Bogotá, 20 de enero de 2017
Señor:
Rafael Paredes Proaño
Embajador del Ecuador en Colombia
La ciudad
Respetado Señor Embajador:
Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra enorme preocupación y enérgico rechazo por el inicio de un procedimiento administrativo con el fin de clausurar la organización no gubernamental “Acción Ecológica” en Quito.
En días pasados Acción Ecológica recibió una notificación del Ministerio del Ambiente ecuatoriano, donde se informa que iniciará un proceso gubernativo de disolución de la organización. Entre las razones alegadas por el gobierno para iniciar tal procedimiento está que, en el marco del conflicto en la Cordillera el Cóndor, la organización ha “realiza[do] afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones a derechos humanos”.
En adición a lo anterior, Acción Ecológica ha denunciado que ha sido objeto de agresiones e intimidaciones en el marco del trabajo que realiza; estas acciones constituyen un contexto que, consideramos, busca de manera inaceptable desestimular sus actividades.
El 12 de enero del presente año el Ministerio del Ambiente de Ecuador, entidad competente, publicó un comunicado en el que informa que resolvió desestimar la solicitud de disolución de Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior, por considerar que “no existe vinculación directa entre los hechos violentos acontecidos en la Provincia de Morona Santiago los días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica”[1].
Las organizaciones abajo firmantes valoramos la decisión del Ministerio, pues permite que Acción Ecológica continúe desarrollando sus actividades en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, nos preocupa altamente que la decisión sea objeto de recursos administrativos o judiciales por parte del Ministerio del Interior, o que el procedimiento sea reiniciado en el futuro.
El procedimiento administrativo en mención y el eventual cierre de Acción Ecológica ponen en riesgo las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación, entre otros derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –instrumentos de los que Ecuador es parte- y la propia constitución ecuatoriana.
Por lo anterior, consideramos inaceptables los argumentos esgrimidos por el gobierno ecuatoriano en el proceso de disolución y la determinación misma de iniciarlo, pues la expresión de opiniones es un derecho protegido nacional e internacionalmente y es una manifestación de los principios democráticos. Del mismo modo, estimamos que el procedimiento de disolución de organizaciones de la sociedad civil es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque impide el ejercicio legítimo de la libertad de asociación y reunión pacífica.
Acción Ecológica es reconocida internacionalmente como una organización con un liderazgo histórico en la defensa de los ecosistemas y las comunidades en Ecuador y por su contribución decisiva a los avances ambientales de su constitución política. Su trabajo redunda en mejores condiciones para el ejercicio del derecho al ambiente sano de la ciudadanía ecuatoriana.
Queremos llamar su atención, además, sobre el pronunciamiento de los expertos en Derechos Humanos[2] que critica las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano para cerrar la ONG Acción Ecológica. Adicionalmente, exhorta al gobierno ecuatoriano a revocar la decisión de cerrar la ONG y a reformar la legislación que utiliza actualmente para la disolución de organizaciones no gubernamentales[3]. Asimismo, manifiesta que “[p]arece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial[4]”, y que “[d]isolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación…[5]”
Las organizaciones que firmamos esta carta llamamos, por su conducto, al gobierno ecuatoriano a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos, desista definitivamente de interponer los recursos administrativos y legales a que tiene derecho en el proceso administrativo y se abstenga de reiniciarlo en el futuro.
Del mismo modo, solicitamos adoptar medidas para asegurar un entorno propicio y seguro para la labor que realiza Acción Ecológica y las demás organizaciones sociales y ambientalistas ecuatorianas: investigar y sancionar ejemplarmente las agresiones en su contra, y abstenerse de interferir con acciones de hecho o de derecho en su misión institucional. Lo anterior, con el fin de respetar y garantizar que dicha organización, sus integrantes y demás organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, puedan continuar con sus actividades, que consideramos legales, legítimas y necesarias.
Cordialmente,
- Red por la Justicia Ambiental en Colombia
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente- AIDA
- CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
- Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
- Asociación Ambiente y Sociedad
- Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»
- Corporación Grupo Semillas – Colombia
- Fundación Naturaleza Actúa, Bogotá
- Corporación Podion y el Colectivo Soberanía y Naturaleza
- Educar Consumidores
- Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil- RESNATUR
- Fundación Natura
- Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- Sin Olvido Verde
- Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Red de Comités Ambientales del Tolima
- Grupo de Investigación Terrae
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos -ILSA-
- Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC
- Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Texto en PDF aquí
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[1]Comunicado Ministerio del Ambiente. Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/comunicado-3/
[2]Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf
[3]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf
[4]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf
[5]Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S#sthash.lHnxRqyM.dpuf
