de la Madre Tierra. 
  2. El día de hoy, la Fuerza Pública, quebrantando de manera flagrante los estándares mínimos establecidos en el DIH, arremete con disparos de arma de fuego, evento al cual se suma el uso de armas no convencionales como machetes en los días anteriores.
  3. Los hechos se presentaron hacia las 2:30 pm de la tarde (26 de Febrero) cuando un escuadrón del Ejército y el ESMAD dispararon indiscriminadamente contra los indígenas que están ubicados en la finca Quebrada Seca, municipio de Corinto Cauca, se evidencia como un acto que, a todas luces, desconoce todos los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la materia.
  4. La ACIN, reporta alrededor de 30 heridos tras la desmedida utilización de la fuerza y disparos con arma de fuego por parte del ejército y la policía, también la comunidad reporta con preocupación el sobre vuelo de dos helicópteros del Ejército Nacional. Destacamos el reporte de 9 heridos, que se dieron por artefactos convencionales y no convencionales que utiliza el ESMAD, 3 de los heridos presentan graves lesiones en cabeza en rostro, y ojos, uno de ellos presenta heridas en la cabeza por arma corto punzante (machete) utilizada por el ESMAD.  Valdoir Tálaga comunero de Corinto de la Vereda Santa Elena, presenta herida de bala en su pierna derecha.
  5. Los heridos de gravedad están siendo trasladados y atendidos en los hospitales ‘Francisco de Paula’ de Santander de Quilichao, y en el municipio Miranda. 
  6. Es preciso denunciar que en horas de la mañana la fuerza pública impidió el acceso de vehículos y personal médico para atender los indígenas heridos en la zona de Corinto, por lo que fue necesario trasladarlos en vehículos particulares a los centros médicos.
  7. Así mismo es necesario señalar que la fuerza pública está disparando las armas Trufly (lanza granadas de gas) como armada contundente, directamente a la humanidad de los manifestantes.
  8. Por último se informa que en ejercicio del control territorial fue retenido y custodiado por la guardia indígena, un Militar, a la espera  de la consolidación de  acuerdo para la entrega a las autoridades humanitarias.
 
Requerimiento: 
En observancia de las vulneraciones en contra de los Pueblos Indígenas descritas, exigimos al gobierno colombiano:
 
  1. A la Presidencia de la República y todas las entidades e instituciones del Estado colombiano, para que se garanticen los derechos humanos y fundamentales de la población Indígena del Cauca en el desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, en observancia de los estándares nacionales e internacionales suscritos en materia de DIH y DDHH.
  2. Al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, para que cesen de inmediato las acciones bélicas en contra de los compañeros indígenas, entendidas como uso excesivo de la fuerza y rindan informe de las infracciones al DIH cometidas; las cuales vulneran de forma grave los derechos humanos de quienes resultaron afectados por el accionar descrito previamente.
  3. Al Ministerio del Interior, para que dando cuenta de la gravedad de la situación, convoque las instancias a las que haya lugar y avance en las gestiones tendientes a garantizar la vida y la integridad física de los compañeros indígenas en el Norte del Cauca.
  4. A la Defensoría del Pueblo, para que haciendo presencia en la zona y en ejercicio de las funciones asignadas constitucional y legalmente, verifique la situación descrita y de inicio a las acciones que haya lugar en contra de la Fuerza Pública.
  5. A la Procuraduría General y Procuraduría Municipal, para que desplieguen las acciones pertinentes en materia de Derechos Humanos y Disciplinarias en observancia de su resorte misional.
  6. A la Fiscalía General de la Nación, para que dé inicio a las investigaciones a pertinentes, a partir de la situación de vulneración de Derechos Humanos en contra de los Pueblos Indígenas identificados en la zona.
  7. A la Oficina del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, para que dentro del resorte de sus funciones direcciones todos los esfuerzos necesarios para garantizar la legalidad y el respeto a los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas concentrados en el departamento del Cauca.
 
Demandamos a las agencias internacionales (ACNUR, OACNUDH, PNUD, CIDH entre otras) y demás organizaciones de la sociedad civil (CODHES, CCJAR, INDEPAZ, entre otras), para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano, realice las acciones necesarias para garantizar y proteger sus derechos e informen a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación que afrontamos los Pueblos Indígenas en Colombia por el riesgo latente de extinción física y cultural que afrontamos en la actualidad.
 
Resulta indispensable señalar que los Pueblos Indígenas y, en general el movimiento social, hemos y estamos siendo víctimas de ataques velados que vulneran derechos de carácter fundamental, estigmatizaciones, persecuciones, y judicializaciones. No deja de resultar paradójico que, quienes nos señalan de terroristas utilizan el terror para reprimir acciones legítimas, reivindicatorias y pacíficas.
 
Seguiremos en nuestro empeño por defender a la Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y territoriales y los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y el buen vivir o vivir bien, como parte indispensable del respirar paz, ser paz, construir paz.
 
 
¡YO PORTO EL BASTÓN DE LA PAZ!
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC

Admitida acción de tutela en defensa del río Atrato y los Derechos de las comunidades ribereñas.

Fuente: Tierra Digna.

Demandadas 14 entidades del Estado y 12 Municipios pertenecientes al departamento del Chocó y Antioquia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Foto: Cortesía de COCOMACIA

El pasado 27 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió Acción de Tutela interpuesta por el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH), y la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA), todos ellos representados por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Esta acción jurídica busca la garantía, protección y respeto de los derechos a la vida, la salud, el agua, el territorio, la alimentación, el medio ambiente sano en conexidad con la vida y el saneamiento básico de las comunidades del río Atrato, en el departamento del Chocó y Antioquia.

El río Atrato y sus afluentes han sido afectados dramáticamente por muy diversos factores, como  el uso indiscriminado de mercurio en actividades como la minería -actividad extractiva arrasadora en los afluentes-, el taponamiento de las cuencas por residuos forestales, la falta de acueducto y alcantarillado en los municipios ribereños, la falta de rellenos sanitarios y la disposición inadecuada de los residuos, todo lo cual se ha constituido en una grave violación y amenaza para la salud, la vida y demás derechos de la población que habita la ribera.

Se espera que la acción provoque la toma de medidas urgentes y viables en defensa del río más caudaloso del mundo que recibe más de 15 ríos y 300 quebradas, y que hace parte integral del territorio de las comunidades ribereñas.

Adicionalmente, la acción solicita:

  • La constitución de una mesa interinstitucional con recursos para tomar medidas integrales y viables para que cese la amenaza y la vulneración de los derechos de las comunidades,
  • Un diagnóstico del estado de salud de los habitantes y la realización de un muestreo de la calidad del agua para evitar la contaminación,
  • Garantías para el saneamiento básico y el abastecimiento de agua potable,
  • El emprendimiento de un plan de emergencia que garantice el abastecimiento de alimentos, su cultivo y que éstos estén libres de contaminantes,
  • Una moratoria de todas las actividades generadoras de la afectación a la cuenca del río Atrato y sus afluentes, entre otras.

Origen de la iniciativa

El mes de octubre de 2013 en el departamento de Chocó – Colombia, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna da comienzo a la realización de la escuela jurídica Cultivadores de Dignidad1; esta actividad, dirigida a personas habitantes en el territorio, busca dejar las bases para la formación de defensoras y defensores  comunitarios con una perspectiva jurídica y política para la protección del territorio cuando éste pudiera verse amenazado o impactado por proyectos de tipo extractivo o por megaproyectos. La escuela se enfoca en el aprendizaje de rutas y acciones para la exigibilidad de los derechos de las comunidades y la búsqueda del fortalecimiento de una propuesta de etnodesarrollo. Así las cosas, se dio inicio a esta escuela comenzando en la subregión del Bajo Atrato, prosiguiendo después en las subregiones de Baudó y Costa Pacífica (ambas en fase de desarrollo) y terminando el proceso, en los próximos meses, en las subregiones de Alto y Medio Atrato y San Juan.

Como resultado de la Escuela desarrollado en el Bajo Atrato, surgió la iniciativa de interponer una acción jurídica en defensa del río Atrato y sus afluentes para garantizar los derechos de los habitantes ribereños, integrados en su mayoría por comunidades afrodescendientes e indígenas que han habitado ancestralmente el territorio.

Afectaciones al río Atrato y sus afluentes, que violan los derechos de las comunidades ribereñas:

El río Atrato ha sido catalogado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre, como uno de los bancos genéticos más ricos del mundo debido a la variedad de especies que allí habitan. Por tal razón, ha sido considerado como “refugio de una mega biodiversidad tropical única por hallarse en la cintura de América (sitio de paso obligado en el intercambio de la flora y la fauna de los dos subcontinentes americanos que ha permitido la creación de varios centros de endemismo, otorgándole el récord de endemismo en plantas superiores). Por tanto, un laboratorio biológico y cultural inestimable del que poco se conoce, ya que existen miles de especies vegetales y animales”.

Este importante complejo eco-regional se encuentra gravemente afectado por diversas causas que se constituyen en violación de derechos de las comunidades, entre las que podemos destacar: i) actividades de extracción minera en sus afluentes y en el cauce del río, ii) aprovechamiento forestal indiscriminado, iii) falta de saneamiento básico, iv) carencia de sistemas de recolección y tratamiento de desechos y residuos, v) carencia de sistemas de tratamiento y potabilización hídrica; entre otros factores.

Pretensiones para la protección de los derechos y la recuperación de la cuenca del río Atrato:

Se solicita en la acción de tutela:

1) realizar un diagnóstico científico integral en las comunidades de la cuenca del Atrato, que devele las enfermedades o patologías en la salud física y psicosocial que afectan a los pobladores de río Atrato como consecuencia directa de la contaminación de las aguas, deforestación, y demás problemáticas ambientales;

2) realizar un diagnóstico que devele los impactos psicosociales que se desprenden del ejercicio de la actividad minera y en el que se planteen posibles rutas de atención;

3) garantizar el saneamiento básico y acceso al agua potable, lo anterior plenamente verificable por las superintendencias respectivas y lasautoridades sancionatorias en caso de incumplimiento;

4) formular y ejecutar las obras de infraestructura necesarias de acueducto y alcantarillado, así como para la adecuada disposición de los residuos, con el fin de evitar la agudización de los riesgos existentes y con ello lograr una organización óptima de los rellenos sanitarios a cielo abierto y/o botaderos de basura en los municipios de la cuenca del Atrato;

5) suspensión temporal de los contratos de concesión minera, de los trámites de solicitud de nuevas concesiones mineras y de posibles licitaciones para la entrega de bloques o áreas estratégicas mineras que se superpongan sobre la cuenca del río Atrato, hasta tanto no se adopten las medidas sustanciales que permitan la superación de la crisis socio-ambiental que enfrentan las poblaciones ribereñas;

6) se solicita la creación de una mesa de interlocución en la que participen las entidades demandadas, el Señor Magistrado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, Representantes de los Consejos Comunitarios pertenecientes a las comunidades afectadas y Universidades con conocimientos de las problemáticas abordadas, para asegurar una adecuada coordinación interinstitucional de las medidas que permitan superar los problemas estructurales identificados en la presente acción.

Lo que se espera es recuperar la cuenca del río Atrato que está gravemente contaminada y que amenaza y vulnera los derechos de las comunidades residentes para que puedan vivir dignamente.

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